La llamada Revolución Verde, que luego de la Segunda Guerra Mundial gestó el desarrollo de una agricultura con fuerte contenido tecnológico, es la principal impulsora del uso intensivo de agroquímicos. Desde Estados Unidos se lanzó el desafío tecnológico sustentado en la investigación pública y privada, de lo que surgieron grandes corporaciones que hoy dominan la industria de los fitosanitarios y semillas transgénicas.
En Bolivia, con la ampliación de la frontera agrícola, de 3,5 millones de hectáreas a 4,7 millones, previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, del gobierno del entonces presidente Evo Morales, se incrementó el uso de plaguicidas, especialmente en el departamento de Santa Cruz. El llamado grano de oro: la soya, es el principal negocio de los agricultores grandes, medianos y pequeños, dado los buenos precios en los mercados internacionales.
Su efecto sobre las plantas no es selectivo, lo que significa que cuando se lo aplica, mata a todo lo que encuentra en el camino, a todo un ecosistema que es importante para la vida de las especies, incluyendo la del ser humano.
Para el director de la fundación Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, lamentablemente la mentalidad que incentiva el uso de agroquímicos es inoculada desde las aulas universitarias, donde el conocimiento sobre el control de plagas se limita a la aplicación de químicos. “Esto es una falacia, porque nunca existió eso en la era de la evolución de la agricultura”, señala.
“Desdeñan el valor que tiene la biodiversidad y, fundamentalmente, lo que es una de las leyes de la naturaleza como es el control biológico microbiano que se da entre especies”, propone Crespo al señalar que en Bolivia existe medio millón de hectáreas con ese plan de control de plagas.
Sin embargo, el ingreso de cultivos transgénicos ha pateado el tablero y el uso de agroquímicos se ha intensificado un 471% desde el año 2000 hasta 2020, y que durante esos 20 años Bolivia ha consumido 2.110 millones de kilos de fungicidas, insecticidas, fertilizantes y herbicidas, lo que en dinero representan 3.915 millones de dólares en agroquímicos, según Probioma que, ha elaborado esta información con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En tanto, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos del INE, resume que entre el período 2005-2020 las importaciones bolivianas de productos agroquímicos sumaron cerca de 3.800 millones de dólares por la compra de 1,9 millones de toneladas. Durante dicho lapso, las compras externas de agroquímicos pasaron de 100 millones de dólares hasta alcanzar un pico máximo de importación por encima de los 340 millones de dólares en 2018, para luego descender a 281 millones de dólares en la gestión 2020.
Los datos facilitados por el IBCE indican que la mayor importación se registra en los departamentos de Santa Cruz, Oruro, La Paz y Tarija, que en conjunto representan el 96% del total importado. En materia de origen de los plaguicidas, durante el 2020, Bolivia importó agroquímicos desde más de 50 países, destacándose China como el principal proveedor con el 33% de participación sobre el valor total, seguido Argentina con el 13% y Brasil con el 11%.
El IBCE y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) presentaron en el 2019 una publicación titulada Comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia, un atentado a la salud, al medio ambiente y a la economía. El estudio dio cuenta que alrededor de 45 millones de dólares es el movimiento económico anual de comercio ilegal de plaguicidas de Bolivia, afectando en un 14% a las importaciones legales con plaguicidas falsificados y adulterados, que generan pérdidas en recaudaciones por 6,5 millones de dólares.
“La comercialización ilegal de estos insumos representa no solo un riesgo real, sino letal para la salud de los productores agrícolas, el medioambiente, los propios cultivos y la economía nacional. Estos productos fraudulentos provocan además una distorsión del mercado por sus bajos precios y como no son aprobados, contienen componentes desconocidos y peligrosos, siendo vendidos en condiciones que no garantizan su seguridad o eficiencia”, apunta el IBCE.
Los agricultores que se sometieron a test y análisis clínicos, pueden llegar a desarrollar enfermedades como la diabetes, cáncer, alteraciones neurológicas o herencia de malformaciones hacia sus descendientes.
El chico malo del Glifosato
Desde su lanzamiento al mercado mundial, en 1974 por la estadounidense Monsanto, el Glifosato ha sido tan polémico como los cultivos transgénicos que lo resisten. Actualmente se lo usa indiscriminadamente en agricultura y silvicultura para el control de la maleza en cultivos resistentes, pero también se emplea en céspedes y jardines con el nombre popular de Roundup. Su efecto sobre las plantas no es selectivo, lo que significa que cuando se lo aplica, mata a todo lo que encuentra en el camino, a todo un ecosistema que es importante para la vida de las especies, incluyendo la del ser humano.
Monsanto, que actualmente es propiedad de la alemana Bayer, según reportes de prensa, ha recibido demandas millonarias en Estados Unidos y Europa por causar cáncer en los linfocitos denominado linfoma de Hodgkin. Actualmente, su producción es libre, gracias a que la patente de Monsanto expiró en 2000.
