Comunidades indígenas y campesinas cortaron el tráfico ferroviario en cuatro estaciones estratégicas de Santa Cruz hacia la frontera con Brasil. Exigen que el tren deje de ser un “lujo turístico” y recupere su función de transporte público con tarifas accesibles. Por su parte, Ferroviaria Oriental anunció la reactivación del servicio de ferrobús para el 27 de febrero, asegurando que contará con paradas en todo el sector este y precios económicos fruto de mesas técnicas con sectores cívicos y el Gobierno.

En una reunión de emergencia en Trinidad (Beni), las tres subcentrales del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) emitieron una resolución conjunta para ratificar a sus autoridades legítimas ante intentos de exautoridades de actuar en nombre del territorio. El documento busca frenar gestiones externas ante el Estado y medios de comunicación sin el aval de las bases.

Autoridades de Palmarito acordaron un estudio para abrir caminos con maquinaria menonita “gratuita” de los menonitas, ignorando el rechazo de las recolectoras de cusi que denuncian la destrucción de su sustento. El conflicto escaló con amenazas de 25 latigazos contra las mujeres que se oponen al proyecto, tildándolas de “traidoras al desarrollo”. Ante esta situación, instituciones como FCBC, WWF Bolivia, CIPCA, APCOB, y CEPAC emitieron una carta de apoyo para proteger este último reducto de cusi, ofrecieron su apoyo técnico para analizar alternativas de ruta que no destruyan la base económica de las familias recolectoras y evitar la vulneración de derechos económicos indígenas.

Veinte postulantes serán seleccionados para participar en un taller presencial con todos los gastos pagados en Santa Cruz de la Sierra. La capacitación incluye un taller sobre el uso de mapas satelitales para el monitoreo de territorios deforestados y delitos ambientales. El plazo para postular vence el sábado 28 de febrero.

Promotores brasileños utilizan redes sociales para ofertar bosques bolivianos como activos inmobiliarios, aprovechando supuestas normativas estatales que permiten el desmonte masivo y la quema para elevar la plusvalía.