En los últimos siete años hemos sido testigos del crecimiento sostenido de Alas Chiquitanas, un colectivo cruceño de voluntarios ambientales cuya labor, en muchos casos, ha trascendido lo ecológico para asumir dimensiones claramente humanitarias, de defensa de derechos humanos y de acción ciudadana.
Su trabajo ha sido especialmente visible, y profundamente necesario, frente a las tragedias provocadas por los recurrentes incendios forestales que azotan Bolivia, y en particular, al departamento de Santa Cruz. Pero su acción no se limita a esos momentos críticos. A lo largo de los años han estado presentes también en la lucha contra el tráfico de fauna silvestre, en casos de despojo territorial que afectan a comunidades rurales, en la fiscalización de políticas públicas (o de su ausencia), y en la promoción activa del debate público y el uso de mecanismos legales para la defensa del bien común. Como colectivo, Alas Chiquitanas se ha consolidado como una voz crítica y propositiva dentro de la sociedad civil cruceña y nacional.
No es casual que su fundadora, Daniela Justiniano, se haya convertido en una figura ampliamente reconocida. Desde Revista Nómadas nos complace haber podido colaborar con ella y con su colectivo en diversas ocasiones. Nos alegra también que otros espacios hayan reconocido esa labor, como lo muestra su nominación como Personaje del Año 2024 por el periódico El Deber.
Con este marco, y en un nuevo escenario político y socioeconómico, marcado por incertidumbres, expectativas y por las elecciones subnacionales que se aproximan, hemos entrevistado a Daniela sobre el presente y futuro del ambientalismo, la política pública y el rol de la sociedad civil en Santa Cruz y Bolivia.
Daniela, después de tantos años de lucha y resistencia frente a las políticas antiambientales del gobierno de Arce Catacora, ¿cómo interpretas las señales políticas y las primeras medidas del gobierno de Rodrigo Paz? ¿Y qué lectura haces del actual panorama en el ámbito legislativo?
Todos los bolivianos y bolivianas que tenemos como lucha y causa la defensa ambiental y de los derechos humanos fundamentales guardamos la mínima ilusión de que un nuevo gobierno signifique algún un cambio positivo. El momento en el que Rodrigo Paz dijo: “Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros glaciares. El desarrollo económico irá de la mano del respeto del medioambiente. No más divorcio entre crecimiento y naturaleza”, fue un momento en el que generó quizás algo de esperanza que luego se desvaneció ante sus primeras medidas.
El nombramiento como ministro de medioambiente que tenía visible conflicto de intereses, la ausencia de respuesta a las cartas formales enviadas por diferentes movimientos ambientales denunciando estas irregularidades y la promulgación del Decreto 5503 que pretendía habilitar el denominado Fast Track para proyectos extractivos, confirmaron nuestras preocupaciones, demostrando la contradicción entre el discurso y la práctica.
A esto, lo ocurrido en Tariquìa, preocupa aún más. Mientras el presidente afirmaba mediante video en las redes sociales que se continuará con la exploración petrolera “sin violar normas ni dañar el medioambiente”, las denuncias documentadas de irregularidades cometidas en gobiernos anteriores son abrumadoras, sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido con el pedido legítimo que realizó la población de Tarija durante la audiencia pública en la cual han pedido auditorias. A pesar de que este tema haya sido a raíz de irregularidades en los gobiernos del MAS, el presente gobierno debería dar certidumbre a la población haciendo lo correcto y no seguir validando estas vulneraciones. La ausencia de respuestas pone en duda la existencia de una defensa real del patrimonio natural y de derechos fundamentales como el acceso al agua, el medioambiente sano y la consulta previa.
Por otro lado, en el ámbito legislativo, el panorama tampoco es alentador. Hemos iniciado nuevamente un ciclo en el cual tenemos que empezar nuevamente “desde cero”, tememos que haya cierto desfase en el seguimiento y fiscalización de temas tan álgidos como: la contaminación por la minería, los avasallamientos, la deforestación y los incendios forestales, el abandono de las áreas protegidas y los guardaparques a nivel nacional, delitos contra la fauna silvestre, fiscalización de recursos estatales en atención de emergencias, solo por nombrar algunos. No se ha observado en la Asamblea hasta la fecha avances sustantivos en normas en ese sentido.
