Ante la denuncia presentada por el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, con relación a los asentamientos ilegales en el Bajo Paraguá y la solicitud de desalojo, el Instituto de Reforma Agraria (INRA) emitió un informe técnico-legal el 18 de junio, mediante el cual confirmó que el Área Protegida Municipal y Reserva Forestal Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz (Bolivia), es tierra fiscal no disponible, que ha rechazado 54 solicitudes de asentamientos y que no inició ni iniciará procesos de dotaciones de tierras en esa zona del país.
El INRA dijo, además, que corresponde al Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco coordinar acciones con la instancia competente, es decir, con la entidad administrativa que ejerce tuición sobre el área correspondiente, que en el presente caso es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
El alcalde Ruddy Dorado dijo que solicitó a la ABT que proceda con el plan de desalojo, pero lamentó que esta institución no le haya dado respuesta. Dirigentes indígenas del Bajo Paraguá se han sumado al pedido y han dado a conocer que los avasalladores continúan tumbando árboles.
La pregunta imprescindible es: ¿Cuántas hectáreas más de bosque se van a desmontar hasta que llegue la ABT para proteger a la Chiquitania?
