¿Por qué es importante mantener los ojos sobre Tariquía en este momento? ¿Qué está pasando al sur del país?
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija, se encuentra hoy al borde de vivir una “ocupación petrolera en la totalidad de su territorio”, en palabras de Soledad Bravo de la localidad de El Cajón.
La avanzada de empresas petroleras en la Reserva ya es un hecho, en Churumas, la zona núcleo, corazón de Tariquía se explota gas desde julio de 2025. Las pocas familias que viven en la zona, sintieron en carne propia la transformación de sus condiciones de vida.
La reactivación del campo Churumas a inicios del 2022 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB- Chaco S.A., trajo consigo daños y desequilibrios en las poblaciones y especies que habitan la zona, “ahora se ven más chanchos de monte y menos tarucas” contó con tristeza Bravo, que vive en la zona hace más de treinta años. Las familias denuncian que no solo ingresa el personal de la petrolera, sino trabajadores de pequeñas empresas para la apertura de caminos y transporte de hidrocarburos.
Si el proyecto de exploración Domo Oso X3 del Bloque San Telmo Norte se activa por los trabajos de Petroleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), se consolidarán las actividades hidrocarburíferas al noreste del Cantón Chiquiacá. De ser así, la ocupación petrolera avanzará también hacia la región central de la Reserva, nos dijo Paulina Gareca de la comunidad de San José.
Proyecto Domo Oso X3, una puerta de entrada
En el borde noreste del Cantón Chiquiacá se encuentran bosques y quebradas donde el agua abunda. La zona es uno de los lugares más sensibles por su tipo de vegetación. Tiene una particular característica: allí se alojan tres pozos muy codiciados por el estado boliviano. Uno de ellos es el Domo Oso X3, a éste le rodean singulares controversias.
Al ser Bolivia un país altamente dependiente del extractivismo hidrocarburífero, y en el actual panorama de crisis económica el fin de la bonanza del gas es determinante. El gobierno de Rodrigo Paz se ha volcado en continuar los planes de exploración iniciados por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En el imaginario extractivista el proyecto Domo Oso X3 hace parte de los planes de explotación de hidrocarburos del gobierno boliviano. Según el mapa de bloques y pozos del Centro de Investigación y Documentación Bolivia (CEDIB) en Tariquía hay cuatro bloques petroleros, San Telmo Norte, San Telmo Sur, Churumas y Astilleros. Si observamos el mapa con atención, el 50% de la Reserva está concesionada para actividades hidrocarburíferas.
Las controversia alrededor de la aprobación del Plan de Manejo ambiental de 2014 por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) son significativas. En ese Plan se reduce la zona de protección de cuencas en un 33%, incrementándose en un 45% la zona de uso para actividades extractivas. La significativa reducción de la zona de protección afectará el ciclo hidrológico de las comunidades del Cantón Chiquiacá que reproducen su vida en ese territorio.
El proyecto Domo Oso X3 se encuentra en la zona de amortiguación. En sus declaraciones autoridades de gobierno aseguraron que la exploración no afectará a la Reserva. Las comunidades campesinas que viven allá se dedican a la agricultura, y a la ganadería a pequeña escala afirman lo contrario. Lxs comunarios saben que la exploración de gas transformará el territorio y afectará las fuentes de agua “si entra el proyecto Domo Oso X3 los arroyos que alimentan las quebradas y el río de todo el Cantón se secarán” nos dijo Felix Choque habitante de la comunidad de Chiquiacá Norte.
Con todo, varias irregularidades rodean la licencia ambiental desde que en 2018 los contratos fueran otorgados a las empresas petroleras por el gobierno del MAS. El Comité de Defensa del Cantón Chiquiacá cuestiona la validez de la consulta realizada en 2019 “no realizaron los procedimientos adecuados”, señala Vidal Jimenez de la comunidad de Pampa Redonda.
El río Chiquiacá es uno de los más caudalosos del Cantón del mismo nombre, su paso alimenta a toda la zona. En 2018 las comunidades que se nutren de sus fuentes organizaron un Comité de Defensa del Cantón Chiquiacá para vetar la entrada de empresas petroleras en su territorio. “Nuestra lucha es por la defensa del agua, de las vertientes y todo lo vivo por eso nos oponemos a los proyectos de la empresa” enfatizó Juanita Mercado de la comunidad de Loma Alta, en una entrevista realizada el 5 de marzo.