Sin embargo, para Miguel Ángel Crespo, “la naturaleza se defiende” y las malezas que perjudican los cultivos de soya se han adaptado y se han hecho resistentes al herbicida. “Eso significa que el Glifosato ya no le hace mella a la maleza, entonces, ya están surgiendo las recomendaciones de aplicar, junto al Glifosato, otros herbicidas de mayor toxicidad, hasta tres de complemento. “Ahí se cae el mito de que gracias a los transgénicos se está usando menos agroquímicos por hectárea”, subraya el director de Probioma.
En ese sentido, según datos de dicha fundación, la relación del uso de agroquímicos con la producción y superficie cultivada no se ha incrementado significativamente. De las 4,9 toneladas por hectárea que se cultivaban en el año 2000, se tienen 5,7 toneladas por hectárea en el año 2020, es decir, un incremento de la producción de solo 16%. En contrapartida, de los 16 kilos de agroquímicos que se usaba por hectárea, el 2020 se llegó a 44,8 kilos de agroquímicos en la misma superficie, un incremento del 178%.
Con estas cifras —dice Crespo— se puede concluir, sin necesidad de especular, que el modelo agrícola vigente en Bolivia está en una fase de desastre y por ello no es sostenible y debe buscar permanentemente la ampliación de la frontera agrícola a costa de los bosques, la biodiversidad, el agua que son elementos vitales para el hombre.
“En el caso de los insectos, desde hace aproximadamente 40 años existen más de 438 especies resistentes a los insecticidas. Entonces, las empresas siguen generando nuevas líneas de agroquímicos, cada año se patentan más de 32”, detalla Crespo y lamenta que como estos productos no discriminan, matan incluso a los insectos controladores naturales de plagas: “Mata toda la cadena trófica, es decir, mata lagartijas, pequeñas aves que se alimentan de lombrices, garzas, anfibios y también contamina las aguas de los ríos, porque incluso están lavando las maquinarias fumigadoras en los ríos. Por eso vemos que cada vez aparecen peces muertos y no solamente eso, sino que van penetrando la capa freática y eliminan la microfauna benéfica, hasta llegar a los reservorios de agua donde el hombre se abastece mediante pozos”.
Antonio Claros Osinaga, ingeniero agrónomo especialista en protección vegetal, afirma que, en el caso concreto del cultivo de soya, antes de la aparición de los cultivos transgénicos, se utilizaban muchos herbicidas para el control de malezas gramíneas, de hoja ancha y otras. “La soya transgénica RG (resistente al Glifosato) es aprobada en Bolivia, específicamente en Santa Cruz, después de constatarse que existían más de 10.000 hectáreas de siembra con una variedad introducida al país de manera ilegal”, asegura Claros.Reconoce que, si bien al principio se disminuyó el uso de una gran mayoría de herbicidas, la soya RG ocasionó la evolución de malezas resistentes al Glifosato. “Ahora, después de varias décadas, estamos casi como al principio, utilizando muchos herbicidas en el proceso productivo de la soya”.
Se estima que existen un 30% de agroquímicos que son internados al país vía contrabando, especialmente fertilizantes.
Según Antonio Claros, por el momento no se han aprobado otros eventos de soya y otros cultivos transgénicos, especialmente para el control de insectos y plagas, aunque se tiene en el mercado variedades de soya y de maíz resistentes a plagas, como es el caso del maíz BT, resistente a insectos por tener la bacteria bacillus thuringiensis en su genoma, todas ilegales.
“Existe autorización para un evento de trigo resistente a la sequía, pero no se han realizado siembras de esta variedad”, añade el especialista.
Cuestión de responsabilidad
Para la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), los productos fitosanitarios o plaguicidas son la herramienta principal del agricultor para el control de las plagas, siendo parte fundamental para tener buenas cosechas y producción de alimentos suficientes, para garantizar la seguridad alimentaria en el país y en el mundo.
“Son insumos que previenen, repelen o controlan cualquier plaga de origen animal o vegetal durante la producción, almacenamiento, transporte y distribución de productos agrícolas. Son el resultado de un milimétrico trabajo en laboratorio y en campo, en el que participan científicos de distintas disciplinas”, detalla APIA en un documento dirigido a Revista Nómadas.
Añade que el desarrollo de un producto es un proceso que dura en promedio nueve años de trabajo, que se dividen en dos grandes áreas: investigación y desarrollo. “Son más de 120 ensayos, estudios y evaluaciones que analizan el comportamiento del producto desde la perspectiva agrícola, ambiental y de salud”, dice textual, APIA.
La organización privada remarca que, si bien el uso de los plaguicidas en la agricultura conlleva un riesgo a la salud de las personas y el medioambiente, este riesgo se puede manejar haciendo un “uso responsable de los plaguicidas”; para ello, APIA y sus empresas afiliadas, dicen que llevan adelante el “Programa de Manejo Correcto de Plaguicidas (Cuidagro)”.
