En la Amazonía boliviana, no todos quieren mercados de carbono

Sanjinez ya no quiere saber nada de mercados de carbono en su territorio. El mismo año, 2024, firmó dos contratos: uno por 30 años, en septiembre, y otro por mil años, en noviembre. Ambos prometían lo mismo: que, si conservaban su bosque, llegaría mucho dinero y beneficios a todas las comunidades. Para él, las dos propuestas sonaban bonitas, pero terminaron siendo un engaño que puso en peligro su territorio.

Sanjinez Mamio Callau lleva seis años como capitán de la nación Ese Ejja en el Territorio Indígena Multiétnico II, en el norte de la Amazonía boliviana. Mientras nos sentábamos en la cancha de Portachuelo Bajo, una de las 36 comunidades del territorio, la ansiedad y el peso del cargo se le notaban en la mirada: estaba cansado, hacía calor y no quería que una vez más estafaran a su gente. Ser capitán es un rol complejo, con muchas responsabilidades; una de ellas, buscar mejores oportunidades de vida para las comunidades.

Los Ese Ejja son un pueblo indígena nómada que históricamente vive con el río y del río. Su actividad principal es la pesca. Están acostumbrados a navegar semanas y meses por los ríos Beni, Madre de Dios, Tambopata y Heath, pero ya no pueden como antes, porque ahora los mineros son dueños de estas aguas. Día y noche succionan oro y, para separarlo del sedimento, usan un ingrediente esencial: el mercurio, un metal que se ha convertido en la maldición de los Ese Ejja y de todas las comunidades indígenas que viven en esos ríos, porque, una vez extraído el oro, los mineros vierten el mercurio sobrante al agua. Allí, las bacterias lo transforman en metilmercurio, una variante más tóxica que entra en la cadena alimentaria: los peces lo absorben, y las comunidades que viven de la pesca terminan consumiéndolo y envenenándose de forma acumulativa.

El mercurio no es lo único que ha puesto en jaque a los Ese Ejja. Sanjinez cuenta que el cambio climático es cada vez más extremo: entre incendios, sequías e inundaciones, han vivido una situación muy crítica en lo económico, lo alimentario y la salud, y por eso aceptaron firmar los contratos de mercados de carbono. Contratos que nunca les mostraron en su idioma originario. Él sabe que esa es una de sus debilidades: no entienden todo lo que les proponen, menos aún en el ámbito jurídico.

Dice, con pena, que los contratos sonaban como la salvación: “Cuando hay necesidad, todo sirve”.

Recuerda la situación horrible que vivieron cuando se conoció la estafa de Kailasa, una nación ficticia que llegó a Bolivia y convenció a dirigentes de diversas naciones, entre ellos los Ese Ejja, de firmar, en noviembre de 2024, un “arrendamiento” de mil años sobre más de 390.000 hectáreas del territorio colectivo, a cambio de 28.107 dólares anuales. Recuerda también cómo los dirigentes de arriba callaron, no los defendieron y dejaron que la nación Ese Ejja cargara con todo el peso de la estafa.

El 19 de marzo de 2025, el Territorio Indígena Multiétnico II emitió un pronunciamiento en el que declaró que Kailasa, “con engaños y falsas promesas ha intentado apropiarse de nuestras tierras vulnerando nuestra soberanía e integridad territorial”. Unas semanas después se supo que los de Kailasa eran piratas de carbono.

Los piratas del carbono no son novedad. Hace años que diversos reportajes denuncian el mismo patrón de estafa y engaño a comunidades indígenas, que aprovecha los vacíos legales en la Amazonía. En 2024, Bolivia les abrió una ventana, y sus bosques amazónicos se volvieron un imán para quienes ven el carbono como el negocio del futuro.

Toneladas de carbono guardado

El Territorio Indígena Multiétnico II, conocido como TIM II, es un área del norte de la Amazonía boliviana habitada por tres naciones indígenas —Tacana, Cavineña y Ese Ejja—, con 408.592 hectáreas y 36 comunidades. Es resultado de las marchas y movilizaciones indígenas por el territorio en los años noventa y luego fue reconocido como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) conjunta.