Por el contrario, persiste una lógica de cálculo político y, en muchos casos, de alineamiento con intereses económicos que relegan la agenda ambiental a un segundo plano.
Es necesario que se atiendan pedidos históricos que se vienen realizando para la defensa del medioambiente y derechos fundamentales que no pueden seguir siendo relegados, esto requiere decisiones valientes, auditorías reales a todas las irregularidades de gestiones pasadas, una institucionalidad fuerte y un compromiso genuino con la vida, algo que, hasta ahora, no se ha visto reflejado de manera clara ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo.
En el contexto de crisis económica que atraviesa el país, ¿consideras que existía margen real para un camino alternativo al que profundiza el modelo extractivista, en particular el aurífero y agroexportador? ¿O crees que ese rumbo era inevitable, dados los proyectos políticos en disputa?
Para empezar, es importante decirlo con honestidad: ninguno de los candidatos que se presentó a la presidencia tenía una vocación real de defensa ambiental. No existió una propuesta seria que plantee un cambio estructural de la visión de país hacia una más responsable no solo frente a la crisis económica, sino a la propia profunda crisis ambiental en la que quedó sumida Bolivia tras años de gobierno del MAS.
Llegamos al escenario electoral en medio de una situación ambiental extremadamente crítica: récords de deforestación, incendios devastadores como los de 2019 y 2024, contaminación por minería ilegal denunciada internacionalmente, una crisis hídrica creciente y una gestión deficiente de residuos sólidos, pese a sus graves impactos en la salud pública y los ecosistemas. Frente a todo esto, las propuestas de los distintos candidatos no alcanzaban ni siquiera expectativas mínimas para revertir estas situaciones. Eso ya marcaba un punto de partida muy desfavorable.
Ahora, más allá de ese escenario político, creo que siempre existió (y sigue existiendo) margen para un camino alternativo. Lo que no existe es voluntad política real para transitarlo ni tampoco la capacidad para aceptar y encarar todas estas problemáticas. La narrativa de que “no hay otra opción” que profundizar el extractivismo, que necesitamos dinero rápido y urgente nos lleva a un programa político que busca justificar decisiones ya tomadas, bajo la logica de perseguir una verdad economica incuestionable
Bolivia no está en crisis por falta de recursos naturales, sino por mala gestión, corrupción, incumplimiento de leyes, impunidad, y la persistente dependencia de modelos primarios sin planificación de largo plazo. Profundizar el extractivismo aurífero sin control o la expansión agroexportadora sin límites no resuelve la crisis: la agrava, porque destruye suelos, agua, territorios y tejido social.
Y aquí quiero hacer énfasis en algo que suele tergiversarse, los ambientalistas no están en contra de la producción
Lo que planteamos es discutir a qué costo se sostiene este modelo y dónde está el punto de equilibrio. La producción es necesaria, pero no bajo la excusa trillada de “seguridad alimentaria” para seguir deforestando sin pensar en los impactos que esto conlleva en el presente y futuro para la resiliencia al cambio climático y los efectos en la recarga hídrica que ya se están viendo.
Hablar de alternativas no es negar la urgencia económica ni romantizar la pobreza. Es hablar de diversificación productiva, de economías locales, de agregar valor a materia prima y productos de excelente calidad que se están produciendo en Bolivia, de transición energética, de empleo verde, de turismo responsable, de economía naranja y de una gestión integral de residuos como eje de política pública. El problema es que requieren un Estado fuerte, voluntad, transparencia y visión de futuro, cuatro elementos que, lamentablemente, todavía están ausentes en las acciones.
En diferentes momentos hemos visto una ciudadanía movilizada frente a crisis ecológicas: los incendios, la defensa del cordón ecológico, entre otros. Pero ese proceso no siempre se consolida en estructuras estables o articulaciones duraderas. ¿Cuál es tu lectura sobre el estado actual del movimiento ambiental en Santa Cruz? ¿Está avanzando en organización y fuerza social, o está fragmentado?
El movimiento ambiental en Santa Cruz —y en Bolivia— es profundamente diverso, valiente y comprometido. En estos últimos años el voluntariado y el activismo han permitido sembrar semillas y han echado raíces más profundas para un proceso de crecimiento y diversificación de actores.
