El baile del fuego: Políticos y agroindustria danzan sobre las cenizas de los bosques

Otro año más de devastación ecosistémica transcurre, y nuevamente las ciudades del país ven oscurecerse su cielo. Hace unos días se reportaron incendios en el Parque Tunari, cuyos efectos contribuyeron a contaminar aún más el cielo cochabambino, ya afectado de forma crónica por el smog. A esto se suman actualmente 19 incendios activos en Santa Cruz, que totalizan 77 siniestros y han afectado 155.736 hectáreas desde que inició el año. Desde luego, también se reportaron incendios en el Beni, aunque en ese caso, pese a que en estos últimos años llega a ser igual o más golpeado por los incendios que Santa Cruz, no se cuenta con reportes sistemáticos sobre las afectaciones, ya sea de parte de la Gobernación del Beni o de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de bosques y Tierra (ABT). Recordemos que ‘’el que nada sabe, nada teme’’ y sin lugar a dudas, nuestras autoridades no nos quieren preocupar ‘’en vano’’.

Como era de esperarse, las medidas tomadas para abordar y frenar su avance desde el Estado, ya sean a nivel nacional, departamental o municipal, son tan poco efectivas que se podrían asemejar a negligencia voluntaria. De acuerdo al nuevo reporte de Mapbiomas Bolivia, del cual se derivaron estimaciones 2023 de deforestación cerca de 490.000 ha y de conversión de 1,4 millones de hectáreas en ecosistemas no boscosos, lo que constituye un récord histórico para Bolivia. Es importante ser claros: la deforestación en Bolivia es un fenómeno que, si bien está impulsado por el avance de la frontera agropecuaria, está poco vinculado a los incendios (12%) y altamente al desmonte mecanizado (88%). Este 2024, las autoridades están reiterando la misma política inefectiva para combatir los incendios y desmontes. Por lo tanto, no es de extrañarse que este año sigamos en el camino de un desmonte e incendios desenfrenados.

Una vez más, el Gobierno tomó este 2024 la medida de prohibir toda quema o chaqueo en Santa Cruz y Beni. Esta acción, que a primera vista puede sonar sensata para frenar los incendios que se desatan de las quemas que salen de control en realidad, es contra productiva. Para darles un ejemplo, pese a esa medida, de acuerdo a la ABT, en el 2021 se quemaron 4,2 millones de hectáreas, de las cuales por lo menos 98% fueron ilegales. De hecho, existe suficiente evidencia científica que demuestra que el uso contralado del juego para el manejo de ciertos ecosistemas, que acumulan materia vegetal seca, puede ser necesario para reducir los riesgos de megaincendios. Paralelamente, en materia de prevención, los gobiernos departamentales y municipales, siguen brillando por su ausencia y el Gobierno nacional aboga por medidas de mano dura. Sin embargo, en la práctica, el 2023, al igual que en los últimos cinco años, apenas si instauraron por año unos 500 procesos administrativos por incendios, que de ser exitosos, resultan en multas insignificantes y entre 20 y 40 procesos penales, que no solucionan nada y nunca alcanzan a los propietarios de las grandes empresas, principales responsables de los incendios y desmontes. En Bolivia, el problema de los incendios ilegales afectan cada año a más de 30.000 predios, lo que indica que estas medidas son un mero ‘’saludo a la bandera’’.

Ahora bien, luchar de forma efectiva y justa contra los incendios o el desmonte no es una cuestión que se pueda resumir a una medida de política pública preventiva, coercitiva o de incentivo, ni a una medida de mercado o de responsabilidad empresarial. El problema de la destrucción de los bosques y ecosistemas no boscosos es complejo y debe entenderse como un sistema con interdependencias financieras, agrarias, políticas y mucho más. En otras palabras, es parte integral del modelo de desarrollo cruceño, de las metas y medidas operativas del Estado Plurinacional y se traduce en alianzas y acuerdos que se van renovando entre el agroempresariado y el Gobierno nacional, sea del MAS, transitorio u otro, profundizando cada vez más el modelo, escalando y acelerando sus consecuencias, incluyendo las socio-ecológicas. Lo que ocurre es la consecuencia de una exitosa alianza público privada entre el Gobierno del MAS y la agroindustria cruceña.

Dicho eso, no significa que no haya medidas concretas que se puedan tomar para frenar el avance de este modelo. Por un lado, en materia de presupuestos, queda claro que el subfinanciamiento de las instituciones ambientales va en dirección opuesta a lo necesario. Por ejemplo, el bajo presupuesto de prevención de incendios de ABT es revelador. Si bien en 2023 la ABT recaudo cerca de Bs 140 millones, tan solo se le otorgaron Bs 50 millones, es decir, el 35% de lo que ella misma recaudó. De esto, apenas Bs 1,4 millones fueron asignados a prevenir y combatir los incendios, es decir, el 2,8%. Sabiendo que la ABT es la institución que por competencia es la principal en esa materia, queda claro que no tiene el presupuesto necesario para aquello.

En realidad, prácticamente en la última década, no se han tomado medidas de política pública, como cambios en el marco normativo o programas estatales, que busquen de forma efectiva frenar el avance de los incendios y desmontes. Por el contrario, cada vez se implementan más medidas que favorecen la destrucción de los bosques y ecosistemas no boscosos con el apoyo del MAS, Creemos e incluso Comunidad Ciudadana. Por ejemplo, en 2021, con la Ley 1391, el Legislativo optó por eliminar el impuesto al valor agregado a la importación de maquinaria pesada, para favorecer el avance de la minería aurífera y la expansión de la frontera agrícola mediante desmonte mecanizado. Aquello, como lo evidencian las discusiones previas a su aprobación en el Senado, contó con un apoyo de todo borde político. Su éxito ha sido rotundo según lo que indica Aduanas, y si bien se aprobó en un contexto de reactivación económica, hoy sigue vigente sin ser cuestionada.