El TIM II es un olimpo terrenal, el Edén mismo. Desde el cielo tiene mil tonos de verde y ríos marrones que parecen serpientes gigantes entre los árboles. En tierra, te sientes una hormiga caminando junto a árboles que parecen columnas; entre ellos, la almendra o castaña amazónica, un coloso de hasta 50 metros que en su copa carga el tesoro que sostiene la economía de la región. Además de recolectar castaña, las comunidades pescan, recolectan aceites y plantas medicinales, cazan y cultivan pequeñas parcelas llamadas chacos, donde producen yuca, plátano, maíz y otros alimentos para su autoconsumo. Y tienen, sobre todo, árboles y, en ellos, toneladas de carbono guardado.

Pero esta riqueza viene con presiones: balsas mineras que extraen oro ilegalmente en sus ríos, comunidades fantasmas que se asientan de manera irregular, incendios, sequías, inundaciones y, ante todo, el olvido estatal.

Un contrato precocinado

Conocí a Lucio Ayala, presidente del TIM II, en octubre de 2025, en Santa Cruz de la Sierra. Había viajado más de 24 horas en bus con su esposa para asistir al Foro por la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente y denunciar las amenazas que los afligen: las mujeres ya presentan altos niveles de contaminación por mercurio, y no quieren minería. En agosto de 2022, el CEJIS y el CEDIB tomaron muestras de cabello a 181 comunarios de seis comunidades del TIM II, y la Universidad de Cartagena, en Colombia, las analizó. En todas las comunidades, el promedio superó el límite de mercurio que recomienda la Organización Mundial de la Salud: fue de 2,55 partes por millón, más del doble. “Eso es, nos están matando a nuestros peces, a nuestros hermanos indígenas, a nuestros bosques”, me dijo Lucio.

Le pregunté por los mercados de carbono en su territorio, porque había escuchado de unos contratos opacos. Me miró y supo de inmediato a qué me refería.

No era la primera vez que escuchaba de los mercados de carbono: cuenta que, en la COP17, en 2011, cuando participaba en esos eventos, algunas oenegés ya decían que esto iba a pasar, que los pueblos indígenas iban a recibir recursos económicos, grandes recursos, por su bosque.

“Poca importancia le damos porque no sabía qué era el mercado de carbono. Solo nos decían que íbamos a recibir plata, mucha plata, pero no explicaban de qué trataba”, dice Lucio.

Fue en 2020 cuando se informó bien y le explicaron que los bonos de carbono tenían que ver con la contaminación de las grandes industrias, que echan humo y contaminan el ambiente, y que son los árboles los que purifican esa contaminación. En 2023, cuando llegó a la presidencia del TIM II, ya había un contrato precocinado con una fundación llamada Federico Hecker y solo faltaba su aprobación.

Pero algo no cuadraba. Le hablaron bonito del proyecto y de sus beneficios: mensualidades de aproximadamente 200 dólares para cada comunario, cuidar los árboles, proteger el bosque, no hacer chacos —o hacer pocos—, mejorar la educación y la salud, mecanizar la producción de castaña, un sinfín de cosas. “Nos hablaban bonito el proyecto, los beneficios, pero en el contrato no exigían, no aparecían”, dice.

El documento se titulaba “contrato marco de cooperación y desarrollo para cesión de servicios ecosistémicos para la emisión de activos patrimoniales”, con un plazo de 30 años, sobre “440.000 hectáreas aproximadamente” del TIM II: más que toda la superficie titulada del territorio. No fue uno solo: hicieron un contrato por cada nación, cuando en realidad el territorio es colectivo. Los Ese Ejja me entregaron uno fechado el 15 de diciembre de 2023, firmado por Peter Hecker, Sanjinez y otros dos dirigentes Ese Ejja, con firmas certificadas ante notario en Riberalta. Después vino el de los Cavineños, el 12 de marzo de 2024, y otro con los Ese Ejja, el 2 de septiembre de 2024, con los mismos firmantes. Consultada, la Fundación Hecker niega el contrato de diciembre de 2023 y sostiene que sólo se firmaron dos: el de los Cavineños en 2024 y el de los Ese Ejja en septiembre de 2024.

