Francisco Marupa fue asesinado en su propia casa, en su propia comunidad, en ese pueblo que desde 1993 defiende su territorio contra proyectos extractivistas. Torewa, la comunidad de Marupa, fue dividida en 1998 por la intención de instalar la hidroeléctrica Chepete-El Bala. Solo seis familias se quedaron a vivir en Torewa y ante el fracaso del proyecto regresaron otras familias a su lugar. De ahí en adelante la historia se divide en dos: Torewa Indígena y Torewa Campesina, pero ambas localidades volvieron a sufrir en 2013 con la amenaza del mismo proyecto hidroeléctrico. Resistieron, pero se sumaron más amenazas: las principales, la minería aurífera ilegal y la tala de árboles.
A Marupa lo mataron el 14 de febrero en su propia casa. En su comunidad, que es Torewa Indígena, lo consideraban un sabio, lo consideraban un líder indígena. Marupa vivió sus últimos días defendiendo su territorio. La organización a la que pertenecía -la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla)- relató que Francisco dedicó parte de su vida a la defensa de su comunidad, sobre todo a la amenaza de la actividad minera.
Marupa se desempeñaba como presidente de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. Era reconocido por su firme defensa de los derechos territoriales de esas comunidades indígenas y por su oposición a actividades extractivas ilegales en áreas protegidas, especialmente en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
Torewa está en pleno parque nacional Madidi y es una zona que sufre por diferentes tipos de avasallamientos, entre ellos la minería ilegal y la tala ilegal de árboles. Esta comunidad indígena está muy cerca de los ríos Rupia, Hondo y Sabacal, que confluyen al río Beni. Estas aguas son muy codiciadas para extraer oro de manera ilegal.
“Este lamentable incidente pone de manifiesto la creciente violencia en las comunidades indígenas de Bolivia, especialmente en áreas donde la minería ilegal y otros proyectos extractivos avanzan sin control. La ausencia del Estado en la protección de estos territorios es señalada como un factor que contribuye a la escalada de conflictos y agresiones contra líderes indígenas que defienden sus tierras y recursos naturales”, dice parte de un comunicado conjunto de la Red Eclesial Panamazónica (Repam Bolivia), la Conferencia Eclesial de la Amazonía (Ceama Bolivia) y los vicariatos apostólicos de Pando y Beni.
“Francisco Marupa fue un anciano sabio y guardián del territorio ancestral de la comunidad Torewa, del municipio de Apolo. Fue encontrado sin vida en su chaco cerca del río Hondo, con evidentes signos de violencia”, denunció Cipla, tras exigir una investigación rigurosa de este hecho que consternó a la sociedad.
Cipla, que aglutina 21 comunidades indígenas lecas, sostiene que el crimen de Marupa es el resultado de una “escalada de violencia en la región, donde grupos criminales operan con impunidad en actividades ilegales como la minería, la tala de árboles y el tráfico de tierras”. Sin embargo, considerando que las primeras indagaciones no han permitido esclarecer los hechos de manera precisa, esta organización exige una investigación que vaya más allá del ejecutor y revele a los autores intelectuales “para actuar en justicia y poner un alto a la acción de grupos criminales” que operan en esta zona.
Según Cipla, Marupa se destacó además por su firme oposición a actividades de minería ilegal, el tráfico de tierras, la tala indiscriminada, así como la pesca y caza ilegal que amenazan a este territorio que amenazan a este territorio. La zona donde vivía Marupa tiene acceso a ríos amazónicos. Uno de ellos es el Hondo, donde por ahora no hay actividad minera, pero sí amenazas más arriba de este afluente. Lo que sí existe en esta área es la tala ilegal de árboles y el tráfico de tierras, algo que Cipla denuncia y pide intervención del Estado.
