La devastación causada por los incendios forestales en Bolivia, que en 2024 consumieron más de 12 millones de hectáreas, motivó a seis ciudadanas y un varón, a presentar una demanda sin precedentes en defensa de la Madre Tierra. María de los Ángeles Mamani, Fabiana Pérez, Mariana Orías, Ana Paola Ortega, Selva Revollo, Claribel Villarroel y Gabriel Meneces recurrieron a la justicia no para defender intereses particulares, sino para exigir al Estado que cumpla con su deber constitucional de garantizar un medio ambiente sano y equilibrado. Su iniciativa, sustentada en la Constitución y en el Acuerdo de Escazú, se transformó en un caso emblemático que expone la omisión estatal frente a una crisis ambiental de proporciones históricas.
El proceso, identificado como Expediente 6236/2025, atravesó obstáculos legales, incidentes de nulidad y dilaciones promovidas por entidades estatales y representantes del agronegocio. Sin embargo, el Tribunal Agroambiental admitió la acción y, el 8 de septiembre, emitió una resolución que no solo desestimó las maniobras para anular la demanda, sino que además impuso medidas de cumplimiento inmediato. Entre ellas, activar la competencia de jueces agroambientales, asegurar recursos para los bomberos y revisar las llamadas “leyes incendiarias”. El fallo marca un antes y un después al reconocer el derecho de la sociedad civil a fiscalizar y exigir acciones frente a la destrucción de los bosques.
En este contexto, te invitamos a conocer los detalles de la “Acción Ambiental Directa de Medidas Cautelares, Preventivas y Precautorias sobre Incendios Forestales”, relatados desde la perspectiva de quienes presentaron la demanda:
2019: el inicio
Este documento busca articular la postura y las peticiones de un grupo de ciudadanas que se integra por María de los Ángeles Mamani Rocha, Fabiana Marcela Pérez Morales, Mariana Orías López, Ana Paola Ortega Ustárez, Selva Fabiana Revollo Ortubé, Claribel Villarroel Irala y Gabriel Meneces Heredia, frente a la inacción del Estado ante los incendios forestales. Ellas decidieron recurrir a la justicia para proteger el derecho a un medio ambiente sano y defender los derechos de la madre tierra.
La acción originalmente fue iniciada el año 2019 y rechazada, teniendo el mismo resultado el año 2020 ante la presentación en los juzgados ambientales de robore y Concepción respectivamente. La demanda nace a partir de las experiencias de voluntariado para ayudar a bomberos, población y la biodiversidad afectada, volviendo con mayor deseo de ser escuchadas por el desastre desatado el año 2024, donde se quemaron más de 12,6 millones de hectáreas de acuerdo a los datos de Fundación Tierra y no se tiene una cuantificación oficial de la perdida de la biodiversidad por parte de las entidades competentes del estado, pera la misma es de millones de seres que perdieron la vida calcinados.
Es así que la demanda, solicitando acciones cautelares, preventivas y precautorias fue presentada el 20 de mayo de este año 2025, donde su legitimidad para interponer esta acción no se basa en un interés particular, sino en el reconocimiento constitucional a partir del artículo 34 de la Constitución política del Estado y legal de la obligación de todo boliviano de defender su medio ambiente. Se amparan firmemente en el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, y en el Artículo 8 del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que otorga a los ciudadanos un acceso sin precedentes a la justicia en materia ambiental. Para ellas, esta acción no es una mera formalidad legal, sino el ejercicio de un derecho y deber fundamental que el Estado ha ignorado.
Pasos encaminados
La demanda ambiental, con Expediente Nº 6236/2025, fue admitida el 5 de junio de 2025 mediante el Auto de Admisión Ambiental Nº SP-TAA 003/2025, el cual estableció medidas cautelares y programó una audiencia pública para el 4 de agosto de 2025.
En el periodo entre el auto de admisión y las impugnaciones las demandantes presentaron un memorial el 23 de julio de 2025, solicitando seguimiento y celeridad al caso. Esto incluye que el tribunal ordene la remisión de informes y valore nuevas medidas coercitivas, siendo de urgencia la reactivación del caso. Concluyen enfatizando que “sin justicia ambiental no existe justicia social”.
Posteriormente, entre el 28 y el 30 de julio, se tienen pocos informes de las partes demandadas. Los informes solicitados por parte de las instituciones públicas y privadas incluyen incidentes de nulidad, excepciones de incompetencia y recursos de reposición. Y ante la insuficiencia de informes, el Tribunal dispone mediante el Auto Ambiental Nº SP-TAA 05/2025, del 30 de julio de 2025, dejar sin efecto algunas medidas cautelares y suspende la audiencia pública.
