Revista Nómadas contó la historia.
La historia de que un puente de metal. de 150 metros de largo, que costó medio millón de dólares, apareció sobre el río Parapetí como por arte de magia.
El puente no lo construyó el Gobierno nacional ni la Gobernación de Santa Cruz, ni las autoridades locales de Charagua.
La obra, un coloso de acero de 15 toneladas de peso, fue construido por un grupo de menonitas que ya habían agotado las tierras de la colonia Pinondi, en el municipio de Charagua del departamento de Santa Cruz, Bolivia.
Lo construyeron porque necesitaban deforestar el predio de 14.400 hectáreas que compraron a un empresario privado: un bosque chaqueño que se encuentra al otro lado del Parapetí, colindante con el Parque Nacional y Área Nacional de Manejo Integrado Kaa Iya Gran Chaco y que —además— gran parte se encuentra dentro de los Bañados de Isoso, que son un sitio RAMSAR, de prioridad internacional y escenario de reproducción, desarrollo, fuente de alimentación y hogar de incalculables especies de peces y anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Nadie, ninguna autoridad, hasta ahora, admite haber dado el permiso por escrito y no se conocen estudios de impacto ambiental.
Los menonitas, mientras deforestan y construyen sus casas, aseguran que no pidieron permiso a ninguna autoridad nacional.
Tras que Revista Nómadas publicó el reportaje el miércoles 26 de enero, la historia extendió sus alas y empezó a volar.
La pregunta ¿en qué país se construye un puente de ese tamaño y en un lugar tan valioso para el planeta, y ninguna autoridad se entera o toma acciones?, empezó a tocar las puertas de la sociedad, del poder, de los poderosos.
El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó el jueves 27 de enero que envió una comisión técnica a la zona del puente, ubicada en el sur del departamento de Santa Cruz, en la provincia Cordillera, dentro del municipio de Charagua, a 15 km de la comunidad guaraní Cuarirenda y a 285 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. El objetivo: recabar información y que tras que tenga el resultado de esa visita podrá dar una respuesta clara.
El Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó que el puente no está en la red fundamental de carreteras y procedió a hacer un llamado a los alcaldes, al gobernador “para que hagan respetar el derecho de los cruceños.
“Si ellos no pueden hacer respetar los derechos, tomaremos acciones”, advirtió.
El director Ejecutivo de la ABT, Omar Quiroga, dijo que emitió una comunicación interna al director departamental de la ABT Santa Cruz, en la que le solicitó información sobre el estado de situación del predio.
“Cuando recibamos (el informe) vamos a tomar algunas acciones. Una de ellas es la de hacer una inspección para verificar el cumplimiento de los instrumentos de planificación que hayan sido aprobados, si se constata la probación. Después, tomaremos las medidas administrativas, que puede ser: anulación de instrumentos si están mal aprobados, parasitación de actividades o aclarar a Bolivia que se están haciendo las cosas en el marco de la legalidad. La ABT no socapará ningún acto de corrupción”, declaró.
El Colegio de Biólogos de Santa Cruz sacó un comunicado para expresar su preocupación y exigió frenar la deforestación en la propiedad de Cuarirenda por productores menonitas, porque temen un daño a los Bañados del Isoso y al Kaa Iya.
El pueblo, los pueblos de Bolivia y de varios países del mundo, se manifestaron a través de las redes sociales. La página web de www.revistanomadas.com floreció en el número de visitas. Las redes sociales se convirtieron en el gran parlamento de la gente y solo en Tik Tok —por ejemplo— el video que elaboró nuestra editora de RRSS, Lisa Corti, supero las 587.000 vistas y los 2.000 comentarios.
Los habitantes de este planeta hicieron conocer su repudio al atentando contra un pulmón verde de Bolivia y del planeta, como son los Bañados de Isoso y que la deforestación ya de 3.000 hectáreas por los menonitas, esté ejerciendo presión al Parque Nacional Kaa Iya.
