En Europa la construcción jurídica de la Naturaleza ha tenido siempre al hombre como centro de referencia. Descartes diferenciaba la existencia humana del resto de seres carentes de alma y relegaba a los animales a máquinas vivientes incapaces de experimentar dolor, Kant consideraba que solo los seres racionales poseen derechos y el Código napoleónico, base del derecho civil europeo moderno, clasificó a los elementos de la Naturaleza como meros bienes materiales, susceptibles pues, de apropiación. Así, la visión antropocéntrica privó, no solo a los animales, también al resto de organismos vivos como bosques, ríos y montañas de la titularidad de derechos.
Sin embargo, con la llegada del capitalismo, los legisladores occidentales se las ingeniaron para otorgar personalidad jurídica a las empresas, capacitándolas para demandar cuando sus intereses fueran perjudicados. Mientras esta ficción legal protegía a entes artificiales, se relegaba a la Naturaleza a un papel utilitario, de explotación de sus recursos, que ha justificado modelos económicos como el extractivista, causante, en parte, de la crisis climática que enfrentamos.
En la misma línea las constituciones europeas del siglo XX consagraron un derecho ambiental dirigido a nuestro propio bienestar, traduciendo la protección del medio ambiente en “Derechos a la naturaleza”: a respirar puro, a comer y beber sin contaminación, a disfrutar de un medio ambiente saludable.
En Latinomérica, los primeros constituyentes tomaron como referente las Cartas Magnas europeas, sin embargo, las contituciones nacidas en este siglo XXI han sabido recoger las sensibilidades, las filosofías y el contexto cultural de la región. Desde cosmogonías andinas y amazónicas que no contemplan la dominación sino una convivencia equitativa con la naturaleza, a postulados de la teoría de la liberación según los que la destrucción del entorno y la pobreza de los pueblos van de la mano o corrientes de pensamiento contemporaneo como las teorias decoloniales opuestas al modelo extractivista. De ese diálogo entre saberes actuales y tradicionales se deduce que toda vida tiene valor en si misma, independientemente de su utilidad para la humanidad. Una máxima que se ha integrado en el marco legal latinoamericano a través de los “Derechos de la naturaleza” que la consagran como sujeto de derechos.
Al pasar de objeto a sujeto, la Naturaleza sale de las lógicas del mercado; al convertirla en titular de derechos, se le otorga significación, mas allà de lo que material que pueda aportar al ser humano. Este cambio de paradigma hacia un enfoque ecocéntrico tuvo su punto de inflexión en 2008 cuando la nueva Constitución de Ecuador estableció que La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Una formulación legal que suena poética pero que denota la doble vertiente en la que se sustenta: la científica que cataloga las fases ecosistémicas y la ancestral que reconoce la reciprocidad con la tierra. Así pues, investidos de personalidad jurídica los ecosistemas y los animales pueden emprender acciones judiciales en defensa de sus derechos que además, priman sobre cualquier interés antropogénico.
El riesgo de que tal enunciado se convirtiera en algo simbólico fue sorteado mediante la habilitación de una legitimación activa amplia: la Constitución ecuatoriana permite que toda persona, individual o colectiva, pueda demandar el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza, incluídos los y las menores de edad como principales beneficiarios de un futuro sustentable. También establece cauces legales flexibles, como la acción de protección, mediante los que tramitar esas demandas y obliga al Estado a restringir las actividades que puedan provocar la extinción de especies o la destrucción de entornos naturales. Además el principio de precaución contenido en la Constitución posibilita a los jueces atenerse al criterio In Dubio Pro Natura: si hay dudas razonables sobre el impacto ambiental o en la interpretación de una ley, se debe optar por lo que más beneficie al medio ambiente.
