La sociedad civil y diversos colectivos en defensa de la naturaleza han manifestado su rechazo absoluto ante la presunta desestimación del caso de biocidio de jaguares ocurrido en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías. Según denunciaron el abogado ambientalista Rodrigo Herrera y la fundadora de Alas Chiquitanas, Daniela Justiniano, el proceso que señala como principal responsable al ciudadano argentino Jorge Néstor Noya habría sido cerrado por la Fiscalía de San Matías bajo el argumento de una “inexistencia de indicios”, afirmación que los querellantes tachan de falsa y negligente.
La falacia de la inexistencia de indicios
La querella, impulsada por figuras como el reconocido guardaparque Marcos Uzquiano, la periodista Lisa Corti y Nadia Beller, denuncia que esta decisión no solo ignora evidencia científica y tecnológica, sino que ni siquiera fue notificada formalmente. La prueba central radica en un informe oficial remitido por la Policía Federal Argentina tras peritar el teléfono móvil de Noya. Los datos confirman que el sindicado realizó la caza deportiva —actividad estrictamente prohibida en Bolivia— de al menos dos jaguares entre el 19 y el 23 de julio de 2024.
El jaguar (Panthera onca), además de ser el felino más grande del continente, es una especie protegida por el Decreto Supremo No. 22641. Al tratarse de un biocidio múltiple por motivos fútiles, la sanción penal podría alcanzar los 6 años y 6 meses de cárcel, conforme al Artículo 350 Ter del Código Penal.
Desacato al tribunal agroambiental y a la CPE
La desestimación del caso representaría un desafío directo a la Sala Plana del Tribunal Agroambiental, que mediante la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, exhortó a las autoridades a tramitar con máxima celeridad los procesos de extradición vinculados a delitos contra la biodiversidad.
La Constitución Política del Estado (CPE) define a las especies nativas como patrimonio natural y ordena la sanción penal para quienes atenten contra ellas. Al cerrar esta vía judicial, el Ministerio Público vulnera los derechos de la fauna silvestre, protegidos también por la Ley No. 700, y deja en la indefensión a una especie clave para el equilibrio del ecosistema boliviano.
El llamado urgente a la justicia
Ante la gravedad de los hechos, Herrera y Justiniano, junto al resto de los querellantes, exigen transparencia absoluta en el manejo del expediente con código CUD: 703102232400662. La demanda es clara: se requiere la reversión inmediata de la desestimación y que se proceda formalmente con la extradición de Jorge Néstor Noya.
La comunidad ambientalista advierte que no permitirá que el biocidio de estos jaguares quede en el olvido, recordando que la protección de la “Madre Tierra” no es solo un discurso, sino un mandato constitucional que la Fiscalía está obligada a cumplir.
Contexto de la red de biocidio de Jorge Néstor Noya
La investigación revela una estructura de criminalidad organizada dedicada al saqueo de fauna silvestre que opera desde la década de los 80. Liderada por el argentino Jorge Néstor Noya, propietario de la empresa Caza & Safaris Argentina, esta red ha convertido el biocidio de jaguares en un lucrativo negocio transnacional.
- El esquema del “Círculo rojo”: Noya captaba clientes de élite, principalmente empresarios y profesionales de alto poder adquisitivo de Estados Unidos y España. Estos cazadores pagaban entre 35.000 y 50.000 dólares por paquetes para matar jaguares en hábitats protegidos.
- Modus operandi en Bolivia: Se han documentado más de 30 viajes ilegales al oriente boliviano. Noya trasladaba a sus clientes desde Argentina hasta la ciudad brasileña de Cáceres, para luego ingresar a Bolivia en avionetas privadas de forma clandestina, evadiendo controles fronterizos.
- Crueldad y logística: Las expediciones utilizaban jaurías de hasta 15 perros entrenados para rastrear y acorralar al jaguar hasta el agotamiento, permitiendo que el cliente lo ejecutara a sangre fría. En una sola incursión en septiembre de 2023, se reportó el biocidio de cinco jaguares en el ANMI San Matías a manos del cazador español Luis Villalba Ruiz.
- Tráfico y taxidermia: La red incluía talleres clandestinos donde se procesaban los “trofeos”. En operativos realizados en Argentina, la justicia incautó 7.951 taxidermias (animales disecados), además de 44 armas de fuego y vehículos de alta gama.
Situación legal actual: Mientras que en Argentina el caso ha avanzado con allanamientos, embargos y el procesamiento de siete personas (Noya tiene detención domiciliaria), en Bolivia el proceso judicial ha sido criticado por su extrema lentitud. La reciente noticia de la desestimación del caso por parte de la Fiscalía de San Matías ha generado una alerta roja entre activistas y guardaparques.
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