En los últimos meses, frente a la crisis económica y financiera que atraviesa Bolivia, ha cobrado fuerza en el debate público la idea de que el país necesita girar hacia un modelo económico más liberal, bajo la premisa de que esa reorientación atraerá mayor inversión extranjera, impulsará las agro exportaciones y generará más empleo para el conjunto de la población.
En particular, la noción de que Paraguay representa un modelo a seguir se ha vuelto dominante, casi incuestionable. Jorge Quiroga, principal contendiente electoral del actual presidente Rodrigo Paz, llegó incluso a proponer transformar el oriente boliviano en una “Paraguay 2.0.”, apostando por una expansión acelerada de los sectores soyeros y ganaderos. Por su parte, el propio presidente Paz ha sugerido replicar el régimen tributario paraguayo, con un impuesto único del 10% y ha prometido apoyar el crecimiento del agronegocio en Bolivia. En su visita a Bolivia para la toma de posesión, el presidente paraguayo Santiago Peña sostuvo que las reformas económicas emprendidas hace dos décadas en su país hoy están dando sus frutos y que esperaba que Bolivia siguiera ese mismo camino.
Pero, ¿qué tan ciertas son las supuestas bondades del modelo paraguayo? ¿Y qué silencian estas narrativas de éxito?
Se suele destacar el crecimiento económico sostenido de Paraguay. A simple vista, hace 20 años Bolivia y Paraguay tenían economías de tamaño similar, y hoy Paraguay ha experimentado expansiones importantes, aunque también ha atravesado al menos seis recesiones en ese período (2009, 2012, 2015, 2016, 2019 y 2020), frente a las dos bolivianas (2020 y la actual, iniciada en 2024). Pero más allá de los indicadores macroeconómicos, que dicen poco sobre las condiciones reales de vida, surgen otras preguntas fundamentales:
P. ¿Cómo está distribuida la riqueza en Paraguay? ¿Qué tipo de empleos genera ese modelo? ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas, del campesinado, de las comunidades rurales? ¿Qué impactos ecológicos tiene este patrón de crecimiento? ¿Qué costos socioambientales han sido naturalizados para sostener esa aparente “bonanza”?
R. Para abordar estas y otras preguntas clave, tenemos el enorme gusto de conversar con Marielle Palau, socióloga e investigadora paraguaya, una de las voces más lúcidas y críticas del Cono Sur frente al modelo agroexportador. Desde Base Investigacion Sociales (BASEIS), ha investigado con profundidad los efectos del agronegocio sobre la estructura social y ecológica del país: la concentración y extranjerización de la tierra, la criminalización del campesinado, la desprotección de los pueblos indígenas, y la captura institucional por intereses privados. Su trabajo articula investigación empírica, denuncia estructural y un firme compromiso político con la justicia social y ambiental. Es (co-)autora de más de una 20era de libros y de capitulos claves sobre el agronegocio en Paraguay, y de numerosos informes sobre derechos humanos y políticas públicas. Su mirada es imprescindible para entender lo que realmente significa el “modelo paraguayo”.
P. En Bolivia se está instalando la idea de que Paraguay es un “modelo exitoso” de crecimiento, eficiencia y apertura al capital privado. Desde tu trabajo de investigación, ¿cómo describirías las bases reales de ese modelo? ¿Qué dinámicas económicas, políticas y territoriales lo sostienen?
R. Paraguay puede ser considerado un modelo exitoso sólo para los intereses de las grandes corporaciones de la cadena agroalimentaria mundial y sus socios locales, que muchas veces no son paraguayos. Ciertamente existe una gran -diría excesiva- apertura al capital privado, con regulaciones muy flexibles y con toda la institucionalidad pública a su servicio. Ejemplo de ello es la frase del expresidente Horacio Cartes -sosten político del actual presidente- que, en estando en funciones dijo a empresarios brasileros dijo “usen y abusen del Paraguay”, esa es la actual política del gobierno.
En Paraguay el principal problema es concentración de la tierra, es una de las más altas del mundo. Se inicia en 1870 luego de la guerra de la triple alianza, se profundiza durante la dictadura de Alfredo Stroessner que las reparte a sus allegados y se va agudizando aceleradamente con el avance del agronegocio. Actualmente el 83% de las tierras están en manos de 3% de propietarios. Esta situación es el resultado del histórico modelo económico agroexportador, impulsado y sostenidos por los gobiernos con políticas de descampesinización.
Paraguay ha mantenido un equilibrio macroeconómico importante, pero ello no implica una buena calidad de vida para la mayoría de la población, los niveles de desigualdad social han ido creciendo. La tierra y la riqueza están altamente concentradas.
