Hace unos meses todavía se proyectaba la llegada de El Niño para el periodo 2026/27. Hoy el fenómeno ya está activo y su evolución durante los próximos meses comienza a encender las alertas. Las proyecciones más recientes indican que podría prolongarse hasta comienzos de 2027 y alcanzar una intensidad excepcional hacia finales de este año. La National Oceanic and Atmospheric Administration Home (NOAA) —que es la agencia oficial de los Estados Unidos que estudia el clima, océanos y atmosfera— estima en un 81 % la probabilidad de que entre octubre y diciembre llegue a ser muy fuerte y advierte que podría ubicarse entre los episodios más intensos registrados desde mediados del siglo pasado. Algunas agencias meteorológicas nacionales incluso advierten que este El Niño podría alcanzar una intensidad particularmente elevada y convertirse en uno de los más severos de las últimas décadas.
Estas proyecciones resultan especialmente preocupantes para Bolivia. Los fenómenos de El Niño, sobre todo cuando alcanzan intensidades moderadas o fuertes, suelen estar asociados con sequías en distintas regiones del país y, por lo tanto, con condiciones favorables para incendios de gran magnitud.
Entre otros, los incendios registrados en Bolivia de 2009/10, 2015/16, 2019 y 2023/24 estuvieron precedidos por fenómenos de El Niño.
Dicho eso, los efectos de El Niño varían según la región, el momento en que ocurren y otros factores climáticos y territoriales. A su vez, la magnitud de los incendios no depende únicamente de este fenómeno, sino también de la abundancia de materia vegetal inflamable, del trabajo de prevención, de las condiciones de uso del suelo y de la capacidad institucional de respuesta, entre otros factores.
Por ello, resulta clave plantear la pregunta de fondo: ¿Qué tan preparada está Bolivia para prevenir los incendios en los próximos meses? Y, sobre todo, ¿qué tan preparada está de cara a 2027, cuando las proyecciones resultan aún más preocupantes que para 2026?
Un especialista consultado para este reportaje, con amplia experiencia en biodiversidad e impactos ecológicos de los incendios, advierte que el mayor riesgo no necesariamente está en lo que resta de 2026, sino en 2027. Las lluvias recientes, explica, todavía mantienen relativamente húmedas varias zonas de la Chiquitania, el Chaco, el Pantanal y el sudoeste de la Amazonía boliviana. Esa humedad podría evitar, por ahora, un escenario tan crítico como el de 2019, 2020 o 2024. Pero una helada fuerte puede cambiar rápidamente el panorama: al matar vegetación, aumenta la carga de combustible disponible y eleva el riesgo de incendios.
La pregunta es aún más urgente si se toma en cuenta que, en eventos similares previos, el país ha demostrado tener capacidades muy limitadas para combatir incendios de gran magnitud y que, por lo general, cuando estos se descontrolan, solo terminan de apagarse con la llegada de las primeras lluvias del último trimestre del año.
Un experto nacional en manejo de incendios, que pidió mantener su nombre en reserva, indico a Revista Nómadas que la gestión de incendios forestales en Bolivia no empezó con la crisis de 2019, sino al menos dos décadas antes. El problema, sostiene, no es la falta absoluta de experiencia, sino la incapacidad del Estado para convertir esa experiencia acumulada en una política pública sostenida, con información, presupuesto, coordinación y responsabilidades claras.
Al respecto, el 2 de julio, la Defensoría del Pueblo se pronunció indicando que se requieren “acciones preventivas urgentes para evitar una nueva crisis de incendios forestales” y recordó que la Resolución Constitucional N.° 233/2024 —que declaró un “Estado de Cosas Inconstitucional” en relación con los incendios forestales— es de cumplimiento obligatorio. En el mismo pronunciamiento, sostuvo que “la respuesta durante la emergencia no reemplaza la necesidad de una planificación anticipada”, una frase que resume con precisión el problema central del abordaje estatal frente a los incendios en Bolivia: demasiada reacción tardía y muy poca prevención real.
Aquello recuerda que prevenir incendios no es solo una buena práctica de gestión pública. Es una obligación estatal vinculada a la protección de la vida, la salud, las fuentes de agua, la biodiversidad, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra.