Las aguas de la quebrada del Oso están en peligro, para protegerlas el Comité de defensa organizó, según sus usos y costumbres, tres referéndums que constan en sus libros de actas “en la consulta que hicimos a las comunidades ganó el NO, por eso es ilegal cualquier actividad de las petroleras” enfatizó Albino Mercado en una asamblea comunitaria en enero de este año.
La alianza YPFB- PETROBRAS quiere iniciar las obras de exploración del proyecto Domo Oso en la cabecera de esa quebrada.
Desde que PETROBRAS instaló su campamento en la comunidad de Saicán, las alarmas de lxs comunarios se avivaron. La violencia ejercida por la acción policial en enero de este año no hizo retroceder la defensa “si damos el visto bueno al Domo Oso X3 es como abrir la puerta para que exploren en toda la Reserva” dijo con preocupación Choque.
La violencia estatal no cesa, a la represión policial le siguió un segundo proceso judicial a demanda de PETROBRAS contra comunarixs de la Reserva.
Treinta y tres comunarixs judicializadxs
En octubre de 2024, se inició el primer proceso de criminalización contra varones y mujeres de las comunidades que defienden la Reserva. Veinte comunarixs fueron notificados por la Fiscalía de Entre Ríos, se les acusa por de atentar contra la libertad de trabajo e impedir o estorbar el ejercicio de la función pública. Para abril de 2025 doce personas fueron imputadas formalmente, es decir el proceso entró a la etapa de juicio. Al respecto Albino Mercado, en una asamblea en la comunidad de Saican, dijo “Once procesados han pasado a juicio ¿Cómo es posible?, ahí refleja claro el que la justicia está controlada con el presidente, no sé con qué autoridad, con el poder del estado”. El primer proceso se instaló durante el gobierno de Luis Arce.
A medida que la ocupación petrolera en Tariquía avanzó se agravó la criminalización.
En enero del presente año, en el gobierno de Paz, YPFB-PETROBRAS interpuso un segundo proceso penal a diecisiete personas. Los delitos de los que se acusa a lxs comunarixs son los mismos del primer proceso, se suma la asociación delictuosa. Para el 26 de enero a falta de pruebas, el fiscal de Entre Ríos emitió una resolución de rechazo pero las empresas acusadoras apelaron esa decisión. Tras que el juez diera lugar a la apelación de la parte acusadora, lxs acusados esperan la decisión de la Fiscalía departamental de Tarija.
A pesar que en 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia de 7 de marzo de 2025 instó a que el estado boliviano el cese la criminalización y al cumplimiento de sus obligaciones de protección a los defensores territoriales, en ese entonces gobernaba Luis Arce, la persecución continúa en el gobierno de Rodrigo Paz.
El abuso desproporcionado de normas penales visibiliza el mal uso del sistema judicial por parte del estado boliviano. El otro brazo que despliega el poder estado en el ámbito judicial, es la Procuraduría General del Estado, para resguardar los intereses de las empresas, en este caso, de PETROBRAS.
¿Qué resolverá el Tribunal Agroambiental?
Luego de la arremetida policial de inicios de este año contra la vigilia que sostenían comunarios del Cantón Chiquiacá para impedir el ingreso del personal de PETROBRAS, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, presentó una solicitud de medidas cautelares ambientales ante el juzgado agroambiental de Entre Ríos, Tarija. Mediante esta acción legal, se pidió la suspensión de las actividades hidrocarburíferas de exploración y perforación en el pozo Domo Oso X3.
El documento presentado por la Defensoría tiene cinco pilares. El primero se refiere a la manera irregular por la que YPFB y PETROBRAS, obtuvieron la licencia ambiental del pozo Domo Oso X3 en julio de 2025. Los procesos necesarios para alcanzar dicha licencia, señala la Defensoría, no cumplieron con estándares legales requeridos para llegar a ser una consulta real a las comunidades afectadas del Cantón Chiquiacá.
Al respecto, Jorge Campanini, investigador del CEDIB, en una entrevista de 2025 señaló que el hecho de que la publicación oficial de la licencia ambiental se haya dado dos meses después de su aprobación, evidencia la mala fe con la que opera el estado boliviano.
Los otros cuatro argumentos centrales de acción ambiental sustentada por la Defensoría, evidencian irregularidades en la categorización del proyecto, la certificación notarial de un evento de socialización, y que no existe una certeza sobre el derecho propietario sobre el predio donde está diseñado el pozo exploratorio Domo Oso X3.
