Ante el crecimiento del extractivismo en Bolivia, en especial el agroextractivismo y la deforestación asociada, la crisis ecológica y climática se vislumbra como un horizonte inevitable. En contraposición surge la narrativa del “salvador extranjero”, la cual está intrínsecamente ligada al concepto de “subdesarrollo” adaptado a la problemática del cambio climático y el extractivismo. En resumen, se plantea que una coalición de actores internacionales, motivados por la gravedad de la situación ecológica del país y un sentimiento de solidaridad y/o, por sus emisiones de gases a efecto invernadero, co-responsabilidad ante el cambio climático, nos salvará. ¿Cómo? Principalmente mediante apoyo técnico, transferencia de tecnologías y, sobre todo, con un financiamiento abundante ‘’sin condiciones’’ y sin el cual “no hay nada“. La lógica subyacente es que, si optamos por no seguir el camino del extractivismo, debemos ser compensados, por los responsables históricos y actuales de esta crisis, para que optemos por una alternativa que se asume como más costosa y menos beneficiosa.
Sin caer en simplificaciones reduccionistas, esa es la posición oficial de nuestro país y la excusa con la cual el gobierno se escuda. No solo se abstiene de frenar la deforestación, sino que la fomenta con metas claras, sin condiciones y mediante una política pública decidida. Para dar un ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia se planteó para 2025 aumentar el hato ganadero de 11 a 18 millones de cabezas, y por ende la deforestación asociada que equivale a millones de hectáreas. Como veremos más adelante, al igual que los demás países del Sur global, Bolivia se ha fijado metas para enfrentar el cambio climático, cuyo cumplimiento está sujeto a financiamiento climático internacional. La diferencia entre Bolivia y el resto de los países de América Latina es que ninguno tiene una posición oficial ecologista y, al mismo tiempo, una política pública pro-extractivista tan exitosa y financieramente respaldada. Es más, entre 2019 y 2023, el presupuesto en cambio climático del gobierno nacional paso de 3% a 1.4% del Presupuesto General del Estado (PGE) y al mismo tiempo el presupuesto para actividades contrarias al cambio climático, o extractivas, represento cerca de 19%.
Es hora de ser francos acerca de la posición internacional oficial boliviana de larga data y del tan deseado financiamiento climático, con el cual, se espera cambiar el modelo de desarrollo del país. A nivel internacional, especialmente en foros de las Naciones Unidas sobre cambio climático, Bolivia es conocida por tener una posición bastante radical, anti-capitalista, anti-imperialista y ecologista. Esta última, en resumen, significa que, como país, abogamos no solo a favor de la conservación de los ecosistemas naturales por los beneficios que generan a la sociedad, sino por la naturaleza misma o la Pachamama. La posición internacional boliviana se enmarca en una revalorización de la cosmovisión indígena, particularmente en relación con el sujeto Pachamama y sus entidades. Entre otros aspectos, apunta al concepto de Vivir Bien, que debe entenderse en este contexto como un modelo de desarrollo en el cual la sociedad prospera en armonía y equilibrio con la Pachamama y sus entidades.
Es esencial esclarecer estos puntos, ya que representan una postura singular, exotizada y diferente a la realidad de la política extractivista nacional. Además, confiere a Bolivia una superioridad moral respaldada por diversos movimientos sociales alter-mundialistas e indigenistas. Específicamente, ONGs, organizaciones sociales y activistas como yo que se adhieren al principio de Justicia Climática, el cual busca una justa repartición de las responsabilidades frente al Cambio Climático. Este principio se basa sobre la idea que ciertos países, denominados en este contexto, el norte global, han contribuido más en las emisiones de gases a efecto invernadero, ósea al cambio climático y por lo tanto tienen que asumir mayores responsabilidades. Aquellas, se refieren a la mitigación y la adaptación al cambio climático global y por lo tanto no solo de los países del norte, sino también de los países denominados del sur global que requieren apoyo para tales.
En ese sentido, en el marco de la convención marco de naciones unidas sobre el cambio climático mediante el Acuerdo de Paris del 2015, los gobiernos del mundo se comprometieron, entre otros, que cada uno haría un esfuerzo proporcional a sus emisiones y a sus capacidades para mantener el planeta en una trayectoria debajo de un aumento de 2C. En el caso de los países del sur global, aquellos compromisos son voluntarios y sujetos al financiamiento climático que reciban de los del norte global, lo que es bastante entendible. Aquellos compromisos se plasman en las denominadas contribuciones nacionales determinadas (NDCs en inglés), que son las metas de reducción de emisiones por cada sector. Para tal efecto, los países del norte global se comprometieron en apoyar con USD 100 mil millones de financiamiento climático por año entre 2015 y 2020. En otras palabras USD 500 mil millones para todo el Sur global, o tan solo un promedio de USD 78,4 per cápita por habitante del Sur global según mis propias estimaciones. Como era de esperar, no cumplieron, y apoyaron con un total de 180 mil millones en esos 5 años, ósea tan solo 28,6 USD per cápita.
