En los últimos años, la justicia ambiental ha ido ganando relevancia en Bolivia, en particular en el ámbito del Tribunal Agroambiental, con decisiones favorables a la defensa del medio ambiente. Sin embargo, el problema no siempre está en la sentencia, sino en su ejecución. Muchas veces las órdenes judiciales no se cumplen por falta de voluntad política o capacidad institucional, lo que en ciertos casos podría derivar incluso en incumplimiento de deberes por parte de autoridades nacionales, departamentales o municipales.
En este campo destacan las acciones populares, que pertenecen a la jurisdicción constitucional y sirven para defender derechos e intereses colectivos o difusos cuando están siendo amenazados o vulnerados. No son procesos penales, buscan proteger bienes colectivos —como el medio ambiente, la salud pública o el patrimonio común— y ordenar medidas concretas para frenar o prevenir el daño, así como para restaurar o reparar sus efectos.
Un ejemplo reciente es la acción impulsada por activistas de Sucre contra los incendios forestales. En ese caso, el Gobierno de Luis Arce y sectores agroindustriales y ganaderos del oriente intentaron frenar el proceso, pero el Tribunal Agroambiental mantuvo abierta la causa y dictó medidas urgentes, incluyendo obligaciones de información, coordinación institucional y respuesta frente a los incendios. La resolución también advirtió que el incumplimiento de las órdenes judiciales podía derivar en responsabilidades penales. Sin embargo, las medidas asumidas por el Gobierno fueron claramente insuficientes: hasta la fecha ni siquiera se conoce una estimación oficial de la deforestación ocurrida en Bolivia durante 2024.
Otro ejemplo reciente es la acción impulsada desde 2023 por la severa contaminación minera, con cianuro, atribuida a la Empresa Minera Manquiri, que habría afectado desde 2008 a cuatro lagunas esenciales para el suministro de agua potable de la ciudad de Potosí. En 2025, una sentencia declaró parcialmente probada la acción ambiental preventiva, reparadora, rehabilitadora, restauradora y resarcitoria, y en mayo de 2026 otra resolución confirmó la condena contra Manquiri. Hasta ahora, sin embargo, se desconoce si la empresa ha avanzado en el cumplimiento de esas obligaciones o si las autoridades competentes están haciendo lo necesario para garantizarlo.
Pero la justicia ambiental no se agota en las acciones constitucionales. También incluye otras vías, entre ellas la persecución de delitos ambientales, que sí corresponde a la materia penal. Y ahí aparece una pregunta central:
¿Qué ocurre cuando el daño ambiental ya no es solo una vulneración colectiva que debe ser detenida o reparada, sino una conducta que podría constituir delito? ¿Qué pasa cuando se denuncia un incendio forestal, un caso de biocidio, tráfico ilegal de vida silvestre o tratos crueles contra animales? ¿El sistema penal investiga, identifica responsables y sanciona? ¿O esas causas terminan, como tantas otras, archivadas, rechazadas o diluidas en una maquinaria judicial incapaz de responder al daño ambiental?
Estas preguntas son las que aborda el informe “Delitos Ambientales en Bolivia. Situación de la persecución penal ambiental 2020–2026”, elaborado por la ‘’Asociación Legal-Justicia Ambiental’’ sobre la base de datos oficiales de la Fiscalía General del Estado obtenidos por una Petición de Informe Escrito realizado por la Senadora Carolina Giese Urresti. Y sus resultados muestran una paradoja inquietante, Bolivia denuncia cada vez más delitos ambientales, pero sanciona cada vez menos.
Dicha asociación, liderada por el destacado abogado ambiental Rodrigo Herrera, presento en Santa Cruz su Clínica de Defensa Legal Ambiental, y expuso los resultados de este informe que les compartimos a continuación.
Entre enero de 2020 y enero de 2026 se registraron 2.246 causas por delitos ambientales en Bolivia. Las causas pasaron de 194 en 2020 a 252 en 2022, 381 en 2023, y alcanzaron 601 en 2024 y 580 en 2025. Para los años en los que se cuenta con información desagregada, se trataron principalmente de casos de biocidio, 38%, tratos crueles contra animales, 27%, e incendios, 11%.
