En estos días han surgido varias dudas, malentendidos e incluso cuestionamientos a la marcha indígena y campesina que llegó desde la Amazonía hasta La Paz: ¿por qué caminar durante casi un mes para exigir la abrogación de la Ley 1720? ¿Qué riesgos ven las organizaciones movilizadas en esta? ¿Por qué rechazan que la pequeña propiedad pueda convertirse en mediana propiedad si el Gobierno sostiene que eso facilitaría el acceso al crédito? ¿Quién sostiene económicamente una movilización de tantos días? ¿Y por qué esta demanda, que nace en Pando y Beni, debería importar también a quienes viven en La Paz, El Alto, Santa Cruz o cualquier otro punto del país?
La Ley 1720 toca un punto sensible del régimen agrario boliviano porque habilita la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad. Para el Gobierno y sectores agroempresariales, se trata de una medida orientada a facilitar el acceso a crédito y promover mayor dinamismo productivo. Para las organizaciones movilizadas, en cambio, el problema es que esa conversión podría debilitar los resguardos que históricamente protegieron a la pequeña propiedad frente al mercado, el embargo, la fragmentación y la concentración de tierras.
La preocupación de fondo es concreta, que la tierra que hoy funciona como sustento familiar, herencia y base material de vida campesina termine convertida en garantía bancaria y, eventualmente, expuesta a procesos de endeudamiento, pérdida y reconcentración. En un país donde una parte importante de la pequeña propiedad conserva bosque, y donde la expansión agropecuaria, la deforestación y los incendios avanzan con creciente impunidad, flexibilizar el régimen agrario puede convertirse en una señal peligrosa.
La marcha, además, no llegó a La Paz con una sola demanda. Junto a la abrogación de la Ley 1720, las organizaciones plantean el saneamiento y la titulación efectiva de tierras comunitarias campesinas e indígenas, el archivo de los proyectos de ley que buscan penalizar los bloqueos como forma de protesta social, el respeto a la consulta previa, una nueva Ley de Bosques y normas capaces de responder a la crisis ecológica y territorial de la Amazonía. A eso se suman varias otras demandas de organizaciones aliadas y que la apoyan.
Pero antes de formar una opinión propia, corresponde escucharlos. En estas dos entrevistas, Aísar Ortiz Moreno, secretario ejecutivo de la Central Florida del Distrito 7 de Vaca Díez, explica por qué marcharon, qué sacrificios implicó la movilización, cómo se sostuvo desde las bases, qué críticas responden y qué esperan que entienda el resto del país sobre su lucha.
—Un gusto saludarle. Para comenzar, quisiera que nuestra audiencia pueda conocerlo mejor. ¿Podría indicarme su nombre completo, su organización y de dónde proviene?
—Muy buenos días. Primeramente, estoy agradecido con Dios por permitirme estar aquí y con ustedes por la cobertura. Mi nombre es AísarOrtiz Moreno; soy secretario ejecutivo de la Central Florida, Distrito 7, afiliada a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Revolucionarios de Vaca Díez, en el departamento del Beni.
—Para muchas personas que no han acompañado una movilización de este tipo, cuesta dimensionar lo que implica marchar tantos días hasta La Paz. ¿En qué momento toman la decisión de hacerlo y por qué consideran que era necesario llegar hasta la sede de gobierno?
—Para aclarar: nosotros, orgánicamente como regional Vaca Díez, a través de nuestra Federación y nuestra estructura orgánica, emitimos resoluciones por medio de nuestra organización dirigidas al Gobierno. En ellas hacíamos notar que no estábamos de acuerdo con esta ley antes de que fuera aprobada por la Asamblea Legislativa.
Cuando supimos que ya había sido aprobada, volvimos a emitir resoluciones pidiéndole al presidente que no la promulgara, porque atentaba contra nuestros derechos como amazónicos. Al no ser escuchados, tomamos la decisión de salir en marcha en protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Pérez.