El Parque Nacional Madidi está cada vez más amenazado por la minería ilegal. Sus ríos son vulnerados por los mineros que ingresan con armas de fuego y amenazantes a estas zonas. Los guardaparques están disminuidos y hasta sus vidas corren peligro por estas mafias. El río Tuichi es uno de los afluentes más afectados en pleno Madidi. Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), relata que en varias zonas del Madidi ya no viven en paz y culpa a la minería ilegal de destrozar su territorio. Ella asegura que la extracción de oro avanza lentamente por los ríos amazónicos que son parte de la reserva y que los mineros pretenden consolidar una carretera que atraviesa la zona de “protección estricta” del Madidi. Además, dice Alipaz, ingresaron madereros ilegales para derribar el bosque amazónico.
“Lo que pasó con el hermano Francisco Marupa es una alarma para nuestros pueblos, para nuestros defensores de nuestros territorios. No podemos dejar este hecho sin que haya una investigación seria y transparente, pero criticamos que autoridades del Gobierno emitan sentencia antes de investigar. La zona donde vivía el hermano Francisco es muy codiciada por los mineros, por los madereros; entonces, se debe investigar todo esto”, exigió Alipaz en contacto con Revista Nómadas.
La dirigente añadió que la minería ilegal está avanzando por el río Tuichi, que atraviesa la zona núcleo del Madidi. Además, denuncia que los mineros, en complicidad con algunos comuneros, expulsaron a guardaparques del lugar para extraer el oro sin problema. “Parecen los dueños y señores del territorio. No se dan cuenta que nos están matando poco a poco y que están matando una de las reservas más biodiversas del mundo”, dijo.
En el Madidi, ubicado en el norte del departamento de La Paz, en Bolivia, habitan más de 12 000 especies de plantas vasculares, 1100 especies de aves y cerca de 300 especies de mamíferos. Además, esta reserva reúne bosques nubosos, selvas de tierras bajas, ríos, arroyos, pantanos y hasta glaciares que están en los Andes bolivianos. El Madidi es hogar del 3,7% de los vertebrados y casi del 10% de las aves que vuelan los cielos.
La muerte del líder indígena causó conmoción en la sociedad. Incluso la Unión Europea (UE) en Bolivia condenó la muerte violenta de Marupa y consideró que “este trágico suceso es una alarmante muestra de los riesgos y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas” en el país. Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, apuró las indagaciones y publicó en sus redes sociales supuestos resultados del hecho. La autoridad concluyó que la muerte de Marupa fue por “problemas personales”.
“La Policía Boliviana aprehendió a Julio Lero Tayo de 20 años, quien reconoció ser el autor del asesinato, porque tenía problemas personales con la víctima, por lo que se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”, publicó en un mensaje el ministro Del Castillo.
Esa publicación causó molestia en las instituciones de defensa del medio ambiente, ya que denunciaron que Del Castillo adelantó el resultado del hecho sin que haya una investigación seria. En un video de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), se muestra al joven indígena acusado del asesinato, cuando era trasladado al municipio de Rurrenabaque, a bordo de una lancha, gritando que le “rogaron” para atentar contra Marupa.
El hijo del líder indígena también cree que este hecho no haya sido por motivos personas, como lo dijo Del Castillo. “Como animal lo han matado a mi papá, como un venado lo han cazado”, lamentó el familiar.
Ahora, más de 70 organizaciones nacionales -entre ellas la Fundación Tierra- y diez instituciones latinoamericanas emitieron un pronunciamiento exigiendo tres acciones inmediatas sobre el asesinato de Marupa. Primero, el esclarecimiento de la verdad histórica y sanción a todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato. Segundo, el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú; y, finalmente, garantías estatales urgentes de protección para las comunidades en riesgo, en línea con los compromisos internacionales ratificados por Bolivia.
“La negligencia y desatención estatal, junto a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ha convertido a Francisco Marupa en una víctima más de la injusticia estructural. Que el sacrificio de su vida nos ponga en alerta permanente para detener la violencia, la impunidad de grupos ilegales y criminales que pretenden hacer prevalecer sus intereses económicos devastando nuestros bosques, contaminando las aguas, destruyendo los medios de vida y el inmenso patrimonio natural y cultural que es la esencia de nuestra Casa Común”, dice parte del pronunciamiento.
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