San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, se ha convertido en uno de los epicentros de la deforestación en Bolivia. Los incendios recurrentes, la pérdida de biodiversidad y el avance descontrolado de la frontera agropecuaria marcan un escenario de crisis ecológica que, según la diputada María René Álvarez, que está concluyendo su mandato, refleja años de ausencia estatal y decisiones políticas que favorecen intereses particulares.
En entrevista con Revista Nómadas, la parlamentaria analiza las causas estructurales de la destrucción ambiental, señala responsabilidades compartidas entre avasalladores, empresarios y autoridades, y plantea la necesidad de una nueva etapa de desarrollo basada en la regulación, la transparencia y el impulso de economías sostenibles.
P. Diputada Álvarez, como representante electa de San Ignacio de Velasco, hoy epicentro de la deforestación y de una crisis ecológica sin precedentes, con sequías, incendios recurrentes, desplazamientos y pérdida de biodiversidad, ¿qué siente al ver que su territorio se convierte, año tras año, en un paisaje de cenizas y pérdida? ¿Cree que el resto del país está entendiendo la magnitud del desastre ecológico que viven los San Ignacianos?
R. Como ignaciana y orgullosa representante chiquitana, sin duda, veo con profunda tristeza la pérdida de nuestros bosques secos y nuestra fauna. Son millones de hectáreas quemadas y millones de especies muertas que dejan una marcada crisis ambiental y desequilibrio en nuestro ecosistema.
En Bolivia se ha logrado avances en la generación de conciencia ambiental, pero todavía somos una sociedad que se distrae con la política y deja de lado estos temas de vital importancia, no solo para las regiones chiquitanas amazónicas sino para todo el país, porque los bosques son pulmones y también tenemos reservorios de aguas que es un recurso vital para nuestras poblaciones. Pese a ese panorama, no descansamos en la defensa de nuestros recursos naturales y en estos años de labor legislativa tuvimos importantes hitos desde el ámbito jurídico y la jurisprudencia ambiental.
P. Usted ha señalado en varias oportunidades que los avasallamientos y el tráfico de tierras fomentados por el Gobierno son causas clave de la deforestación. Sin embargo, además de aquello, entre 2017 y 2023, el 52% del desmonte en San Ignacio ocurrió en tierras empresariales o medianas. ¿Qué acciones concretas ha tomado, o propone desde su rol legislativo para exigir al INRA y la ABT que fiscalicen y controlen efectivamente estos predios?
R. Siempre apuntamos a denunciar la deforestación como un problema estructural que tiene a los avasalladores de tierras como principal protagonista mediante sus mal llamados grupos interculturales y la cadena o mafia organizada junto al Gobierno del MAS, pero también hemos denunciado a aquellos grupos empresariales que se benefician de este círculo vicioso de toma de tierras, quemas, desmontes y tráfico de tierras.
Por ejemplo, en 2024 denunciamos los intentos de algunas empresas inmobiliarias asentadas en Santa Cruz, que ya habían hecho gestiones ante el gobierno de Surinam para llevar el negocio menonita a ese país, con el traslado de 50 familias de esa colonia desde Bolivia, garantizándoles una dotación de 300 mil hectáreas de tierra. Emitimos una extensa Petición de Informe Escrito (PIE), al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), pero solo esquivaron las respuestas.
Lo propio sucede con la ABT y el INRA que entregan informes incompletos y genéricos sobre la situación de las tierras en nuestra región chiquitana, porque manejan el tema sin ninguna transparencia.
Sabemos también que el agronegocio es en parte responsable de las quemas, pero en ese caso hablamos de tierras cuya propiedad está establecida y son esos propietarios a quienes se les exige que cumplan con un plan de desarrollo y recuperación de las tierras. Es un tema pendiente que el nuevo gobierno deberá encarar con el sector, porque el MAS solo se dedicó a extorsionar y beneficiar a sus grupos de avasalladores.
P. Sabemos que solo 50 propiedades concentran un tercio de toda la deforestación de San Ignacio desde 2017, y el 5% de la deforestación nacional, prácticamente toda orientada a la ganadería. Más allá de la legalidad que ampare esa expansión, ¿cree que deberían respetarse ciertos límites ecológicos, y no solo la vocación de uso del suelo? ¿Considera posible que la Asociación de Ganaderos de San Ignacio impulse procesos de autorregulación para frenar esta expansión?
R. Las propiedades ganaderas son parte de un importante motor de desarrollo de San Ignacio y del modelo económico cruceño. Acá entra también en debate el Plan de Uso de Suelo (PLUS) que debe responder a las necesidades de la población y el sector ganadero con una nueva visión de desarrollo sostenible y compromiso ambiental. Las gestiones del Gobierno Nacional y la Gobernación también son importantes, pero en 20 años de centralismo nunca se pudo avanzar en estos temas, por los intereses políticos para quitar las tierras a quienes producen para entregárselas a los grupos de avasalladores. Ese riesgo lo hemos denunciado también con el crédito de 40 millones de dólares que el INRA pidió para el Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable, destinado, supuestamente, para concluir el trabajo de saneamiento de tierras, pero sabemos que el objetivo era revertir las tierras que no cumplían con la llamada función social.
El compromiso y la autorregulación deben ser parte de una nueva visión de desarrollo y compromiso ambiental, pero a partir de las nuevas autoridades electas, pues el MAS solo perjudicó estos temas, porque, además, nunca entendieron que el nuevo tiempo pide respuestas y no discursos vacíos de pachamamismo.
P. La comunidad de Porvenir ha demostrado que es posible generar ingresos sostenibles con productos como el asaí sin deforestar. Sin embargo, su plan de manejo fue gravemente afectado por los incendios de 2024. ¿Qué medidas propone o apoya usted para que se protejan, financien y escalen este tipo de modelos alternativos, en lugar de favorecer el avance de la frontera agropecuaria?
R. Primero se debe abrogar la ley incendiaria 741 y desmontar toda la estructura de normas que fomentan las quemas, los desmontes y los avasallamientos. A partir de ahí, se debe trabajar en esos modelos de desarrollo alternativo, de otorgar las condiciones desde el Estado para que las poblaciones y los productores tengan acceso a la tecnología necesaria para trabajar con nuevos productos con mayor libertad. Es con la participación de las comunidades indígenas y los productores. Es una nueva etapa que empieza para el país y debemos superar esta crisis de 20 años, sobre todo con los desastres ambientales de 2019 y 2024.
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