Cada hora, los pulmones verdes de San Ignacio de Velasco —a 476 km de Santa Cruz, Bolivia— son perforados por humanos equipados hasta los dientes para tumbar los bosques que caen rendidos, mientras las aves que anidan en las ramas de los árboles salen en estampida, como también en estampida huyen los animales silvestres y los insectos que tenían su morada en el ecosistema centenario de la vegetación.
Durante todo el 2020, mientras Bolivia —obligada por la pandemia del Coronavirus— estaba guardada en una de las cuarentenas más largas que se conoce en la historia del último tiempo de la humanidad, en las entrañas del bosque seco Chiquitano, —uno de los pocos que quedan en el planeta—, la deforestación avanza a pasos de liebre. Solamente en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco, el año pasado, cuando supuestamente la actividad económica y productiva estaba paralizada, cada día se desmontaban más de 109 hectáreas de bosques, una cifra que equivale a 218 canchas de fútbol o a 2000 plazas públicas de cualquier ciudad del planeta.
La deforestación se ha consumado en propiedades privadas, tierras fiscales, áreas protegidas municipales y reservas forestales.
Sí, cada día.
Cuando el 2020 se terminó, la superficie total deforestada en el municipio de San Ignacio de Velasco llegó a las 39.871 hectáreas, según lo ha confirmado Saúl Yasmani Morón Campos, director de la Dirección general de Manejo de Bosques y Tierras de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Lo dijo una fuente oficial del Estado boliviano. Eso no es todo. De ese total de 39.871 hectáreas deforestadas —según también la ABT— el 54% corresponde a desmontes sin autorización.
Más de la mitad de los árboles caídos fueron perpetrados amparados en la sombra de la ilegalidad. Humanos que entraron a destruir los bosques amparados por el poder político, económico o sindical.
Los desmontes que no cuentan con una autorización emitida por la ABT —lo dice el director Saúl Yasmani Morón Campos — son desmontes ilegales y están vulnerando las siguientes leyes y normativas forestales: Ley Forestal 1700, Decreto Supremo Nº 24453, Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimento y Restitución de Bosques, Ley 741, de autorización de desmonte de hasta 20 hectáreas; si se encuentra sobre Tierras de Producción Forestal Permanente, el Decreto Supremo Nº 26075, Plan de Uso de Suelo aprobado mediante decreto supremo 24124 y homologado mediante Ley 2553, Resolución Ministerial 131/97 y su Reglamento Especial de Desmontes y Quemas Controladas, Manual de Desmonte aprobado mediante Resolución Administrativa ABT Nº 185/2017.
Solitarios. Así han quedado estos árboles que hasta antes de la deforestación eran parte de un gran ecosistema.
Foto: Nómadas
Por lo menos una decena entre leyes, normas, decretos y reglamentos violados, incumplidos, derribados con la misma facilidad con la que se tumba un árbol de las tierras chiquitanas.
Pero los bosques y los animales no saben de leyes y están cayendo porque los seres humanos que sí saben, no las cumplen y porque gran parte de los que tienen el rol para hacerlo, no las hacen cumplir.
El informe de la ABT sobre deforestación en San Ignacio de Velasco durante el 2020 queda corto con el estudio que realizó la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).
El panorama es aún peor.
Según el informe de la FCBC, en San Ignacio se desmontaron el año pasado 47.197 hectáreas, es decir, 7.326 más de lo que afirma la ABT. En ese festín de deforestación han participado pequeños y medianos ganaderos y empresas agropecuarias. También lo han hecho avasalladores, colonos del interior del país que bajaron del frío del altiplano a las calientes tierras de la gran Chiquitania. La tala se ha consumado en propiedades privadas, tierras fiscales, áreas protegidas municipales y reservas forestales. La empresa agropecuaria —lo reporta el observatorio de la FCBC— se comió el 53% de los bosques, mientras que los colonos derribaron el 22% de esas 47.191 hectáreas que durante el 2020 desaparecieron de la faz de la tierra.
El año pasado, el Covid-19 fue el virus que atentó contra la vida de las personas.
