Niobe Justiniano Suárez, comunaria campesina de regional Vaca Díez (Beni), denuncia que la Ley 1720 no favorece a los pequeños productores, sino que expone su tierra al despojo y a la concentración. Su testimonio recuerda que detrás de la marcha hay familias, producción de alimentos y comunidades amazónicas que defienden sus bosques frente a una norma que consideran impuesta.
Aisar Ortiz Moreno, secretario ejecutivo de la Central Florida de Vaca Díez, denuncia que la ley 1720 es una trampa que expone la tierra campesina al embargo bancario y a la concentración empresarial. Además, el dirigente amazónico afirma que la marcha es un esfuerzo autofinanciado por las bases para defender su patrimonio familiar y el derecho constitucional a la protesta.
En el libro Bolivia y sus Orientes, José Octavio Orsag Molina reúne diversas investigaciones que desafían la visión tradicional del país al situar a la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía como ejes centrales de la historia nacional. En esta entrevista, José Octavio analiza la formación del Estado a través de la ocupación de territorios indígenas y propone una lectura crítica que rompe con el enfoque andino para entender las tensiones territoriales actuales.
Bolivia volvió a ubicarse entre los epicentros mundiales de la pérdida de bosques primarios. Según las nuevas estimaciones globales de Global Forest Watch del World
AgFeed y CNN Brasil Money reportaron que Eraí Maggi habría adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitania, en medio de una nueva ola de interés del agronegocio brasileño por expandirse sobre el oriente boliviano. El movimiento incluye apuestas por soya, caña, ganadería, algodón e infraestructura, y reabre una pregunta clave: si la operación podría involucrar al predio INPA, una de las últimas grandes islas de bosque conservado en la región.
Daniela Justiniano, fundadora de Alas Chiquitanas, analiza el rumbo ambiental del país en un contexto marcado por crisis económica, incendios y decisiones políticas contradictorias.
Cuestiona la falta de voluntad real para cambiar el modelo extractivista y advierte sobre la normalización de la criminalización a defensores ambientales. Entre el desencanto y la esperanza, plantea que la defensa del agua y la vida sigue siendo la batalla central de la sociedad civil.
La autorización de la soya HB4 no introduce una nueva tecnología, sino que legaliza una práctica ya extendida en la sombra. Más que una innovación agrícola, revela la creciente convergencia entre el Estado y los intereses del agroextractivismo.
Organizaciones indígenas y autoridades municipales de San Ignacio de Velasco activaron una alerta ante anuncios políticos que reactivan la intención de explotar el cerro Manomó. El Concejo Municipal rechazó de forma unánime cualquier actividad minera por los riesgos ambientales e hídricos que implicaría, mientras comunidades indígenas denunciaron exclusión y vulneración de sus derechos colectivos. Las autoridades locales coinciden en una exigencia común: defender el territorio, el agua y la vida frente al avance de intereses extractivos.
Indígenas del Alto Paraguá denuncian falta de consulta previa ante los avances de exploración en el Cerro Manomo, un ecosistema único cuya biodiversidad y fuentes hídricas están en riesgo por intereses mineros que tienen apetito por sus yacimientos de tierras raras y uranio.
¿Es el DS 5503 una solución económica o un cheque en blanco para el agronegocio? Esta columna, Stasiek Zcaplicki Cabezas, desentraña los anexos ocultos y las promesas vacías de un decreto que sustituye el control estatal por un peligroso “acto de fe” empresarial. Descubre por qué el modelo agroextractivista que hoy se promociona como salvación podría ser, en realidad, el preámbulo de un desastre ecológico y social sin retorno.
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