AgFeed y CNN Brasil Money reportaron que Eraí Maggi habría adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitania, en medio de una nueva ola de interés del agronegocio brasileño por expandirse sobre el oriente boliviano. El movimiento incluye apuestas por soya, caña, ganadería, algodón e infraestructura, y reabre una pregunta clave: si la operación podría involucrar al predio INPA, una de las últimas grandes islas de bosque conservado en la región.

Organizaciones indígenas y autoridades municipales de San Ignacio de Velasco activaron una alerta ante anuncios políticos que reactivan la intención de explotar el cerro Manomó. El Concejo Municipal rechazó de forma unánime cualquier actividad minera por los riesgos ambientales e hídricos que implicaría, mientras comunidades indígenas denunciaron exclusión y vulneración de sus derechos colectivos. Las autoridades locales coinciden en una exigencia común: defender el territorio, el agua y la vida frente al avance de intereses extractivos.

Indígenas del Alto Paraguá denuncian falta de consulta previa ante los avances de exploración en el Cerro Manomo, un ecosistema único cuya biodiversidad y fuentes hídricas están en riesgo por intereses mineros que tienen apetito por sus yacimientos de tierras raras y uranio.

Científicos advierten en la destacada revista académica ‘’Nature Ecology & Evolution’’ – a través de una nota de prensa emitida – un posible punto de inflexión para la conservación de la biodiversidad en Bolivia e instan al nuevo gobierno aplicar medidas urgentes.

A pesar de la recesión económica y la escasez de diésel, la minería aurífera en Bolivia creció un 13.7% en 2025 con precios récord del oro, impulsando la expansión ilegal en la Amazonía. Este auge destructivo confirma un modelo opaco donde la mayor parte de la producción sale por contrabando.