La deforestación —orquestada por muchos humanos que debieron haber estado en cuarentena— fue un enemigo que se ensañó contra la naturaleza.
Todo ocurrió al otro lado de las ventanas, mientras el miedo por la pandemia rondaba por los tejados las aceras de las casas.
Miles de hectáreas ya no están. Donde antes se encontraban los árboles ahora reina un silencio plano, sin corazón. Queda un mapa sin selva ni pájaros cantores, sin hurinas ni chanchos troperos, sin zorros ni felinos ni capiguaras ni los polinizadores que son la base de la vida en el Planeta y que sin ellos todo el ecosistema puede colapsar. Quedan habitaciones construidas de la noche a la mañana por colonos que llegaron para supuestamente sembrar en una tierra que no es apta para el cultivo expansivo, quedan decenas de letreros donde están inscritos los nombres de las nuevas comunidades con viviendas modestas, con máquinas agrícolas estacionadas al frente de las fachadas o con tractores que circulan por las calles de tierra rumbo al bosque que ya tiene escrito su epitafio. Quedan también varias empresas privadas desmontando en sus propiedades, sin dejar cortinas rompe vientos ni respetar la servidumbre ecológica y dispuesta a sembrar en un terreno que según el Plan de Uso del Suelo (PLUS) no es apta para agricultura a gran escala.
Según el informe de la FCBC, en San Ignacio se desmontaron el año pasado 47.197 hectáreas es decir, 7.326 más de lo que afirma la ABT.
Ya no quedan las sombras de los árboles porque muchos árboles ya no están.
Queda el sonido potente de las orugas Bulldozer, tragonas de combustible, eficientes en su faena de deforestación. Con 150 litros de diésel pueden desmontar una hectárea de bosque en cinco horas.
El diésel que utilizan para deforestar es subvencionado por los bolivianos que pagan sus impuestos al Estado.
No son una ni dos las orugas que operan en San Ignacio y la gran Chiquitania. Se las ve en propiedades privadas y se las vio penetrando ilegalmente en el Área Protegida del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco.
Este 2021, los desmontes continúan avanzando a pesar de las múltiples denuncias que han hecho los pueblos originarios, fundaciones medioambientales, activistas que dedican su vida a la naturaleza y también medios de prensa que han acudido a los lugares de los hechos para escuchar los sonidos de las orugas y ver las sendas sin monte que desde una avioneta parece una marca de gangrena en pleno pulmón.
Avanzó en la joven Reserva Municipal del Bajo Paraguá (de 1,2 millones de hectáreas), que fue creada en febrero de este año, varios colonos ingresaron para avasallar, burlando la coraza de la ley que en teoría impide los asentamientos.
Por su parte, La FCBC identificó, en el municipio de San Ignacio, que varios desmontes causados por la pequeña, mediana y gran empresa que ya suman 4.408 hectáreas derribadas, las mismas que se concentran por lo menos en ocho propiedades privadas: Copacabana, Comanche, La Estrella, Reina Selva, San Josema, El Encanto, Trinidad y San Josema de Siñima. Según la ABT, cuatro de esas propiedades —menos San Josema de Siñima—, tienen registrado que se autorizaron Planes de Desmontes Mayores a cinco hectáreas. (Tabla)
Luis Bauer, expresidente del Consejo de administración de la Cooperativa de Agua de San Ignacio, confirma que los desmontes no paran, que ocurren a 15 kilómetros de la población y que se extienden por el suroeste, entre las comunidades El Recreo, Santa Isabel, San Juan Bautista y San Bartolo.
Hace cinco años, por un asunto familiar, vendió Comanche, su propiedad con 1.091 hectáreas, de las que entre el 2019 y 2020 se desmontaron 704 hectáreas. Luis Bauer dice que tiene información de que el actual propietario la está convirtiendo en un centro de acopio para la cosecha de soya.
Los tractores aguardan para empezar de nuevo su rutina de desmonte. Al frente de ellos, el bosque, parapetado como en una especie de paredón.
