“El congreso de la REDLAC busca abrir una nueva etapa para el financiamiento de la conservación”

Santa Cruz se prepara para recibir en octubre a representantes de los principales fondos ambientales de América Latina y el Caribe, instituciones financieras, organismos de cooperación, organizaciones de conservación y otros actores vinculados al futuro de la naturaleza. Será el escenario del XXVIII Congreso de la REDLAC, del 6 al 10 de octubre, una red que reúne a 32 fondos ambientales de la región y que este año abrirá su debate a un abanico más amplio de sectores interesados en encontrar nuevas formas de financiar la conservación.

El encuentro llega en un momento en que la brecha entre las necesidades de conservación y los recursos disponibles se hace cada vez más grande. El XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe (REDLAC), quiere poner sobre la mesa tres caminos que estarán presentes en los 20 paneles del Congreso: la movilización de recursos para proteger la naturaleza, el papel de los pueblos indígenas que conservan sus territorios y la innovación tecnológica. También será un espacio de encuentro entre los fondos ambientales y potenciales financiadores regionales y globales, entre ellos la CAF, el BID, la Unión Europea y grandes fundaciones internacionales.

Roberto Vides, director ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), miembro del consejo Directivo de la REDLAC y uno de los biólogos más reconocidos en materia de bosques en América Latina, conoce desde hace décadas las dificultades y las oportunidades que rodean al financiamiento de la conservación en Bolivia. En esta entrevista explica qué busca REDLAC con su llegada a Santa Cruz, qué se juega la región frente a las metas internacionales de biodiversidad y por qué, en un país que necesita recursos y al mismo tiempo enfrenta una acelerada pérdida de bosques, encontrar nuevos mecanismos para financiar la conservación se ha convertido en una discusión inaplazable.

—¿Cuáles son los objetivos del XXVIII Congreso de la REDLAC?

—Todos los años se reúne la Asamblea de los 32 fondos ambientales que existen en América Latina y el Caribe. La Asamblea es exclusivamente de los miembros de la red donde se discuten los planes estratégicos del sector. Luego viene el Congreso donde el debate se abre a otros sectores. REDLAC ya no es solo una red, ahora es una entidad sin fines de lucro que adquirió su condición de REDLAC.INC (incorporated) en Estados Unidos, lo que le permite recibir financiamiento para canalizarlo a los fondos ambientales.

Cada vez hay más intereses filantrópicos que quieren apoyar la conservación ambiental. El Congreso está centrado en los fondos ambientales, pero está abierto a otros sectores interesados en la cuestión ambiental. La temática central es la movilización de los fondos para la conservación, los indígenas que conservan y la innovación tecnológica que transforma. Los 20 paneles de expertos del Congreso mostrarán las experiencias de articulación de estos tres elementos.

—¿Qué instituciones y personalidades estarán en el Congreso?

—Estarán la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Gordon y Betty Moore, la Unión Europea (UE). Y también participarán Conservación Internacional, Wild Life Conservation, Nature Conservancy. Será, entonces, un espacio para el networking de los fondos con los potenciales financiadores. Vendrá Avecita Chicchón, directora del Programa Iniciativa Andes-Amazonía de la Fundación Gordon & Betty Moore. También participará funcionarios del Gobierno nacional.

—¿Cuál es la problemática central de este debate sobre los fondos?

—La primera, es el cumplimiento del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, que es un acuerdo histórico adoptado el 19 de diciembre de 2022 en la COP15 para detener y revertir la pérdida de biodiversidad en el planeta hacia el año 2030, cuando se cumple la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU.  Queremos ver cómo estamos en el cumplimiento de esas metas.

—A cuatro años del 2030, ¿cómo estamos, mejor o peor en el tema ambiental?

—A nivel global, estamos bastante mal. En ese contexto, el desafío es ver cómo movilizamos fondos de la cooperación internacional, de los estados y del sector privado para el cumplimiento de esas metas. En Kunming-Montreal se estableció el 30x30x30. En 2030, el 30% de la superficie del Planeta tiene que estar bajo alguna medida de conservación y 30% de las áreas costeras y marinas. Bolivia ha superado ese valor. Entre áreas protegidas y territorios indígenas, se alcanza aproximadamente un 34–36% del territorio bajo alguna figura de protección, por ello, es indispensable seguir fortaleciendo su gestión y efectividad. Otros países, como Argentina, tienen áreas protegidas por privados como son los Paisajes Productivos Protegidos, iniciativa que también se está implementando en Bolivia.

—¿Cuál es el desafío de los fondos en ese contexto?

—El desafío principal es incrementar la superficie de áreas protegidas, aumentar la efectividad en el manejo de esas áreas protegidas y reducir la pérdida de ecosistemas naturales y frenar la deforestación. Reducir la contaminación por la sobreexplotación de áreas terrestres y costeras-marinas. Hoy hay muchísimo menos recursos para estos fines. Para cumplir esas metas se requieren, aproximadamente, 200.000 millones de dólares, pero apenas se movilizan menos del 1%. Por eso la tarea es titánica. Los fondos son estatales y privados, y falta más apoyo de ambos sectores. El número y la diversidad de fondos se ha incrementado, pero la proporcionalidad de lo que se requiere versus los recursos disponibles, es enorme. El volumen se ha incrementado, pero la proporcionalidad se ha reducido. La crisis desatada por las guerras y los aranceles ha impactado en la disponibilidad de fondos para la conservación. El Congreso tiene ese valor, no solo para el intercambio de experiencias, sino porque es el espacio al que vienen los financiadores regionales y globales.