Se han construido bases importantes de organización, generando aprendizajes colectivos, redes de confianza y un tejido social que hoy se expresa en múltiples actores que trabajan desde distintos frentes: investigación, comunicación, acompañamiento a territorios, defensa legal ambiental o respuesta a emergencias. Esa diversidad de roles no debilita al movimiento; por el contrario, lo fortalece y lo vuelve más resiliente. Las acciones que se realizan significan avance, acumulación de experiencia y construcción de capacidades desde múltiples frentes y espacios.
Ese capital social y el avance en la conciencia social, es uno de los mayores avances del movimiento ambiental en Santa Cruz que se hace cada vez más visible en temas como la defensa de los acuíferos, el cordón ecológico o la organización ciudadana frente a emergencias, procesos impulsados en gran medida desde la sociedad civil a puro pulmón. El desafío ahora es transformar esa energía social acumulada (pero quizás un poco dispersa) en estructuras ciudadanas más sólidas y sostenibles, capaces de incidir de manera directa y sostenida en las políticas públicas sin perder su carácter independiente y su compromiso con el bien común.
El amedrentamiento hacia activistas ambientales en Bolivia no es nuevo, pero en los últimos años se ha profundizado con el uso de la judicialización como herramienta para viabilizar proyectos extractivos, como ha ocurrido en casos como Tariquía o en zonas de minería aurífera. A esto se suma el intento de restringir ciertos tipos de protesta, como los bloqueos, bajo discursos de “orden” o ‘’derechos humanos”. ¿Cuál es tu lectura sobre este proceso de criminalización de la protesta incluyendo la socioambiental?
Se están dando señales muy oscuras en el país cuando empezamos a ver la criminalización de defensores y defensoras como una práctica “normalizada”, utilizada por empresas y por instituciones del Estado para intentar silenciar pedidos y reclamos legítimos de la población frente a temas tan sensibles como el derecho fundamental al agua y a vivir en un medioambiente sano.
La criminalización de la protesta socioambiental en Bolivia está utilizando la judicialización, el amedrentamiento, el desgaste económico y emocional, y el discurso del “orden” para silenciar voces críticas que incomodan intereses económicos y políticos.
Hoy, defender el agua, el bosque o el territorio implica asumir riesgos reales. La persecución a activistas y defensores contrasta brutalmente con la impunidad de quienes destruyen ecosistemas completos, lo que deja en evidencia que el discurso estatal sobre derechos humanos resulta ambiguo y profundamente incoherente con las acciones que se llevan adelante.
Esto nos obliga a preguntarnos: si no funcionan los canales formales de diálogo, si no se responden cartas, solicitudes ni instancias institucionales, ¿de qué otra manera puede la ciudadanía exigir que las autoridades reaccionen?
La ausencia de mecanismos reales de escucha, diálogo, debate y resolución de conflictos son un problema central y transversal. Cuando esos espacios no existen o no funcionan, la protesta pacífica se convierte en una herramienta legítima de presión social (ya sea en calle o en redes sociales). Por eso, este tema debe analizarse con mucha responsabilidad y cuidado: se deben garantizar alternativas efectivas y evitar cerrar espacios democráticos y a deslegitimar reclamos tan fundamentales como la defensa del medioambiente, el agua y la vida.
Pensando en las elecciones a la Gobernación: con los aprendizajes de la gestión saliente y los nuevos actores en juego, ¿percibís que la agenda ambiental está siendo tomada en serio? ¿Qué te preocupa y qué te da esperanza en ese escenario?
Lamentablemente, la agenda ambiental sigue sin ser tomada con la seriedad que exige la magnitud de la crisis que vive el departamento, y esto se refleja en la forma superficial en que aparece como un tema accesorio y no como un eje estructural de la gestión. Y no es casual, las mayores crisis y desastres que hemos sufrido en los últimos años han estado directamente vinculados a la problemática ambiental —incendios forestales, crisis hídrica, riadas y pérdida de biodiversidad—, lo que deja en evidencia que este tema no puede seguir siendo tratado como algo secundario o marginal.
La prevención y la gestión integral de riesgos siguen siendo gravemente subestimadas, pese a que está demostrado que prevenir es mucho menos costoso que responder a desastres. Según la UNDRR, la mayoría de los llamados “desastres naturales” son en realidad consecuencia de malas decisiones humanas, falta de planificación, débil control y el incumplimiento de normas ambientales. Por tanto, no son inevitables, sino prevenibles, y su ocurrencia refleja fallas estructurales de gestión y responsabilidad.