Foto: Nómadas
“Fui propietario por 15 años y lo máximo que desmonté fue para producción de ganado. Esas tierras no son aptas para agricultura, pueden ser productivas durante tres años, para el cuarto ya no da nada”, dice Bauer, que recuerda que en la que era su propiedad, había especies de árboles de tajibo, de roble, de morado y que eran la casa de puercos de tropa, de hurinas, de avestruces, de jaguares y de antas.
Queda el sonido potente de las orugas Bulldozer, tragonas de combustible, eficientes en su faena de deforestación. Con 150 litros de diésel pueden desmontar una hectárea de bosque en cinco horas.
“Esos pobres animales o están muertos o se van a morir pronto porque cada vez se quedan con menos bosque. Estos desmontes afectarán la crisis del agua. Se están derribando a los árboles que atraen la lluvia”.
Herman Vaca, que fue hasta hace pocos meses jefe de la Unidad de Conservación de la Alcaldía de San Ignacio, dice que son varios los actores que están afectando al pulmón verde de San Ignacio: “Ganaderos, colonos, brasileros, grandes empresarios y menonitas. Todos están hiriendo al bosque”, enumera.
Desde 1986 hasta el 2020, según un estudio de la FCBC, las manos del hombre y sus maquinarias, han deforestado 555.234 hectáreas solo en el municipio de San Ignacio de Velasco. Se ha desmontado el equivalente a 55 veces la ciudad de París. Más de la mitad de esa cantidad de hectáreas se ha deforestado en periodos cada vez más cortos —y la tendencia— si es que nadie hace algo, es que el ritmo de depredación aumente no con el paso de los años, sino, de los meses. Solo el año pasado se desmontó en San Ignacio de Velasco 4 veces el tamaño de la capital de Francia. (Tabla)
Herman Vaca, al igual que Luis Bauer, dice que la factura de los desmontes ya ha dado la cara. “La sequía es una realidad”.
Marcio Flores, del equipo del Observatorio de la FCBC, fue el encargado de realizar el estudio de deforestación en San Ignacio durante el 2020. Le llama la atención que en poco tiempo se esté desmotando bastante rápido, y —por lo que muestran las imágenes satelitales y los sobrevuelos realizados en la zona— se está sembrando cultivos agrícolas en un territorio que según el PLUS no es para actividad agrícola a gran escala y —en muchos casos— sin respetar las unidades de protección como las cortinas rompevientos que son hileras de árboles que se deben dejar para proteger el suelo y conservar la humedad.
“Lo que se evidencia en el estudio, es que se está deforestando el doble de lo que se venía dando desde el 2000 hasta el 2018. El 2019 fue de 48.960 hectáreas y el 2020 —en plena pandemia—, 47.191 mil hectáreas. Hay un mayor incremento tanto en propiedades grandes o empresariales, como en comunidades y asentamientos”, explica Marcio Flores, que también dice que hay algo muy importante que aclarar: “Si bien una comunidad de colonos en estos años llegó a desmontar 200 o 300 hectáreas, una propiedad llega a deforestar 5.000 hectáreas en periodos cortos. Es una preocupación que tiene que ver con la ABT, porque quien autoriza los desmontes en propiedades privadas es esa institución”, afirma.
Sobre los colonos, considera que hay un punto interesante: “No tienen autorización. Ellos desmontan porque para que el INRA les reconozca la Función Social (FES) o les otorgue su cartón de asentamiento o derecho propietario, tienen que deforestar un mínimo de una o dos hectáreas.
El diputado cruceño, Richard Rivera, afirma que no está en contra de que se dote tierras a quien lo necesiten, pero exige que se realice de manera legal y sin avasallamientos.
“Tenemos videos de organizaciones de colonos, fotos de resoluciones de asentamientos. Esto es peligroso, puede terminar en una confrontación social”, advierte.
Dino Franco, presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, ha sobrevolado varias veces en una avioneta para ver el tamaño de la deforestación. Ha evidenciado que los desmontes ocurren en el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, orquestados por los asentamientos de colonos, pero también en otras zonas impulsadas por la industria agrícola.
