El recuerdo de la crisis ambiental de 2024 persiste en la memoria colectiva boliviana como una advertencia. Aquella atmósfera asfixiante, marcada por ciudades sin cielo azul y el silencio del trinar de los pájaros, dejó secuelas físicas y emocionales en una población que observaba cómo las llamas consumían algunos de los ecosistemas más valiosos de la Tierra. Hoy, esa misma fragilidad ambiental se traslada al sur del país, donde la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía enfrenta una amenaza latente.
En el centro del debate se encuentran los estimados 2,8 billones de pies cúbicos (TCF) de gas que pretenden extraer del subsuelo tarijeño. Si bien las necesidades económicas del Estado boliviano son apremiantes, la Reserva Tariquía representa una pieza fundamental para el equilibrio ecológico no solo de Bolivia, sino de la región latinoamericana.
La interconectividad planetaria sugiere que intervenciones en zonas tan sensibles pueden acarrear consecuencias catastróficas. Según datos del CEDIB, los incendios del año 2022 consumieron más de 7.000 hectáreas en la zona, dejando un ecosistema absolutamente debilitado y con una capacidad de resiliencia drásticamente reducida.
El conflicto en la Reserva se remonta al año 2015, cuando el Gobierno de Evo Morales emitió el Decreto Supremo No. 2366, el cual tenía la intención de permitir las actividades hidrocarburíferas en las áreas protegidas de Bolivia. En 2018, el gobierno aprobó 3 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas de Astillero y San Telmo. Según un comunicado oficial del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, “el proyecto exploratorio Domo Oso-X3 se desarrolla bajo el Contrato de Servicios Petroleros (CSP) suscrito en 2018 entre YPFB y Petrobras Bolivia S.A”.
Revista Nómadas entrevistó a la activista medioambiental María Nelly Coca, residente de la Reserva de Tariquía, quien, entre lágrimas, nos cuenta la injusticia e incertidumbre que se vive actualmente en la Reserva: “Ahora es tiempo de decirle al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que él firmó un acta donde se comprometía a proteger la Reserva, nos hizo una promesa cuando él era candidato a senador en ese entonces. Para nosotros ha sido un golpe duro tener un documento firmado por el Gobierno y escuchar de los policías, que entraron a la Reserva, decirnos que la orden venía del Gobierno. Aquí no es un desierto, hay seres humanos aquí. Hay niños, familias. Son seis comunidades las que van a ser afectadas directamente.”
Cuando le pregunto a María Nelly cómo les han afectado ya los incendios en la zona, me dice: “Mire yo le digo, tengo 65 años y nunca ha habido incendios de la magnitud que hay ahora. Yo creo que todos esos incendios son provocados. Para hacer un incendio de esta magnitud es que hay una mano negra que hace eso, ¿para qué? Para que nosotros quedemos como los malos de la película. ¡Nadie incendia su casa, nadie! Eso es algo que yo no termino de entender, que piensen que nosotros somos los que estamos haciendo ese daño. A mí me extraña que desde que la petrolera empezó a poner la vista aquí a nuestra Reserva todo ocurre. Tanto como los incendios, deforestaciones, divisiones de las personas en el sentido que unos quieren que, entre la empresa, otros no. Las empresas han venido a trabajar sutilmente la consciencia de las personas y han venido a ofrecer cosas como regalos, como trabajo, a decir que si entra la empresa va a haber un cambio. Y bueno somos gente de escasos recursos y al ver estas ofertas hay muchos que dicen sí. Pero sabemos perfectamente que es un engaño porque el beneficio será hasta que entren ellos y después te dicen no te conozco. Yo ya he andado en muchos lugares donde estas empresas han hecho estos trabajos y lo mismo me cuenta la gente donde he ido, por ejemplo, en San Alberto. Me cuentan la misma historia llorando de que así han sido engañados. ”
¿Desde cuándo se intensificó este interés de las petroleras por la zona de Tariquía?
