Crisis ecológica en Bolivia: Los senadores que frenaron la ley para proteger los bosques de Bolivia
La falta de voluntad política en el Senado pone en pausa un proyecto de ley respaldada por la sociedad civil para frenar incendios y desmontes.
La falta de voluntad política en el Senado pone en pausa un proyecto de ley respaldada por la sociedad civil para frenar incendios y desmontes.
La columna de Stasiek Czaplicki ofrece un análisis profundo de la crisis ambiental en Bolivia, exponiendo cómo el modelo de agronegocio, sostenido por políticas estatales, ha llevado a una devastación sin precedentes de los ecosistemas y amenaza con desencadenar una era de desastres socio-ecológicos.
El informe del CEDLA destaca que la expansión ganadera y agrícola, impulsada por políticas públicas permisivas, es la principal causa de la deforestación en Bolivia entre 2010 y 2022.
Rodrigo Herrera, abogado especializado en derecho ambiental, comparte su compromiso y visión sobre la defensa del medio ambiente en Bolivia, abordando los desafíos legales actuales y la importancia del acceso a la justicia ambiental.
El informe presentado por Oxfam revela también que desde 2001 hasta el 2019, las colonias menonitas han sido responsables de la pérdida de cerca de 300.000 hectáreas de bosque en Santa Cruz y Beni.
El informe A Fuego y Mercurio revela cómo el desmonte en Bolivia impulsa la especulación financiera, convirtiendo las tierras deforestadas en bienes altamente rentables para el mercado agroindustrial que cada vez crece su apetito por los bosques.
La diputada Toribia Lero hace una crítica al modelo extractivista del MAS y destaca la lucha de los pueblos y mujeres indígenas contra la deforestación y el racismo.
Un reciente estudio revela que el 10,8% de los ahorros de los bolivianos, manejados por los fondos de pensiones, están invertidos en sectores directamente responsables de la deforestación en Bolivia. Esta inversión, que alcanza los 2.569 millones de dólares, pondría en riesgo tanto los ahorros para la jubilación como el futuro ambiental del país. Para ponerlo en perspectiva, equivale a 2,6 veces a los gastos del 2024 de todas Universidades Públicas del país.
El municipio de San Ramón, en Beni, ha declarado 199,435 hectáreas como el Área Natural de Manejo Integrado Municipal (ANMIM) Arroyo Guarichona, sumándose al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta iniciativa, promovida desde 2019, busca conservar ecosistemas amazónicos vitales para Bolivia y el planeta.
Otro año más de devastación ecosistémica transcurre, y nuevamente las ciudades del país ven oscurecerse su cielo. Hace unos días se reportaron incendios en el Parque Tunari, cuyos efectos contribuyeron a contaminar aún más el cielo cochabambino, ya afectado de forma crónica por el smog.
El año pasado —según datos de Mapbiomas— Bolivia sufrió la pérdida de 1,85 millones de hectáreas de bosques y ecosistemas no boscosos, estableciendo un récord histórico de destrucción ecológica. La deforestación y conversión de ecosistemas no boscosos, impulsadas principalmente por la ganadería y agricultura en Santa Cruz y Beni, alimentan una crisis ecológica sin precedentes. Estos hallazgos destacan la necesidad urgente de medidas de conservación a corto plazo y de cambio de modelo de expansión agropecuario.
El Gobierno de Suriname aprobó la llegada de 50 familias para un proyecto agrícola que arranca con 30 mil hectáreas (dos veces la tasa de deforestación anual de Suriname) y se proyecta hasta las 300 mil, según Terra Invest, la empresa encargada de llevar a los menonitas desde Bolivia. Indígenas de Suriname cuestionan la concesión de terrenos a extranjeros, mientras ellos llevan décadas reclamando que el Estado reconozca sus derechos sobre la tierra.
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