En ese sentido, hace dos meses, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente lanzó públicamente su ‘’Plan de Prevención de Incendios Forestales 2026’’, un documento de 27 páginas en el cual se presenta “una ruta operativa, acciones y recursos que serán impulsados por la Dirección Forestal’’ y que es de acceso público.
Sin embargo, la lectura del documento evidencia varias carencias técnicas, operativas y presupuestarias; lo que bien, para algunos, puede entenderse como una falta de voluntad política sobre esta temática, heredada de gestiones anteriores, y que últimamente se ha expresado también en el desmantelamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y en la degradación de la máxima autoridad ambiental al rango de viceministerio.
El especialista consultado para este reportaje, con amplia experiencia en biodiversidad e impactos ecológicos de los incendios, indica incluso que el documento presentado por el Gobierno “no es un plan”, sino un texto principalmente descriptivo, que enumera conceptos y palabras clave, pero no ofrece una herramienta operativa para prevenir ni una estrategia clara para responder cuando el fuego ya está en curso. En sus palabras, puede leerse bien para alguien ajeno al trabajo de prevención y combate de incendios, pero no sirve si lo que se busca es implementar acciones concretas en territorio.
En concreto, se trata de lo siguiente:
- Un documento de 27 páginas, de las cuales 6 corresponden a la introducción —antecedentes, alcance y objetivos—; 6 a un reporte de los incendios de 2025; 2 a la Estrategia de Gestión Operativa Anual 2026; 5 a un listado del marco normativo vigente; 5 a un listado de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relevantes, además de sistemas de monitoreo relacionados; y, finalmente, 4 a tablas de actividades y recursos, por ahora casi vacías que “serán actualizadas durante el transcurso del año por los diferentes actores estratégicos que participen en la gestión del plan”, además de una tapa final.
En otras palabras, se trata de un documento que, en sustancia, solo tiene 2 páginas relativas a la estrategia, que en sí constituyen la base de un plan. Pero incluso tomando en cuenta el resto del documento, puede resultar ampliamente insuficiente para llamarse plan. En sí, el texto contiene mucho relleno que aporta poco o nada: listados de organizaciones para un plan operativo, matrices casi vacías y un marco normativo que poco puede ayudar a entender cómo el Gobierno pretende estar listo para atender los incendios de 2026.
Al respecto, el problema presupuestario va más allá de que las matrices del plan de incendios se encuentren casi vacías. Aarón Borda, bombero forestal del SAR Bolivia con experiencia de combate en cinco departamentos, observa que el documento condiciona su ejecución a que las instituciones tengan “la disponibilidad y la apertura” para aportar personal y recursos, y a que estos puedan ser posteriormente “viabilizados”. En los hechos, explica, el plan no asigna un presupuesto nacional, sino que espera que municipios, gobernaciones y otras entidades registren y pongan a disposición los recursos con los que ya cuentan.
- En la parte de Estrategia, en realidad, se explica que el plan consiste en una serie de 7 pasos para contar, a futuro, con un “Plan Estratégico de Manejo Integral del Fuego en Bolivia”. Se trata de pasos pobremente elaborados, desarrollados en 2 o 3 líneas cada uno, sin plazos, sin recursos y sin responsables. En suma, es un documento enunciativo que de ninguna forma contiene elementos suficientes para prevenir los incendios de 2026, como era el propósito anunciado al inicio del propio documento.
En resumen, lo que le falta al plan de prevención de incendios 2026 es, valga la redundancia, un plan de prevención de incendios 2026: una estrategia clara, recursos definidos, responsabilidades precisas y mecanismos de coordinación local con los actores relevantes, no simples listados de contactos.
La debilidad del documento se vuelve más evidente cuando se contrasta con lo que especialistas en manejos de incendios entienden por manejo integral del fuego. Implica definir dónde el fuego no debe entrar bajo ninguna circunstancia —por ejemplo, en bosques sensibles—, cómo trabajar con comunidades que usan fuego en sus sistemas productivos, qué acciones de prevención física se realizarán antes de la temporada seca, dónde se abrirán o mantendrán líneas de defensa, cómo se reducirá la carga de combustible en zonas críticas y qué actor será responsable de cada tarea.
