La Reserva Forestal y Área Protegida Municipal de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz, Bolivia), es un bosque de 983,006 millones de hectáreas que tiene tres grandes candados que hasta ahora no lo han podido proteger del ingreso de los avasallamientos ni de los desmontes ilegales. El 18 de junio, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), después de haberse fijado en sus archivos y base de datos, confirmó a través de un informe técnico que este pulmón verde y herido de Bolivia se encuentra registrado como Tierra Fiscal no Disponible, reveló también que rechazó 59 solicitudes de otorgación de tierras y aclaró que no inició ni iniciará procesos de dotación en esa zona de la Chiquitania.
Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá son oficialmente ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora porque los avasalladores se siguen campeando libres y sin frenos.
Con la confirmación del INRA, el Bajo Paraguá tiene en papeles y en teoría tres escudos protectores: Además de ser Reserva Forestal Permanente y Tierra Fiscal no Disponible, tiene el título de Área protegida Municipal de San Ignacio de Velasco: tres candados que están unidos uno a otro, amparados por las leyes bolivianas que en la práctica son vulneradas por avasallamientos y desmontes perpetrados por los llamados interculturales que han manifestado en varias oportunidades su afinidad con el partido de gobierno del MAS.
Pese a estas corazas de normas y papeles, no cesan las denuncias de avasallamientos y desmontes en el Bajo Paraguá. Los dirigentes indígenas chiquitanos, una que otra autoridad municipal local, activistas medioambientales y la Gobernación de Santa Cruz han elevado su voz para que las garras de la deforestación no sigan lastimando esta región medioambiental del mundo.
Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá ya oficialmente ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora porque los avasalladores se siguen campeando libres y sin frenos, desmontando el bosque.
El 4 de junio del 2021, el alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, realizó una inspección al área protegida, comprobó la existencia de desmontes y un campamento improvisado para la constitución de una comunidad en el interior del área protegida y reserva forestal.
Con ese hallazgo, el 15 de junio, el alcalde de San Ignacio de Velasco presentó a la dirección nacional del INRA una denuncia de asentamiento legal en la Reserva Forestal de Bajo Paraguá, aportó con coordenadas georreferénciales y pidió a dicha institución tomar las acciones inmediatas para el desalojo, así como el inicio de procesos legales contra todos los involucrados en este hecho irregular.
Después de desmontar, los colonos instalan tinglados como señal de que están habitando la zona.
El alcalde Ruddy Dorado ha dicho que ha enviado una carta a la ABT para solicitar que cumpla con la recomendación del INRA, que proceda con un plan de expulsión de los colonos.
Entre el 18 y el 23 de junio, el INRA emitió el informe técnico y legal, que en sus partes más sobresalientes dice:
“De la revisión de la base de datos y archivos del INRA, se tiene que existen 54 solicitudes de dotación de tierras fiscales, mismas que fueron rechazadas y no atendidas por sobreponerse a la Reserva Forestal Bajo Paraguá, toda vez que la referencia aérea se encuentra registrada como Tierra Fiscal No Disponible, de acuerdo a la disposición contenida en el artículo 2 del Decreto Supremo número 20024 de 1988 de creación de la Reserva Forestal de Producción Bajo Paraguá, que establece lo siguiente: “A partir de la fecha queda terminantemente prohibida la ocupación de tierras mediante asentamientos o dotaciones, así como toda actividad de caza y pesca dentro de la Reserva Forestal”, motivo por el cual el INRA NO INICIÓ NI INICIARÁ PROCESOS de Dotación Ordinaria de Tierras Fiscales”.
El informe del INRA no se quedó solo en confirmar la ilegalidad de los avasallamientos. También dijo: “Por lo tanto, corresponde a la ABT coadyuvar en la defensa y protección del Área Protegida Bajo Paraguá de conformidad con el artículo 14 parágrafo III de la Ley 1700 del 12 de julio de 1996 que dispone lo siguiente: “Cualquiera que a partir de la vigencia de la presente ley ocupe de hecho tierras de protección, áreas protegidas o reservas forestales, o haga uso de sus recursos sin título que lo habilite, será notificado por la autoridad administrativa competente para que desaloje las mismas”.
