El viernes 4 de abril de 2025, Roboré amaneció con un aire cargado de expectativa y ansiedad. Más de 50 personas —mayoría mujeres— provenientes de distintas comunidades del Valle de Tucabaca, llegaron al juzgado con la esperanza de que, tras meses de espera, la justicia finalmente escuche su clamor. En sus rostros se leía cansancio, indignación y un anhelo urgente: recuperar su río, su vida, su derecho al agua.
Hace casi un año, la comunidad indígena de Buena Vista, perteneciente a la TCO Turubó Este, presentó una demanda contra Marco Andrés Maggi, ciudadano argentino y propietario de un predio ganadero aguas arriba del río San Lorenzo. Denuncian que una infraestructura construida en su propiedad ha alterado drásticamente el flujo del río, reduciendo su caudal hasta casi desaparecerlo, y contaminando el agua restante. “La situación del agua ha cambiado totalmente, ya no es la misma”, señala Wilson Hurtado, dirigente de Buena Vista. “Es tiempo de volver a lo que teníamos, a esa normalidad de antes”, añade, con una mezcla de esperanza y desesperación.
A la demanda inicial se sumaron otras comunidades indígenas como Ipias, San Juan, La Ramada y Entre Ríos, así como el Comité de Gestión del Área Protegida Municipal de Tucabaca. Los efectos del desvío del río han sido devastadores: escasez de agua, pérdida de cultivos y animales, enfermedades —especialmente en niños y ancianos— y una calidad de vida que se deteriora a pasos agigantados. Amelia Melgar, de Entre Ríos, lo resume con crudeza: “¿Quién va a consumir un agua podrida? Nadie, ¿no? Nos mataríamos. Nos mataron en vida”.
En este contexto de crisis hídrica agravada por el cambio climático, el río San Lorenzo es vital. No solo abastece a las comunidades para el consumo humano, la pesca y la producción agrícola, sino que forma parte de una red hídrica mayor que alimenta ecosistemas de alto valor ecológico, como los bofedales y humedales de Otuquis y San Matías. De hecho, estudios recientes señalan que la TCO Turubó Este ha sufrido la mayor pérdida de recarga hídrica subterránea del país en los últimos 30 años.
La demanda es clara: las 240 familias afectadas exigen que el río recupere su cauce original mediante la remoción de la infraestructura, la restauración de los ecosistemas dañados y una compensación económica por los perjuicios, estimada en más de 16 millones de bolivianos. “En Bolivia, ese tema de la indemnización ambiental es algo muy novedoso”, explica el abogado Rodrigo Herrera. “No hay precedentes de una comunidad que demande a una empresa ganadera por obstrucción de ríos”.
Del otro lado, la defensa de Marco Andrés Maggi sostiene que la obra no afecta el flujo del agua y que se trata de un camino de acceso interno, con los correspondientes alcantarillados y permisos ambientales. “El flujo es normal y no hay ningún tipo de obstrucción”, afirma José Antonio Rivero, miembro del equipo técnico del demandado. Asegura que cuentan con un estudio hidráulico que lo respalda, y que los “encharcamientos” reportados se deben a la pendiente natural del terreno.
Después de más de ocho horas de audiencia, el juez determinó abrir una fase de “producción de pruebas”, que incluye una visita in situ y un peritaje técnico-legal de las infraestructuras en cuestión. La comunidad espera que esta etapa, que ya fue suspendida una vez por un ataque de abejas, se realice finalmente en los próximos días.
“Durante cinco meses se nos secó el agua. Tuvimos que peregrinar, comprar cisternas, buscar cómo sobrevivir. Perdimos animales, cultivos, todo”, recuerda conmovido Wilson Hurtado. En su voz resuena la urgencia de miles: una justicia que no solo falle, sino que repare.
El caso del San Lorenzo podría sentar un precedente fundamental para la defensa de derechos colectivos y la protección de cuencas en Bolivia, donde las TCOs —especialmente las del oriente— enfrentan cada vez más presiones por la sequía, la expansión agroganadera y la falta de regulación ambiental efectiva.
“En Bolivia, el que tiene plata hace lo que se le da la gana”, denuncia Rubén Darío Arias, del Comité de Gestión del Área Protegida. “Y los políticos permiten actividades que destruyen los servicios ecosistémicos de los que todos dependemos”.
Desde las afueras del tribunal, Amelia Melgar lanza un último ruego a las autoridades: “Que nos liberen nuestras aguas. Nos han hecho mucho daño: a nuestras familias, a los animales, al hábitat. Porque hay que entender que el agua es vida. Sin agua no se puede vivir”.
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