Hay una escena que se repite en Bolivia hasta convertirse en paisaje: columnas de humo sobre el horizonte, brigadas agotadas, comunidades evacuadas, animales huyendo y funcionarios contando hectáreas quemadas.
Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿cuántos bomberos necesitamos?
La respuesta debería incomodarnos: no existen suficientes bomberos en el planeta para apagar un país que continúa creando las condiciones para incendiarse.
Por supuesto que hacen falta brigadas. Hacen falta equipos, cisternas, aeronaves, sistemas de alerta y mejores condiciones para quienes combaten el fuego. Negar esa necesidad sería absurdo.
El problema es otro.
Hemos convertido la lucha contra los incendios en una carrera para responder cada vez más rápido a un desastre que nosotros mismos seguimos produciendo.
Es como si cada año construyéramos más habitaciones de una casa con materiales inflamables y, cuando llega el incendio, nuestra principal política consistiera en comprar más extintores.
El fuego no empieza cuando alguien enciende un fósforo. Empieza cuando una hectárea de bosque adquiere un precio como tierra desmontada.
Empieza cuando abrir una nueva superficie agrícola resulta más rentable que conservarla. Cuando una carretera penetra un territorio y transforma el valor de las tierras que la rodean. Cuando desmontar puede generar ganancias y la posibilidad de ser sancionado es remota. Cuando la norma existe, pero su incumplimiento resulta más barato que cumplirla.
Ahí comienza el incendio.
La llama es apenas la última etapa de una cadena de decisiones.
Por eso el debate sobre los incendios no puede reducirse a la capacidad de respuesta del Estado. También debe preguntarse qué decisiones económicas, políticas y territoriales hacen posible que cada año haya nuevas superficies disponibles para quemar.
Porque mientras el bosque siga siendo considerado una tierra que todavía no produce, estaremos empezando la discusión en el lugar equivocado.
Un bosque produce. Solo que no siempre produce algo que pueda cobrarse mañana en una factura.
Produce agua. Regula temperaturas. Protege suelos. Almacena carbono. Sostiene biodiversidad. Alimenta ciclos de lluvia. Protege cuencas. Mantiene una infraestructura natural que ninguna obra pública puede reemplazar completamente.
Y buena parte de esos beneficios no pertenecen exclusivamente al propietario de una parcela. Los recibe todo el país.
El problema es que nuestra economía puede reconocer el valor de una hectárea cuando está desmontada mucho más fácilmente que cuando permanece cubierta de árboles.
Hay otra cuenta que casi nunca aparece en nuestras cuentas. Medimos el país en PIB, exportaciones, producción y crecimiento, pero rara vez incorporamos en ese balance lo que perdemos cuando el bosque arde: los daños provocados por los incendios, las sequías cada vez más severas que afectan a comunidades y actividades productivas, las oportunidades económicas que desaparecen cuando el humo ahuyenta al turismo, las alternativas de desarrollo que se pierden con cada hectárea deforestada y los servicios ambientales que dejan de existir. Si todos esos costos —económicos, sociales y ecológicos— entraran realmente en la contabilidad del país, es posible que el saldo de este modelo dejara de parecer tan positivo. Porque estamos creciendo a costa de sacrificar territorios enteros, convirtiendo algunas zonas de Bolivia en territorios de sacrificio para sostener una idea de desarrollo cuyos costos terminamos pagando todos.
Ahí está una de las grandes contradicciones.
Destruir puede tener un beneficio privado inmediato; conservar produce beneficios colectivos que rara vez se pagan.
Mientras esa ecuación permanezca intacta, el bosque seguirá perdiendo.
Y cada temporada de incendios seguiremos haciendo lo mismo: declarar emergencia, movilizar brigadas, pedir ayuda, buscar aeronaves, comprar combustible, contar hectáreas y lamentar las pérdidas.
Después llegará la lluvia.
El humo desaparecerá.
Y el problema parecerá terminado.
Hasta el próximo año.
Pero un país no puede combatir indefinidamente un incendio sin preguntarse quién, cómo y por qué se está generando el combustible.
La verdadera política contra el fuego, por tanto, no debería comenzar en la época seca. Debería comenzar cuando se decide dónde puede avanzar la frontera agrícola, qué actividades pueden desarrollarse, qué bosques deben permanecer intactos y cuánto cuesta destruirlos.
Necesitamos un Estado capaz no solo de apagar incendios, sino de impedir que determinados incendios sean previsibles.
Necesitamos que una quema ilegal no sea un riesgo asumible dentro de una cuenta de ganancias.
Necesitamos que desmontar un bosque tenga consecuencias reales y que conservarlo tenga incentivos reales.
Y necesitamos dejar de confundir desarrollo con la transformación permanente del bosque en tierra despejada.
Porque podemos tener más bomberos y seguir perdiendo la batalla.
Podemos comprar más aviones y seguir llegando tarde.
Podemos instalar sensores, satélites y sistemas de alerta cada vez más sofisticados y detectar el fuego con una precisión extraordinaria.
Pero si el modelo que está detrás del fuego permanece intacto, toda esa tecnología servirá para una cosa: detectar más rápido nuestra propia incapacidad para evitarlo.
La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuántos recursos necesitamos para apagar Bolivia.
La pregunta más importante es otra:
¿cuánto estamos dispuestos a cambiar para que haya menos Bolivia que apagar?
Porque los incendios no se solucionarán cuando tengamos suficientes bomberos.
Empezarán a disminuir cuando el bosque valga más en pie que convertido en ceniza.
Hasta entonces, seguiremos comprando —o mendigando— mangueras para apagar un fuego que empieza mucho antes de la primera llama.
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