Esta ausencia de coordinación no es solamente una debilidad abstracta. Borda sostiene que, al menos parte de las compañías de bomberos voluntarios, no fueron convocadas para elaborar el plan y tampoco están representadas en el Comité Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias: “A este comité no han sido invitadas ni han sido partícipes compañías de bomberos voluntarios”. De confirmarse eso, y si esa situación se mantiene como él la describe, esto significaría que actores con experiencia operativa acumulada durante décadas continúan fuera de los espacios donde se definen el mando, las responsabilidades y la movilización de recursos.
En términos operativos, eso implica algo mucho más concreto que una nómina de instituciones. El especialista, consultado para este reportaje, con amplia experiencia en biodiversidad e impactos ecológicos de los incendios, señala que el país necesita una cadena clara de monitoreo, verificación y respuesta: saber dónde aparece un punto de fuego, quién verifica si se trata de una quema controlable o de un incendio en expansión, quién activa la respuesta, bajo qué norma actúa cada institución y qué rol cumplen los bomberos forestales, los municipios, las gobernaciones, el nivel nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía. Sin esa secuencia definida antes de la emergencia, la respuesta vuelve a depender de arreglos improvisados, llamados tardíos y decisiones tomadas sobre la marcha.
Todo ello debería ir acompañado de la transparentación de información sobre incendios previos y deforestación, para que la sociedad civil —que, al fin y al cabo, es la que muchas veces termina asumiendo responsabilidades que corresponden al Estado— pueda estar informada.
Lo que sí incluye este plan, por primera vez, son datos de afectación por incendios de 2025, que evidencian que casi 2 millones de hectáreas se quemaron. Se trata de un nivel bajo en relación con otros años recientes en Bolivia, pero de ninguna manera de una cifra menor.
Pero un año menos catastrófico no equivale necesariamente a una política exitosa. El experto en manejo de incendios consultado advierte que interpretar la reducción relativa de superficie quemada en 2025 como prueba de una prevención efectiva sería “caer en la trampa de los incendios”. Según explica, las condiciones climáticas de ese año ofrecieron una “ventana de oportunidad” que ayudó a mantener la afectación por debajo del promedio histórico, pero eso no significa que el problema estructural haya sido resuelto. Al contrario: lo que no se quemó puede seguir acumulando combustible para próximas temporadas.
Es en ese sentido que recomienda apoyarse en la experiencia regional que muestra que una política seria de manejo integral del fuego no se improvisa en una temporada. En particular invita a profundizar el caso de Brasil, donde la construcción de una política nacional tomó varios años y requirió cooperación internacional, transferencia de capacidades y un marco de gobernanza específico. Para Bolivia, sostiene, un proceso mínimo de construcción de una política nacional podría tomar al menos tres años, siempre que exista voluntad política y financiamiento sostenido.
A eso recuerda, un último elemento esencial, una política seria tampoco puede descansar únicamente sobre comunidades locales o bomberos voluntarios. Según el especialista, las comunidades han demostrado capacidad de primera respuesta cuando existen procesos de formación, equipamiento y articulación local. Pero también es indispensable involucrar al sector privado, no solo como actor que reacciona cuando el fuego llega a sus predios, sino como parte de una estrategia territorial de prevención, reducción de riesgos y corresponsabilidad.
Para conocer la posición oficial del Gobierno frente a estas observaciones, Revista Nómadas solicitó una entrevista al correo institucional del viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal sobre el carácter operativo del plan, el presupuesto asignado, las medidas extraordinarias previstas ante El Niño 2026/27 y la falta de información pública anual y georreferenciada sobre incendios y deforestación. Hasta el cierre de este reportaje, la autoridad no dio respuesta. La única respuesta que nos llegó del viceministro, Jorge Ávila, a través de WSP, fue que “por determinación de Despacho Ministerial, toda entrevista debe pasar previamente por UNICOM (la unidad de comunicación del ministerio) y aún no me han respondido”. Hasta el cierre de edición de este reportaje no contamos con las respuestas a las preguntas que le hicimos llegar.
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