La institución presentó un amicus curiae ante el Tribunal Agroambiental para respaldar la acción que cuestiona la supuesta propuesta de aumento de los cupos de exportación de ambas especies maderables.
En entrevista con Revista Nómadas, el bombero forestal e ingeniero ambiental, Aaron Borda, analiza el Plan de Prevención 2026. Advierte que Bolivia continúa sin una estrategia real y propone tres cambios estructurales para enfrentar los incendios forestales.
Una investigación publicada en Zootaxa identificó a Incasarus ivari, hallada en Achocalla, y reorganizó la clasificación de un grupo de abejas andinas a partir de evidencia morfológica y genética. Nómadas entrevistó a los autores del estudio para conocer el alcance de este descubrimiento
Ante la amenaza de un fenómeno climatológico de El Niño 2026 y 2027 excepcionalmente severo, Bolivia enfrenta un alto riesgo de incendios con un plan oficial cuestionado. Revista Nómadas analizó el documento y recogió las voces de expertos y bomberos forestales, que advierten sobre sus debilidades técnicas, operativas y presupuestarias.
Revisiones internas del Ministerio de Planificación y Medio Ambiente recomiendan rechazar dictámenes de extracción no perjudicial para especies de almendrillo y tajibo por inconsistencias metodológicas, retrasos y cálculos cuestionados sobre los volúmenes aprovechables.
Entre 2020 y 2025, las causas penales por delitos ambientales casi se triplicaron, pero la probabilidad de que terminen en condena cayó drásticamente. Un nuevo informe muestra que Bolivia denuncia cada vez más daño ambiental, pero sanciona cada vez menos.
Tras ser absuelto en el primer proceso penal contra defensores de Tariquía, Juan Mendoza Gutiérrez denuncia el costo económico, psicológico y comunitario de la judicialización. Afirma que la reserva seguirá bajo amenaza mientras no se anulen los decretos que abren las puertas a la explotación hidrocarburífera en áreas protegidas.
La Ley 1731 abroga la cuestionada Ley 1720, pero abre un plazo de 60 días para elaborar una nueva normativa sobre pequeña propiedad agraria. Organizaciones indígenas y campesinas movilizadas demandan participación directa en cualquier regulación sobre tierra, bosques, minería, carbono o territorios.
Niobe Justiniano Suárez, comunaria campesina de regional Vaca Díez (Beni), denuncia que la Ley 1720 no favorece a los pequeños productores, sino que expone su tierra al despojo y a la concentración. Su testimonio recuerda que detrás de la marcha hay familias, producción de alimentos y comunidades amazónicas que defienden sus bosques frente a una norma que consideran impuesta.
Aisar Ortiz Moreno, secretario ejecutivo de la Central Florida de Vaca Díez, denuncia que la ley 1720 es una trampa que expone la tierra campesina al embargo bancario y a la concentración empresarial. Además, el dirigente amazónico afirma que la marcha es un esfuerzo autofinanciado por las bases para defender su patrimonio familiar y el derecho constitucional a la protesta.
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