El alcalde Ruddy Dorado ha dicho que ha enviado una carta a la ABT para solicitar que cumpla con la recomendación del INRA, que proceda con un plan de expulsión de los colonos que avasallaron el Bajo Paraguá.
Dorado también ha dicho que no ha recibido ninguna respuesta.
Revista Nómadas solicitó a la ABT su versión sobre este tema el 14 de julio. Hasta el cierre de este reportaje la misma no ha llegado.
De la lectura del informe emitido por el INRA, la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) concluye que la denuncia presentada por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco con relación a los asentamientos ilegales en la Reserva Forestal Bajo Paragua, y la solicitud de desalojo, no es competencia del INRA, debiendo remitirse ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), por estar clasificada como tierra fiscal no disponible, y se encuentra prohibido de todo tipo de asentamiento y distribución de tierras.
Eduardo Dabdoub, ingeniero químico desarrollador de proyectos que aprovechan la biodiversidad para la producción de alimentos y energías renovable, sostiene que la ley es para cumplirla y cree que tarde o temprano la ABT tendrá que proceder al desalojo de los avasalladores en caso de que estos continúen asentados en esas tierras fiscales no disponibles.
Varias imágenes satelitales demuestran que siguen deforestando el Bajo Paraguá. Entre el 11 y el 21 de julio de este año se desmontaron por lo menos 5 km al costado de una brecha de 8 kilómetros.
“La problemática de los avasallamientos y desmontes es demasiado compleja y las instituciones que deberían proteger al bosque están con otras prioridades. Pará la naturaleza no hay desmontes legales, todos son ilegales. Mi opinión es que se debería decretar una Moratoria en los desmontes y revisar la servidumbre ecología que todo privado debería mantener en sus tierras, así como implementar una política nacional de incentivos para el buen uso de la tierra. Al final, debemos proteger no sólo a la naturaleza, sino también al agricultor que por desconocimiento o ambición está manejando la tierra a su antojo en lugar de guiarse por buenas prácticas de manejo. Sin bosques no hay clima, sin clima no habrá agricultura”, advirtió
En el corazón del Bajo Paraguá existe una comunidad que se llama Porvenir, una Comunidad Indígena qué está habitada por 140 familias Chiquitanas y Warasugwes. En Porvenir, vienen trabajando hace 11 años en iniciativas productivas como el Asaí (Euterpe precatoria) de manera responsable y sostenible, convirtiéndose en los guardianes del bosque que lamentablemente está amenazado por los avasallamientos de tierras y por los incendios forestales.
Para José Tarima, profesional de la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural, de la Gobernación de Santa Cruz, el informe del INRA es comparable con la fuerza que tiene un requerimiento fiscal. Con ese documento está diciendo: detengan a los avasalladores, expulsen a los colonos ilegales del Bajo Paraguá.
“El brazo operativo para que eso ejecute es la ABT, pero a la ABT le vale un cuerno. Ese documento es un precedente para cualquier demanda de desalojo. Con el informe del INRA, los avasalladores en Bajo Paraguá son oficialmente ilegales”.
Según Tarima, el Pacto de Unidad masista ya debió instruir a los avasalladores de la Reserva forestal y Área Protegida Municipal del Paragua, a abandonar la zona avasallada, porque según sus dirigentes, ellos defienden los asentamientos del INRA porque son legales. Entonces, en este caso, estarían quedando mal, porque los avasalladores del bajo paragua son ilegales de acuerdo informe técnico jurídico del INRA.
En febrero de 2021 los avasalladores desmontaron una parte del bosque y formaron una brecha de 8 km de largo, dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá.
En las últimas semanas, una imagen satelital demostró que siguen deforestando en ese lugar y que entre el 11 y el 21 de julio de este año, según imágenes satelitales, se deforestaron por lo menos 5 km al costado de esa brecha. Los candados legales que tiene el Bajo Paraguá están abiertos.
