El martes 29 de octubre de 2024, tras meses de incendios que devastaron más de 10 millones de hectáreas, superficie equivalente a tres veces la del departamento de Tarija, el Senado llevó a cabo una votación clave para cambiar el marco regulatorio que sostiene el avance de la frontera agropecuaria, y con ello, el auge de incendios y desmontes que asola a Bolivia con mucha fuerza desde 2019.
Ese día, el proyecto de ley (240/2023-24), denominado “Ley por los Bosques y Otros Sistemas de Vida”, fue presentado en la plenaria por seis senadores titulares y suplentes: Andrónico Rodríguez (MAS), Cecilia Requena (CC), Andrea Barrientos (CC), Miguel Ángel Rejas (MAS), Fernando Vaca (CC) y María Patricia Arce (MAS). Este proyecto es el resultado de la fusión entre el proyecto de ley del 3 de noviembre de 2023 (PL 003-2023/24), presentado por senadores de Comunidad Ciudadana, y otro proyecto impulsado por algunos senadores del Movimiento al Socialismo, liderados por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
El proyecto de ley 240, aborda algunos de los problemas principales del marco regulatorio y los impulsores de incendios y desmontes incorporando muchos elementos del PL 003 de “Prevención de Quemes e Incendios y Restauración de Áreas Afectadas”. Ese último, justamente responde a gran parte de las demandas del sector ambiental y la opinión pública. Entre los elementos más importantes para revertir la situación actual, abroga el paquete de leyes incendiarias, prohíbe la dotación de tierras en zonas recientemente incendiadas y aumenta las multas por incendios y desmontes ilegales. Estas medidas han sido demandadas por la sociedad civil, y la abrogación del paquete de leyes incendiarias ha recibido el respaldo de 14.000 personas y organizaciones en noviembre 2023.
Los elementos del PL 003 fueron socializados en reuniones cerradas y foros abiertos con representantes del sector agronegocio, académicos, activistas, ONG ambientales y organizaciones sociales de base durante meses. Según reportan, fue elaborado con insumos técnicos de expertos y expertas en rubros específicos del tema. Además, este proyecto ha recibido múltiples expresiones de apoyo mediante cartas, contando con el respaldo de 52 organizaciones sociales, y de ONG ambientales y rurales, centros de investigación, académicos y grupos de activistas. Más de 100 firmas de apoyo de organizaciones e instituciones o y una carta colectiva de respaldo con cerca de 50 organizaciones ambientales.
El proyecto de ley 240 también fue socializado en un foro abierto en la UMSA dos días antes de su presentación en el Senado, donde recibió expresiones de apoyo, aunque también enfrentó críticas, ya sea por considerarlo poco ambicioso o por oposición de sectores agropecuarios que rechazan cualquier cambio normativo.
¿Qué ocurrió el 29 de octubre en la sesión del Senado y lo que ahí pasó, qué revela sobre la política boliviana actual?
Los ausentes y la falta de voluntad para tomar medidas estrictas contra incendios y desmontes:
Ese día, de los 36 senadores y suplentes habilitados esa jornada, solo 27 estuvieron presentes durante toda la sesión. En otras palabras, nueve senadores, algunos con licencia o el 25%, no asistieron a la votación o a la sesión en su totalidad.
Estos fueron los senadores que estaban habilitados y que no asistieron a la votación, según los registros de la sesión de la cámara de senadores:
Este dato es significativo, ya que casi todos los senadores de Pando y la mitad de los de Tarija estuvieron ausentes, por lo menos durante el debate, incluyendo al Senador Paz que pese a estar habilitado y presente, desapareció al momento de la votación. Esta práctica es común cuando los senadores buscan evitar críticas por oponerse a medidas impopulares, en este caso, el apoyo al tratamiento inmediato y favorable del proyecto de ley 240. Cabe destacar que, según una encuesta de opinión pública, lanzada en octubre 2024, de Delphi, los incendios forestales y la crisis climática son de las principales preocupaciones de los bolivianos, después de la crisis económica y la inflación. En la misma encuesta, los rubros de acción más respaldados para reducir incendios son “Regular más y controlar mejor el agronegocio y la ganadería” (38%), “Fiscalizar y sancionar el negocio ilegal de la tierra” (31%) y “Promover prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles” (31%). Estos elementos están incorporados en el proyecto de ley.
“Fiscalizar y sancionar el negocio ilegal de la tierra” (31%) y “Promover prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles” (31%). Estos elementos están incorporados en el proyecto de ley.
