El informe presentado por Oxfam revela también que desde 2001 hasta el 2019, las colonias menonitas han sido responsables de la pérdida de cerca de 300.000 hectáreas de bosque en Santa Cruz y Beni.
El informe A Fuego y Mercurio revela cómo el desmonte en Bolivia impulsa la especulación financiera, convirtiendo las tierras deforestadas en bienes altamente rentables para el mercado agroindustrial que cada vez crece su apetito por los bosques.
La diputada Toribia Lero hace una crítica al modelo extractivista del MAS y destaca la lucha de los pueblos y mujeres indígenas contra la deforestación y el racismo.
Un reciente estudio revela que el 10,8% de los ahorros de los bolivianos, manejados por los fondos de pensiones, están invertidos en sectores directamente responsables de la deforestación en Bolivia. Esta inversión, que alcanza los 2.569 millones de dólares, pondría en riesgo tanto los ahorros para la jubilación como el futuro ambiental del país. Para ponerlo en perspectiva, equivale a 2,6 veces a los gastos del 2024 de todas Universidades Públicas del país.
El municipio de San Ramón, en Beni, ha declarado 199,435 hectáreas como el Área Natural de Manejo Integrado Municipal (ANMIM) Arroyo Guarichona, sumándose al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta iniciativa, promovida desde 2019, busca conservar ecosistemas amazónicos vitales para Bolivia y el planeta.
Otro año más de devastación ecosistémica transcurre, y nuevamente las ciudades del país ven oscurecerse su cielo. Hace unos días se reportaron incendios en el Parque Tunari, cuyos efectos contribuyeron a contaminar aún más el cielo cochabambino, ya afectado de forma crónica por el smog.
El año pasado —según datos de Mapbiomas— Bolivia sufrió la pérdida de 1,85 millones de hectáreas de bosques y ecosistemas no boscosos, estableciendo un récord histórico de destrucción ecológica. La deforestación y conversión de ecosistemas no boscosos, impulsadas principalmente por la ganadería y agricultura en Santa Cruz y Beni, alimentan una crisis ecológica sin precedentes. Estos hallazgos destacan la necesidad urgente de medidas de conservación a corto plazo y de cambio de modelo de expansión agropecuario.
El Gobierno de Suriname aprobó la llegada de 50 familias para un proyecto agrícola que arranca con 30 mil hectáreas (dos veces la tasa de deforestación anual de Suriname) y se proyecta hasta las 300 mil, según Terra Invest, la empresa encargada de llevar a los menonitas desde Bolivia. Indígenas de Suriname cuestionan la concesión de terrenos a extranjeros, mientras ellos llevan décadas reclamando que el Estado reconozca sus derechos sobre la tierra.
En enero de 2024, el Procurador General instruyó investigar a las propiedades acusadas de ser responsables de los incendios forestales que devastaron 3,5 millones de hectáreas en 2023. También se dio a conocer la lista de las 10 propiedades acusadas de producir más quemas durante el año pasado.
Bolivia sufre desde más de un año de una escasez crónica de divisas extranjeras que el gobierno y el sector agroindustrial pretenden que se resolverá en gran medida mediante la expansión del sector agropecuario y la profundización del modelo de desarrollo del oriente del país.
La diputada por Santa Cruz, María José Salazar, advierte sobre el incremento de amenazas en áreas protegidas de Bolivia y exige que se tomen medidas de solución. Denuncia las condiciones precarias de los guardaparques y reafirma su compromiso con la naturaleza, a pesar de la falta de voluntad política para combatir la degradación ambiental.
La senadora Cecilia Requena (Comunidad Ciudadana), analiza sobre la grave situación ambiental en Bolivia durante el 2023, marcada por la deforestación, los incendios forestales y el envenenamiento de pueblos amazónicos por el uso de mercurio, atribuidos —enfatiza— en gran medida a políticas públicas sectoriales y a la expansión de la minería aurífera.