Ante esta suspensión, se realizó la presentación de un memorial el 19 de agosto solicitando la “reactivación de la causa” y una inspección judicial in situ, con especial atención a los generados en áreas protegidas y áreas fiscales del estado, considerando que los incendios ya se encontraban activos en diferentes zonas del país, Esto llevó al Tribunal a emitir el Auto Ambiental Nº SP-TAA 08/2025 el 19 de agosto de 2025, fijando una nueva audiencia pública para el 29 de agosto de 2025. Ese mismo día, el Tribunal emitió la Resolución SP-TAA 002/2025-AA, en la que resolvió el incidente de nulidad de notificación interpuesto por la ABT, confirmando la validez del proceso y se solicita acciones urgentes ante los incendios. Finalmente, las demandantes, respondieron a los incidentes y excepciones de las partes demandadas con un memorial el 3 de septiembre de 2025, y donde también reafirman la competencia del tribunal Agroambiental en cuanto la resolución de la demanda presentada.
Las Peticiones Centrales: Un plan de rescate para el medio ambiente
La demanda no buscó simplemente sancionar a los responsables; su principal objetivo es forzar una transformación estructural en la gestión de los incendios forestales en Bolivia. Las peticiones formuladas por las demandantes son claras:
- Implementación de una pausa ambiental: Las demandantes exigen una moratoria inmediata sobre actividades que promueven incendios forestales, como la deforestación y la quema controlada (chaqueo) para la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Esta pausa es considerada una medida esencial para detener la escalada de la destrucción, asi también el cumplimiento del Decreto Supremo N° 5225 de 11 de septiembre de 2024, que “declara pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional con el objeto de proteger el medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana ante la emergencia nacional por incendios. Este decreto establece acciones importantes como la suspensión de todas las autorizaciones de quema emitidas por la ABT y la prohibición de nuevas autorizaciones, la declaración de tierras fiscales afectadas por quemas como no disponibles por un periodo mínimo de cinco años para su restauración, la implementación de un Plan Nacional de Repoblamiento de la Fauna y la Flora, y el refuerzo del resguardo de áreas protegidas y reservas forestales”.
- Declaración temprana de “DESASTRE NATURAL NACIONAL”: con el propósito de solicitar ayuda internacional directa y la priorización de uso de recursos de emergencia.
- Creación de un Plan Integral de Manejo de Incendios Forestales: La acción exige la elaboración y puesta en marcha de un plan nacional, coordinado y multi-institucional para la prevención, mitigación y control de los incendios. Este plan debe ir más allá de las respuestas reactivas y superficiales, integrando una estrategia de gestión a largo plazo que involucre a todos los actores del Estado y la sociedad. La demanda subraya que la solución no es únicamente la respuesta ante el fuego, sino un sistema robusto que prevenga su inicio.
- Apoyo y Priorización a las Entidades Responsables: La demanda clama por la asignación de recursos humanos y financieros suficientes para las entidades a cargo de la prevención y la lucha contra el fuego, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Las demandantes han tomado en cuenta la admisión del SERNAP, de sus limitaciones y la necesidad de un mayor apoyo, especialmente en la participación de las Fuerzas Armadas. Para las demandantes, el Estado no puede continuar delegando responsabilidades sin dotar a las instituciones de las herramientas necesarias para cumplir con sus deberes.
- Abrogación de las Normas Permisivas: Uno de los puntos más críticos de la demanda es la solicitud de la modificación, derogación y/o abrogacion de las leyes y decretos supremos que, de manera directa o indirecta, incentivan la expansión de la frontera agrícola a través de la quema. Las demandantes sostienen que estas normas, conocidas como “leyes incendiarias”, son la raíz del problema, ya que legitiman prácticas que conducen a la destrucción de los bosques y la biodiversidad, facilitando los ilícitos ambientales.
- Auditoría Ambiental y Responsabilidad por Omisión: Además de las medidas preventivas, las demandantes solicitan una auditoría ambiental completa sobre la actuación de las autoridades. El objetivo es determinar la responsabilidad legal y ejecutiva por la omisión y la negligencia en la gestión de los incendios. Este punto busca sentar un precedente para que la inacción estatal no quede impune y que los funcionarios públicos sean responsabilizados por el incumplimiento de sus deberes.