—¿Por qué eligieron la marcha como forma de protesta y no otra medida?
—Porque, históricamente, en las marchas en defensa de los territorios de la Amazonía, nuestros antepasados han logrado consolidar derechos y ser escuchados. Una marcha golpea a nivel nacional e internacional. Somos el pulmón del mundo y protegemos bosques que deben ser preservados. Hemos sido los guardianes de la Amazonía y vimos que la única forma de obtener apoyo y ser escuchados era marchando.
—Algunos sectores agropecuarios de Santa Cruz sostienen que la Ley 1720 beneficiaría a los pequeños productores. Desde su experiencia, ¿por qué ustedes tienen una lectura distinta?
—Creo que todos podemos darnos cuenta: en Santa Cruz predominan los medianos y grandes empresarios productores que exportan la mayoría de sus productos. En cambio, quien sostiene el mercado interno del país somos los pequeños productores, los campesinos e indígenas.
Vemos que esta ley apunta a poner la tierra en mediana escala. El Gobierno dice que el crédito es voluntario, pero si un compañero no puede pagarlo, el banco pondrá la tierra a disposición y los empresarios o terratenientes terminarán comprándola. No estamos de acuerdo con esto porque viola nuestros derechos constitucionales; por eso pedimos la abrogación.
—El Gobierno plantea que la ley permitiría mayor acceso al crédito y mejores condiciones para producir. ¿Qué tipo de apoyo económico o productivo necesitarían realmente los pequeños productores?
—Si el Gobierno tiene la voluntad de apoyar al sector productivo y a los pequeños productores, nosotros sugerimos que otorgue créditos, pero que la garantía sea nuestra producción, no nuestras tierras. Nuestras tierras son patrimonio familiar hereditario para nuestra descendencia.
—También se ha cuestionado cómo se sostiene una marcha tan larga. Algunas voces sugieren que podría haber financiamiento externo de ONGs. ¿Cómo se ha organizado económicamente esta movilización?
—Queremos aclarar a la opinión pública que somos una organización sindical muy orgánica. No hemos sido financiados por ninguna ONG ni institución particular. Esta marcha es autofinanciada por nuestras bases. Nuestra protesta es por nuestra descendencia, y cada uno de los afiliados aporta para que quienes marchamos podamos sostenernos económicamente y llegar hasta aquí.
—Además de la Ley 1720, ¿qué otras demandas centrales trae la marcha?
—Las demandas principales que traemos desde Pando y Beni son tres puntos concretos e innegociables:
- La abrogación de la Ley 1720.
- El saneamiento de nuestras tierras.
- El archivo de la “Ley Antibloqueos”.
Los demás puntos que se han sumado al pliego actual —que ya son doce— se han incorporado en el camino, a medida que otras organizaciones se han plegado a la marcha al ver que nuestro reclamo es de alcance nacional.
—¿Por qué consideran importante rechazar la llamada “Ley Antibloqueos”?
—Porque constitucionalmente todos los ciudadanos tenemos derecho a la protesta. Como organizaciones sindicales, indígenas y campesinas, la única arma que tenemos para hacernos escuchar es la protesta, ya sea con marchas o bloqueos. No tenemos otra vía y la Constitución nos ampara en ese derecho.
—Para terminar, ¿qué mensaje quisiera dejar a la ciudadanía de La Paz, El Alto, Santa Cruz y del resto del país sobre esta movilización?
—Todos los bolivianos deben entender que esta demanda concierne a todo el territorio nacional, porque en todos los departamentos hay pueblos indígenas y sectores campesinos.
A quienes están en contra, les digo que revisen la Constitución. El artículo 394 establece que las pequeñas propiedades y las tierras colectivas son invendibles, inalienables e intransferibles, porque son patrimonio familiar. Aunque la Ley 1720 no nos mencione directamente en algunos acápites, al fragmentar el derecho de propiedad nos están afectando de igual manera.
—Muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender mejor la posición de la marcha.
—Muchas gracias a usted.
