
La inspección ocular de la sala plena del Tribunal Agroambiental en el río Madre de Dios, concluida este febrero de 2026, dejó al descubierto evidencias críticas de degradación: el hallazgo de desechos mineros y vulneración a cuadrículas mineras autorizadas en el Madre de Dios. La justicia agroambiental constató en terreno la vulneración de los límites extractivos y la presencia de residuos que confirman la expansión descontrolada de la actividad aurífera en el sector de Miraflores. Estos hallazgos técnicos se suman a las muestras de contaminación por mercurio recolectadas, fortaleciendo la demanda del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) que busca que el río sea reconocido como sujeto de derecho para frenar el colapso ambiental y garantizar la supervivencia de las naciones Tacana, Cavineño y Ese Ejja.
Revista Nómadas acompañó a la comitiva judicial en la realización de esta inspección técnica. Esta acción se enmarca en el proceso judicial iniciado con la demanda presentada el pasado 1 de julio de 2025 por el TIM II, con el apoyo y asesoramiento jurídico del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
El peligro silencioso del mercurio
La minería aluvial —una de las formas más antiguas de extracción de oro— resulta profundamente dañina para la salud humana debido al uso de mercurio en sus procesos. La exposición a altos niveles de este metal pesado puede provocar desde mareos y migrañas hasta abortos espontáneos, enfermedades cutáneas e incluso la muerte. Durante la visita, se recogieron testimonios de pobladores que ya relatan haber sido afectados de manera directa por estos elevados niveles de toxicidad.
Según la comitiva, la inspección en la zona de Genechiquía se vio parcialmente restringida debido a la decisión de la cooperativa ASOBAL de suspender sus operaciones de forma unilateral antes del arribo de la comitiva, lo que impidió detectar balsas en plena actividad ilegal. No obstante, esta determinación de los mineros contraviene el auto agroambiental de diciembre de 2025, el cual ya había ordenado la paralización total de las actividades en el área, evidenciando una resistencia a las disposiciones judiciales vigentes.

Mediante un comunicado oficial emitido desde Riberalta el 2 de febrero de 2026, el Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa ASOBAL RL instruyó a todos sus asociados la paralización inmediata de toda actividad en el río Madre de Dios. Esta determinación de emergencia, obligó a los mineros a permanecer estrictamente dentro de sus Áreas de Trabajo Minero (ATE’S) autorizadas. El documento, firmado por la directiva de la cooperativa, exigió, además el cumplimiento riguroso de las medidas de seguridad y ambientales para todas las embarcaciones, advirtiendo que se tomarán decisiones drásticas bajo la normativa vigente en caso de cualquier incumplimiento.

Crónica del recorrido: de El Sena a Miraflores
La inspección comenzó en la Comunidad del Sena, desde donde la comitiva abordó la embarcación Tangomai. El recorrido contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Agroambiental, Mgda. Roxana Chavez Rodas, el Decano, Mgdo. Victor Hugo Claure Hinojoza, y la Mgda. Rocío Vásquez Noza, además de fiscales del departamento del Beni y una bióloga del Colegio de Biólogos de La Paz.
Desde El Sena, la embarcación navegó hasta la comunidad de Genechiquía (Pando). Al arribar, la comitiva desembarcó y pudo constatar indicios de actividad ilegal, como la presencia de barriles de gasolina que no pertenecían a los habitantes indígenas. Posteriormente, el grupo se dirigió a la comunidad de Miraflores, donde se llevó a cabo una audiencia pública in situ. La visita concluyó con una caminata hasta la orilla del río, donde se verificó la presencia de una balsa minera estacionada sin operar.
Un vacío de planificación ambiental
Este hallazgo +confirma lo señalado en la demanda: “la expansión de la actividad minera ha generado una transformación del uso del suelo, marcada por la ausencia de planificación ambiental y la omisión de una evaluación integral de impactos acumulativos”.
Asimismo, la demanda advierte que “la destrucción progresiva de los chacos y suelos agrícolas, que constituyen la base material de la vida familiar, comunal y cultural en el TIM II, representa una afectación directa que pone en riesgo la vida digna y la seguridad alimentaria (art. 16.I de la CPE)”.
El río como sujeto de derecho
Esta inspección representa un pequeño pero significativo hito en el ámbito del derecho medioambiental en Bolivia. Con la vivita en territorio este febrero de 2026, el Tribunal ha procedido a la continuidad del análisis correspondiente en el marco del debido proceso. La expectativa principal es que se concedan las siete peticiones de la demanda, incluyendo la solicitud de que el río Madre de Dios sea declarado sujeto de derecho. Esta figura jurídica ya cuenta con el precedente del Río Beni en 2023, declarado bajo esta protección justamente tras una demanda por la alta contaminación de mercurio.
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Sobre el autor
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Aina Martínez
Aina Martínez es economista de profesión y se especializa en las áreas de economía del desarrollo y economía sostenible. Se define como una curiosa insaciable, apasionada por conocer nuevas personas y estilos de vida ajenos al suyo, una inclinación que atribuye a la influencia de los "personajes extravagantes" encontrados en sus lecturas favoritas. Para Martínez, el periodismo y la literatura se encuentran intrínsecamente entrelazados, pues ambas disciplinas comparten la capacidad de conectar con las personas, ofrecer una plataforma a quienes más lo necesitan y contar historias desconocidas, ocultas, crudas o difíciles tal y como son las del mundo real. Forma parte del equipo de Nómadas, con cuyos valores de sustentabilidad y justicia social se identifica plenamente. A través de sus reportajes, espera contribuir a la misión de la revista y a su compromiso con un mundo más justo y consciente.