La reacción de los demandados: Obstáculos y demoras
La respuesta de las entidades gubernamentales y productivas del agronegocio, han sido, en su mayoría, una estrategia de obstrucción legal. Los memoriales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, Policía Boliviana, entre otros, se han centrado en interponer excepciones de incompetencia, incidentes de nulidad y acusaciones de que la demanda está “defectuosamente propuesta”.
Desde la perspectiva de las demandantes, estos argumentos no son más que un intento de desviar la atención de la verdadera problemática: la incapacidad y la omisión del Estado para cumplir con su deber constitucional de proteger el medio ambiente. El planteamiento de que el Tribunal Agroambiental no es la instancia correcta para conocer la causa, no hace sino reflejar una falta de voluntad política para asumir responsabilidades y buscar soluciones. La urgencia del desastre ambiental exige una respuesta judicial contundente, y la jurisdicción agroambiental, por su propia naturaleza y por su mandato constitucional, es la única que puede tutelar eficazmente los derechos de la Madre Tierra.
El apoyo de la sociedad civil y la academia
A lo largo del proceso, la demanda ha recibido un apoyo fundamental de diversas organizaciones y actores que, en calidad de Amicus Curiae (amigos de la corte), han enriquecido la causa con informes técnicos y jurídicos. Aunque no se detallan en el presente resumen, estos informes son vitales para el caso, ya que proporcionan evidencia irrefutable del impacto devastador de los incendios y validan la postura de las demandantes.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), por ejemplo, ha presentado datos concretos sobre el impacto en territorios indígenas, como la TCO Monte Verde y la TCO Guarayos, demostrando la vulnerabilidad de estos territorios y pueblos. La Fundación TIERRA y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) han aportado estudios técnico-científicos que demuestran las causas estructurales y los efectos a largo plazo de los incendios, fortaleciendo la argumentación de que se necesitan medidas de fondo y no solo respuestas temporales.
El camino por delante: Una lucha por la vida
La admisión de la demanda por parte del Tribunal Agroambiental, a través del Auto de Admisión Ambiental No. SP-TAA 003/2025, ha sido un hito crucial. Esta resolución no solo reconoce la legitimidad de la causa, sino que también establece las bases para una discusión seria sobre la responsabilidad del Estado. La solicitud de una inspección judicial ocular in situ en las zonas afectadas es una de las peticiones más importantes, ya que busca que la justicia vea de primera mano el alcance de la destrucción, sin intermediarios ni informes sesgados.
Un final con mucho aun por hacer (Incluido del portal de Stasiek Czaplicki Cabezas)
Este 8 de septiembre, ha concluir lo que puede considerarse una audiencia histórica.
No solo porque el Tribunal desestimó todos los pedidos del Ejecutivo y del agronegocio, que unidos buscaban que la demanda fuera anulada, sino porque además adoptó medidas que refuerzan el papel de la sociedad civil en la fiscalización y control de la política estatal contra los incendios y el desmonte.
Entre las disposiciones más relevantes:
1. el cumplimiento inmediato, en un plazo de 48 horas, de las medidas cautelares bajo prevención;
2. que los jueces agroambientales de Bolivia, en especial en la Chiquitanía, Amazonía y Chaco, activen su competencia y ejerzan plenamente sus funciones;
3. que los defensores ambientales asuman un rol protagónico en la conservación y mitigación, garantizando la efectividad de dichas medidas;
4. que el Estado asegure a los bomberos todos los recursos y condiciones necesarios para enfrentar los incendios;
5. que la Asamblea Plurinacional revise, analice y armonice la normativa vigente, en particular las denominadas leyes incendiarias;
6. que, en caso de omisión legislativa, se exhorte a la Asamblea a debatir y aprobar una nueva ley;
7. que se defina y garantice el rol de los jueces agroambientales en la aplicación de lo determinado;
8. que las medidas sean dinámicas, es decir, puedan ser modificadas, ampliadas o levantadas según la evolución de los incendios; y
9. que se establezcan garantías específicas para las defensoras ambientales.
Una resolución que abre un precedente: la justicia reconociendo el derecho de la sociedad civil a vigilar, exigir y actuar frente a la destrucción de nuestros bosques.
Que estos nombres no se olviden nunca: ¿Quiénes son?
En Bolivia, donde la devastación ambiental deja cicatrices profundas en bosques, ríos y comunidades, siete jóvenes profesionales y activistas decidieron dar un paso que marcaría la diferencia, convertirse en demandantes de una acción histórica en defensa de la Madre Tierra. Cada uno, desde su disciplina, aporta un ángulo distinto —la ciencia, el derecho, el arte, la medicina, la gestión cultural— pero todos confluyen en el mismo horizonte de proteger la vida frente al avance de la destrucción ambiental.