Entre las obligaciones de los pueblos indígenas estaba “conservar la superficie certificada en las condiciones de las certificaciones, bajo el compromiso de no alterar la misma”. Según el contrato, las comunidades del TIM II se repartían el 60 % de los ingresos netos de las ventas de carbono; la Fundación Hecker se quedaba con el 20 %, y el 20 % restante se dividía entre dos empresas privadas. La fundación, además, era la única que podía elegir a la empresa auditora y a la que vendería los créditos.

Al mirar en detalle, algunas cláusulas no les convencían ni a Lucio ni a muchos de los comunarios que lograron ver el contrato: los costos de ejecución de los proyectos sociales y de las medidas exigidas por el certificador corrían a cargo de la comunidad indígena; toda la documentación debía estar en castellano, y el incumplimiento de la comunidad daría lugar al pago de daños y perjuicios por el costo de la inversión realizada por la fundación. Es decir, si algo salía mal, las comunidades debían pagarlo todo.

Lucio les pidió a los Hecker que todo esto se socializara con las bases, con las comunidades, para ver si realmente estaban de acuerdo. Pero vio que no buscaban consultar ni informar bien a los pueblos, sino convencerlos de firmar. El 21 de marzo de 2025, el TIM II desconoció “de manera categórica” cualquier contrato con la fundación: había sido firmado, dijeron, “sin consulta previa, libre e informada a todas las comunidades del territorio”. Consultada sobre el contrato, la Fundación Hecker respondió que sí se hicieron todos los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas. También asegura que nunca emitió ni vendió créditos de carbono del TIM II y que, después del rechazo, no volvió a intervenir en el territorio.

El plan era más extenso que solo el TIM II. Un documento entregado por la misma Fundación Hecker explica que sí socializaron con las comunidades indígenas, en realidad, con dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) y firmaron un contrato para que el TIM II fuera el proyecto piloto de mercados de carbono, y que si este era exitoso, la fundación tendría exclusividad para generar todos los proyectos para los 34 pueblos indígenas representados por la CIDOB. La Fundación afirma que nunca se ejecutó ningún proyecto.

Con los Tacanas fue distinto. Algunos reconocieron el apellido Hecker y no quisieron firmar: les hacía ruido que volvieran a su territorio quienes años atrás habían tenido a sus abuelos bajo el sistema de patronazgo.

Vivir empatronados

María Saravia Paredes es Tacana. La encontré en Portachuelo Medio, sentada con otros comunarios, para que me contaran qué entendían sobre los mercados de carbono y el contrato con Hecker. Cuando hablaba de los patrones, lo hacía con firmeza y tristeza a la vez. Recuerda con claridad que, cuando era niña, su padre vivía empatronado: todo era del patrón, porque uno dependía de él y de sus tierras. Todo era trabajar en la goma y la castaña y entregárselo al patrón, que a cambio les daba arroz, aceite, jabón, todo anotado; tampoco se podía hacer chaco. “Uno trabaja, trabaja, para él nomás”, dice.

Su padre trabajaba para los Soennecken, otra familia de barraqueros. Pero muchas familias, cuenta, vivían empatronadas con los Hecker, “que tenían barracas por todos lados”. Todo terminó, dice, “a partir del 2001 o 2002, cuando conseguimos la titulación del Multiétnico, gracias a las marchas y a la unificación del movimiento indígena”.

Para María, el carbono es lo mismo con otro nombre: “Yo considero que la venta de carbono es lo mismo: vivir empatronados”. Y sospecha de la intención: los Hecker, dice, “buscaban con esto recuperar sus supuestas tierras”.

La historia de los Hecker en Pando no está solo en la memoria de los comunarios. El antropólogo Willem Assies, que estudió la región en los noventa, describió a Peter Hecker —presidente de la Fundación Federico Hecker— como uno de los principales terratenientes y barraqueros del norte amazónico. En una carta al vicario de Pando, Federico G. Hecker —padre de Peter Hecker— admitió que la empresa familiar trajo trabajadores indígenas de otras regiones con adelantos que casi nadie logró saldar, y reconoció que en la región se cometió un genocidio en la búsqueda de goma.

La familia Hecker fue una de las principales opositoras al saneamiento de tierras que, a inicios de los 2000, devolvió el territorio a los pueblos indígenas.

