Esta es la primera parte de una columna sobre el modelo extractivista boliviano en un contexto de crisis económica y de elecciones de 2025. Esta primera parte se concentra en el diagnóstico: sus engranajes, sus impactos y la complicidad de la oferta electoral. En la segunda parte se abordará las alternativas, el horizonte de transición socio ecológica y el papel del movimiento socio ambiental.
En Bolivia, un grupo de jóvenes activistas ha llevado al Estado a los tribunales para frenar el avance del fuego y la deforestación. Entrevistamos a Ángeles Mamani, una de sus integrantes, sobre esta demanda histórica que busca cambiar el involucramiento de la sociedad civil a diferentes niveles que alimentan la destrucción de bosques y comunidades.
La Pausa Ambiental fue declarada, reglamentada y luego ignorada. Entre contradicciones y vacíos legales, los incendios forestales siguen amenazando al país.
En plena campaña electoral, todos los candidatos prometen entregar Bolivia al agronegocio cruceño. Pero la historia demuestra que este sector no salva economías, sino que utiliza las crisis para acumular riqueza y poder en pocas manos.
Pinta murales como quien planta árboles: con paciencia, con rabia y con amor. Desde hace más de quince años, Knorke Leaf convierte cada pared en un acto de memoria y defensa del territorio. Hoy nos regala una entrevista profunda y reflexiva, que alimenta el pensamiento desde el ecofeminismo.
En San Ignacio de Velasco, la destrucción del bosque tiene nombres y apellidos, pero también instituciones que permiten y no están a la altura. Mientras unas pocas propiedades concentran un tercio de la deforestación, la falta de control y sanción por parte del Estado permite que el desmonte avance con total impunidad, alimentando un modelo de ocupación territorial basado en el saqueo de los ecosistemas.
San Ignacio de Velasco, con 3,4 millones de hectáreas de bosque chiquitano —el 6,2% de los bosques de Bolivia—, se ha convertido en el epicentro de la deforestación en Bolivia. Mientras los incendios también consumen millones de hectáreas cada año, las comunidades indígenas luchan por sobrevivir en esta región donde la codicia devora un paraíso natural y amenaza con extinguir su legado ecológico y cultural.
San Ignacio de Velasco: aquí, el bosque se apaga en el silencio ensordecedor que dejan la maquinaria de los desmontes y los incendios. Cada año, el cielo se tiñe de humo, asfixiando el horizonte y ocultando los cuerpos de agua que agonizan y secan el alma del territorio.
En Roboré, corazón del bosque seco chiquitano, más de 36.000 hectáreas han sido autorizadas para el desmonte entre 2016 y 2024 por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). De ellas, 21.000 hectáreas están en zonas que deberían destinarse a manejo forestal sostenible, pero que hoy figuran en documentos oficiales como tierras desmontadas. Según datos obtenidos por el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, la deforestación avanza con sello del Estado, y su impacto se extiende sobre fuentes de agua, especies únicas y comunidades que han aprendido a vivir en equilibrio con el bosque. Esta es la historia de una destrucción que devora la vida.
Es oficial: el Ministerio de Medio Ambiente confirmó que en 2024 se quemaron 12.658.157 millones de hectáreas, el 11,5% del territorio nacional. Por primera vez desde 2010, más de la mitad de la superficie afectada fue bosque: casi 7,2 millones de hectáreas.
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