En un duro pronunciamiento que sacude el escenario político y ambiental del país, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) exigió la anulación inmediata y sin negociación del acuerdo firmado el pasado 14 de mayo entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN R.L.). La organización matriz califica el pacto de “inconstitucional” y denuncia que entrega los recursos estratégicos a los sectores más radicales del extractivismo, repitiendo las lógicas de las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS).
De acuerdo con el manifiesto emitido por la CONTIOCAP, el convenio suscrito por el Ejecutivo vulnera al menos cinco artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), referidos al dominio ancestral indígena (Art. 2), la protección a pueblos en peligro de extinción (Art. 31), la biodiversidad (Art. 380), el patrimonio de las Áreas Protegidas (Art. 385) y el carácter estratégico de la Amazonía (Art. 390).
“El presidente Rodrigo Paz desconoce Sentencias Constitucionales que declaran a los Ríos Sujetos de Derechos, y pretende eliminar el rol de la Asamblea Legislativa al comprometer la aprobación de contratos mineros que no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”, alerta el documento.
Los defensores territoriales denuncian que la proliferación de la minería, tanto legal como ilegal, se realiza sin control estatal, destruyendo la seguridad hídrica, los ecosistemas amazónicos y contaminando con mercurio a las comunidades locales. Asimismo, fustigaron el rol del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), al que acusaron de haberse transformado en los últimos 20 años en un “brazo operativo del extractivismo” mediante la entrega de Certificados de Compatibilidad de Uso (CCUs).
Cooperativismo minero bajo la lupa: “Grupos irregulares”
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia radica en la caracterización del sector cooperativista actual. La CONTIOCAP afirma que la minería cooperativizada funciona hoy como una “fachada de grandes capitales externos” vinculada a actividades ilícitas que busca apoderarse de tierras fiscales y reservas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
Además, el pronunciamiento advierte sobre la escalada de violencia en las regiones de explotación:
- Zonas rojas: Espacios protegidos de alta biodiversidad, como el Parque Nacional Madidi, han sido convertidos en sectores de peligro donde se impide el ingreso de guardaparques y autoridades fiscalizadoras.
- Acciones violentas: Se denuncia que los mineros actúan como “grupos irregulares armados” que toman ciudades y agreden a la población civil y a la prensa, citando agresiones recientes a periodistas en el ejercicio de sus funciones.
- Permisividad gubernamental: La organización lamenta que el actual gobierno “ceda a sus imposiciones violentas” para garantizar privilegios sectoriales.
Exigencias urgentes e interpelación internacional
Ante lo que consideran un atentado histórico contra el patrimonio natural y social de Bolivia, la CONTIOCAP ha planteado un pliego de demandas categóricas:
- Frenar la frontera minera: Suspensión inmediata de cualquier ampliación de zonas mineras y la adopción de medidas operativas severas contra la minería ilegal.
- Nueva Ley Minera inclusiva: Exigen que el debate de una nueva normativa minera y la protección de recursos hídricos no se discuta a puertas cerradas con FENCOMIN, sino que incluya a la sociedad civil, la academia y a los pueblos indígenas afectados por el mercurio, en línea con el Acuerdo de Minamata.
- Advertencia a la cooperación internacional: La organización lanzó una alerta a los organismos y cooperaciones internacionales, señalando que financiar la “formalización” de estas cooperativas equivale a convalidar el despojo territorial, la violencia y la destrucción de la Amazonía.
Finalmente, la CONTIOCAP —bloque que aglutina a defensores de las cuatro macroregiones de Bolivia y artífice del freno a megaproyectos como las hidroeléctricas Bala-Chepete y Rositas— reafirmó su independencia política frente a los gobiernos de turno, sentenciando que “luchar por el territorio es luchar por la vida”. El Ejecutivo aún no ha emitido una respuesta oficial ante el emplazamiento indígena.
