El director de la organización Sociedad Justicia Ambiental, Rodrigo E. Herrera Sánchez, afirmó que el reciente asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure no es un hecho aislado, sino la expresión de una violencia estructural vinculada a los conflictos por tierras y al avance del agronegocio en Bolivia. En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, al órgano Ejecutivo. al Legislativo y la Policía boliviana, el jurista ambiental advirtió sobre un posible “régimen de terror” contra quienes defienden el medio ambiente y administran justicia en esta materia.
Herrera sostiene que el crimen, ocurrido el 1 de mayo en Santa Cruz, constituye un atentado directo contra el sistema de justicia agroambiental y una amenaza para jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Según el documento, las investigaciones apuntan a un sicariato vinculado a decisiones judiciales en conflictos territoriales en el oriente del país.
El pronunciamiento sitúa el hecho en un contexto de creciente presión sobre la tierra, marcado por la expansión de la frontera agrícola, la deforestación y la ganadería extensiva. En ese marco, cuestiona políticas estatales —como la Ley 1720 y normas conexas— que, a su juicio, han facilitado la dotación irregular de tierras fiscales y el surgimiento de un mercado ilegal que beneficia a sectores económicos poderosos.
“Es inaceptable que el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo continúen alentando, mediante normas y acciones concretas, la expansión ilimitada de la frontera agropecuaria. Tales políticas equivalen a un incentivo indirecto a la criminalidad organizada que ve en los jueces agroambientales un obstáculo para sus negocios ilegales. La impunidad en estos casos envía un mensaje claro: quien defienda la selva, los bosques, los ríos o los territorios indígenas, corre riesgo de muerte”, lamenta, Herrera.
Asimismo, advierte que la falta de control y la permisividad frente a avasallamientos han generado condiciones para la violencia, en las que actores vinculados a intereses económicos verían en los jueces agroambientales un obstáculo para sus actividades. “Quien defienda la selva, los bosques o los territorios indígenas, corre riesgo de muerte”, señala el documento.
Entre las demandas planteadas, Herrera exige la paralización de políticas que amplían la frontera agropecuaria, la abrogación de normas que facilitan desmontes y la implementación de una moratoria a nuevos chaqueos. También pide medidas de protección inmediata para magistrados, jueces y defensores ambientales, así como una investigación que identifique tanto a autores materiales como intelectuales del asesinato.
El pronunciamiento concluye que el caso representa un punto de quiebre para el país y advierte que, sin una respuesta firme del Estado, podría consolidarse un escenario de impunidad y violencia contra la justicia ambiental y la defensa de la Madre Tierra.
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