Frente a todo ese desolador panorama, existe una luz de esperanza: el Proyecto de Ley 003/2023 de Prevención de Quemas e Incendios , impulsado por la senadora Cecilia Requena, presentado en noviembre de 2023 y que hoy se encuentra en debate en el Senado y que pueden leer aquí la versión presentada hace unos meses. Hace años que he dejado de involucrarme en proyectos de ley, porque, como muchos, percibo que no tiene mucho potencial dado que en Bolivia ‘’hecha la ley, hecha la trampa’’. Sin embargo, en esta ocasión, con total transparencia les tengo que indicar que he contribuido a varios de sus elementos entre los cuales destaco un aumento de las multas actuales, que hoy fluctúan entre Bs 2,5 y Bs 15 por hectárea y que, de aprobarse, oscilarían entre Bs 50 y Bs 1400 por hectárea. Si bien su potencial realmente depende de la implementación de la ABT, lo que no es evidente, es una medida que podría poner en jaque el negocio de la mercantilización de la tierra forestal para su especulación comercial o financiera que impulsa la agroindustria del oriente.

De acuerdo al nuevo reporte de Mapbiomas Bolivia, en el 2023 se deforestaron cerca de 490.000 ha y se convirtieron 1,4 millones de hectáreas en ecosistemas no boscosos, lo que constituye un récord histórico para Bolivia

Esto se hace cada vez más evidente en la medida que las diferentes organizaciones representantes de los gremios ganaderos, soyeros y agroindustriales del oriente están presionando para que dicha ley se modifique y no sea aprobada. De hecho, algunos aliados del sector del agronegocio, el medio de comunicación El Bunker, ataco al proyecto de ley de manera burda con, según Bolivia Verifica, datos engañosos y que fueron difundidos sin verificación por ciertos medios y hasta ahora nadie realizo alguna rectificado. Y eso es una señal positiva: cuando los responsables de quemar y desmontar el país, y sus aliados atacan, incluso con ‘’mentiritas’’, es que sus intereses podrían verse realmente afectados. Por eso mismo, hay que hacer presión, para que por primera vez que realmente se avanza en una medida que puede afectar esta destrucción, no quede truncado entre diputados y senadores que —algunos de ellos— pueden temer más en perder el apoyo socio-económico de la agroindustria del oriente, que hacer lo correcto por los ecosistemas y futuras generaciones de este país.

Es más urgente que nunca tomar esas medidas y empezar a revertir el marco institucional público y privado que, al igual que en Brasil, defiende la expansión agropecuaria sin control, bajo falsos argumentos de seguridad alimentaria y del motor de la económica nacional. El día de hoy, el sector incluso trata de posicionarse como la solución a la crisis de dólares que vive el país. Si en algo concuerdan el MAS y los sectores que representan a la agroindustria del oriente, es en esto, en la narrativa que la expansión agroindustrial y de sus exportaciones tienen el potencial de contrarrestar la crisis actual. Incluso, en reuniones a puertas cerradas con el procurador del Estado Plurinacional, quien está investigando a pedido de la Vicepresidencia los incendios ilegales de los 10 predios más afectados por incendios el 2023. Hace unas semanas la procuraduría acordó con los representantes del sector agropecuario y a pedido del Ejecutivo que se suspenda la verificación de la Función Económica y Social (FES) de esos 10 predios. En otras palabras, el sector agropecuario sabe muy bien que el quemar de forma ilegal es un incumplimiento a la FES y puede llevar a una reversión de tierra. Sin embargo, sin más explicación, lograron que en la única investigación judicial seria sobre este tema en los últimos años, antes de conocer sus resultados, se elimine la posibilidad de que todo el peso de la ley se aplique.

Esto ocurre en medio de un contexto de crisis financiera, donde pese a todas las medidas que se están tomando, se agudiza cada vez más la escasez del dólar, la devaluación del boliviano, y por lo tanto de los ahorros y bienes en Bolivia. El contexto es desesperado con un tasa de cambio que ahora está por encima de los Bs 11,3 el dólares, o sea que desde marzo 2023 perdió el 63% de su valor. Como he indicado en varias oportunidades, el apostar por la expansión del agropecuario y sus exportaciones no están aportando al país con las divisas tan esperadas, y el incrementar sus exportaciones no va cambiar nada. En realidad, hoy el sector se está preparando a la crisis, y posicionando para sacarle el mayor rédito posible. Entre otros, se está endeudando masivamente en pesos Bolivianos con préstamos a tasa fija, y evitando de repatriar los dólares que tienen en el extranjero y que una vez en Bolivia, y convertidos a bolivianos, perderían su valor. El defender la expansión ilegal del agropecuario, es el defender la impunidad de los que están destruyendo nuestros ecosistemas, de los que benefician y se van a seguir beneficiando de la crisis de la cual pretenden tener el remedio. En estos tiempos pre electorales, es importante cuestionar y recordar quiénes realmente defienden los intereses de los ciudadanos comunes, de la economía del país, de nuestros bosques y ríos.

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Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Nómadas.

Sobre el autor

Stasiek Czaplicki Cabezas

Economista ambiental, enfocado en cadenas de valor y corporaciones con más de 10 años de expertise. Investigador y activista boliviano por los bosques con experiencia en ongs nacionales, organismos multilaterales y think thanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, CIPCA).