Autoridades de la Central de Comunidades Indígenas Turubó de San José de Chiquitos (CCICHT) y de la TCO Turubó Este se encuentran en Sucre realizando seguimiento al proceso agroambiental por el río San Lorenzo, cuya resolución del recurso de casación permanece pendiente en la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental.
El proceso se originó por la construcción de presas sobre el río San Lorenzo, que provocaron la disminución de su caudal y su seca total en noviembre de 2020. En noviembre de 2025, el Juzgado Agroambiental de Roboré emitió la Sentencia N.° 06/2025, que ordenó la restitución del cauce del río, la remoción de las infraestructuras, la reforestación de sus márgenes y el resarcimiento de los daños ocasionados a las comunidades indígenas Buena Vista, San Juan, Entre Ríos, Ramada e Ipiás. Actualmente esa decisión se encuentra en revisión por los recursos de casación presentados por los demandados.
Durante su visita al Tribunal Agroambiental, las autoridades indígenas manifestaron su preocupación por que no fueron notificadas oportunamente de actuaciones procesales relevantes y porque se les impidió revisar el expediente, informándoles de la existencia de una resolución que suspendió el plazo para resolver la causa. Consideran que esta decisión carece de sustento normativo en un recurso de casación y vulnera el derecho a una resolución dentro de un plazo razonable.
Ante esta situación, hoy martes presentaron un memorial solicitando que se deje sin efecto la suspensión del plazo para resolver el recurso, se confirme la Sentencia N.° 06/2025 y se disponga su ejecución para detener el daño ambiental ocasionado por las infraestructuras, cuya permanencia podría agravar sus efectos ante las condiciones climáticas previstas por un evento de El Niño de alta intensidad este año. Asimismo, pidieron garantizar el acceso a la información del proceso y el respeto al debido proceso.
Las comunidades consideran indispensable que exista información clara y accesible sobre el estado del proceso, en observancia de los principios de transparencia, acceso a la justicia y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
“No pedimos privilegios; pedimos que la justicia actúe con la celeridad y transparencia que merece un caso que afecta derechos fundamentales y el patrimonio ambiental de la Chiquitanía”, manifestó Juan Pablo Rojas Gil, representante de la Central de Comunidades Indígenas Turubó de San José de Chiquitos.
Las autoridades hicieron un llamado a los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales y a la ciudadanía a acompañar este proceso, cuya resolución tendrá un impacto directo en la protección del río San Lorenzo, los derechos de las comunidades indígenas y la justicia ambiental en Bolivia.
