Después de más de siete meses de suspensión, el Tribunal Agroambiental habría reanudado el plazo para resolver el recurso de casación del caso del río San Lorenzo, cuando las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este ya habían presentado un amparo constitucional contra la Sala Plena de ese Tribunal por vulneraciones a sus derechos durante el proceso judicial.
La información fue conocida a través del sistema judicial Hermes. Sin embargo, al cierre de este reporte, las comunidades no habían recibido una notificación formal ni habían podido acceder a la documentación correspondiente, por lo que desconocen los fundamentos y alcances de la decisión. La falta de comunicación oportuna persiste pese a sus reiteradas solicitudes de notificación electrónica.
La suspensión del plazo fue dispuesta de oficio el 16 de marzo de 2026, bajo la relatoría de la magistrada Rocío Vásquez Noza, de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. Durante ese periodo se ordenaron informes técnicos y nuevos requerimientos que prolongaron la espera de una resolución.
Con el amparo, las comunidades buscan que se revisen las decisiones que consideran irregulares y cuestionan que durante el proceso no se hayan respetado plenamente sus derechos a recibir un trato justo e imparcial y a obtener respuestas fundamentadas a sus reclamos.
Pese a sus reiteradas solicitudes y reclamos, el Tribunal Agroambiental continúa sin realizar notificaciones electrónicas y mantiene las comunicaciones mediante tablero judicial en Sucre. Esta situación obliga a representantes indígenas, entre ellos personas adultas mayores, a viajar más de 20 horas desde la Chiquitanía para conocer las actuaciones de su propio proceso, asumiendo gastos de transporte, alimentación y estadía.
A estas dificultades se suma la postergación de la audiencia de amparo constitucional, prevista para el 6 de noviembre y reprogramada para el 1 de diciembre. La postergación se debió a un error en la identificación de uno de los terceros interesados, cometido por la propia Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Aunque esta instancia había identificado correctamente a los terceros interesados en el auto que dispuso su incorporación al proceso, consignó un nombre equivocado en la provisión citatoria.
El error en la documentación judicial representa una nueva carga económica y administrativa. Supone nuevas diligencias y gastos para las comunidades, que acudieron a la justicia constitucional precisamente para reclamar protección frente a los obstáculos enfrentados en el proceso.
Mientras tanto, continúa sin ejecutarse la Sentencia N.º 06/2025, emitida el 27 de noviembre de 2025 por el Juzgado Agroambiental de Roboré, que ordena retirar las infraestructuras de represamiento, restituir el cauce del río San Lorenzo y reparar los daños ocasionados.
Las comunidades afectadas, sostienen que la reanudación del plazo no resuelve los cuestionamientos sobre las actuaciones judiciales ni las dificultades que siguen enfrentando las comunidades para acceder a la justicia. Ante la desconfianza generada por estas actuaciones, las comunidades de la TCO Turubó Este llaman a los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía a seguir de cerca las próximas decisiones de la magistrada Rocío Vásquez Noza y de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. Esperan una resolución debidamente fundamentada, sin nuevas dilaciones y comunicada oportunamente a las partes. La reanudación del plazo pone ahora la atención sobre la respuesta que dará el Tribunal a un caso en el que las comunidades siguen esperando la restitución de su río.
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