Los avasalladores del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá han retornado al bosque con más fuerza, con oruga para deforestar y con serias intenciones de buscar que el Estado les de la legalidad a través del censo de población y vivienda que está previsto para marzo de este año. Así lo ha denunciado Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión y segunda gran cacique de la Nación Chiquitana, como también otras autoridades de la provincia Velasco que han revelado que, dentro del área protegida, no solo están tumbando árboles con motosierras y maquinaria, sino, que también están construyendo casas rústicas, para ser registrados como si estuvieran viviendo en la zona, cuando en realidad viven en otro lado.
El Área Protegida Bajo Paraguá, en el municipio de San Ignacio de Velasco, se encuentra en una situación crítica ante la continua amenaza de la deforestación. Así también lo confirma, con datos, el reciente informe del Observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), que confirma sobre una nueva incursión de desmontes que pone en alerta sobre la situación ambiental que atraviesa este pulmón verde de Santa Cruz (Bolivia).
El informe alerta sobre cambios sustanciales ocurridos en los últimos años, especialmente en el suroeste del área protegida. Utilizando imágenes de satélite Sentinel-2, se evidencia el inicio de la deforestación en noviembre de 2019, que posteriormente alcanzó una superficie de 67 hectáreas en 2020. Entre enero de 2021 y septiembre de 2022, se identificaron cinco nuevas brechas, cada una con hasta 7 km de longitud, resultando en una pérdida adicional de 231.8 hectáreas de área boscosa. Hasta enero de 2024, las imágenes satelitales han revelado la expansión de las áreas deforestadas hacia la región este y la apertura de nuevas zonas en el borde del camino principal, sumando una superficie total de 329.4 hectáreas.
El Área Protegida Bajo Paraguá, en el municipio de San Ignacio de Velasco, se encuentra en una situación crítica ante la continua amenaza de la deforestación.
El presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, Dino Franco, el subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage y el concejal Municipal Cristian Méndez, se manifestaron ante la crítica situación de avasallamientos en el Área Protegida del Bajo Paraguá, una reserva ambiental clave para la Chiquitania que abarca más de 900.000 hectáreas. Las tres autoridades salieron en defensa de este pulmón cruceño y fuente de agua para el departamento de Santa Cruz. El presidente del Comité Cívico destacó la importancia vital del Bajo Paraguá para la conservación, subrayando su función ambiental y su papel en garantizar el suministro de agua para la región de Chiquitania. Sin embargo, expresó su preocupación por la constante deforestación y los asentamientos no planificados y no autorizados que han venido ocurriendo en los últimos años.
El cívico recordó que, hace tres años, se denunció los avasallamientos por parte de grupos interculturales, que han aumentado significativamente desde entonces. También dijo que, a pesar de afirmar tener autorización, las autoridades han desmentido que estos terrenos estén disponibles legalmente. Recordó que iniciaron procesos legales que, desafortunadamente, no han avanzado como deberían.
“Ahora solicitaremos informes a la ABT (Autoridad de Bosques y Tierras) para abordar esta crítica situación”, declaró el presidente del Comité Cívico.
Además, señaló la preocupación por nuevos asentamientos no autorizados y actividades de deforestación que buscan tener como objetivo la legalización irregular de la posesión de tierras. El Comité Cívico ha solicitado al INE (Instituto Nacional de Estadística) una cartografía territorial para identificar posibles comunidades que podrían ser censadas ilegalmente en el área protegida.
El subgobernador informó sobre acciones legales ejecutadas desde el 2021 y reveló la existencia de dos procesos en curso. Exhortó al alcalde de San Ignacio, a cumplir de manera inmediata con la acción de cumplimiento emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 20 de octubre de 2023.
La autoridad dijo que es imperativo que el alcalde tome medidas positivas para proteger el medio ambiente en la reserva forestal del Bajo Paraguá y evite nuevos asentamientos ilegales. Instó a las autoridades municipales a actuar de inmediato para prevenir mayores problemas en esta área protegida que es fuente de agua para toda la Chiquitania.
El presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, Dino Franco, el subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage y el concejal Municipal Cristian Méndez, se manifestaron ante la crítica situación de avasallamientos en el Área Protegida del Bajo Paraguá.
Las autoridades, esperan que estas medidas y denuncias contribuyan a detener los avasallamientos y preservar la riqueza ambiental del Área Protegida del Bajo Paraguá.
Por su parte, la diputada nacional, María René Álvarez, ante las denuncias de avasallamientos en el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, recordó que tomó dos medidas concretas durante 2023:
“La primera fue la convocatoria a una mesa técnica interinstitucional, que en marzo determinó crear un Comité Interinstitucional de defensa del Bajo Paraguá, con la participación de autoridades departamentales, legisladores nacionales y los caciques de la Chiquitania.
“La segunda se concretó en octubre con la Acción de Cumplimiento que se presentó para que el alcalde de San Ignacio de Velasco, Carlos Ruddy Dorado Flores, dé cumplimiento a la Ley de Creación de esta área protegida, así como la Ley Autonómica Municipal 469/2021 que elevó al Bajo Paraguá a rango de reserva forestal”.