A partir de estos planteamientos que permiten que cualquier ciudadano pueda pedir el respeto a los derechos de la Naturaleza a unas autoridades obligadas a velar por ellos se han sustanciado un centenar de litigios, la mayoría fallados a favor de los ecosistemas ecuatorianos: un tribunal revocó las licencias mineras que iban a degradar Los Cedros, un bosque nuboso con gran biodiversidad y numerosas sentencias han reconocido como sujetos de derechos a ríos como el Alambi, el Ortega, el Vilcabamba o el Machángara resguardándolo respectivamente de proyectos hidroeléctricos, mineros o de recibir escombros o aguas residuales no tratadas.
A esa efectividad también ha contribuído un aspecto procesal pero de capital importancia para la fiscalización: a diferencia de Europa donde el control del cumplimiento está concentrado en un solo órgano estatal, en los países latinoamericanos existe un control constitucional difuso que permite que todos los jueces, hasta los de las provincias más remotas, puedan pronunciarse. Un sistema que garantiza la agilidad y celeridad en las respuestas que las vulneraciones de derechos constitucionales requieren.
Por su parte Bolivia instituyó a la Naturaleza como ente vivo mediante la ley de la Madre Tierra, en Colombia la Corte Contitucional declaró que el río Atrato o la Amazonía poseen derechos de conservación, mantenimiento y res tauración, mientras en Perú, la Corte de Loreto manifestó que el río Marañón tiene derecho a existir y a fluir libre de contaminación y un municipio de la Amazonía peruana ha reconocido derechos inherentes a las abejas nativas sin aguijón. Incluso en Chile, la nación con más tradición neoliberal de la región, se desarrolló un proyecto constitucional, abortado en el último momento, que recogía y superaba la corriente y recientemente la iniciativa ciudadana ha conseguido una declaración del río Bío Bío como sujeto de derechos que guiará las futuras políticas de conservación. Un giro histórico para un país donde la privatización del agua había dejado en manos de los intereses coorporativos el curso de los ríos.
Pero se afiancen lesgislativa o jurisprudencialmente, los derechos de la Naturaleza están siendo considerados derechos humanos en la medida que formamos parte de ella. Y su aplicación está incluyendo la participación y cogobernanza de quienes habitan los bosques, se bañan o pescan en los ríos, viven de la miel de las abejas o de alguna forma son interdependentes de los organismos protegidos. Se reconoce así que los derechos de esas comunidades y los de la Naturaleza son inseparables en tanto las alteraciones del entorno derivan siempre en conflictos sociambientales.
Estos avances hacia una justicia ecológica plena han terminado por desbloquear el eje del marco legal eurocentrado que se limitaba al ámbito de las licencias administrativas y al enfoque punitivista de los delitos ambientales. Los legisladores europeos están encontrando en los derechos de la Naturaleza un modelo para superar la insuficiencia de las leyes ambientales tradicionales.
En 2022 España otorgó por ley personalidad jurídica al Mar Menor, un hito en el norte global que ha permitido a esta laguna comparecer en juicio como denunciante contra las empresas agrícolas que vertían tóxicos en sus aguas y en 2024 un municipio gallego reconoció derechos al río Tins como ecosistema en equilibrio. Ambos logros, fruto de iniciativas ciudadanas, han animado campañas similares por toda Europa como la del río Wye en Inglaterra o el Tavignanu en Córcega y este año la Comision Europea ha registrado una iniciativa para que se regule el derecho a regenerarse de los ecosistemes europeos.
El actual sistema de producción económica extremo está destruyendo esa capacidad autoregenerativa de una naturaleza que reclama su espacio en forma de incendios, huracanes o inundaciones. Los derechos de la Naturaleza constituyen una respuesta de vanguardia a la crisis climática y una dignificación como espacio de reproducción de la vida, reguladora climática y sostén de las generaciones futuras. La expansión del movimiento no para de expandirse a nivel global: a India, a Australia, a Nueva Zelanda. Pero para evitar declaraciones banales cabe dotarlo de instrumentos para su defensa. Con ese enfoque, Panamá, que ya reconoció los derechos de las tortugas marinas a moverse libres de amenazas, acaba de impulsar ante la Asamblea de Naciones Unidas una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.
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