Potosí es una ciudad boliviana marcada por el extractivismo minero y con sello inerte de identidad minera recalcitrante. El día primero de enero de 2026, mientras muchos de los pobladores celebraban la venida de un año nuevo, el poderío del fenómeno de La Niña hizo estragos en la ciudad que cavila que el Cambio Climático no sucede en Potosí.
Mientras la Ley 602 dictamina a los municipios prevenir desastres, en Potosí parece que solo se cuenta damnificados y se atiende llamadas de auxilio. El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí (GAMP) ha reducido la gestión de riesgos a un número de teléfono que se activa cuando ya ha ocurrido el desastre. ¿Dónde están los planes de prevención, la mitigación, la ordenación territorial que evite asentamientos en zonas de riesgo? Esta lógica reactiva, que ignora las fases clave de prevención y preparación, demuestra una alarmante despriorización del bienestar colectivo.
También, la obstinación de la población en Potosí, la escasa investigación y acción tanto de Universidades y Autoridades para que se puedan implementar obras de pavimentados que no impermeabilicen las calzadas, hace que Potosí se convierta en la ciudad del Cemento, ¡cemento por aquí, cemento por allá! No olvidemos que antes de tanto cemento en las calles Potosí en la zona abundaban aguas subterráneas, que fluían en un ciclo en interacción con las aguas superficiales, ahora las aguas de las lluvias buscan por donde correr: ¡corren hacia el desastre!
Esto aunado a que en Potosí reina el discurso público triunfalista, en medio de una crisis social y política que atraviesa el país. El Gobernador en suplencia temporal Marco Copa asevera constantemente: “en Potosí no hay crisis gracias a la minería”. Pareciera que las crisis para las autoridades son solo económicas, pero este desastre muestra lo contrario. Las crisis son multidimensionales y como siempre la pagan los más empobrecidos. Solo como ejemplo la estudiante que perdió todo porque el agua arrasó con el único dormitorio donde ella vivía.
Esa jactancia basada en datos macroeconómicos, posibilita que los más ricos en Potosí “inviertan” en bienes inmuebles de cemento, obras que generan los denominados escombros (residuos de Demolición y Construcción). De acuerdo a la Ley Municipal 286 (Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Potosí), deberían tener un adecuado manejo y disposición final en sitios destinados por el GAMP. Queda claro que el GAMP, no cuenta con mecanismos adecuados para su real cumplimiento, ya que la Alcaldesa Leslie Flores pide a la población: “Por favor no boten basura, no boten escombros”, mientras los “inversionistas”, aprovechan esa situación para esparcir sus escombros donde mejor les convenga (hacen caso omiso a las suplicas de la alcaldesa) esto hace que: se bloqueen los drenajes naturales y artificiales, se creen desbordes y aumente del poder destructivo del flujo de agua.
Estos flujos de agua cargados de sedimentos que taponean e inundan la ciudad, no solo provienen de los escombros, sino también de residuos minero – metalúrgicos de gran y pequeño volumen que existen en la ciudad por años, tales como: Las colas de San Miguel y Pàilavirí, e incluso con el incremento de la temporalidad y frecuencia de lluvias las ponen en riesgo su estabilidad.
Pero eso no es todo, hay una cadena de eventos que la población se niega entender: Más extractivismo minero más dinero para derrochar y generar más basura, que luego por la escasa educación – conciencia ambiental e individualismo de la población y la inoperancia de las Autoridades, hace que la ciudad se inunde.
Al mismo tiempo la visión desarrollista en Potosí, crea obras como los embovedados de ríos sin contemplar la implicancia del cambio climático en los caudales de diseño: en esta ocasión se evidencio como la naturaleza cobro espacio de lo que le fue quitado al confinar el rio, y se desbordo afectando varias zonas consideradas residenciales, como la avenida Unión.
El paisaje en Potosí es plomizo y gris de residuos mineros y cemento. Existe mínima cantidad de cobertura vegetal, ¡parece que el potosino no sabe o ha olvidado que la vegetación es una de las herramientas más poderosas, rentables y multifuncionales para la gestión del riesgo de inundaciones en ciudades! No es solo un elemento paisajístico, sino una infraestructura verde crítica que opera a múltiples escalas. En Potosí pasa lo contrario las áreas verdes están en franco menoscabo, hay más solicitudes de tala de árboles que de forestación o reforestación, hay muchas solicitudes de cambio de uso de suelo de área verde a equipamiento e incluso residencial.
Peor aún el proyecto de segundo anillo de circunvalación que busca descongestionar la ciudad mediante una doble vía, piensa arrasar con uno de los pocos bosquecillos de Kiswara (Buddleja incana) que se encuentra en la parte alta de la cuenca. Esta especie posee un sistema radicular muy fuerte que controla la erosión hídrica (reduce la velocidad de las escorrentías superficiales) y eólica, por ende coadyuva en la prevención de desastres como las inundaciones.
Pero lastimosamente cuando se habla de inversión en Potosí las juntas vecinales, barrios y otros por lo general solicitan obras de cemento, lo cual como se ha evidenciado en este texto agrava el problema. Tampoco la sociedad civil exige que el problema de los pasivos ambientales mineros existentes en la ciudad sea solucionado, menos exigen más revegetación, en cambio solicitan que funcionen centros comerciales (Mall).
Las narrativas comunitarias tendrían que concentrarse en solicitar inversión en sistemas de alerta temprana para evitar estas situaciones – que sin duda siempre afectan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad – comprender que invertir y proteger la cobertura vegetal urbana no es un gasto, es una inversión en resiliencia y salud pública; pensar en la posibilidad de una ciudad de Potosí más allá de las jactancias económicas, de magnificencia y poderío minero; madurar hacia una vida digna donde las autoridades piensen y ejecuten la planificación territorial con enfoque de riesgos y paisaje vinculada al Cambio Climático; que los mecanismos financieros obligatorios que establece la Ley 602 sean realmente destinadas a acciones prioritarias que prevengan los riesgos y los disminuyan, de los contrario Potosí transitara a un territorio cada vez más sacrificado, Potosí merece una política pública que proteja a su gente antes de la emergencia, no solo durante ella.
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