Consultada sobre los testimonios de servidumbre por deudas, la Fundación Federico Hecker respondió que no pretende “negar la historia general de la economía barraquera amazónica”, que atravesó “períodos de relaciones laborales muy asimétricas y mecanismos de habilito, adeudo y dependencia económica”. Pero sostiene que ese contexto regional “no acredita, por sí solo, la imputación concreta formulada contra la familia Hecker respecto de integrantes del TIM II hasta 2001”.

Veinte años después, los Hecker volvieron al TIM II con otra cara. La empresa familiar Hylea 1884 S.R.L.es líder en la exportación de castaña amazónica en la región. Su brazo social es la Fundación Federico Hecker, que se presenta en su web como dedicada a proteger la selva y a los pueblos originarios de Bolivia. Peter Hecker, presidente de la fundación, fue personalmente al TIM II a hablar con las comunidades sobre los mercados de carbono, pero no le fue muy bien.

José Antonio Eketeguari Guadiay es Tacana y estuvo en una de las reuniones con Peter Hecker cuando fue a las comunidades en 2023. Según su relato, Hecker explicaba que no iban a poder hacer chaco, ni cazar, ni pescar, pero que no se preocuparan, que no era necesario, porque “ellos iban a pagar por eso, para comprar la carne y todo lo necesario para la alimentación”.

“La gente se miraba entre sí. Si nosotros vivimos de la pesca y del chaco, ¿de qué íbamos a trabajar?”, recuerda. A José no le pareció bien y nunca más participó en una reunión.

Él dice que ya no se dejan engañar “como nuestros abuelos y nuestros padres, que tampoco sabían leer”, y que no lucharon por tener un territorio para alquilarlo. “No se trata de alquilar nuestro territorio, sino de que sirva para nuestra propia gente, para que vivan bien y tengan la posibilidad de hacer sus propios negocios, sin trabajar para un patrón”. Junto a María, recuerda lo duros que fueron esos años: “Costó marchas, muertes, diálogos, muchos desvelos; fue algo que quedó en la historia”.

María Saravia recuerda que no es la primera vez que los visitan con las mismas promesas. En 2006, ya había llegado una oenegé explicando que la venta de carbono era para la conservación del territorio, pero sintieron que la información no era clara y que los recursos solo llegaban a los dirigentes. Con Kailasa, cuenta, fue lo mismo y, según ella, peor: ni siquiera fueron al territorio, sino que se llevaban a los dirigentes para convencerlos y hacerlos firmar, cuando en el contrato decían que eran dueños del territorio, que estaban autorizados a traer su propia cultura y que los indígenas del TIM II se tenían que adaptar. “Eso es muy fuerte: exterminar la existencia de los pueblos indígenas dentro de su propia casa. Por eso creo que tenemos que estar atentos”, comenta con indignación. Recuerda los conflictos internos que trajo la estafa de Kailasa y no quiere que vuelvan a hacerlos pelear entre hermanos, porque tiene claro que el daño no se le hace solo a quien firma, sino a todo el territorio: a Tacanas, Cavineños y Ese Ejja.

Bolivia: de opositor a vendedor

Cuando la Fundación Hecker llegó al TIM II, los mercados de carbono todavía no estaban permitidos en Bolivia. El país había sido un opositor firme a la mercantilización de la naturaleza: desde 2012, el artículo 32, numeral 5, de la Ley 300 de la Madre Tierra establecía que los programas de reducción de emisiones “no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono”, y el país defendió esa posición en las cumbres climáticas.

Pero los intereses por abrir paso a este mercado fueron más fuertes. El 19 de junio de 2024, Bolivia abrió oficialmente sus puertas a los mercados de carbono con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0040/2024, que anuló ese numeral de la Ley 300 que prohibía mercantilizar las funciones ambientales y que, según el demandante, vulneraba el derecho a un medio ambiente sano y la libertad de empresa. Así empezó una nueva era de financiamiento climático, sin normas claras y con vía libre para los llamados mercados voluntarios de carbono: acuerdos privados entre empresas y comunidades que no necesitan autorización del Estado y en los que ellos definen las reglas del juego.