El 18 de enero de 2026, el Juzgado Agroambiental del Municipio de Entre Ríos, admitió la solicitud de medidas cautelares de la Defensoría del Pueblo, disponiendo la suspensión temporal de las actividades del Pozo Domo Oso X-3.
Las maniobras y declaraciones del estado boliviano, en continuidad con las políticas de despojo de anteriores gobiernos, se evidencian en el ingreso al proceso judicial a inicios de febrero de 2026, de la Procuraduría General del Estado, como tercer interesado.
Esta instancia, en resguardo de los intereses de las empresas YPFB y PETROBRAS, no solo solicitó el levantamiento de la suspensión de actividades hidrocarburíferas dictaminadas por el Tribunal Agroambiental, sino que logró la postergación de la inspección técnica in situ y la audiencia pública que inicialmente se habían convocado para febrero.
Esta decisión fue cuestionada por representantes del Comité de Defensa del Cantón Chiquiacá, quienes denunciaron además el ingreso irregular de personal de Petrobras, que irrespeta la suspensión de actividades emitida por el Tribunal Agroambiental.
De esta misma forma, el Procurador General del Estado, Hugo César León La Faye, ha sostenido además que impedir las actividades hidrocarburíferas del Domo Oso X3, “es una mala señal” para las empresas extranjeras que tienen interés de invertir en el país.
Hace poco, el Juzgado Agroambiental, denegó una solicitud de la Defensoría del Pueblo que buscaba ampliar otros treinta días la medida cautelar que presentó. Por su parte, la Procuraduría General del estado, presentó un recurso donde declara la incompetencia de la Defensoría del Pueblo para fiscalizar un proceso de consulta previa.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), habría presentado un informe donde reconoce no haber hecho la supervisión correspondiente a la consulta supuestamente realizada por PETROBRAS en el Cantón Chiquiacá. A pesar de esto, el estado a través de la Procuraduría, insiste en que la licencia ambiental para el proyecto Domo Oso X3, habría sido obtenida cumpliendo todos los procedimientos legalmente establecidos.
Las autoridades competentes fijaron la inspección ocular para este 19 de marzo, y la audiencia pública para el 23. Con los antecedentes mencionados, se presume que el Tribunal Agroambiental de Entre Ríos, luego de las dos acciones de inspección y audiencia, emitirá un dictamen final sobre el pozo Domo Oso X3.
En caso de resultar favorable a la lucha de las comunidades, la empresa y la procuraduría podrían presentar una apelación que deberá tratarse en la ciudad de Sucre.
Los escenarios de la lucha: es un momento clave
Como en un movimiento de pinzas desde el sureste y noreste de la reserva, el gobierno de Paz y YPFB- PETROBRAS, quieren terminar de asfixiar a Tariquía y a las comunidades que luchan en su interior, por el agua y por la vida.
Esta estrategia de ocupación significó en la historia de la lucha comunitaria, persecución judicial, violencia y manipulación estatal.
Lo real es que los abogados de YPFB, a cargo del primer juicio contra lxs comunarixs de Chiquiacá y Tariquía, así como el gobierno de Paz y la Procuraduría, responsabilizan por la crisis económica a las comunidades que impiden el ingreso de empresas petroleras.
“[Los abogados de YPFB] decían que estamos perjudicando a 12 millones de personas. Que al no sacar gas y petróleo, por eso es la crisis. La crisis es por los gobiernos políticos, nosotros no tenemos la culpa que haya esta crisis”, nos dijo Paulina Gareca, ex dirigenta de la Subcentral Campesina de Tariquía, quien está imputada en el primer proceso penal.
Esta forma de sobrecargar en las espaldas de lxs luchadores de Tariquía la crisis social y económica de esta última década, es una premisa falaz pero extendida como discurso estatal de los gobiernos de turno.
La lucha comunitaria de más de diez años, se despliega en tres frentes: el Comité de defensa del Cantón Chiquiacá, la Subcentral Sindical Campesina de Tariquía, y las familias de El Cajón-Churumas. Han realizado innumerables acciones para resguardar esta zona de recarga hídrica, del agua y la lluvia para todxs. Su lucha ahora se dirime en el escenario del sistema judicial.
Vidal Jimenez, histórico dirigente campesino chiquiaqueño, con su voz pausada, amable y firme dijo: “queremos que haya justicia”.
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