Bolivia arde, y con ella, sus bosques, su biodiversidad y los territorios de miles de comunidades rurales e indígenas. Entre 2019 y 2024, más de 28 millones de hectáreas han sido consumidas por el fuego, y en muchos casos, bajo el silencio, o la complicidad, de las autoridades. Frente a esta devastación sistemática, un grupo de ciudadanas decidió actuar por la vía legal. Siete integrantes jóvenes, de Sucre, de las cuales seis mujeres y un hombre
En una acción inédita, presentaron ante el Tribunal Agroambiental de Bolivia una demanda que fue presentada el 25 de junio 2025, que plantea una serie de elementos estructurales sobre el rol y responsabilidad de las autoridades y de medidas estatales de corto plazo en contra de los incendios forestales. Entre aquellas solicitan medidas urgentes y señalan las responsabilidades del propio Estado, sus instituciones y de las políticas de estado sostenidas por normas que habilitan la quema de bosques. Además, solicitan acciones concretas de mayor transparencia que pueden permitir a la sociedad civil de realizar un control social más efectivo. El tribunal, por primera vez, admitió el caso, y fijó una audiencia pública para el 4 de agosto de 2025. Lo que está en juego no es solo la legalidad de políticas incendiarias, sino también el futuro ecológico de Bolivia.
Entrevistamos a Angeles Mamani, integrante del grupo impulsor de esta demanda histórica, para comprender qué hay detrás de esta acción judicial y qué implicaciones tiene para la justicia ambiental en el país y la región.
—¿Para conocer mejor los integrantes del grupo, cuenta nos por favor, ¿quiénes son y cómo surgió la idea de realizar la demanda para realizar una Acción Popular al Estado boliviano por los incendios forestales y porque hacerlo ahora?
—Somos activistas ambientales, algunas lo son desde hace más de 15 años, y algunas como 5 a 6 años, más allá de nuestras profesiones referidas al área, hemos tratado de visibilizar la problématica ambiental ante la sociedad, no solo en este tema de incendios, sino también en otros aspectos que han ido afectando al medio ambiente boliviano.
La demanda surge como iniciativa el año 2019, por parte de María De Los Ángeles y Fabiana, y otros, a raíz de las normativas denominadas incendiarias, y vaticinando que estas podrían causar un desastre ambiental especialmente en la Amazonía y chaco bolivianos. Ese año lamentablemente, no se tuvo una respuesta positiva por parte del juzgado agroambiental de Roboré, donde se indicó que debía presentarse la demanda, la misma queda sin efecto, por no hacer un seguimiento presencial, que se había solicitado por parte de ese juzgado de entonces, por falta de recursos y no vivir en el lugar, se imposibilita realizar el seguimiento de la demanda presentada.
El 2020, nuevamente se presenta una demanda cautelar y preventiva en contra de los incendios forestales, ante el tribunal Agroambiental, en esta oportunidad la presentan 4 mujeres a parte de mi persona. Esta demanda es derivada al juzgado agroambiental de concepción, dándonos como justificativo que competía a dicho juzgado resolver este tema. Se admite la demanda, pero ante la falta de seguimiento también se deja sin efecto, ya que se nos había solicitado que también hagamos el seguimiento en persona de dicha demanda, encontrándonos en plena pandemia. Esta acción frustra nuevamente nuestro intento de prevenir una catástrofe que ya veíamos venir.
Este 2025, a raíz de lo sucedido el 2024, y teniendo como antecedente la resolución en beneficio del Jaguar y su hábitat, reconociéndolo como sujeto de derechos, decidimos hacer el ingreso de una demanda cautelar, preventiva y precautoria en contra sobre incendios forestales en Bolivia, se la presenta el 20 de mayo, y se logra la admisión de la misma el 5 de junio.
—Para entender mejor la Acción iniciada, notamos que la demanda habla de una estructura institucional y legal que promueve el fuego. ¿Cómo funciona ese modelo “incendiario” en la práctica y quiénes se benefician?
—Es una pregunta muy importante para entender la raíz del problema. La demanda, en esencia, busca señalar que el fuego y la deforestación no son accidentes aislados. En la práctica, existe una serie de normas y políticas que, de forma acumulativa, promueven y legalizan la quema de bosques y la expansión de la frontera agrícola. Esto incluye leyes que flexibilizan los permisos de quema, que reducen la protección de áreas naturales, o que no aplican sanciones de manera efectiva. El problema es que este modelo beneficia a ciertos sectores, que ven en la quema una forma rápida de expandir sus cultivos o pastizales. Sin embargo, los perjudicados somos todos, y en especial la Madre Tierra y las comunidades locales.
