Este año, la destrucción de los ecosistemas boscosos y no boscosos en Bolivia ha alcanzado su paroxismo, y aún no hemos tocado fondo. Detrás del humo persisten los incendios y el desmonte, y se profundiza la apuesta al modelo de desarrollo basado en el agronegocio, respaldado por políticas públicas y financiamiento accesible y barato. La catástrofe de este año es solo el preludio de una nueva era de desastres socio-ecológicos para el país.
Incendios e impactos: un desastre de magnitudes históricas
Durante las últimas semanas de octubre, las primeras lluvias lograron disminuir la intensidad y frenar el avance de los mega-incendios de este año; sin embargo, una gran parte del país continua afectada por los incendios. Hace un mes, Fundación Tierra reportó que hasta el 31 de septiembre 2024 se quemaron aproximadamente 10,1 millones de hectáreas, de las cuales 5,8 millones correspondían a bosques. Eso significa que más del 10,6% de nuestros bosques se quemaron este año. Estos ecosistemas podrían, con gran esfuerzo regenerarse en un plazo de 20 a 30 años, siempre y cuando no sufran nuevos incendios en los próximos años. Es crucial recordar que algunos de los ecosistemas no boscosos que arden en Bolivia son antiguos bosques que intentan regenerarse.
Ante la magnitud de este desastre, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, acusó a Fundación Tierra de irresponsable y alarmista, señalando que exageraban la magnitud del impacto de los incendios. Sin embargo, una semana después, el INRA, usando estimaciones del propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, reportó que hasta el 8 de octubre de 2024 ya se habían quemado 9,8 millones de hectáreas en el país. Así, con datos oficiales, se corroboró la magnitud del desastre causado por los incendios. Esto resulta paradójico, ya que, antes de este informe, el Gobierno había dejado de actualizar su reporte de afectaciones desde el 31 de agosto de 2024, indicando entonces solo 3,87 millones de hectáreas quemadas. Este manejo de la información debe entenderse como lo que es: un intento burdo y grotesco de minimizar gravedad de lo ocurrido en 2024. No culpo al ministro, pues nadie querría ser recordado como el ministro de Medio Ambiente y Agua que no supo prevenir, atender a los afectados, ni enfrentar los peores incendios en la historia moderna del país.
Según reportes oficiales del Viceministerio de Defensa Civil, hasta el 16 de octubre 2024 los incendios habían afectado o damnificado a 88,729 familias rurales, lo cual, asumiendo un tamaño promedio de 4 personas por familia, implica potencialmente a más de 350,000 personas afectadas. A esto se suma el apoyo humanitario escaso que recibieron. Los informes oficiales indican que el apoyo humanitario otorgado hasta el 25 de octubre de 2024 ascendió a un valor monetario de tan solo Bs 5,027,324, es decir, el equivalente a Bs 56 por familia afectada o damnificada, o aproximadamente Bs 14 por persona. Esta situación es, sin duda, vergonzosa y evidencia una falta de sensibilidad y responsabilidad hacia los más afectados.
La magnitud de estos desastres no solo está aumentando de manera alarmante, sino que la falta de respuesta efectiva y oportuna por parte del Gobierno se ha vuelto sistemática.
El papel del Estado: excusas, omisiones y apoyo al agronegocio
El Gobierno, evidentemente, se escuda en excusas en la falta de recursos, atribuyendo a la demora en la aprobación de créditos en el poder legislativo la falta de fondos para atender los incendios. Sin embargo, en la práctica, el Ejecutivo ha recortado drásticamente los recursos destinados al sector público ambiental durante años. Cabe recordar que el anterior ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue acusado y aprehendido en mayo del año pasado por enriquecimiento ilícito, se reportó que habría recibió al menos 19 millones de bolivianos en presuntas coimas, además de haber adquirido al menos 27 bienes inmuebles. Esto lleva a preguntarse si estos montos han sido recuperados y si no podrían haberse destinado a atender este desastre.
La magnitud de estos desastres no solo está aumentando de manera alarmante, sino que la falta de respuesta efectiva y oportuna por parte del Gobierno se ha vuelto sistemática. Entre 2019 y 2023, estimaciones del INRA y la ABT, presentadas ante la asamblea legislativa, reportan que aproximadamente 8 millones de hectáreas de bosque y 18,8 millones de hectáreas de ecosistemas no boscosos han sido arrasadas por el fuego. Sumando los datos de 2024, la cifra es aún más impactante: en seis años, cerca de 14 millones de hectáreas de bosque—una extensión comparable a todo el departamento de La Paz—y 22,8 millones de hectáreas de otros ecosistemas, el equivalente a todo el departamento del Beni, habrían sido incendiados.