Al igual que Luis Bauer y Herman Vaca, Dino Franco habla de la sequía: “La represa de Guapomó, que nos abastece de agua a San Ignacio, el año pasado casi se nos ha secado en su totalidad. Y para rematar, hay una empresa que está socializando la ejecución de diez concesiones mineras sobre la cuenca alta. Eso será catastrófico para los ignacianos, van a contaminarlo todo”, advierte.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a fines de junio anunció que trabajará para la conformación de Comisión Agraria Departamental y llamó a las instituciones cruceñas a defender a la Chiquitania.
El fuego cruzado de las palabras entró en escena: El ejecutivo de la Federación de Interculturales de la Chiquitania, Óscar Castro, dijo que sus afiliados no fueron favorecidos con dotación de tierra fiscal, que los que acapararon la tierra en Santa Cruz fueron los empresarios privados y extranjeros y que los predios manos de su sector no superan el 16% de la superficie. Tras esas declaraciones, la prensa recordó que, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), los interculturales y campesinos cuentan con el 28% de la tierra saneada, lo que representa 24,8 millones de hectáreas.El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, también entró en escena. Dijo, por ejemplo, que “no es posible que las tierras las agarren unos cuantos (…)”, habló de la necesidad de “hacer una revolución agraria”, que es necesario una justa redistribución de la tierra y que “hemos jurado recuperar nuestras tierras y territorios, no más sometimiento ni humillación”.
En el trayecto al Bajo Paraguá, un equipo pesado para actividad agrícola en una zona habitada por colonos.
Foto: Clovis de la Jaille
Remató con un discurso que causó polémica en el debate nacional “Los que tenemos raíz, somos mayoría en este país. Somos nosotros los dueños de estas tierra y territorio”.
En respuesta, el Gobernador cruceño, no se quedó callado. En su cuenta de Facebook, escribió:
“Ayer, el Gobierno Departamental de Santa Cruz y la institucionalidad cruceña nos reunimos para trabajar de manera unificada en contra de los avasallamientos. Reaccionando a esto, hoy el vicepresidente Choquehuanca se junta con sus bases masistas para crear una comisión de defensa de los avasallamientos”.
“Los avasallamientos en su gran mayoría generan mayores problemas ambientales y destrucción de la biodiversidad; además de favorecer el tráfico de tierras y otras actividades ilegales, como el narcotráfico.
Desde la Gobernación estamos empezando un trabajo coordinado con las instituciones cruceñas, gremios productivos y comunidades y pueblos indígenas para dar una solución integral y duradera al problema de los avasallamientos”.
Mientras los discursos van y vienen, los representantes de las comunidades indígenas de Picaflor, Porvenir y Piso Firme del municipio de San Ignacio de Velasco, tuvieron un encuentro en Porvenir el 1 de julio al que llamaron Defensa del Territorio y el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá. Se reunieron para analizar la situación actual de vulnerabilidad por los avasallamientos, asentamientos humanos ilegales y la expansión de frontera agrícola por la gran empresa que está ocurriendo dentro de sus territorios.
Tras la reunión emitieron un documento que necesitan que se sepa:
“Estos hechos ilegales ponen en riesgo la integridad del territorio, y con ello se atenta a los derechos de vivienda, trabajo, cultura, dignidad, salud, educación y la existencia misma de los pueblos indígenas, todos ellos enunciados en la Constitución Política del Estado”, dice el pronunciamiento que ha tomado la siguiente resolución:
“Primero: Denunciamos que los pueblos indígenas somos víctimas de grupos organizados de traficantes de tierra que promueven el avasallamiento de nuestras áreas protegidas municipales y de nuestros territorios, el saqueo de nuestros recursos naturales y que se siguen promoviendo asentamientos humanos ilegales y, por ende, la expansión de la frontera agrícola”.
El diésel que utilizan para deforestar es subvencionado por los bolivianos que pagan sus impuestos al Estado.
“Segundo: Exigimos firmemente al Gobierno nacional y a las instituciones competentes del Estado, como el INRA y a la ABT, hacer cumplir las leyes en el marco del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, particularmente de los derechos territoriales, de consulta previa y de libre determinación, reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional y en convenios y tratados internacionales”.
