
Potosí en Bolivia es un territorio sacrificado históricamente por intereses económicos y de poder, no solo la esfera boliviana, sino en beneficio de lógicas de acumulación que operan a escala global.
Esto ha derivado en naturalizar alrededor de 104 pasivos ambientales en el departamento (inventariados por el Servicio Geológico Minero de Bolivia, en el 2014), actividades mineras dentro de la ciudad, al lado de colegio, con afectaciones de metales tóxicos incluso dentro de las instalaciones educativas, diques de colas de actividades mineras actuales ubicadas en todo el departamento —incluso al interior de las manchas urbanas —personas con plomo en sangre, especies vegetales con niveles alarmantes y tóxicos de metales pesados, ríos con niveles altísimos de contaminación; en suma una crisis de contaminación minera crónica departamental. Evidenciando que el problema ambiental derivado de la actividad minera no es un tema abstracto como se quiere hacer pensar en las esferas potosinas.
A pesar de todo lo anterior, en los últimos tiempos ha surgido una singular estrategia de márketing de varios operadores mineros que buscan: “salvar Potosí” y crear una imagen de alta responsabilidad ambiental a la población, por medio de estrategias de lavado de imagen buscando desviar el debate y responsabilidades, usando como bandera de ecoblanqueo o greenwashing.
El ecoblanqueo greenwashing, consiste en que una empresa, organización o producto se da una imagen falsa o exagerada de responsabilidad ecológica para parecer más “verde” de lo que realmente es, o que, en suma, no lo es. Básicamente, se crea una cortina de humo verde buscando mostrar a los empresarios mineros, operadores mineros, empresas transnacionales mineras, como buenos ciudadanos, con alto compromiso ambiental, para ocultar un impacto ambiental real, que encuentra un terreno fértil en el discurso político y la búsqueda de la desinformación.
Estas manifestaciones de greenwashing, se muestran desde Potosí a través de donación de contenedores de basura para Chutillos (fiesta patronal judío -Cristiana potosina) por parte de empresarios mineros, donde incluso se realiza actividades de entregas formales y publicas con la complicidad de algunos medio de comunicación y con la presencia y validación de autoridades de turno, incluso convenios de operadores mineros con Universidades privadas para “salvar Potosi”.
Pero eso no es todo, el greenwashing de operadores mineros se hace evidente en la adopción de estrategias de empresas trasnacionales por medio del lenguaje de: “minería responsable”, “minería sostenible “adopta locución de moda: criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), huella de carbono, contratando consultores de “alto nivel” por lo general extranjeros que publican informes con gráficos verdes. Mientras tanto, en los tribunales, una sentencia ordena restaurar lagunas contaminadas con cianuro.
Por otro lado, desde el relato de los operadores mineros, se entrevén discursos como: “Agradezcan que estamos invirtiendo en Potosí, vean los edificios que estamos construyendo”, “estamos comprometidos para que el centro histórico de la ciudad tenga una buena imagen para los turistas, este libre de basura”. Cuando habría que preguntar si construir edificios millonarios son sinónimos de desarrollo y ¿desarrollo para quién?, ¿Potosí será solo el centro histórico?, ya que si una se desplaza hacia las zonas dentro de la ciudad donde hay actividad minera, el paisaje es plomizo, disoluto y desolador.
Entonces, en ese ecoblanqueo en Potosí, se articula en varias cimientos: desde el rol de los medios de comunicación que priorizan la cobertura a estos manifestaciones, muchas veces desde la noticia sensacionalista , la identidad minera potosina que evita cuestionamientos a la actividad minera o la naturaliza, distorsionando la imagen de los operadores mineros, hasta el punto incluso de verlos como salvadores de Potosí, con relatos desde como: “qué persona más comprometida con su tierra el empresario x”, “ el Consejo Municipal debería condecorarlo”. Que también se extrapola a discursos oficiales desde entidades públicas como las empresas de aseo que lanzan conferencias de prensa para alagar el gesto del empresario y su “preocupación por la basura en Potosí denotando una evidente debilidad institucionalidad, incluyendo además retardaciones procesales y no importismo de las autoridades ante hechos de colapsos de diques de colas, como el de la Federación de Cooperativas mineras en 2021 y el dique de colas del Kenko en Llallagua, en 2025.
Pero por, sobre todo, la paradoja de que una región tan rica en minerales sea una de las más pobres y contaminadas, es una forma de greenwashing estructural. Todo esto sucede, mientras los ríos en Potosí mueren y se convierten en espacios vacíos con olor a mineral, que evidencia un sistema económico y político que prioriza la extracción y el lucro sobre la vida y el medio ambiente. Mientras el modelo económico extractivista boliviano sigue exportando naturaleza, fallando en ofrecer horizontes alternativos y alimentando la vorágine mundial por las materias primas, manteniendo venas abiertas e infectadas de una deuda ambiental aparentemente eterna en Potosí.
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