Lo que estamos presenciando en 2024 no es un evento aislado. Mientras los ecosistemas sigan siendo devastados por el fuego y el desmonte, su vulnerabilidad aumenta y, con ella, la pérdida irreparable de funciones ecosistémicas hídricas y climáticas. Este biocidio, esta muerte progresiva y silenciosa de la fauna y flora, es una realidad cada vez más inevitable. Tal como lo han advertido Fundación Tierra y/o CEDLA, la causa principal de esta tragedia es la expansión del agronegocio soyero, ganadero y azucarero empresarial, alimentado por el tráfico de tierras, el despojo de territorios indígenas y campesinos, y la expansión de colonias menonitas, entre otros fenómenos igualmente devastadores.
Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué medidas se han tomado en las últimas semanas para evitar que esta tragedia se repita el próximo año y los siguientes? De continuar esta tendencia, estamos a solo unos años de alcanzar un punto de inflexión ecológica irreversible, con consecuencias inimaginables. Ese punto marcaría el momento en el que los ecosistemas boscosos, debilitados y exacerbados por el cambio climático, perderían su capacidad de autorregenerarse convirtiéndose progresivamente en sabanas degradadas. Ante esta alarmante realidad, los incendios de 2024 debieron ser un llamado de atención para asumir medidas urgentes. Sin embargo, en lugar de ello, se priorizó nuevamente la expansión agronegocio, evitando cualquier decisión que pudiera afectarlo, tanto a nivel del Ejecutivo y Legislativo nacional como, aún menos, a nivel departamental
En plena crisis de incendios, el 2 de octubre de 2024 el Gobierno aprobó el decreto supremo 5241, que permite a ciertos actores responsables de incendios y desmontes que se vean afectados por aquellos reprogramar sus préstamos hasta por cinco años. Este hecho es profundamente preocupante, pues, como demuestra el reciente estudio de ‘’Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación’’, los préstamos para el sector agropecuario se concentran en gran medida en un puñado de grandes empresas soyeras, ganaderas y azucareras que no necesitan aún más beneficios. De hecho, un reciente informe de Oxfam reveló que estas empresas no solo se benefician de un lucrativo negocio de desmontes, sino que también pagan impuestos mínimos, pese a que reciben inversiones y subsidios públicos extremadamente favorables. Lejos de ayudar a quienes más lo necesitan, esta medida es un incentivo adicional para los mayores responsables de la destrucción de nuestros bosques.
En paralelo, el Gobierno tomó más medidas para impulsar la producción de monocultivos en el país. Primero, aprobó, nuevamente por decreto supremo (5212), la eliminación de cualquier impuesto a la importación de agroquímicos como insecticidas, fungicidas y herbicidas. Esto ocurre justo cuando en el país, no solo crece sin control el volumen de estos productos, sino que también ingresan ilegalmente, mediante el contrabando, agroquímicos altamente tóxicos para la salud y los ecosistemas. Además, según estudios recientes en Cochabamba, se advirtió que más del 40% de los alimentos contienen residuos de agroquímicos; y, en la mitad de esos casos, se trata de sustancias no autorizadas en el país y peligrosas para la salud. Claramente, nos están envenenando bajo el falso pretexto de la seguridad alimentaria.
Segundo, el Gobierno aprobó un nuevo evento transgénico, la soya intacta, uno de los varias variedades, denominadas ‘’eventos’’, de soya transgénica que desde años entran por contrabando y se utilizan en el país. Se afirma que este evento de soya aumentará la productividad en un tercio y generará más de USD 1,000 millones para el sector soyero. Sin embargo, como ya advirtió Gonzalo Colque, los supuestos “científicos” detrás de estas promesas milagrosas y los estudios que los respaldan carecen de credibilidad real. En el contexto actual de crisis socioeconómica, escasez de hidrocarburos, cambio climático y deforestación acelerada, tales promesas son sencillamente irrealizables y a duras penas compensarán parcialmente la crisis que enfrenta el sector soyero este año debido a la sequía. La apuesta por el agronegocio en Bolivia no es la solución y nos está empobreciendo como país.