En otras palabras, un cuarto del Senado no consideró prioritario, o no tuvo voluntad política, para debatir, elaborar y avanzar con una propuesta de ley que recoge los pedidos de la sociedad civil y para abordar de forma efectiva el problema de los incendios que tanto preocupa a la opinión pública. Destacan, entre estos nueve senadores ausentes, al senador Luis Adolfo Flores Roberts de Pando, quien, aunque su departamento no ha sido tan afectado directamente por los incendios, vio cómo la población pandina sufrió por meses de contaminación severa atmosférica debido al humo. En sus redes sociales, Flores ha enfatizado el trabajo que realiza en favor de la preservación del medio ambiente. Tambien, se destaca la ausencia del senador Walter Jesús Justiniano Martínez, quien se ha expresado públicamente en contra de medidas más estrictas hacia los incendios ilegales en zonas de bosque permanente y es conocido por defender los intereses del sector ganadero beniano.
Los que se opusieron a que el Proyecto de Ley 240 sea tratado con la urgencia que corresponde en el Senado:
De los 27 senadores y suplentes presentes en la sesión del 29 de octubre, 19 votaron a favor de aplazar el tratamiento del Proyecto de Ley 240. Es decir, asumieron que no era un tema urgente y en muchos casos se respaldaron bajo el argumento de que faltaba socialización y discusión técnica. Estos senadores optaron por postergar indefinidamente el proyecto. Es notable que, en los últimos años, el Senado ha aprobado numerosas leyes que promueven la expansión agropecuaria, la cual impulsa desmontes e incendios, mientras casi ninguna legislación ha ido en sentido contrario. Es decir, leyes que tienen un impacto económico negativo en todo el país, generan crisis hídricas y de alimentos, impacto en la salud pública y en la calidad de vida de la población, sin tomar en cuenta las voces de la sociedad civil. Las leyes aprobadas fueron sin socialización alguna. Además, el Senado suele buscar aprobar leyes con la mayor rapidez y, en algunos casos, con serias dudas sobre su legalidad, como ocurre en el caso de los contratos mineros. Por ejemplo, el 20 de junio 2024, 19 contratos mineros sin estudios de impacto ambiental fueron presionados para ser aprobados, y no contaban con siquiera consulta previa que es una garantía constitucional.
Entre los senadores que votaron a favor del aplazamiento del PL 240 se encuentran los cuatro de Creemos, quienes se alinearon con los 18 senadores del MAS, tanto del ala evista como arcista, para posponer el proyecto. En el caso de los senadores de Creemos de Santa Cruz, Pando o Beni, esto es comprensible, ya que responden a los intereses del sector agroindustrial y ganadero, oponiéndose a cualquier medida que pueda limitar la expansión de este sector, incluso en casos de ilegalidad. En cuanto a los senadores del MAS, han sido justamente aquellos que, en los últimos años, han promovido un marco regulatorio que tolera incendios y desmontes en apoyo a la expansión agropecuaria:
Lista completa de los 19 senadores que votaron a favor del aplazamiento del Proyecto de Ley 240 en el Senado:
Las que votaron a favor del tratamiento del Proyecto de ley 240.
Finalmente, quienes apoyaron el tratamiento del Proyecto de Ley 240 fueron siete senadoras, todos de Comunidad Ciudadana, junto a Andrónico Rodríguez del MAS, quien, al ser presidente del Senado, no vota en estas sesiones.
Estas senadoras han impulsado consistentemente proyectos de ley a favor del medio ambiente, y desde luego el PL 240:
Es llamativo que el MAS, tanto evistas como arcistas, a excepción de Andrónico Rodríguez, se haya alineado con Creemos en oposición al proyecto de ley, y que quienes apoyaron su tratamiento favorable sean casi todos de Comunidad Ciudadana y todas mujeres del occidente del país.
Entre aquellas, destacan la senadora Daly Santa María Aguirre, Silvia Salame Farjat, que durante la sesión evidenciaron con argumentos, la importancia de tratar el proyecto de ley y defendieron los puntos más contenciosos del PL, como el del aumento de multas por incendios y desmonte ilegales a niveles, pese a todo, menores que de los países vecinos. Igualmente se destacó la senadora Cecilia Requena, quien relató todos los esfuerzos de socialización que se hicieron a lo largo del 2024, en tierras bajas y con las organizaciones del sector agropecuario, indígena y campesino y ambientalistas.
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Sobre el autor
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Stasiek Czaplicki
Economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales, con más de 10 años de experiencia. Investigador y activista boliviano enfocado en deforestación y en investigación corporativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y think tanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Actualmente forma parte del equipo de Revista Nómadas donde además de realizar investigaciones periodísticas, ejerce como gerente de proyectos y asesor técnico. Stasiek Czaplicki, junto a Iván Paredes, ha sido galardonado con el Premio al Periodismo de Investigación Franz Tamayo 2024 por el reportaje Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo, en el que abordó la alarmante pérdida de bosques en Bolivia durante el 2023.