Estos perfiles son relatos de compromiso. Historias que combinan formación académica con convicción ciudadana, experiencias internacionales con arraigo local, y sueños personales con causas colectivas. Conocerlos es abrir la puerta a la esperanza de que un país puede encontrar en sus hijos la fuerza para cambiar el rumbo de su destino ambiental.
Ángeles Mamani Rocha, es Licenciada en Recursos Naturales por la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX). Actualmente se desempeña como Coordinadora del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia, Regional Chuquisaca, y colabora como voluntaria en el proyecto Pucarara de la Fundación Amazónica.
Su labor está centrada en la conservación y el estudio de la vida silvestre, con especial énfasis en murciélagos y serpientes. Con más de 15 años de trayectoria como activista ambiental, inició su camino en la histórica lucha por la defensa del TIPNIS. Además, participó en intercambios internacionales en Noruega y El Salvador, donde compartió experiencias y reflexiones sobre medio ambiente y los efectos del cambio climático en Bolivia.
Fabiana Marcela Pérez Morales es una profesional boliviana, nacida en Potosí, con una sólida y diversa formación en Ingeniería en Recursos Naturales y Medicina Veterinaria. Su perfil multidisciplinario se centra en el enfoque “Una Salud”, que integra la salud humana, animal y ambiental para abordar problemáticas complejas con soluciones sostenibles. A lo largo de su carrera, ha demostrado gran competencia en docencia, investigación y redacción académica. Su experiencia laboral como investigadora, consultora y docente, sumada a los premios de investigación obtenidos por sus proyectos en temas zoonóticos y de fauna silvestre, respaldan su capacidad para comunicar conocimientos de manera efectiva. Su compromiso también se refleja en los reconocimientos por voluntariado en proyectos de alto impacto social, como la gestión de cadáveres de animales de compañía y la tenencia responsable, así también, por el apoyo en los incendios forestales.
Su vasta experiencia se complementa con dos maestrías: una en Agroecología y Producción Ecológica y otra en Gestión Integral de Residuos Sólidos y Aguas Residuales. Además, es miembro de instituciones de prestigio como el CIH-LMU CENTER FOR INTERNATIONAL HEALTH y el I-BIORENA (Instituto de Biodiversidad y recursos Naturales), ambos de la USFX. Además del Comité Nacional de Bioética de Bolivia.
Claribel Villarroel Irala nació en Monteagudo, Chuquisaca. Es bióloga y activista por la conservación de la biodiversidad, con una vida profundamente vinculada al Chaco boliviano, donde ha desarrollado su labor profesional en áreas protegidas y en la defensa de la vida silvestre.
Apasionada por la observación de aves, la fotografía de naturaleza y la pintura, Claribel ha combinado su formación académica con un compromiso activo en diversas causas ambientales. Desde sus años universitarios participó en luchas nacionales como el apoyo a la Marcha por el TIPNIS y el seguimiento al caso de los colmillos de jaguar. En su región ha denunciado múltiples hechos de tráfico de fauna silvestre y otros daños ambientales, consolidándose como una voz firme frente a las amenazas que enfrentan los ecosistemas.
Su trabajo ha trascendido fronteras: en 2024 fue reconocida por la Comisión de las Naciones Unidas en Bolivia por su defensa de los derechos ambientales y humanos, distinción que refleja una trayectoria marcada por la convicción de que proteger la naturaleza es también proteger la vida.
Mariana Orías López es ecóloga humana, gestora cultural, artista y activista medioambiental. Su formación académica y compromiso social la llevaron a ser becaria de United World Colleges (UWC), Shelby Davis y del College of the Atlantic (COA), experiencias que fortalecieron su mirada integral sobre la relación entre las personas y la naturaleza.
Es fundadora del Espacio Cultural Micelio, un lugar concebido como laboratorio de creación colectiva, donde confluyen el arte, la educación y la conciencia ambiental. Además, es multiplicadora del Teatro de las Personas Oprimidas y promotora de la educación popular, herramientas que utiliza para visibilizar problemáticas sociales y ambientales a través del diálogo creativo y la participación comunitaria.
Su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente: obtuvo fondos de Solidar Suiza y de Davis Projects for Peace, que le permitieron desarrollar proyectos de educación ambiental mediante el arte, con énfasis en la innovación pedagógica y la construcción de impactos sostenibles en comunidades locales.