Cada día que pasa, es cada día que no se respeta el Bajo Paraguá, pese a que se trata de un área protegida municipal, reserva forestal, tierra fiscal no disponible y que el INRA oficializó que los asentamientos son ilegales.
Pero a los papeles hasta ahora se los lleva el viento.
Entrevista:
El alcalde Ruddy Dorado asegura que su municipio está unido para defender el Bajo Paraguá.
Ruddy Dorado
Alcalde de San Ignacio
“Yo encabezaré el desalojo de los asentamientos, de una forma pacífica”
¿Cómo evalúa el informe técnico jurídico del INRA, que confirma que el Bajo Paraguá es tierra fiscal no disponible?
Ahora que estoy a cargo del municipio dije que iba a hacer las cosas diferentes, porque se nos entraron hasta lo más profundo y nos la pasamos en gritos. Así es que empecé a realizar visitas a diferentes ministerios en La Paz, a INRA, para pedirles que las cosas tienen que ser diferentes, que esto se respeta. Como alcalde, lo primero que hice fue visitar ese cinturón de bosque, cerca de un millón de hectáreas del Bajo Paraguá, que es lo más grande que hay en Bolivia en una reserva municipal. Formamos un comité de defensa, estamos poniendo letreros por todos lados de la reserva municipal. Tuvimos esa respuesta del INRA que es una herramienta que por primera vez se da. Ahora es solo saber usarla. Con la ABT o sin la ABT ya está en nuestras manos la dinamita. O sea que hay que saber manejarla.
Dorado considera que el informe del INRA es una herramienta que debe ser utilizada para proteger el bosque de los avasallamientos.
Ya hemos dialogado con ellos (interculturales que avasallaron el Bajo Paraguá), les hemos dicho que la forma de asentarse no es esa, es otro camino. Que busquen a su ministerio, a su Gobierno, pero no a nuestra área protegida.
Con la ABT con o sin el Gobierno, ahí no quedará nadie.
¿Qué es lo que puntualmente dice el INRA a través del informe técnico?
El INRA, lo que nos dice es: Saquen, ahí (los asentamientos) están ilegales, no tienen nuestra venia, nosotros no hemos autorizado, es su competencia de ustedes, métanle. Mejor oportunidad y documento, imposible tenerlo. Eso le ha gustado a todo el pueblo. Es una excelente herramienta y carta de respuesta.
¿Cuál es la estrategia de su autoridad para proceder con el desalojo de los asentamientos, dado que a ABT no dice nada?
Al otro día que recibimos el informe del INRA, hemos mandado una carta a la ABT y le dijimos: cúmplase, muévanse, trabajen. Hemos formado nuestro comité de defensa y directorio de protección del Bajo Paraguá. Estamos trabajando como una región unida, como que no nos molesta si se mueven o no se mueven los de la ABT, pero vamos a enviarle una segunda y una tercera carta. Para después ya actuar de una forma pacífica en el desalojo de unos cuatro locos que están ahí asentados
¿Recibieron respuesta de la ABT?
No, por eso es que nos vamos a ver en la obligación a enviar una segunda y tercera carta, pensando que no nos van a contestar. Ojalá que lo hagan.
¿Cómo harán el desalojo?
Lo primero es cumplir con el envío de las tres cartas a la ABT. Después haremos conocer a las autoridades competentes, policías, Ejercito, jueces y fiscales. Los que se plieguen, bienvenidos. Yo encabezaré todo el desalojo de una forma pacífica. Es un pueblo contra cuatro, ellos están en desventaja. Aquí son cuatro trasnochados, no son muchos. Es la unidad de un pueblo. Son pocos. Están en un ensayito del gato y del ratón por si les surte.
Lo que pasa también es que aquí hay mucha gente que recibe plata y lo legaliza todo y han pasado por muchos cargos tirado comunidades originarias y la han mandado a 300 kilómetros, por 10 reales. Eso es lo que nosotros no vamos a permitir. El gobierno municipal no negocia con nadie, ni con el gobierno departamental ni nacional.