Como ciudadanía todavía no logramos dimensionar plenamente que cada incendio, cada riada o cada colapso ambiental, que pudo haberse evitado, termina representando un costo económico, social y humano muchísimo mayor para el departamento. Persistir en este modelo reactivo no solo es irresponsable, sino profundamente insostenible.
Además, no existe la transparencia necesaria para conocer con claridad cuánto le cuesta realmente a Santa Cruz atender desastres que, en muchos casos, eran previsibles y prevenibles. Sin información pública, detallada y accesible sobre estos gastos, se vuelve difícil dimensionar la magnitud del problema y exigir responsabilidades. Esto impide un debate serio sobre la urgencia de invertir en prevención, sistemas de alerta temprana, control territorial y fortalecimiento de los equipos de primera respuesta, que son quienes sostienen la gestión del riesgo durante todo el año.
Uno de los temas que debe ocupar un lugar central en el debate entre candidatos es el fin del cuoteo político en cargos técnicos. La destitución recurrente de personal especializado debilita la institucionalidad y hace imposible planificar, prevenir desastres y gestionar adecuadamente el patrimonio ambiental. La próxima Gobernación debe comprometerse a blindar los cargos técnicos mediante normas claras que garanticen continuidad, capacidad y una gestión ambiental independiente de intereses políticos.
También preocupa la distorsión en la priorización del uso de los recursos públicos. Hemos visto cómo se dejan de atender necesidades urgentes vinculadas a la protección de la vida —humana y no humana— mientras se asignan grandes presupuestos a obras que no responden a esas urgencias. Tal como fue el caso de la falta de recursos y personal del CAD, que seguimos denunciando y seguimos realizando seguimiento desde hace 1 año (repitiéndose un patrón institucional en la presente gestión), y sobre la cual incluso solicitamos una sesión extraordinaria al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental en marzo del 2025 para analizarla situación económica critica, pero nunca recibió respuesta. Días después, la misma Asamblea aprobó 29 millones de bolivianos para la refacción del Estadio Tahuichi. Esa decisión ilustra una priorización política que no pone la vida y el bienestar en el centro, y solo intentan maquillar la situación diciendo que existe falta de recursos cuando en realidad no es así.
Lo que sí da esperanza es que la ciudadanía está cada vez más involucrada, más crítica y más consciente de estas contradicciones. Hoy el ciudadano común ya no tiene miedo de alzar la voz y denunciar lo que ocurre, y las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para visibilizar problemáticas que antes quedaban silenciadas, siendo fundamental para interpelar de manera veraz, coherente y respaldada con pruebas a quienes están en la función pública y exigir respuestas como estipula la ley.
Necesitamos exigir que quienes aspiran a gobernar estén a la altura de este desafío, que asuman compromisos claros y verificables, pero sobre todo que administren los recursos con transparencia y de cara al pueblo, escuchando las necesidades reales y dando prioridad a la vida y bienestar de todos y todas. Solo así la agenda ambiental podrá dejar de ser un discurso decorativo y convertirse en una prioridad real y sostenida para Santa Cruz.
Y a nivel de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra: entendemos que el presupuesto ambiental ha sido drásticamente reducido, y que la gestión saliente ha dejado deudas significativas. ¿Tienes que esas condiciones se usen como excusa para no abordar las urgencias ambientales? ¿Qué deberíamos exigirle a la próxima gestión municipal?
Si bien es cierto que existe un riesgo por las deudas y la mala administración, esto no puede usarse como excusa para seguir postergando las urgencias del municipio y la atención de prioridades en el tema ambiental. Solo recordemos que Santa Cruz de la Sierra es la alcaldía con mayor recaudación económica de Bolivia, según datos solo en recaudación tributaria recibe más de 2.100 millones de bolivianos, y eso implica una responsabilidad mayor en términos del uso eficiente de los recursos públicos, transparencia y obviamente la planificación. No puede seguir justificándose la falta de acción ambiental bajo el discurso de la “falta de recursos” sin que exista información clara, auditorías serias y rendición de cuentas que expliquen cómo y en qué se ha gastado el dinero municipal.
Las auditorías son fundamentales para entender el grado real de afectación que ha sufrido el municipio y para transparentar decisiones que han impactado directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.