Cuatro meses después, el 30 de octubre de 2024, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5264, la primera norma para organizar la venta de carbono. El decreto centraliza en el Estado el mercado regulado, pero no tiene herramientas para controlar el mercado voluntario y no establece salvaguardas claras para los pueblos indígenas.

En ese giro también aparece la Unión Europea, de los más interesados en que los mercados de carbono sean realidad. La UE tiene asignado para su relación con Bolivia un total de 104 millones de euros en subvenciones para el periodo 2021-2027 cuyas áreas de prioridad son “Medio ambiente, cambio climático y desarrollo económico inclusivo” y “Gobernanza y derechos humanos”. En 2025, la Comisión Europea escribió en un documento interno que la apertura de Bolivia a los mercados de carbono, mediante el Decreto Supremo 5264, se dio “con apoyo significativo de la iniciativa UE-Suecia”, y contó entre sus logros de incidencia “un cambio significativo” en la postura del país sobre estos mercados. El mismo documento advierte que esa apertura debe proteger los derechos humanos, “incluidos los derechos de los pueblos indígenas”. Consultada, la Delegación de la Unión Europea en Bolivia respondió : “El DS 5264 abre la posibilidad para Bolivia de acceder a los Financiamientos climáticos y crea el sistema de registro de estos financiamientos incluyendo los mercados de carbono. Además, fue apoyado a través de varias organizaciones de la sociedad civil financiadas por Suecia y la UE en el marco de un proyecto ambiental.” El decreto que apoyó la UE no tiene salvaguardas para los pueblos indígenas.

El decreto fue solo el primer paso; lo que viene es una ley. Cuando le comenté a María que se estaba tejiendo una ley sobre mercados de carbono en Bolivia y que se estaba socializando con pueblos indígenas, no estaba al tanto. Tampoco sabía que el hijo de Peter Hecker era uno de sus principales impulsores.

La Ley de Carbono y sus impulsores

Aimé Hecker Urresti fue empresario toda su carrera, dirigió Hylea desde 2014 hasta noviembre de 2025, cuando ganó una banca de diputado del partido Libre para el departamento del Beni.  Según su página oficial en la Cámara de Diputados, trabaja en iniciativas vinculadas a la bioeconomía, los mercados de carbono y las finanzas climáticas. El 25 de noviembre de 2025, junto a otros legisladores, presentó el proyecto de ley PL-060/25, que busca regular los mercados de carbono y establecer reglas jurídicas claras para que, por fin, los grandes compradores se animen a apostar por Bolivia. Es uno de sus cuatro diputados firmantes.

En la página de la Fundación Hecker, Aimé aparece como chairman o presidente de la junta directiva, y la fundación le atribuye “un esfuerzo político y legal pionero” que permitió la entrada de Bolivia a los mercados de carbono, es decir, la Sentencia Constitucional de 2024.

Consultado sobre este conflicto de intereses, Aimé Hecker respondió: “No soy presidente de la Fundación Federico Hecker, sino miembro de su Directorio”. Desde julio de 2022, escribió, se analizó la necesidad de llevar la prohibición de la Ley 300 al Tribunal Constitucional, un proceso “en el cual asumí un rol impulsor desde la Fundación Federico Hecker”. Lo hizo, aclaró, “sin el ejercicio de funciones públicas ni atribuciones legislativas”: todavía no era diputado.

“La Acción de Inconstitucionalidad Abstracta nunca tuvo por finalidad abrir un mercado de créditos de carbono ni beneficiar a una institución en particular”, dice Hecker. La demanda llegó al Tribunal Constitucional el 23 de diciembre de 2022. Un año después, el 15 de diciembre de 2023, Peter Hecker firmó con los dirigentes Ese Ejja el contrato de 30 años que ellos me entregaron y que la fundación niega. En marzo de 2024 llegó el de los Cavineños. Tres meses más tarde salió la sentencia. El contrato Ese Ejja que la fundación sí reconoce se firmó menos de tres meses después del fallo.

