Tras casi días de movilización forjada entre el rigor de la lluvia y el mal de altura, la marcha de los pueblos indígenas y pequeños productores de Pando y Beni ingresó ayer a la ciudad de La Paz. La movilización, que aglutina a sectores de la CPEM-B, la Federación de Campesinos de Pando y la BOCINAB, entregó formalmente su plataforma de demandas al Ejecutivo, centrando su protesta en la defensa del territorio frente a normas que consideran regresivas.
El eje del conflicto: La inconstitucionalidad de la Ley 1720
La demanda principal e innegociable de la marcha es la abrogación de la Ley 1720. Según los dirigentes, esta norma permite que la pequeña propiedad agraria se convierta en mediana, lo que en la práctica anula su carácter de inembargable.
“El gobierno busca que el banco se apodere de nuestras tierras mediante créditos que no podremos pagar porque la producción no es lineal. Esto es abrirle la puerta al latifundio y a los grandes empresarios”, denunció Oscar Cardozo, dirigente de la Central Bella Flor.
El Pliego Petitorio: 12 puntos por la dignidad territorial
El documento entregado al gobierno de Rodrigo Paz no solo aborda el tema agrario, sino que presenta una visión estructural sobre la protección de la Amazonía y los derechos civiles:
- Abrogación de la Ley 1720: Por vulnerar los derechos constitucionales y facilitar la mercantilización de la tierra.
- Protección de Bosques: Exigencia de una Ley de Bosques que responda de forma real a la deforestación y los incendios.
- Freno a los Bonos de Carbono: Paralización del Proyecto de Ley 060/25 por promover la mercantilización de los territorios sin consulta previa.
- No a la Criminalización: Suspensión y archivo de la “ley antibloqueos”.
- Titulación en el Beni: Dotación y compensación inmediata de tierras en este departamento.
- Garantías Jurídicas: Que toda nueva norma sobre minería e hidrocarburos respete la consulta previa.
- Servicios Básicos: Abastecimiento de combustible de calidad en zonas rurales.
- Salud y Educación: Dotación de ítems para las comunidades alejadas.
- Infraestructura: Mejora de caminos y conectividad.
- Cumplimiento de la Ley de la Coca: Control en zonas no autorizadas.
- Equidad Estatal: Anulación de la renta vitalicia para expresidentes y vicepresidentes.
- Respeto a la CPE: Garantizar que el gobierno se enmarque estrictamente en la Constitución Política del Estado.
Un llamado humanitario en la sede de Gobierno
La columna, integrada por delegaciones del TIM, TIMI, pueblos Movima, Yuracaré y Tsimane, incluye a familias con niños que requieren atención tras casi un mes de caminata. Representantes como Faifer Cuajera y Vivian Palomequi ratificaron que el movimiento se mantiene en estado de apronte y esperará una respuesta oficial en un plazo de 24 horas.
Mientras el Gobierno sostiene que la norma busca “facilitar créditos”, para el CEJIS y las organizaciones movilizadas, el riesgo de una nueva concentración de la tierra y la pérdida de la soberanía territorial indígena es una amenaza latente que la Constitución debería prohibir.
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