En ese contexto, en el 2016 Bolivia sometió ante Naciones Unidas su primera versión de sus NDCs donde se comprometió entre otros, de forma voluntaria y sin condiciones previas, a eliminar la deforestación ilegal hasta el 2020, lo que es una meta muy acertada. Sus demás compromisos fueron al 2030, y en teoría podrían ser aun alcanzados salvo que han sido modificados o eliminados en una segunda versión de sus NDCs del 2022. Sobre el compromiso tomado a 2020, el fracaso fue rotundo. Si bien en Bolivia, el cambio de uso de suelo, o la deforestación y degradación de bosques, con la agricultura y ganadería asociada es la principal fuente de emisiones de gases a efecto invernadero, los resultados han sido negativos. En 2014, oficialmente la deforestación era de 215 077 hectáreas de los cuales 84% era ilegal, lo que equivale a cerca de 180 000 hectáreas. En ausencia de datos para el 2020, en el 2019, oficialmente, la deforestación era de tan solo 270 497 hectáreas de las cuales 58% era ilegal, lo que equivale a cerca de 160 000 hectáreas. En otras palabras, no solo que a apenas disminuimos la deforestación ilegal, sino que aumentamos la legal. Eso dicho, los países del norte tampoco cumplieron sus metas de apoyar con financiamiento climático a nivel mundial como lo mencioné antes.
Ante el crecimiento del extractivismo en Bolivia, en especial el agroextractivismo y la deforestación asociada, la crisis ecológica y climática se vislumbra como un horizonte inevitable.
A nivel de Bolivia, la situación difiere significativamente, alterando por completo la narrativa. Los países del norte global presentaron informes ante las Naciones Unidas detallando a que fueron destinados los USD 180 billones. Dichos datos, oficiales, fueron compilados por la Universidad de Standford junto con Reuters y estan ,disponibles en el siguiente link y dichos datos nos cuentan una historia diferente. Bolivia, en el periodo de 2015 a 2020, recibió USD 1350 millones, 67% en donaciones y 30% en préstamos, equivalente a USD 117 per cápita, cuatro veces más que el resto del sur global y considerablemente más que los USD 78.4 per cápita de referencia. Es importante destacar que no todos los países del Sur global tienen las mismas capacidades y algunos requieren más financiamiento climático que otros. A pesar de ello, Bolivia se sitúa como el cuarto país de América Latina con mayor financiamiento climático, después de Brasil, Colombia y México y en términos per cápita ocupa la tercera posición en la región, superada únicamente por Dominica, una isla del Caribe con baja población, y Nicaragua. En resumen, Bolivia, a diferencia del resto sur global, ha recibido mucho financiamiento climático para apoyar el cumplimiento de sus metas, ¿pero fue suficiente? ¿O en ese caso cuanto es suficiente?
En perspectiva, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Min. MAyA) de Bolivia fue de alrededor de USD 164 millones en 2020 y la mayoría fue destinada al rubro agua que era la principal prioridad del plan sectorial mediano y largo plazo planteado en el 2017 para dicho ministerio. Es más, consecuentemente, el rubro agua fue, con USD 343 millones, el segundo más beneficiado por el financiamiento climático 2015-2020 en Bolivia lo que es acorde a lo reportado por el mismo gobierno nacional. Sin embargo, el rubro más beneficiado por dicho financiamiento fue el del sector energético, con USD 760 millones, los cuales se canalizaron mediante el ministerio de Hidrocarburos y Energía y contribuyeron al proyecto de convertir a Bolivia en el ‘’Corazón Energético de Sud America’’ con mega proyectos de mega represas y incluyendo un aumento de la participacion de la energía renovable de 9% en el 2015 a 18% en el 2020, particularmente la solar y eólica. En cuanto al rubro de agricultura y bosques, fueron beneficiados por el financiamiento con tan solo USD 99 millones y USD 5.4 millones respectivamente. Respecto a los proyectos de energía renovables financiandos con dichos fondos, existen casos comprobados que evidencian problemas muy graves. Por ejemplo, el caso del parque solar de 100MW de Ancotanga, Oruro, en marcha desde 2019 con un préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo (USD 60 millones) y la Unión Europea (USD 8.5 millones) y una contraparte del Banco Central de Bolivia (USD 17.5 millones). Si bien el parque solar está en funcionamiento, años después, no provee electricidad a la comunidad que cedió sus tierras para su establecimiento y tampoco cumplió sus promesas de empleo o de posta de salud.
Todo esto nos tiene que llevar a hacernos varias preguntas: ¿Con el alto nivel de financiamiento climático que recibimos, podemos aun justificar el bajo o no cumplimiento de nuestros compromisos climáticos? ¿Cuánto financiamiento climático tenemos que recibir para frenar la deforestación? Porque siendo realistas, Bolivia no se está planteando un cambio de modelo económico, sino metas institucionales puntuales. ¿Dado que estamos aumentando el presupuesto del gobierno nacional 2024 en 8,9% y reduciendo el de Medio Ambiente y Agua en 10%, es realmente una prioridad para el país? ¿Hasta cuándo vamos a financiar mega proyectos extractivistas como el actual de biodiesel, con USD 387 millones, o la segunda planta de Urea que costará USD 1 900 millones, casi el doble de la primera que fue concluida en el 2017? Recordemos que donde ponemos nuestra propia plata dice más sobre nuestras prioridades que los posicionamientos y discursos internacionales que tenemos. Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Nómadas.
Sobre el autor
Stasiek Czaplicki Cabezas
Economista ambiental, enfocado en cadenas de valor y corporaciones con más de 10 años de expertise. Investigador y activista boliviano por los bosques con experiencia en ongs nacionales, organismos multilaterales y think thanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, CIPCA).