Este aumento no necesariamente significa que ocurran más delitos ambientales, sino que más hechos están llegando al sistema penal. También puede expresar mayor denuncia ciudadana, mayor visibilidad pública o una mayor disposición de organizaciones y personas a activar la vía judicial. Pero, al mismo tiempo, el propio informe advierte que los registros bajos en ciertos territorios podrían reflejar subregistro, y no necesariamente una menor incidencia real de delitos ambientales. Donde hay menos causas no siempre hay menos delitos, puede haber menos acceso a la justicia, menor presencia institucional o mayores dificultades para denunciar.
En todo caso, para que este aumento de denuncias fortalezca la confianza en la justicia ambiental, las causas deben avanzar y obtener respuestas efectivas. Sin embargo, las métricas de efectividad elaboradas por la Asociación muestran una realidad menos alentadora, como se observa en la tabla siguiente. Cada año, entre el 45% y el 69% de los casos presentados son rechazados. Si bien esa proporción ha disminuido ligeramente a lo largo del periodo, lo que podría indicar una mejora en la solvencia de los casos presentados, el volumen de rechazos sigue siendo muy alto.
A su vez, la cantidad de causas que llegan a condena es reducida. Entre 2020 y 2023, las condenas representaron entre el 18% y el 33% de los casos, en años con menor cantidad de causas. Pero en 2024 y 2025, cuando el número de procesos aumentó de forma significativa, la proporción de condenas cayó a entre 5% y 9%.
En términos acumulados, de las 2.205 causas presentadas entre 2020 y 2025, 1.145 fueron rechazadas, es decir, el 51%. De las 1.060 causas que no fueron rechazadas, 348, 15,8% del total, seguían en proceso o con investigación abierta; 328, 14,9%, fueron desestimadas después de haber sido admitidas inicialmente; y 63, 2,9%, terminaron con sobreseimiento. En conclusión, solo 130 causas, 5,9%, obtuvieron una salida alternativa o abreviada, y 146, 6,6%, concluyeron con una condena.
En otras palabras, casi nueve de cada diez causas concluidas quedan sin sanción penal efectiva. Esta situación se observa en todo el territorio nacional, aunque con mayor concentración en La Paz y Santa Cruz, que reúnen el 53,1% de las causas ambientales. Les siguen Cochabamba (12%), Beni (7%), Oruro (7%), Tarija (6%), Chuquisaca (6%), Potosí (5%) y Pando (3%).
Una de las conclusiones más importantes del informe es que la Fiscalía sí cuenta con instrumentos internos para actuar: circulares, instructivos y manuales específicos para incendios, contaminación de aguas, deforestación, delitos contra la biodiversidad y actuaciones periciales. El problema es que esos instrumentos no se reflejan suficientemente en los resultados procesales.
Esto importa porque permite salir de la la noción de que ‘’falta ley’’ y este informe muestra algo más incómodo, el país ya cuenta con una arquitectura legal mínima, pero no con una maquinaria institucional capaz de aplicarla de forma efectiva. Sin fiscalías especializadas, sin peritos de planta, sin capacidad suficiente para georreferenciar daños, sin coordinación real entre Fiscalía, ABT, SERNAP, INRA, municipios y gobernaciones, y sin investigación financiera de las economías que están detrás del daño ambiental, la justicia penal ambiental queda reducida a un ritual: se denuncia, se abre una causa, se investiga poco y, con demasiada frecuencia, se rechaza.
Las proyecciones del informe son duras. Si la tendencia continúa, para 2028 Bolivia podría registrar alrededor de 893 causas ambientales anuales, con un índice de impunidad proyectado de 93,7%. Eso implicaría que más de 837 causas terminarían sin sanción efectiva ese año. En términos prácticos, cerca de 70 hechos delictivos ambientales quedarían impunes cada mes.
La estimación debería bastar para encender todas las alarmas. Porque un sistema de justicia que deja impunes casi todos los delitos ambientales no solo falla después del daño: también crea condiciones para que el daño se repita. La impunidad no es el final del ciclo, es parte del incentivo.
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