Gabriel Meneces Heredia, originario de la ciudad de Sucre, es egresado de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y activista ambiental comprometido con la sostenibilidad y la justicia ecológica. Su vocación lo ha llevado a vincular el rigor técnico de su formación con la acción comunitaria, convirtiéndose en un puente entre el conocimiento científico y la práctica social.
Ha participado en proyectos de investigación sobre la tenencia responsable de animales domésticos y en diversas iniciativas de educación ambiental comunitaria, donde promueve la conciencia ciudadana frente a los desafíos ecológicos. También ha impulsado el reciclaje ecológico de residuos orgánicos, fomentando prácticas agroecológicas y de economía circular que fortalecen la resiliencia de las comunidades y contribuyen a la protección de los ecosistemas.
Su trayectoria refleja un compromiso integral: la conservación de los recursos naturales, la defensa de la biodiversidad y la construcción de una ciudadanía ambiental activa capaz de enfrentar las crisis socioecológicas de nuestro tiempo.
Ana Paola Ortega Ustárez es bióloga y estudiante de Medicina en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, con una trayectoria de nueve años como activista ambiental. Su trabajo combina ciencia, educación y compromiso social, integrando la conservación del medio ambiente con la salud y el bienestar de las comunidades.
Ha participado en diversos proyectos de conservación y educación ambiental, impulsando iniciativas que buscan generar un impacto positivo tanto en la naturaleza como en la sociedad. Su enfoque interdisciplinario refleja una visión integral, donde la ciencia y la acción ciudadana se unen para enfrentar los desafíos ambientales actuales.
Selva Fabiana Revollo Ortubé es abogada, empresaria digital y activista ambiental desde sus años de colegio en el Alexander von Humboldt, donde participaba en marchas por el planeta y eventos del Día de la Tierra organizados por instituciones como el CBA.
Durante su paso por la Universidad San Francisco Xavier, obtuvo la Beca Saint Francis para estudiar derecho internacional en Chicago, EE. UU., y la beca de investigación del Tribunal Constitucional APEC. Además, organizó y participó en varios Modelos de Naciones Unidas como SUCMUN, que luego transformó en una fundación.
A partir de 2017, a través de su fundación, lideró campañas de adopción de mascotas, proyectos de esterilización y educación sobre tenencia responsable de animales. También participó en marchas como la del TIPNIS y, como responsable del programa de lucha contra la violencia de la Alcaldía de Sucre, extendió su trabajo a la protección de animales, la atención en zoonosis y apoyo a albergues para personas en situación de calle durante la pandemia. Fue durante este periodo que comenzó a redactar la primera demanda ambiental que marcaría su trayectoria.
En paralelo, creó el emprendimiento Jungle, vendiendo poleras artísticas para recaudar fondos destinados a los incendios forestales, y coordinó brigadas de apoyo y donaciones en la Chiquitania, uniendo esfuerzos de la gobernación, la alcaldía y la Universidad San Francisco Xavier, entregando personalmente ayuda en zonas afectadas.
Selva también fue parte del grupo fundador de la ONG Colibrí y abrió la agencia de marketing social Trendy, desde donde apoya empresas y emprendimientos activistas, como Oportunidad SA (venta de vinos para esterilización de perros callejeros) y COOLTIVA, un marketplace que facilita a pueblos indígenas vender sin intermediarios. Su trayectoria combina activismo, emprendimiento y compromiso social y ambiental, convirtiéndola en una figura clave en la defensa de la naturaleza y la comunidad.
Estos jóvenes valientes son un colectivo de profesionales y activistas bolivianos cuyas trayectorias diversas, convergen en una lucha común por la justicia ambiental y social. Desde las trincheras de la ciencia, encontramos a biólogos y especialistas en recursos naturales que dedican sus esfuerzos a la conservación de la vida silvestre, la investigación de zoonosis y la aplicación de enfoques integrales.
Junto a ellos, hay voces firmes en la defensa de los territorios y la denuncia contra el tráfico de fauna, cuya labor ha sido reconocida incluso a nivel internacional. El panorama se enriquece con el trabajo de ecólogas humanas y artistas que utilizan el teatro, la educación popular y la gestión cultural como herramientas para generar conciencia y construir comunidad.
A esta red de acción se suman emprendedores sociales que vinculan el activismo con iniciativas económicas solidarias, y profesionales de la salud y el derecho que tejen puentes entre el bienestar humano, la protección animal y la defensa jurídica del medio ambiente. En conjunto, representan una nueva generación comprometida que, con pasión, conocimiento y un profundo amor por su país, trabaja incansablemente para construir un futuro más sostenible y equitativo desde lo local hasta lo global.
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