“Tercero: Hacemos conocer que estamos conformando el Comité de Gestión del Área Protegida Municipal Bajo Paragua de San Ignacio, como una instancia de articulación para la defensa del área protegida, la madre tierra, la dignidad y la vida de nuestros pueblos indígenas”.
Los pueblos indígenas, atrapados entre el avance de la frontera agrícola de la agroindustria y el avance de los avasallamientos de colonos.
El 2 de julio, representantes del Pueblo Indígena Chiquitano y autoridades departamentales y municipales, llevaron a cabo en San Miguel de Velasco el Congreso por la Tierra. Emitieron un acuerdo de nueve puntos, entre ellos, exigir la realización de la Comisión Agraria Nacional y la declaración de estado en emergencia en contra de las dotaciones de tierra de forma política, irregular y arbitraria, para precautelar las tierras de nuestra región.
En las afueras de los pueblos de la Chiquitania. El silencio plano y sin corazón gobierna en la planicie de hectárea deforestadas.
El virus de los desmontes no conoce cuarentena.
…
Las resoluciones del Congreso por la Tierra
1.- Apoyar la realización de la Comisión Agraria Departamental (CAD), para que cumpliendo las atribuciones que le otorga la Ley N° 1715, parcialmente modificada por la Ley N° 3545, y el Decreto Supremo N° 29215, se convierta en el ente encargado de supervisar el proceso agrario en el departamento, fiscalizar los procesos de distribución de tierras y pueda solucionar los conflictos que se presenten por el tema tierra.
2.- Exigir a la CAD que en su primera reunión conforme una subcomisión encargada de supervisar el proceso agrario en el departamento, investigando las dotaciones de tierras en Santa Cruz, identificando a los responsables de las mismas, los beneficiarios de las dotaciones, la situación actual y los daños ocasionados al medioambiente, definiendo el camino a seguir en los casos en que se establezcan irregularidades.
3.- Exigir el cumplimiento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, parcialmente modificada por la Ley N° 3545, que establece que la distribución de tierras se tiene que hacer a los pobladores del lugar que no la poseen o que la poseen de manera insuficiente.
4.- Exigir al director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que, en su condición de secretario permanente, garantice el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental (CAD), con su participación o la de su suplente. En caso contrario deberá iniciársele un proceso por incumplimiento de deberes.5.- Solicitar a la Comisión Agraria Departamental (CAD) un informe legal sobre la necesidad de modificar la representación indígena ante esa institución (el INRA), garantizando la participación de los cinco pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz.
6.- Contactar a las organizaciones de base de las instituciones sociales que forman parte de la Comisión Agraria Departamental (CAD) para garantizar la participación de sus comisionados.
7.- Exigir a la Comisión Agraria Departamental (CAD) que en su primera reunión proceda a iniciar el proceso para la elección de ternas para el cargo de director departamental del INRA.
8.- Nos declaramos en estado de emergencia en contra de las dotaciones de tierra de forma política, irregular y arbitraria, para precautelar las tierras de nuestra región.
9.- Rechazamos fehacientemente la persecución, amedrentamiento y criminalización por parte del Gobierno central a quienes defienden nuestras tierras, nuestros territorios, recursos y patrimonios naturales. Siendo que a la presente fecha hermanos roboreseños se encuentran enfrentando procesos penales por la defensa de nuestras tierras.
Análisis
Arminda Gómez, cívica de San José de Campamento, fue una de las dirigentes que denuncia los avasallamientos en la Chiquitania.
Foto: Clovis de la Jaille
Desplazamiento forzado y asimilación de los pueblos indígenas de Tierras Bajas
Por: Walter J. Arrazola M.
Lo que hoy viven los pueblos indígenas del oriente de Bolivia es subrepticiamente un desplazamiento forzado y asimilación, mediante la represión política-social-económica y sobre todo cultural, de alcances catastróficos, que atañen a su sobrevivencia, la protección de sus territorios y la aculturación que están siendo sometidos.