Los biólogos, científicos, estudios y defensores de la naturaleza y de los pueblos indígenas, sumaron sus voces y también exigieron respuestas rápidas a las autoridades.
Pusieron énfasis en que en esa zona donde se ha construido el puente y los menonitas están deforestando, viven los indígenas no contactados que —en teoría— son protegidos por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado.
El artículo 31 de la Carta Magna de Bolivia, textualmente dice: “Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”.
A lo largo del día, ayer hablé con muchos lectores y con colegas periodistas que se sumaron a la cobertura del puente clandestino. En muchos de ellos —me lo hicieron saber— retumbaba la narrativa del reportaje, que en una parte de su extenso texto, dice:
“Un ejército de quince orugas trabaja desde que sale el sol y sus motores a diésel dejan de bramar cuando el sol es tragado por las copas de los árboles que aún quedan en la propiedad de Cuarirenda. En la cabina de cada una de ellas, hay un menonita que opera como el autor material de la deforestación de ese predio que colinda con el Parque Nacional y ANMI Kaa Iya del Gran Chaco. El dueño de la parcela lo ha contratado para que haga el trabajo bajo el compromiso de pagarle —en algunos casos— 200 dólares por cada hectárea de árboles tumbados.
Un árbol solitario ha quedado como un fantasma asustado en el centro del terreno vaciado de cientos de árboles que hasta hace un momento gozaban de buena salud y estaban ahí.
El paisaje cambia con brutalidad. El maquinista se sube a la oruga y tras que enciende el motor las aves salen en estampida. La máquina se abre paso a la mala por entre la vegetación rompiéndolo todo. Avanza como un tanque matando todo lo que se interpone a su paso: a veces es un quebracho, a veces un algarrobo, un palo santo o un mistol. Hasta hace unos segundos estaban en pie, esbeltos y con sus ramas al viento. Ahora son cuerpos vegetales caídos en desgracia. La pala de la oruga embiste como un toro metálico y los arranca desde las raíces. Algunos árboles —los más fuertes— se resisten a morir. El menona se esfuerza, retrocede, se impulsa, avanza, arremete. Los árboles combaten. Sus raíces se agarran de la tierra como una mano con dedos grandes. Pero la oruga no perdona y da la última estocada. Alrededor queda un enorme vacío, una tierra sin sombra, el ocaso de un paraíso natural del anta y el tapir, el chancho solitario y el tropero, el jaguar, el puma y el oso bandera.
—A los árboles más bonitos no los tumbamos. Los dejamos como adorno entre las plantaciones de sorgo y de maíz— dice un menona que es dueño de 100 hectáreas.
Un árbol bonito —para él— es el más alto de toda la parcela que ha encargado deforestar.
Un árbol solitario ha quedado como un fantasma asustado en el centro del terreno vaciado de cientos de árboles que hasta hace un momento gozaban de buena salud y estaban ahí.
—Tenemos el permiso de la Forestal para deforestar— dijo el menona Isaac Pener.
Revista Nómadas le consultó vía WhatsApp a la autoridad ejecutiva de la ABT, Omar Quiroga, para que pueda confirmar si los desmontes en la propiedad Cuarirenda tienen autorización.
“Estoy instruyendo a mi gente que me consigan la información y se la hago llegar”, prometió Omar Quiroga.
Revista Nómadas sigue aguardando esa información.
La oruga es una máquina amarilla con un tren de rodamiento que le permite moverse por terrenos irregulares; tiene en su parte frontal una hoja topadora con la que el maquinista penetra la superficie de la tierra y va arrancando los árboles de raíz. El motor D6 de estos aparatos consume en promedio 28 litros de diésel por hora y elimina una hectárea de bosque en aproximadamente tres horas.
—El tiempo que se tarda en deforestar depende de la habilidad del chofer. Por eso a algunos es mejor pagarles por hectárea que por hora de trabajo —dice Isaac Pener, que mientras hablaba, los árboles caían.