—La demanda plantea muchos elementos inéditos, nos podrías contar ¿Cuáles son los elementos que crees que la ciudadanía debería entender al respecto o que lo diferencia de anteriores demandas?
—Esta demanda es particular por varios motivos. Primero, no se limita a un caso oa una región específica, sino que aborda el problema de los incendios forestales a nivel nacional, como una política de Estado. Segundo, la demanda se basa en el principio de precaución, que busca prevenir daños graves e irreversibles, y en el principio de prevención, que nos obliga a tomar medidas incluso cuando hay incertidumbre científica. Finalmente, y esto es muy novedoso, la demanda propone la creación de un plan integral de acción y la implementación de un mecanismo de coordinación efectiva entre todas las instituciones públicas para que, de una vez por todas, haya una respuesta unificada y organizada frente a los incendios forestales. Esto busca que no volvamos a ver esa falta de coordinación entre las instituciones.
—En un país con tanta impunidad ambiental y donde la justicia tiene baja credibilidad, ¿cuáles son los riesgos, personales o colectivos, de iniciar este tipo de litigios y qué esperan lograr con esta acción?
—Como en cualquier lucha social, existen riesgos. Los activistas y defensores del medio ambiente a menudo enfrentan amenazas e intimidación por defender lo que es de todos: nuestra naturaleza. Sin embargo, el principal motor de esta acción es la esperanza y la convicción. Esperamos lograr que la justicia reconozca que existe una crisis ambiental y que es urgente que el Estado tome medidas efectivas. Esperamos que el Tribunal sienta un precedente histórico y ordene al Estado a tomar medidas contundentes. No solo buscamos frenar el fuego, sino que la justicia ambiental deje de ser un ideal y se convierta en una realidad.
—Pensando más allá de la Acción Popular, en el contexto de la crisis económica, ecológica y las elecciones ¿Qué le dirías a las personas que creen que hay que avanzar con la frontera agrícola y con ello incendios y deforestación es inevitable?
—A esas personas que creen que el desarrollo económico es inseparable de la deforestación y los incendios, les diría lo siguiente:
El crecimiento económico, tal como lo concebimos hoy en día, no puede sostenerse a largo plazo a costa de la destrucción de nuestro patrimonio natural. La idea de que debemos elegir entre la prosperidad económica y la salud de nuestros ecosistemas es una falsa dicotomía. La verdad es que la crisis ecológica y la crisis económica están estrechamente relacionadas. La deforestación, la quema de tierras y la contaminación de nuestros ríos, que a menudo son presentadas como “daños colaterales inevitables”, en realidad son motores de pobreza y vulnerabilidad a largo plazo.
Cuando quemamos bosques, no solo destruimos árboles, sino que también eliminamos la capacidad de la naturaleza para proveernos de servicios vitales y gratuitos. Los bosques funcionan como reguladores del clima, como filtros de agua y como protectores del suelo. Al destruirlos, provocamos sequías, inundaciones y la pérdida de tierras fértiles, lo que a su vez afecta directamente a la agricultura, la seguridad alimentaria y la economía local. El costo de la restauración de estas áreas, si es que es posible, es mucho más alto que el valor de la producción a corto plazo que se obtiene de su destrucción. Es, en esencia, hipotecar nuestro futuro.
En el contexto de la inminente crisis económica y de las próximas elecciones, es crucial que las personas analicen las propuestas de los líderes. Les diría que miren a los candidatos que tienen una visión de desarrollo sostenible, que entienden que el respeto a la naturaleza y la prosperidad económica deben ir de la mano. Un modelo de desarrollo sostenible no se basa en la destrucción, sino en la innovación, en el uso responsable de nuestros recursos y en la diversificación de la economía. El futuro no está en seguir el mismo modelo extractivista de siempre; Está en construir una economía que genere riqueza sin destruir los bienes que sostienen la vida.
Finalmente, es fundamental que cambiemos la mentalidad de que la deforestación es un destino inevitable. La deforestación no es un acto natural; es el resultado de las decisiones. Es el resultado de leyes que permiten el avasallamiento, de políticas que promueven la expansión de la frontera agrícola sin planificación y de una falta de voluntad para aplicar la justicia. El poder de cambiar estas decisiones está en nuestras manos, como ciudadanos y como votantes, y podemos exigir un futuro donde la prosperidad económica no tenga que ser sinónimo de destrucción ambiental.
***