Los pueblos indígenas del oriente constituyen solo el 9% de los indígenas del país, y están distribuidos en más de 2/3 del territorio, que por lo general son parques naturales, reservas, bosques y selvas, antes denominadas Tierras Comunitarias de Origen -TCO. Los indígenas de Tierras Bajas eran los guardianes naturales de los parques naturales, los bosques y la amazonia. La protección y cuidado de estos recursos naturales es vital no solo para el país sino para la humanidad, más aún si tenemos en cuenta que se resguarda el agua y precautela a la humanidad para tener un aire limpio y puro.
Hoy los guardianes del ecosistema están siendo sustituidos y desplazados mediante el poder del narcotráfico, el poder político con el tráfico de sus tierras y los agronegocios, el tráfico de madera, de fauna y vida silvestre. Mientras se les impide la titulación de sus tierras o se les recortan, se les otorgan derechos a sindicatos campesinos de otros lugares para que ocupen sus tierras.
La nueva Constitución Política del Estado y las normativas posteriores, han eliminado las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y han sido sustituidas por los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), dejando en un peligro latente la consolidación y dotación de tierras a los indígenas de Tierras Bajas, pero utilizando a los pueblos indígenas para dotar tierras a “campesinos-originarios” no originarios de las tierras a dotarse.
Se alertó, mediante el ensayo sobre “la etnicidad en la Constitución de Bolivia”, que el concepto indígena originario campesino, sería utilizado de manera política para tomar las tierras de los indígenas del oriente, desplazarlos de sus territorios y su aculturación.
El Estado, mediante el gobierno del MAS, promueve la movilización de miles de personas de un lugar a otro, que anteriormente eran denominados colonizadores para “colonizar” y ocupar tierras en el oriente de Bolivia.
Hoy, los colonizadores se autodenominan “interculturales”, concepto que existe en la constitución, pero que es utilizado por las distintas federaciones de sindicatos de campesinos y el partido político del MAS, para legalizar y legitimizar el desplazamiento y la asimilación de indígenas del oriente, la toma de sus tierras y el sometimiento socio cultural.
Por lo general, llegan más personas que las que hay en las propias comunidades indígenas del oriente, que están organizadas en comunidades pequeñas y son sometidas por la dictadura sindical, o por la democracia participativa que al constituirse en una nueva mayoría someten a las minorías de los residentes “originarios” de las comunidades indígenas. Cuando los sindicatos campesinos no pueden someter a los indígenas de Tierras Bajas por la vía de mayorías, utilizan la fuerza, las amenazas y el poder político.
El desplazamiento interno forzado “es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar“.
Esto también se constituye en una estrategia política electoral para el partido dominante en Bolivia, que es el MAS. Quienes distribuyen tierras sometiendo a los indígenas de Tierras Bajas por los colonizadores, hoy interculturales.
Lo que en su momento Verushka Alvizuri denomino en su investigación “la construcción de la aymaridad” y el nuevo etnonacionalismo en Bolivia, es lo que está sucediendo en una geopolítica del poder y la nueva construcción étnica en Bolivia que someterá y desplazará a las otras culturas, con la cultura dominante del poder: la aymara.
El desplazamiento interno forzado “es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar, o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional.”
Entre la prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamientos: a) basados en políticas de apartheid, “limpieza étnica” o prácticas similares cuyo objeto o resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada (Principios rectores de los desplazamientos internos introducción: alcance y finalidad. Naciones Unidas E/CN.4/1998/53/Add.2 del 11 de febrero de 1998) .
Por su parte, el Convenio 169 de la OIT sobre “Pueblos Indígenas y Tribales” , en su Artículo 8 establece:
1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:
d) Toda forma de asimilación o integración forzada; e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.
Hoy, en Bolivia vivimos el desplazamiento forzado y la asimilación de los indígenas de Tierras Bajas, mediante la expulsión de sus tierras ancestrales, o el recorte de sus tierras en las dotaciones, o la migración planificada de los “interculturales” en sus territorios, o el impedirles la administración de las reservas y parques naturales, o el sometimiento del narcotráfico y de las mayorías sindicales en sus propias comunidades.
¹ En Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, E/CN.4/1998/53/Add.2. 11/2/1998 (acnur.org)
² En wcms_345065.pdf (ilo.org)