María Nelly Coca: Esto ya venimos luchando nosotros desde el 2017. El 2018 ya intentaron entrar y ya hemos estado en vigilia 5 meses al pie del camino desde el día 23 de marzo hasta el 23 de agosto, donde hemos salido en marcha 7 días desde Chiquiacá hasta Tarija. ¿Y un cabildo no? Donde ha habido un rechazo total. Sin embargo, ellos no se dan por aludidos o informados de esto y siguen insistiendo en que tienen todas las autorizaciones. Ellos manejan documentación falsa. El ataque más fuerte ha sido este año y este año también empezaron las demandas contra nosotros. Como si fuéramos delincuentes, siendo que somos defensores del medio ambiente. Estamos defendiendo la vida, no tenemos por qué ser denunciados así.
Para clarificar partes de este caso desde la perspectiva legal, Revista Nómadas se puso en contacto con el abogado Rodrigo Herrera, especialista en derecho medioambiental.
Rodrigo, ¿cuáles son las leyes o estatutos que, como nos dice la Sra. Nelly protegen a los defensores medioambientales?
Rodrigo Herrera: La Constitución Política del Estado y el acuerdo de Escazú son normas que defienden a los defensores de los derechos humanos en asuntos medioambientales. La constitución política del estado a través del artículo 34 y del artículo 108 establecen la capacidad y el deber que tienen los bolivianos y bolivianas para defender el desarrollo normal de otros seres vivos. Y esto está ratificado a través del acuerdo de Escazú que establece como obligación de los Estados el respetar los ejercicios de las actividades de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, debiendo evitar el hostigamiento, la criminalización y otras acciones que restrinjan las actividades de estas personas. Entonces sí tenemos un amplio número de normas que los protegen.
¿Es cierto que el padre del actual presidente dejó un precedente establecido para la protección de los derechos de activistas medioambientales?
R: El ex presidente Jaime Paz Samora emitió importantes disposiciones legales relacionadas con la conservación del medio ambiente. De hecho, el reglamento general de áreas protegidas fue aprobado durante su gestión, que es una norma que hasta el día de hoy sigue rigiendo. Pero como toda norma en el país, estas disposiciones no se aplican plenamente.
El decreto emitido por Morales previamente mencionado no se encuentra, sin embargo, por encima de la Ley 1333 que menciona Herrera, promulgada en 1992 durante el gobierno de Paz Zamora. Esta ley tiene por objeto “la protección y conservación del medioambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza.”
En un comunicado oficial, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, menciona que: “La ubicación del pozo fue definida respetando la normativa ambiental y las áreas protegidas vigentes, lo que garantiza que no se interviene territorio de la Reserva de Tariquía”. Sin embargo, si bien el pozo no se encuentra dentro de la Reserva por una pequeña distancia de tan solo 1,5 kilómetros, Rodrigo Herrera nos explica por qué este pozo se encuentra de todas maneras incumpliendo la normativa:
“El tema es este: evidentemente el Pozo no está dentro de la reserva y por tanto por lo dispuesto en el reglamento general de áreas protegidas y en el viciado plan de manejo, pues está exento de gestión por parte del Sernap, pero nosotros hemos interpuesto una Denuncia ante el tribunal agroambiental en la que referimos a que, independientemente que esté dentro o fuera del área protegida de Tariquía, este pozo está dentro de la zona de protección del jaguar, que también consta de una condición similar a un área protegida. Por esto se debería impedir la operación y además dar salvaguardas ambientales.”
Al cierre de este reporte, el Juzgado Ambiental de Entre Ríos ha admitido una solicitud de medidas cautelares presentada por la Defensoría del Pueblo. La justicia ha ordenado la suspensión temporal de los actos de ejecución del proyecto Domo Oso-X3, citando posibles riesgos ambientales.
Esta decisión frena el avance de la maquinaria petrolera mientras se realizan inspecciones técnicas y audiencias públicas. Se trata de un respiro judicial momentáneo para una reserva que, ante el avance de las petroleras y las promesas políticas incumplidas, lucha por no convertirse en otra cicatriz en el mapa extractivista de Bolivia.
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