Las comunidades indígenas chiquitanas de la zona del río San Lorenzo y de la TCO Turubó Este emitieron un pronunciamiento en el que denuncian una escandalosa parcialización judicial por parte de la magistrada Rocío Vásquez, de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, en el marco del recurso de casación que se encuentra paralizado desde marzo de 2026.
De acuerdo con el documento emitido por los comunarios, la Sentencia 06/2025, dictada el 27 de noviembre de 2025, ordenó la remoción de las infraestructuras ilegales levantadas sobre el curso del río San Lorenzo, la restauración del ecosistema y el resarcimiento a las cinco comunidades afectadas. En dicho proceso se demostró que las obras carecen de licencia ambiental y están emplazadas en la cabecera de la cuenca, en flagrante vulneración de los artículos 345 y 376 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Las comunidades afirman que, durante la etapa de casación —instancia donde está terminantemente prohibida la producción de prueba—, la magistrada ha incurrido en una serie de irregularidades que benefician a quienes construyeron al margen de la ley.
Entre los hechos calificados como contundentes e indignantes por las comunidades, destacan:
- Privación deliberada del acceso a la información y a la justicia: A pesar de los pedidos formales, se ha bloqueado la notificación electrónica. Como consecuencia, personas de la tercera edad, con problemas de salud y de escasos recursos económicos se han visto obligadas a realizar viajes de más de 20 horas desde comunidades alejadas de la Chiquitania para enterarse del estado de la causa, lo que califican como una forma cruel de exclusión institucional.
- Retardo malicioso de la justicia: Se declaró una suspensión ilegal del plazo procesal que dilata la resolución del caso mientras el río San Lorenzo continúa secándose, una tragedia ambiental que las comunidades atribuyen de forma directa a la negligencia de la autoridad judicial.
- Creación ilegal de una etapa de producción probatoria: En abierta contradicción con la naturaleza de la casación, se han solicitado informes a instancias incompetentes con el propósito de justificar la permanencia de las obras ilegales. Las comunidades advierten que este proceder pretende legalizar lo ilegal y sienta un precedente peligroso que abre la puerta al “blanqueo” judicial de proyectos que destruyen cuencas y fuentes de agua.
Para las comunidades chiquitanas, la situación trasciende un problema técnico y constituye un ataque frontal al principio de legalidad ambiental, a la función social y ecológica de la propiedad y al derecho a la defensa de sus territorios. Advierten que permitir estos actuados consolidará un modelo de impunidad ambiental que pondrá en riesgo a todos los ríos y pueblos de Bolivia.
Como antecedente, señalan que el pasado 25 de agosto ya se presentó ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental una solicitud de revisión de lo obrado para rectificar las acciones irregulares de la magistrada Vásquez.
Ante la gravedad de la situación, las comunidades exigen de manera urgente e inmediata:
- La intervención directa del Tribunal Agroambiental para corregir las irregularidades y restablecer el orden procesal y constitucional.
- La actuación del Tribunal Constitucional Plurinacional ante la vulneración de los artículos 115, 345 y 376 de la CPE y del derecho de acceso a la justicia.
- La investigación y sanción por parte del Consejo de la Magistratura contra la magistrada Rocío Vásquez por parcialización, retardo de justicia, privación de acceso a la información y creación ilegal de etapas procesales.
“El río San Lorenzo se está secando. Las comunidades ya no pueden seguir viajando más de 20 horas para mendigar información. Exigimos justicia ambiental ahora”, concluye el pronunciamiento.
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