La próxima gestión debe entender que el desarrollo urbano debe ir en armonía y conectado del medioambiente. Hay ejemplos claros y exitosos en la región, como Medellín, donde políticas públicas sostenidas de arborización urbana han logrado reducir la temperatura de la ciudad, mejorar la calidad del aire y aumentar la resiliencia frente al cambio climático. Eso demuestra que las decisiones políticas importan y que el enfoque ambiental no es un lujo, sino una necesidad urbana al contexto global que estamos viviendo.
En ese sentido, hay varios temas que deberían convertirse en prioridades municipales. Uno de ellos es la gestión de residuos sólidos, que no puede reducirse únicamente a la construcción de plantas de tratamiento. El reciclaje, la economía circular y la educación ambiental son elementos fundamentales para transformar la forma en que la ciudad gestiona sus residuos.
Otro tema que debe convertirse en una prioridad municipal urgente es la defensa y el cuidado de las aguas subterráneas, es decir, de los acuíferos. Santa Cruz depende prácticamente en un 100 % de sus acuíferos para garantizar el acceso al agua potable de aproximadamente 1,6 millones de personas, según el último censo poblacional. Frente a este panorama, pensar en un eventual “Día Cero” —en el que el municipio más poblado del país se quede sin agua— no es una exageración, sino un escenario real que debe ser prevenido. ¿Qué ocurriría con las industrias, los hospitales y centros de salud y la vida cotidiana de cada ciudadano si el acceso al agua colapsa en Santa Cruz? Este riesgo exige planificación técnica, monitoreo permanente y decisiones responsables hoy.
En los últimos meses la muerte de ciudadanos, atropellados por micros, ha vuelto a sacudir a nuestra sociedad y a poner en evidencia una crisis que no puede seguir siendo normalizada. La próxima gestión municipal debe asumir la movilidad urbana resiliente como una prioridad ambiental y de calidad de vida, más aún considerando que Santa Cruz concentra el 49,9 % de los accidentes de tránsito del país, según datos de 2024 de UNIVIDA, entidad a cargo del SOAT.
La Alcaldía tiene la responsabilidad indelegable de actuar a través de la Secretaría de Movilidad Urbana (en coordinación con otras instancias gubernamentales) para reducir estas cifras y evitar que se sigan cobrando vidas. Esto implica ordenar y modernizar el transporte público, cortar de raíz los privilegios, la falta de control y la impunidad de ciertos sectores del transporte, reducir la contaminación del aire y avanzar hacia una ciudad más eficiente y habitable. Esa transición, al igual que ocurre con la gestión de residuos y el reciclaje, requiere campañas sostenidas de concientización y educación ciudadana para prevenir accidentes viales.
La movilidad urbana no es solo un problema de tránsito, debería ser una política ambiental, de salud pública y de bienestar ciudadano que debe integrarse de manera urgente a una visión de desarrollo urbano sostenible para Santa Cruz.
Finalmente, la próxima gestión municipal debería asumir como prioridades no negociables, en coordinación con la ciudadanía e instituciones técnicas, la recuperación y protección de las áreas verdes y del cordón ecológico —que además de proveer servicios ambientales cumple un rol clave en la mitigación de riesgos como riadas—; una gestión integral de residuos con un fuerte enfoque educativo; una gestión de riesgos seria, que contemple el fortalecimiento permanente de las brigadas de primera respuesta (en especial de los bomberos voluntarios), así como acciones concretas de adaptación al cambio climático.
Todo esto debe estar respaldado por un presupuesto ambiental real, suficiente y transparente. La sostenibilidad de Santa Cruz no puede seguir siendo postergada, está directamente ligada a la calidad de vida presente y al futuro mismo del municipio.
Para cerrar: ¿qué mensaje les darías a las y los activistas ambientales, y a toda persona con sensibilidad ecológica, que hoy observan este panorama con desánimo? ¿Qué batallas siguen siendo posibles, y qué horizontes vale la pena sostener?
No es fácil encontrar optimismo para quienes han dedicado años a la defensa ambiental en un país marcado por vulneraciones constantes, daños casi irreversibles y una impunidad que parece incrustada en la burocracia del Estado. El cansancio, el desánimo y la incertidumbre son comprensibles y profundamente legítimos. Defender la vida, el agua y los territorios es un camino duro, con un costo emocional real que muchas veces se invisibiliza.