“BOLIVIA ESTABA EN EL FREEZER DE LOS FONDOS AMBIENTALES”

—¿Cuál es su balance sobre la política ambiental de Bolivia en las últimas dos décadas?

—Durante los últimos 20 años, Bolivia estuvo en el freezer respecto del financiamiento ambiental. En gran medida por la traba constitucional. En la Constitución de 2009 se copió el precepto de la Constitución aprobada durante la gestión de Rafael Correa, en Ecuador. En nuestro país se estableció que la Naturaleza es un Sujeto de derecho con su respectiva defensoría que es la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. En el Gobierno antecesor, este esquema se quedó en el nombre y no funcionó. Por eso, yo creo que Bolivia está en un dilema. Una cosa es lo que dice la Constitución y la Ley de la Madre Tierra. La otra es el Discurso hacia afuera: la Pachamama. Y, lo que realmente ocurría. Colonización, deforestación. Debilitamiento de los mecanismos de control y desincentivo en el manejo de bosques.

Han arrasado con la Madre Tierra. Esa es la realidad. En ese contexto jurídico y político, se interpretaba que la mercantilización de la Naturaleza, al ser un Sujeto del Derecho, no se la podía mercantilizar. Por lo tanto, se estigmatizaron los Bonos de Carbono como neoliberal de un capitalismo puro. Por eso, Bolivia quedó en el furgón de cola en todo el proceso de compensación internacional por la captura de carbono, todo esto, siendo que Bolivia fue uno de los primeros países que desarrolló ese mecanismo con los Planes de Acción Climática (PAC). Durante la gestión de Luis Arce se abrió una puerta con un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que dictaminó que los Bonos de Carbono no afectaban a la Naturaleza como sujeto de derecho. Esperamos que con el actual Gobierno este proceso se abra mucho más a través de las inversiones extranjeras.

—¿Qué propuestas concretas están hoy sobre la mesa?

—Acabamos de presentar una propuesta para traer a Forest Conservation, una organización que está dispuesta a pagar anualmente para frenar la deforestación en unas 20.000 hectáreas en el municipio de San Rafael. Otras propuestas vienen de los brokers para comprar toneladas de carbono atrapadas y negociadas como bonos que cotizan en la Bolsa de Valores de Chicago.  Esos recursos pueden ir a los fondos ambientales, a los pueblos indígenas, a los municipios o al Gobierno central.

—¿Con la apertura que dio ese fallo judicial es suficiente o esperan una nueva ley para garantizar los fondos ambientales?

—Esperamos una nueva ley. Estamos desarrollando una nueva reglamentación de la actual normativa y luego generar una nueva ley. Hay buenas intenciones para hacerlo, veremos si se concreta. Varios de estos temas se van a discutir en el Congreso de octubre.

—Con el fin del ciclo del MAS, también termina un modelo económico más estatista y, supuestamente, vamos hacia un modelo más liberal, de mayor apertura a los mercados internacionales.  ¿Qué preocupaciones les genera este cambio?

—En ambas líneas ideológicas hay pros y contras. Lula, en Brasil, por ejemplo, fue muy positivo en materia ambiental. Milei, en Argentina, no quiere ni hablar de conservación de la naturaleza ni del cambio climático, en alineación con Donald Trump.

Bolivia está en una encrucijada, tiene que desarrollarse económicamente frente a la crisis energética y financiera, y la próxima suspensión de los subsidios con alta inflación.

Bolivia pasó en los últimos años del tercer al segundo lugar entre los países con mayor deforestación del mundo en términos absolutos. Brasil, Bolivia y República Democrática del Congo ocupan el podio. Y si la medición es per cápita, somos el número uno. Y estamos en el primer lugar por emisiones de gases de efecto invernadero por la deforestación y por los incendios. Estamos verdaderamente mal.

La agroindustria tiene que generar los dólares para la economía en medio de la crisis por los combustibles, esa es nuestra principal preocupación. El problema es que pasemos de un modelo de extrema izquierda a otro de extrema derecha sin la precaución de preservar el patrimonio natural. Estamos perdiendo integridad ecosistémica y calidad de los servicios, lo que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades.

“HAY QUE FORTALECER LA GOBERNANZA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”

—Uno de los ejes del Congreso son los Pueblos Indígenas que aparecen arrinconados por diferentes sectores. ¿Cómo reincorporarlos en este proceso?

—Hay que fortalecer la Gobernanza territorial y que los indígenas recuperen control sobre sus propios territorios. El Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) Monte Verde es una de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) más grandes del país y es el único modelo exitoso en ese sentido.  Y hoy tienen la oportunidad de recibir fondos por carbono sin destruir sus sistemas de vida. Para eso hay que fortalecer su participación en los espacios de toma de decisiones.

***