Esto no es todo; existen muchas más iniciativas gubernamentales a favor del agronegocio que ya están listas o en preparación y que solo han sido frenadas temporalmente por el contexto socio-político actual. Un ejemplo es el proyecto de ley 157/2023-2024, aprobado en Diputados el 13 de septiembre de 2024, que permitiría a las empresas convertirse en propietarias de tierras del régimen de tenencia de tierra denominado ‘’pequeñas propiedades’’ y usarlas como garantía para préstamos. Esta medida se presenta públicamente como un apoyo a los pequeños productores, cuando en realidad busca claramente facilitar el acceso a más tierras para las grandes empresas soyeras, ganaderas y azucareras, que son las principales impulsoras del desmonte en el país. Es probable que en las próximas semanas o meses este proyecto sea también aprobado en el Senado.
Lo que estamos presenciando en 2024 no es un evento aislado. Mientras los ecosistemas sigan siendo devastados por el fuego y el desmonte, su vulnerabilidad aumenta y, con ella, la pérdida irreparable de funciones ecosistémicas hídricas y climáticas.
La pausa ambiental ecológica decretada (DS 5225) el 11 de septiembre de 2024- la única medida significativa que el Gobierno ha tomado en favor de los ecosistemas- enfrenta serias dudas sobre su implementación, generadas por las propias declaraciones de las autoridades. Esta medida prohíbe, entre otras cosas, la conversión de áreas quemadas para usos agrícolas o pecuarios y, en el caso de tierras fiscales, impide su dotación futura por un período de hasta cinco años. Sin embargo, el presidente ya habría acordado con representantes del sector intercultural que la aplicación de esta medida no será estricta y se adaptará al contexto de cada región. Como suele decirse: hecha la ley, hecha la trampa.
Necesidad de un cambio estructural para frenar el colapso
Queda claro que en Bolivia, el agronegocio —motor de la expansión agropecuaria y del desmonte— recibe un apoyo estatal desproporcionado, con recursos y voluntad política de todos los partidos representados en el Legislativo. Este respaldo se manifiesta en políticas fiscales, subsidios y créditos que consolidan el poder de los grandes conglomerados soyeros, ganaderos y azucareros, mientras las comunidades campesinas e indígenas y los pequeños productores quedan relegados. Esto refleja no solo una política errática, sino una estructura de poder que privilegia a la élite agroexportadora, promoviendo una concentración de tierras y recursos en manos de pocos y debilitando el control social y comunitario sobre el territorio.
Para transformar esta realidad, es necesario mucho más que la abrogación de leyes específicas o la implementación de parches legislativos. Lo urgente es replantear el modelo de desarrollo, priorizando políticas agrarias que garanticen el acceso equitativo a la tierra, la justicia social y la soberanía de las comunidades indígenas y campesinas sobre sus recursos. Esto implica cuestionar y modificar el control que el sector agroindustrial y ganadero tiene sobre el financiamiento público y los beneficios fiscales, creando un marco que promueva alternativas económicas y el respeto por los ecosistemas.
En lo inmediato, aunque estoy consciente que en la Cámara de Diputados probablemente no aprobarán una norma que perjudique al negocio del desmonte y los incendios, y que incluso que si lo hicieran, quedaría en duda si el presidente la aprobaría, existe un proyecto de Ley, el 240, que se votará el martes 29 o miércoles 30 en el Senado. No es perfecto, pero incorpora muchos de los pedidos del sector ambiental y otros sectores: abroga el “paquete incendiario,” incrementa las multas por desmonte e incendios —actualmente irrisorias—, establece un apoyo real para los afectados por los incendios y mucho más. Los invito a leer este proyecto, a seguir de cerca lo que ocurra en el Senado, y, en caso de éxito, a vigilar cada etapa del proceso. Hace años que no se aprueba una ley ambiental que represente una amenaza real para el agronegocio; este proyecto podría cambiar eso, pero, sobre todo, nos permitirá identificar uno por uno a los legisladores que eligen defender los intereses del agronegocio.
Esta crisis ecológica refleja una profunda encrucijada estructural, en la que el bienestar de las mayorías y la salud de nuestros ecosistemas han sido relegados a favor de los intereses económicos del agronegocio. Superar esta devastación exige una agenda socio-política comprometida con la defensa socioambiental. Necesitamos una representación social y política que dé voz a esta causa común y un sistema de gobernanza que proteja los ecosistemas y garantice un uso justo y sostenible de nuestros recursos naturales. Solo así podremos evitar que nuestra generación sea recordada como aquella que entregó el futuro del país en nombre de un modelo profundamente desigual y ecocida.
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