En la actualidad, el número de registros vigentes de plaguicidas químicos de uso agrícola (PQUA), según la página oficial del Senasag, alcanza a unos 2.000. Sin embargo, a consideración de Antonio Claros, la realidad es muy superior a ese dato, ya que los registros pueden alcanzar fácilmente a 5.000, al haberse aprobado una nueva normativa, en abril de 2018, por la cual la entidad estatal “está otorgando ampliación de los registros a las empresas comercializadoras de insumos agrícolas, y, por esa razón, la información no está actualizada”.
Según informes oficiales de las importaciones de agroquímicos del año 2020 (APIA y Senasag), el 76% corresponde a los PQUA (herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas), el 22% a fertilizantes y el 2% a las sustancias afines (coadyuvantes, reguladores de PH, emulsificantes, entre otros). El 76% de las importaciones de PQUA, el 43% corresponde a los herbicidas, el 29% a fungicidas, el 25% a insecticidas, el 1% a acaricidas, indica Antonio Claros.
Se estima que existen un 30% de agroquímicos que son internados al país vía contrabando, especialmente fertilizantes. “Estamos muy atrasados en la supresión gradual o en la restricción del uso de un agroquímico, debido a que el sector agrícola tiene un peso específico en los volúmenes de importaciones, que suman alrededor de 400 millones de dólares anuales, que repercute en la toma de decisiones de las autoridades nacionales”, detalla Claros.
Mientras el consumo de agroquímicos no se detiene y las cifras se van acumulando como testigos fríos, el país también empieza a conocer que, lamentablemente, ya existe un impacto no solo en animales y plantas, sino también en la salud de seres humanos.
Quién es quién entre los plaguicidas
Según su acción biológica o la plaga, existen los tipos de plaguicidas: herbicidas (mata a las hierbas), insecticidas (mata a los insectos), funguicidas (mata a los hongos), adherentes (se usan de forma conjunta y para mejorar su acción de los herbicidas, insecticidas y funguicidas, entre otros). Estos plaguicidas vienen de diferentes procedencias y marcas comerciales, llegándose a comerciar en Bolivia, más de 1.000 nombres o productos comerciales.
Todos estos productos, necesitan de un registro dado por el Senasag, el cual demora casi tres años. Es un proceso de verificación de estudios en los aspectos de acción biológica (control de la plaga) y evaluaciones de riesgos a la salud de las personas y el medio ambiente, de la cual participan tanto el
Ministerio de Salud como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Su uso es generalizado en prácticamente todos los cultivos que se tiene en Bolivia, desde usos mayores en el cultivo de la soya, cereales, caña de azúcar, frutas y hortalizas entre otros.
Según las estadísticas generadas por Senasag y Aduana en 2020, se importaron y comercializaron en Bolivia cerca de 35.000.000 de kilogramos de plaguicidas.
Fuente: APIA
Mata toda la cadena trófica, es decir, mata lagartijas, pequeñas aves que se alimentan de lombrices, garzas, anfibios y también contamina las aguas de los ríos, porque incluso están lavando las maquinarias fumigadoras en los ríos.
Miguel Ángel Crespo
Director de Probioma
Fuente: Antonio Claros, con datos de la FAO-OMS
La organización privada remarca que, si bien el uso de los plaguicidas en la agricultura conlleva un riesgo a la salud de las personas y el medioambiente, este riesgo se puede manejar haciendo un “uso responsable de los plaguicidas”; para ello, APIA y sus empresas afiliadas, dicen que llevan adelante el “Programa de Manejo Correcto de Plaguicidas (Cuidagro)”.
En la actualidad, el número de registros vigentes de plaguicidas químicos de uso agrícola (PQUA), según la página oficial del Senasag, alcanza a unos 2.000. Sin embargo, a consideración de Antonio Claros, la realidad es muy superior a ese dato, ya que los registros pueden alcanzar fácilmente a 5.000, al haberse aprobado una nueva normativa, en abril de 2018, por la cual la entidad estatal “está otorgando ampliación de los registros a las empresas comercializadoras de insumos agrícolas, y, por esa razón, la información no está actualizada”.
Según informes oficiales de las importaciones de agroquímicos del año 2020 (APIA y Senasag), el 76% corresponde a los PQUA (herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas), el 22% a fertilizantes y el 2% a las sustancias afines (coadyuvantes, reguladores de PH, emulsificantes, entre otros). El 76% de las importaciones de PQUA, el 43% corresponde a los herbicidas, el 29% a fungicidas, el 25% a insecticidas, el 1% a acaricidas, indica Antonio Claros.
Se estima que existen un 30% de agroquímicos que son internados al país vía contrabando, especialmente fertilizantes. “Estamos muy atrasados en la supresión gradual o en la restricción del uso de un agroquímico, debido a que el sector agrícola tiene un peso específico en los volúmenes de importaciones, que suman alrededor de 400 millones de dólares anuales, que repercute en la toma de decisiones de las autoridades nacionales”, detalla Claros.
Mientras el consumo de agroquímicos no se detiene y las cifras se van acumulando como testigos fríos, el país también empieza a conocer que, lamentablemente, ya existe un impacto no solo en animales y plantas, sino también en la salud de seres humanos.