En ese marco —explicó la diputada María René Álvarez— la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz dispuso: “Se ordena al alcalde de San Ignacio de Velasco que tome las acciones positivas encaminadas a proteger el medio ambiente en la reserva forestal Bajo Paraguá, que tome las acciones necesarias para evitar asentamientos en el lugar, así como también pudiera ejercer las acciones legales frente a cualquier acto de avasallamiento o adherirse a la denuncia que ya tiene instaurada el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”.
“Por tanto, el alcalde Dorado Flores no puede rehuir a su responsabilidad y hacer caso omiso a la justicia, que le ha ordenado que evite más asentamientos en el Bajo Paraguá”, enfatizó la diputada Álvarez, que advirtió: “En caso de comprobar que existe no solo más asentamientos sino un plan para pretender “urbanizar” nuestra reserva forestal, tanto el alcalde como cualquier involucrado será sometido a procesos penales por ser cómplices de los avasalladores”.
CONFRATERNIZACIÓN EL 17 DE FEBRERO
Rodrigo Soto Vaca, coordinador y vocero de la Central Indígena del Bajo Paraguá (CIBAPA), a través de los medios de comunicación de San Ignacio de Velasco, ha emitido una invitación para el próximo 17 de febrero, con el propósito de celebrar una confraternización con los hermanos indígenas de la provincia Velasco. El evento iniciará en el mojón que marca el comienzo de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del Bajo Paraguá, en la localidad de La Mechita.
“Invitamos a todas las centrales de la provincia Velasco. El objetivo es trabajar unidos”, expresó Soto Vaca. Asimismo, enfatizó en la importancia de abordar la situación de los avasallamientos de manera pacífica y reflexiva.
“No queremos ninguna pelea con los hermanos (avasalladores), solo que llamamos a la reflexión. Como indígenas, nuestros estatutos nos dicen que tenemos que defender nuestro territorio, pero en santa paz, como nos caracteriza, sin peleas“, afirmó.
Por su parte, el cacique Marcos Tomichá añadió detalles sobre el recorrido planeado para la confraternización, destacando que se espera la participación de más de 500 indígenas.
“Hemos sufrido avasallamientos, un problema latente, y por eso, haremos esta actividad. No tienen que meterse personas ajenas porque las TCO son intocables. Iremos en paz, porque no somos de confrontación”, aseguró.
Tomichá expresó la preocupación de la comunidad indígena ante la inacción de las autoridades políticas frente a la problemática de los avasallamientos. “Estamos preocupados por este tema, ya que nuestras autoridades políticas no han hecho nada. Vamos a actuar nosotros como indígenas, porque la Constitución nos ampara para defender nuestro territorio”, concluyó.
La confraternización se presenta como un espacio para la unión y la reflexión, donde los indígenas del Bajo Paraguá buscarán abordar de manera pacífica y colaborativa la situación que afecta a su territorio.
UNA JOYA NATURAL QUE SE DEBE CUIDAR
La FCBC resalta también que el área protegida y reserva forestal Bajo Paraguá es un área de alto interés para la conservación en el país debido a que confluyen tres ecorregiones únicas como son el Bosque Amazónico con la mayor extensión (82.5%) seguido por el Bosque Seco Chiquitano (9.9%) y la formación del Cerrado (7.6%). Diversos tipos de vegetación se pueden observar; desde bosques altos hasta un mosaico disperso de afloramientos rocosos, matorrales, humedales y formaciones de sabana. Estos hábitats albergan una alta riqueza de especies de fauna y flora únicas.
En la región del Bajo Paraguá se encuentra uno de los bosques productivos más importantes de Bolivia por su alto potencial forestal y por la experiencia de manejo que tienen los usuarios forestales de la zona. Pese a que es una de las áreas que en el pasado ha sufrido una alta degradación del bosque, debido a la tala selectiva y ausencia de técnicas de aprovechamiento de impacto reducido, continúa teniendo una gran cantidad de especies maderables que son actualmente aprovechadas y otras tantas potencialmente aprovechables; pero, sobre todo, mantiene aún una integridad ecológica saludable. Hasta la fecha se tienen registradas aproximadamente 256 especies de árboles. Además, se han registrado más de 1.000 especies de vertebrados, entre peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
La diputada nacional, María René Álvarez, ante las denuncias de avasallamientos en el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, recordó que tomó dos medidas concretas durante 2023 para proteger este pulmón de Santa Cruz.
RECOMENDACIONES
El Observatorio de la FCBC, realiza las siguientes recomendaciones ante la situación que se vive en el Bajo Paraguá:
- Sugerir al Comité de Gestión del AP Bajo Paraguá, a las autoridades municipales, al gobierno departamental y a las autoridades nacionales pertinentes (ABT principalmente), conformen una comisión interinstitucional y con control social, para verificar el estado de los bosques dentro del área protegida y establecer lineamientos para su control.
- Informar a las comunidades legalmente establecidas dentro del AP Bajo Paraguá la situación del área, identificando y haciendo conocer quiénes son los actores responsables de la deforestación en las zonas internas al área protegida.
- Promover, desde el Comité de Gestión, la articulación, cooperación y sinergia entre las diferentes instituciones interesadas en conservar el AP Bajo Paraguá, para aunar esfuerzos en pro de su protección y contribuyendo a las mejoras de los medios de vida de las comunidades locales.
- Establecer un mecanismo de prevención y control de incendios forestales, coordinando con las diferentes instancias oficiales y de cooperación e involucrando a la población local en la generación de alertas tempranas.
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