La audiencia pública realizada este 24 de marzo marcará un punto decisivo para el futuro del pozo Domo Oso X3 en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, en el departamento de Tarija. En este proceso, impulsado por la Defensoría del Pueblo mediante una acción ambiental precautoria presentada el pasado 9 de enero ante el Tribunal Agroambiental de Entre Ríos, se busca definir si se aplican medidas cautelares para la suspensión temporal del proyecto de exploración petrolera.
El caso enfrenta a comunidades campesinas, el Estado y empresas del sector hidrocarburífero, en una disputa donde está en juego la protección de fuentes de agua y territorios que han resistido durante años el avance de la actividad petrolera.
Tras la audiencia, el abogado ambientalista Rodrigo Herrera denunció una serie de irregularidades en el desarrollo del proceso, apuntando directamente a la actuación del juez.
“Ha sido una audiencia en la que se ha podido corroborar básicamente dos aspectos”, señaló. El primero, explicó, es la aparente parcialidad de la autoridad judicial en favor de la parte demandada. Según detalló, se otorgó aproximadamente una hora y veinte minutos para la defensa de los demandados, mientras que la parte accionante contó con apenas 20 minutos. “Esto demuestra una vulneración al principio de igualdad de las partes que rige en la Ley 025”, afirmó.
El segundo aspecto observado fue la limitación al acceso a la justicia ambiental. Herrera denunció que el juez negó la participación de actores que se presentaron como terceros interesados o amicus curiae, incluso cuando solicitaron intervenir de manera virtual. “Esto constituye una clara vulneración a los derechos y principios que rigen el acceso a la justicia, así como a los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, sostuvo.
El abogado también puso en duda los argumentos de la parte demandada en relación con la consulta previa, al señalar que, desde su perspectiva, no se logró demostrar plenamente su cumplimiento.
Mientras tanto, la decisión del Juzgado Agroambiental será clave para determinar si el proyecto Domo Oso X3 continúa o se suspende de manera temporal, en un contexto de alta tensión y creciente preocupación por los impactos ambientales en una de las áreas protegidas más importantes del sur del país.
En la misma línea, la diputada Cecilia Requena alertó sobre lo que calificó como “señales muy inquietantes” en el desarrollo del proceso, denunciando que en la audiencia se decidió restringir la participación en la audiencia al impedir la intervención virtual de terceros interesados y de quienes presentaron amicus curiae, en vulneración —según afirmó— de derechos consagrados en la Constitución y el Acuerdo de Escazú. Requena, quien participó en la inspección legislativa previa, también cuestionó las inconsistencias detectadas en campo, como la apertura de trochas y la presencia de mojones en zonas donde se había negado actividad, además de advertir sobre los posibles impactos de gran escala del proyecto en cabeceras de cuenca y fuentes de agua.
La legisladora sostuvo que existen serias observaciones al proceso de consulta y denunció un uso “asimétrico” del poder contra comunarios que defienden el territorio, advirtiendo que lo ocurrido podría sentar un precedente negativo en materia ambiental y de derechos en el país, y anunció que se impulsarán acciones en instancias nacionales e internacionales frente a estas vulneraciones.
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