El proyecto de ley PL-060/25 promete corregir los vacíos que permitieron las estafas a los pueblos indígenas y ponerlos del lado de los mercados de carbono, porque sin ellos sería imposible cerrar acuerdos en los bosques mejor conservados. En la exposición de motivos de la versión original del proyecto los llama “los guardianes ancestrales de los territorios con mayor potencial de captura de carbono”. Luego del proceso de asistencia técnica de diversos actores, este proyecto de ley parece haber cambiado bastante.

El borrador inicial, el que está publicado en la página de la Cámara de Diputados, establece un mínimo del 30 % de los ingresos netos del proyecto para las comunidades y los gobiernos municipales o locales. Pero el borrador actual —compartido por Hecker para este reportaje— no fija ningún mínimo, menciona a las comunidades indígenas como actores pasivos, no les reconoce derecho a veto y deja abiertas las mismas puertas por las que entró el contrato de la Fundación Hecker. Primero, aunque reconoce que en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) los créditos corresponden “de manera colectiva al sujeto territorial titular”, el consentimiento se pide al “gobierno o la autoridad indígena competente”: es decir, a los dirigentes, que podrían poner en riesgo el territorio ancestral de toda una nación.

Segundo, desapareció el piso de beneficios: la versión que compartió Hecker no establece un mínimo y va en sentido contrario: “Ninguna autoridad podrá imponer porcentajes uniformes o genéricos para la distribución de beneficios en el mercado voluntario”. Eso abre la puerta a acuerdos desiguales con los pueblos indígenas.

Hecker niega cualquier conflicto de interés. “El Proyecto de Ley N.º 060/2025-2026 busca precisamente lo contrario a establecer privilegios”, escribió. Fue su trabajo previo desde la fundación, dice, el que le permitió “conocer directamente los vacíos de protección jurídica existentes” y las preocupaciones de las comunidades.

Pero no todos piensan lo mismo; “Está legislando en función de una fundación, un proyecto que él mismo está promoviendo”, dice Miguel Vargas Delgado, abogado e investigador especialista en temas relacionados a pueblos indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia. Para Vargas, el problema es más profundo que un apellido: con los mercados de carbono, “se cuida aparentemente el medio ambiente, pero se deja de lado al sujeto de derechos, al sujeto político”, es decir, a los pueblos que habitan el territorio, mientras el bosque pasa a ser lo único relevante.

Los intereses del bosque

Para el gobierno actual de Bolivia, los mercados de carbono son la solución a la crisis económica. El presidente Rodrigo Paz, en el cargo desde noviembre de 2025, ha repetido que entrarán millones de dólares gracias a los mercados de carbono y propuso que ese dinero se destine a la defensa del medio ambiente y a las Fuerzas Armadas. En la COP30, en Belém, en noviembre de 2025, la delegación boliviana estuvo encabezada por el vicepresidente Edmand Lara, su esposa, la diputada Diana Romero Saavedra, y el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano. Junto a lo que llamaron “un equipo técnico”, confirmaron la construcción de un marco regulatorio sólido para que Bolivia se abra a los mercados de carbono “como un socio confiable”. En la delegación oficial no participó ningún representante indígena.

Según el ministro Justiniano, en una entrevista con El Deber en septiembre de 2026, los ingresos de mercados de carbono tendrían que ir primero a mejorar la calidad de vida de las comunidades: “Hablamos de agua potable, saneamiento básico, mejoramiento de viviendas, educación y salud”.

A María no le parece bien. “Lo considero un chantaje”, dice. “No nos pueden responsabilizar de lo que ellos tienen que hacer: construir puentes, arreglar nuestros caminos y carreteras, mejorar la calidad de la educación y de la salud. Si quiero tener educación o salud de calidad, tengo que alquilar mi territorio. Y no creo que eso sea correcto”.

Pero para el gobierno las prioridades son otras, y asegurarse de estar en el mercado de carbono y vender mucho “carbono” es una de las metas; entre los aliados que más les interesan al gobierno de Bolivia, está la Unión Europea. El 5 de marzo de 2026, la UE aprobó su meta climática para 2040. Por primera vez, podrá pagar a otros países para que reduzcan emisiones y contar esas reducciones como propias, hasta un 5 %, desde 2036. Pero solo valen si el gobierno del país vendedor las autoriza, no contratos privados como el de la Fundación Hecker.