P. Uno de los pilares del modelo paraguayo ha sido la expansión acelerada del agronegocio, en particular de la soya y la ganadería. ¿Qué efectos ha tenido esta expansión en términos de distribución de tierras, conflicto social y degradación ambiental?
R. El avance del agronegocio se ha dado sobre territorios campesinos e indígenas, con diferentes estrategias de despojo territorial a las comunidades. Campañas sistemáticas desvalorizando la agricultura campesina, con el discurso que son formas de producción “atrasadas e improductivas”, cuando en realidad es la que produce mucho más eficientemente los alimentos que consumimos todos los días. Otra estrategia ha sido ofrecer buenos precios para comprar tierras en las comunidades, un dinero que al poco tiempo se acaba y quienes cayeron en esta trampa terminaron viviendo/sobreviviendo alrededor de las ciudades en pésimas condiciones.
Los desalojos es la estrategia que continúan implementando, ese año se han dado más de 10 desalojos violentos, apresando a la dirigencia, destruyendo viviendas y cultivos, criminalizando no solo a integrantes de la comunidad, sino también a comunidades vecinas que expresaban su solidaridad.
Todos los monocultivos, sean con semillas transgénicas o convencionales, requieren la utilización de potentes agrotóxicos, los más utilizados en Paraguay son el glifosato, paraquat y 2,4D, estos venenos tienen terribles efectos en las comunidades. De hecho el Estado paraguayofue condenado por las Naciones Unidas por la muerte de Ruben Portillo, un campesino que falleció por exposición a las fumigaciones. Existen muchas denuncias de intoxicación, inclusive en las escuelas. Estos agrotóxicos están asociados al aumento del cáncer, a nacimiendos con malformaciones, a abortos espontáneos y daño genético, por citar sólo algunos de los posibles efectos.
Las fumigaciones afectan asimismo a los cultivos y animales de fincas campesina, contaminan los cursos de agua, destruyen ecosistemas y, de hecho, van eliminando las condiciones de vida y es una estrategia más de apropiación de territorios.
El impacto ambiental que tienen es terrible. No solo se van apropiando de territorios campesinos e indígenas, tambien son los principales responsables de la deforestación para ampliar la frontera agrícola, muchas veces provocando incendios para que no haya marcha atrás, arrasan con bosques y con la vida silvestre.
P. Desde Bolivia observamos con preocupación el avance de colonias menonitas, empresas transnacionales, y capital brasileño o argentino sobre tierras fiscales y territorios indígenas en Paraguay. ¿Qué grado de extranjerización de la tierra existe hoy en Paraguay, y qué implicancias tiene eso sobre la soberanía territorial?
R. Más del 20% del territorio paraguayo está directamente en manos extranjeras. Además el 95% de las tierras cultivables, destinadas al cultivo de rubros de agronegocio, es decir, a la exportación. Es un modelo en función a los intereses de las grandes corporaciones, en función a intereses internacionales, que deja de lado las necesidades de la población y destruye el medio ambiente.
P. En Bolivia, muchas de las medidas que hoy se proponen —como reducir impuestos al estilo paraguayo o flexibilizar normas ambientales— se presentan como inevitables. ¿Qué advertencias harías desde tu experiencia a quienes ven el modelo paraguayo como un camino deseable o replicable?
R. Que no se dejen engañar, el modelo viene acompañados de buenos discursos y falsas promesas. El modelo del agronegocios es de una agricultura sin agricultores, sin gente, con la tierra controlada por unos pocos empresarios respondiento a las corporaciones del sistema agroalimentario mundial. Quieren las tierras, eliminar nuestras semillas nativas y criollas, para lucrar vendiendo sus semillas trangéncias o genómicas y sus venenos, así controlar la alimentación y tener controlado a los pueblos.
Confío en que el pueblo boliviano va a defender a la pachamama y no va a permitir que su territorio sea parte de lo que Syngenta llamó “la república unida de la soja”.
P. Frente a este escenario, ¿qué resistencias y alternativas están emergiendo en Paraguay desde los territorios, los movimientos sociales o las comunidades? ¿Qué aprendizajes pueden servir para otras regiones como Bolivia que enfrentan procesos similares?
R. Creo que lo más importante es evitar que el modelo se apropie de los territorios y recuperar los que ya tienen en su poder, una batalla que en Paraguay está siendo complicada sostener por el nivel de violencia que enfrentan las comunidades campesinas e indígenas, sin embargo, se ha logrado que muchos gobiernos locales declaren sus territorios como agroecológicos o prohiban las fumigaciones, poniendo así un freno al avance del agronegocio. Para ello es fundamental no dejarse engañar por los discursos propagandísticos y fortalecer las organizaciones comunitarias.
***
