El puente clandestino que construyeron los menonitas de la colonia Cuarirenda, sobre el río Parapetí, en el municipio de Charagua, del departamento de Santa Cruz, Bolivia, causó la destitución del gobernador de la provincia Cordillera, Gonzalo Peña y abrió un proceso penal en contra de los posibles autores que permitieron la construcción ilegal de esta obra que se encuentra en los Bañados de Isoso, sitio de protección RAMSAR y que va directo al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya del Gran Chaco.
Así lo anunció el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que presentó su informe elaborado por las dos comisiones que llegaron hasta el puente para levantar información y de la que él formó parte de una de ellas. La autoridad departamental anunció que se está abriendo un proceso penal contra los que resulten responsables y, en la parte administrativa, se ha destituido al subgobernador de la provincia Cordillera, bajo el argumento de que las autoridades departamentales tienen la obligación constitucional de alertar sobre las ilegalidades cometidas y cuidar del patrimonio de todos los cruceños.
Así, el reportaje de investigación que realizó y publicó Revista Nómadas, bajo el título: El puente clandestino de los menonitas lleva la deforestación a los Bañados de Isoso y amenaza al Kaa Iva, consiguió tras su publicación del 26 de enero, la reacción de los diferentes niveles de los poderes ejecutivos de Charagua, departamental y nacional, como también del Legislativo que solicitaron varios pedidos de informes a la ABT, al INRA, a la ABC y a varios ministerios, entre otras instituciones.
El pedido social es que también se obligue a los menonitas de Cuarirenda, a parar la deforestación.
Foto: Revista Nómadas
Además, a pocas horas de la publicación, el país digirió la investigación y mostró su indignación y se preguntó: ¿En qué país se construye un puente de 150 metros, en una zona de cuidados ambientales, sin que nadie se entere y se ponga en riesgo un río tan importante como el Parapetí?
El legendario río Parapetí, hasta antes de que se construya el puente, era el gran muro natural que impedía que los dientes de la deforestación muerdan las puertas del Kaa Iya del Gran Chaco, y que también arranquen pedazos a los Bañados del Isoso que son un sitio RAMSAR, de prioridad internacional y escenario de reproducción, desarrollo, fuente de alimentación y hogar de incalculables especies de peces y anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los ganaderos y agricultores que pretendían expandir sus dominios se topaban con las profundas aguas del río en tiempos de lluvia y con la arena indómita en los largos meses de sequías. Entonces, desistían de sus intentos porque sabían que no era buen negocio producir en un lugar enclaustrado y que —sobre todo— es tierra vecina del Kaa-Iya que con sus 3.441.115 hectáreas (superior al tamaño de Bélgica), constituye el área protegida de mayor superficie de Bolivia y —junto a Los Bañados de Isoso—, son un patrimonio natural incalculable para la salud ambiental de América y del planeta.
Pero un grupo de menonitas que ya habían agotado las tierras de la colonia Pinondi —también en el municipio de Charagua del departamento de Santa Cruz—, le echaron el ojo al predio Cuarirenda de 14.400 hectáreas de bosque seco chaqueño que se encuentra al otro lado del Parapetí, colindante con el Kaa Iya y que —además— gran parte se encuentra dentro de los Bañados de Isoso, se lo compraron y construyeron un puente a su gusto y medida para que nada impida meter la maquinaria para deforestar el bosque y construir ahí un nuevo hogar.
A los diez días de la publicación de reportaje de Revista Nómadas, el Gobernador de Santa Cruz, en la presentación de su informe, dijo que se han remitido varias notas a las instituciones que tienen tuición en estos aspectos, como la ABT y al Gobierno Municipal Indígena de la provincia Cordillera, para que remitan documentación sobre estas obras ilegales, y de daño ambiental, hecho que ha derivado en la presentación ante la Fiscalía de una denuncia penal de parte del ente departamental, realizada ayer, por los presuntos delitos de obstrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, contra presuntos autores de este acto que se enmarca fuera de la ley.
Exigen que se evite el tráfico vehicular por el puente, para que no pasen las cisternar con diésel.
Foto: Revista Nómadas
Resaltó que los menonitas, sin ningún fundamento legal, procedieron a construir 14 kilómetros de camino y casi 200 metros de la infraestructura del puente desde octubre de 2020 y que Santa Cruz y sus autonomías indígenas no son suficientes para autorizar este tipo de construcciones y obras viales.
“La única autoridad competente para poder autorizar este tipo de obras es el Gobierno Departamental!”, enfatizó Camacho.
Camacho, aseguró que la Gobernación no ha emitido ninguna autorización para la construcción, ni de los 14 km de carretera, ni de los casi 200 metros del puente sobre el río Parapetí, ya que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en sus artículos 345 y 347, el incumplimiento de las normas de protección medioambiental y de ejecución de actividades que generen perjuicio del medio ambiente son pasibles a responsabilidades civil y penal. También puntualizó que la construcción de este puente ilegal y del camino vulneró leyes nacionales, como la 1333 de Medio ambiente y la Ley Departamental 98 de Conservación de Patrimonio Natural y Departamental de Santa Cruz.
“Si bien este es un problema que viene de 2020, vamos a hacer ajustes instituciones internos, removiendo el personal que sea necesario que hubiera estado dentro de esto, o que por incapacidad o negligencia, no haya actuado a tiempo para defender nuestro medio ambiente”, adelantó Camacho y aseguró que se hará prevalecer la autonomía para que nadie se pueda arrogar funciones parciales para dañar la biodiversidad y el medio ambiente, y quienes lo hagan, deben ser procesados y llevados ante la justicia.
A 265 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz, el coordinador general del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) de Charagua Iyambae, Ronald Andrés Caraica, convocó a la plataforma interinstitucional a una reunión de emergencia para el lunes para analizar la situación del puente que construyeron los menonitas.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, en noticias difundidas por varios medios de comunicación, cuestionó a la Gobernación de Santa Cruz y preguntó, ¿por qué dejaron que se construya el puente?
A 15 km antes de cruzar el puente que construyeron los menonitas, se encuentra la comunidad guaraní que también se llama Cuarirenda, donde Jhonny García Melgar, su cacique comunal, está contento porque los menonitas han construido el puente y dijo que él y otros dirigentes le dieron permiso para la obra.
La pregunta que se hace la población cruceña y boliviana, como también activistas y profesionales medioambientales, es: ¿Qué va a pasar con el puente y con el predio de Cuarirenda, donde los menonitas ya deforestaron por lo menos dos mil hectáreas de bosques? Ya surgen los pedidos de que, al ser una obra ilegal, debe ser derribada o trasladada a otra zona donde de verdad beneficie a las comunidades indígenas.
La Gobernación emitió una instrucción al GAIOC de Charagua Iyambaé, para que suspenda la circulación de vehículos motorizados, pero la pena del país, pero se desconoce si fue acatada.
El temor que tienen los defensores del medioambiente, es que por el puente sigan transitando los motorizados y que llegue sin problemas el camión cisterna que lleva el combustible hasta la puerta de los menonitas, para que las 15 orugas se alimenten con el diésel para seguir deforestando el bosque chaqueño.
