El gobierno del presidente Rodrigo Paz, a través del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, ha instruido a todo el personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), incluidos los guardaparques bajo la modalidad de dependencia estatal, poner sus cargos a disposición. La medida se justifica bajo un plan de reestructuración y reorganización institucional respaldado en el Decreto Supremo 5675, según un reporte de Mongabay Latam respaldado por documentación oficial a la que se tuvo acceso.
La disposición fue emitida el pasado 28 de agosto de 2026 mediante la nota CAR/MPSMAYA/DGAJ N° 0288/2026, enviada por el ministro Óscar Mario Justiniano Pinto a la directora ejecutiva del Sernap, Cecilia Gabriela Miranda Chávez. En la misiva, la autoridad gubernamental solicitó que se pongan a disposición los cargos del personal de las áreas protegidas para garantizar una supuesta “transición ordenada”, señalando que las posibles ratificaciones, designaciones o recontrataciones se definirán únicamente una vez que se concrete la nueva estructura organizacional.
Esta determinación provocó la indignación y la declaratoria de emergencia de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), que este 9 de septiembre de 2026 emitió el Pronunciamiento Público No. 002/2026. En el documento, la organización gremial anunció que, de no ser escuchados por el primer mandatario, se verán obligados a “movilizarse pacíficamente hasta la sede de gobierno” e ingresar en un estado de emergencia nacional para defender la institucionalidad de las áreas protegidas y sus derechos fundamentales.
La escalada del conflicto ocurre tras reiterados intentos fallidos de diálogo con el Ejecutivo. Según revela el pronunciamiento de Abolac, el sector solicitó reuniones con el presidente Rodrigo Paz en dos oportunidades anteriores: el 13 de noviembre de 2025 (mediante la nota CITE: ABO CRRP No. 013/25) y el 7 de julio de 2026 (nota CITE: ABO CRRP No. 014/26), sin haber obtenido respuesta alguna. Para los guardaparques, la respuesta gubernamental a sus pedidos de coordinación fue, paradójicamente, la instructiva de renuncia masiva.
Asimismo, la organización denunció que desde diciembre de 2025 el Sernap ha sido sometido a una transición burocrática entre dos ministerios distintos, lo que generó duplicidad de trámites, cambios de códigos y planillas, causando graves retrasos y fraccionamientos en el pago de haberes al personal en campo y entorpeciendo la ejecución técnica, operativa y financiera de las reservas.
En el plano legal, Abolac formalizó una denuncia ante el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, mediante el CITE ABO CRRP No. 015/26, ingresado el 31 de agosto de 2026 a las 15:25, extendiendo además sus denuncias ante la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la Federación Internacional de Guardaparques, la Cooperación Internacional y colectivos ambientales. La entidad califica la solicitud de poner los cargos a disposición como un “despido masivo encubierto” y una forma de acoso laboral que viola los artículos 46, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado, así como el marco de la Ley 1333 de Medio Ambiente y los artículos 59 y 62 del Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. 24781).
La crisis interna y el trasfondo económico quedaron expuestos en el acta de la reunión celebrada el 28 de agosto en la Unidad Central del Sernap entre la directora Cecilia Miranda y la directiva de Abolac, encabezada por Marcos Uzquiano. En la cita se confirmó que la desvinculación alcanzará a todo el personal TGN de la Unidad Central y de las 22 áreas protegidas del país. Pese al compromiso verbal de reincorporación en un plazo de 10 días, el acta suscribe que el personal percibirá salarios únicamente hasta el 25 de agosto de 2026 debido a un “corte de transición”, dejándolos sin ingresos durante el periodo de incertidumbre.
El encuentro reveló también el grado de precarización e impago que arrastra el sector. Según informaron, quedaron suspendidas todas las convocatorias públicas para institucionalización y la Dirección Ejecutiva admite deudas acumuladas por refrigerios y subsidios de gestiones anteriores. Sobre el pago de refrigerios mediante billetera móvil, se reconoció su inoperatividad en zonas aisladas, evaluándose el canje en efectivo.
En su pronunciamiento, Abolac recordó los graves riesgos de salud y seguridad a los que se exponen diariamente los guardaparques en territorio, trabajando en zonas remotas bajo hostilidad y amenazas directas de sectores vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico, los cultivos ilícitos, la tala, el tráfico de fauna silvestre, las avasallaciones y la apertura ilegal de caminos. A ello se suman los riesgos biológicos como malaria, dengue, chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla, mordeduras de serpientes, picaduras, accidentes en patrullaje y la exposición crónica al dióxido de carbono y altas temperaturas durante la liquidación de incendios forestales, sin acceso oportuno a servicios médicos ni seguro de salud adecuado.
Ante esta situación, el sector exigió al Ministerio de Producción Sostenible dejar sin efecto de inmediato la nota CAR/MPSMAYA/DGAJ No. 0288/2026, reencauzar las políticas ambientales, dotar de insumos, uniformes, mantenimiento de vehículos, combustible y equipos de protección personal, e involucrar a la Asamblea Legislativa, la Justicia Agroambiental, las Fuerzas Armadas, la Policía y la AJAM en la defensa de los ecosistemas y de las poblaciones indígenas vulnerables que habitan en los territorios protegidos.
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