Hoy es imposible ignorar los niveles preocupantes de ansiedad, desgaste emocional, y afectaciones a la salud que atraviesan muchas personas defensoras, guardaparques, bomberos y comunidades que han vivido incendios, riadas y otras tragedias socioambientales. El cuidado de la salud mental debe convertirse en una prioridad institucional. Esto ha sido finalmente reconocido por la CIDH en su informe el 2025, como el Tribunal Agroambiental, han reconocido esta necesidad y han exhortado la creación de programas de apoyo psicosocial. Es urgente que el Estado pase del reconocimiento formal a acciones concretas que garanticen el cuidado de quienes defienden la vida y el territorio.
Aun así, es importante recordar que nada de lo recorrido ha sido en vano. Cada denuncia, cada acción y cada resistencia ha sembrado conciencia y ha dejado precedentes. Las batallas que siguen siendo posibles son muchas, pero hay una que, a mi criterio, no debemos perder nunca como norte: la defensa del agua. Proteger el agua y todo lo que implica el ciclo hidrológico es asegurar un derecho fundamental sin el cual no hay desarrollo, salud, producción, ni mucho menos vida posible. En un mundo donde ya se habla abiertamente de bancarrota hídrica, la protección de las fuentes de agua debería convertirse en la prioridad número uno del país.
Otra tarea fundamental es consolidar los avances alcanzados en la vía jurídica. La resolución del Tribunal Agroambiental que protege al jaguar y su hábitat, así como las medidas precautorias frente a incendios forestales, son pasos importantes. Pero esos fallos no pueden quedarse en el papel: deben traducirse en políticas públicas reales y en acciones sostenidas de prevención y protección efectivas de los ecosistemas. Que hoy existan resoluciones judiciales y recomendaciones internacionales es una señal de avance.
Dentro de esa misma resolución, uno de los avances más estratégicos es la incorporación y actualización de contenidos en el sistema educativo, orientados a la conservación de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación. Ahí se juega una de las transformaciones más profundas y duraderas, capaz de cambiar mentalidades y formas de relacionarnos con el entorno desde las nuevas generaciones. Si realmente queremos un futuro distinto, ese cambio debe comenzar desde la infancia.
Sin embargo, la impunidad sigue siendo un problema estructural. El caso del biocidio de jaguares en el ANMI San Matías, que salió a la luz gracias a investigaciones periodísticas y al trabajo de distintos actores, demuestra que incluso cuando existen avances judiciales todavía enfrentamos resistencias institucionales.
Casos como el biocidio de los jaguares o el perrito Dida, que han sacudido a la opinión pública a nivel nacional, evidencian que la justicia no puede seguir siendo tardía ni selectiva. La violencia contra los animales, sean silvestres o domésticos, refleja una profunda falla ética y una débil aplicación de la ley y derechos reconocidos internacionalmente. Esperamos que la lucha que se está dando por fortalecer los mecanismos legales y penales en su defensa sea parte inseparable de la justicia ambiental y de la protección de la vida. Sin justicia para los animales, no puede haber una sociedad verdaderamente justa.
Tal vez no veamos todos los frutos de inmediato, pero lo que sí es evidente es que en estos años se ha ido tejiendo una red nacional de personas y colectivos que están construyendo una base ética, jurídica y política cada vez más sólida. Por eso es tan importante seguir formando nuevas defensoras y defensores, fortaleciendo capacidades y ampliando el movimiento desde distintos territorios y saberes.
Hay una historia que siempre vuelve en momentos como estos: la del colibrí frente al incendio. Mientras otros animales huyen y le dicen que su esfuerzo es inútil, él responde que sabe que solo no puede apagar el fuego, pero que está haciendo su parte. Algo similar ocurre hoy. Ninguna acción aislada cambiará el sistema por sí sola, pero cada gesto suma en una construcción colectiva donde se sostiene la esperanza.
Defender el agua, los bosques y la vida no es una causa de unos pocos, es una responsabilidad colectiva. Eso implica fortalecer el compromiso ciudadano y ejercer plenamente el derecho a fiscalizar a quienes administran temporalmente los recursos que pertenecen a toda la sociedad.
El camino por delante es largo. Pero si algo hemos aprendido es que, incluso en tiempos de incertidumbre, siempre es posible seguir avanzando paso a paso, conectando voluntades y defendiendo aquello que realmente vale la pena.
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