El mismo día se realizó en Santa Cruz de la Sierra el primer Bolivia Carbon Forum, un espacio para hablar del nuevo mercado y del financiamiento climático. La pantalla del escenario decía “Financiado por la Unión Europea”. El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ernesto Ávila, abrió su discurso agradeciendo a la delegación de la Unión Europea como la “entidad que definitivamente está muy vinculada a este proceso”. Luego dijo que, por una motivación de orden ideológico, el país había perdido 20 años de vida institucional para este tipo de proyectos y que está perdiendo cientos de millones de dólares mientras otros países avanzan. Entre los ponentes no hubo representación indígena. 

Consultada sobre su apoyo al foro, la delegación de la UE en Bolivia respondió: “Esta colaboración tiene un doble propósito: respalda directamente la demanda de la UE de créditos de carbono creíbles y de alta calidad, al tiempo que contribuye a la conservación vital de los vastos ecosistemas forestales de Bolivia, los cuales poseen una importancia a escala mundial” pero sobre el proyecto de ley 060 la UE responde que “no está involucrada en la redacción, ni facilita acompañamiento técnico alguno… y por lo tanto se abstiene de emitir posturas al respecto.”

El enemigo en el río

En la lista del ministro no está lo que Sanjinez, Lucio y diversas comunidades del TIM II llevan años pidiendo: que el Estado saque a los mineros del río Madre de Dios.

El TIM II ya se lo pidió al Estado por escrito. El 1 de julio de 2025 presentó ante el Juzgado Agroambiental de El Sena, en Pando, una acción ambiental preventiva contra la minería ilegal de oro en 184 kilómetros del río Madre de Dios. Entre los firmantes estaban Lucio y Sanjinez. Según la demanda, en cinco años los monitores del territorio identificaron más de 2.000 balsas, más del 95 % sin permiso. Todavía no se han cumplido sus demandas y los dirigentes indígenas han recibido amenazas de muerte por parte de los mineros.

Lucio Ayala me llevó en bote río arriba para mostrarme al enemigo que habita sus aguas: las balsas mineras que no duermen. Dice que llevan más de 20 años denunciándolas sin respuesta. Quiere que, antes de que termine su mandato, por fin desalojen a los mineros que no paran de extraer oro, contaminar sus fuentes de alimento y envenenar a sus familias. También contaminan, dice, el bosque que tanto quieren comprar desde fuera.

Mientras el río espera, el carbono avanza rápido. El 7 de octubre, en un congreso de fondos ambientales en Santa Cruz, el viceministro Jorge Ávila anunció que la ley de mercados de carbono y una ley marco de financiamiento climático “serán aprobadas en los próximos días”. Dos semanas después, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto 060, el que firmó Aimé Hecker. Pero casi un mes después del anuncio, sigue en tratamiento.

Según la comisión, el Proyecto de Ley 060 se socializó con sectores indígenas y campesinos. Pero en Portachuelo Medio, María no sabía que existía. Lucio se enteró por las noticias: “Están elaborando la ley para que se apruebe la venta de carbón. Si se aprueba, ¿qué vamos a hacer nosotros?”, se pregunta Lucio. Por eso, el TIM II ya escribió su propio protocolo de consulta. Lo aprobaron los pueblos y ahora espera su paso por la Asamblea Departamental de Pando. “Todos los proyectos que entran al territorio tienen que pasar por el protocolo de consulta”, dice Lucio.

Ni Hecker ni Kailasa fueron los primeros, y no serán los últimos. Con la ley en camino y el gobierno prometiendo millones, las ofertas de carbono seguirán llegando al TIM II y a otros territorios indígenas, que piden información clara no solo de los beneficios, si no de los riesgos que implica esta nueva oferta. “Que nos hablen con la realidad, que no nos pinten un paisaje cuando sabemos que es todo negro”, dice María.

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Equipo de investigación : Lisa Mirella Corti, Maria Cristina Fraddosio, Ruairí Casey y Abby Young-Powell.
Colaboradores : Miguel Vargas Delgado y Stasiek Czaplicki Cabezas.
Editor : Roberto Navia.

Este artículo se elaboró con el apoyo de Journalismfund Europe.