Hace unos días, la Agencia de Noticias Fides (ANF) reportó que la “Pausa Ambiental”, declarada por el presidente Luis Arce Catacora mediante el Decreto Supremo 5225 el 11 de octubre de 2024, no habría entrado en vigencia por falta de reglamentación. Esta medida fue anunciada como respuesta a los megaincendios que ese año afectaron 12,6 millones de hectáreas.
Sin embargo, Revista Nómadas, tras ponerse en contacto con la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), accedió al reglamento correspondiente. Según esta entidad, el documento fue aprobado mediante un decreto bimnisterial el 24 de septiembre de 2024. Para poder leer el texto completo sobre dicho documento, pueden entrar aquí.
¿Pero en qué consiste exactamente la Pausa Ambiental?
En 2024, tras varios meses en los que los incendios forestales afectaron el 11,5 % del territorio nacional, el presidente declaró una “Pausa Ambiental Ecológica”. La medida se plasmó en un decreto breve de cinco artículos. Entre sus principales disposiciones, suspendía todas las autorizaciones de quema previamente emitidas por la ABT y le prohibía emitir nuevas.
Además, declaraba como indisponibles, por un periodo de cinco años, todas las tierras fiscales afectadas por los incendios. Es decir, no podían ser objeto de dotación ni de saneamiento, incluso si hubieran sido avasalladas. También instruía al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA) a diseñar e implementar un Plan Nacional de Repoblamiento de la Fauna y la Flora en reservas forestales, tierras fiscales y Áreas Protegidas (APs). Por último, encargaba al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Defensa reforzar el resguardo en Áreas Protegidas y reservas forestales.
Para viabilizar todo lo anterior, el Decreto establecía un plazo de diez días hábiles para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el MMyA elaboraran la reglamentación necesaria.
Hasta la fecha, dicha reglamentación no ha sido publicada oficialmente, al menos según lo reportado por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en una entrevista realizada el 25 de abril de 2024, la ABT confirmó que el reglamento sí fue elaborado y aprobado. Incluso compartió una copia, que indica que el documento fue adoptado mediante el Decreto Biministerial 001 el 24 de septiembre de 2024. Este fue firmado por el entonces ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, destituido el 15 de enero de 2025 por una acusación de enriquecimiento ilícito, y por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores.
¿Qué establece la reglamentación de la Pausa Ambiental?
Además de reiterar las disposiciones ya contenidas en el Decreto Supremo, el reglamento introduce una cláusula relevante en su artículo 4, inciso III:
“La ABT estará facultada para ajustar, modular o redefinir los calendarios de quema y la normativa interna relacionada, en consulta con las organizaciones productivas, sociales, usuarios forestales y entidades territoriales autónomas, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de gestión de recursos en el marco de la normativa vigente”.
Esto implica que la ABT tendría la potestad de flexibilizar la aplicación de los permisos de quema bajo ciertas condiciones, aunque estas no quedan del todo claras. Cabe recordar que el uso del fuego es una práctica común y ancestral en el país, utilizada anualmente no solo con fines de deforestación, sino también para la limpieza de barbechos en sistemas agrícolas rotativos de subsistencia y producción alimentaria.
Respecto a la declaración de “no disponibilidad” de tierras fiscales afectadas por incendios, el reglamento aclara que esta no se aplicará en zonas donde ya se hayan iniciado procesos de dotación ni en aquellos procesos agrarios que se encuentren en trámite, como los saneamientos.
El reglamento también detalla disposiciones adicionales sobre la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Repoblamiento de la Fauna y la Flora, cuyo contenido íntegro se puede consultar en el documento adjunto más abajo.
¿Está vigente o no la Pausa Ambiental?
Durante la entrevista, la ABT indicó que la reglamentación de la Pausa Ambiental habría quedado sin efecto. La razón: sus disposiciones, en especial las excepciones, contravienen la sentencia del Tribunal Agroambiental del 23 de abril de 2025. En dicha sentencia, el Tribunal reafirma que la Pausa Ambiental debe aplicarse en todo el territorio nacional y sin excepciones.
En consecuencia, legalmente, la Pausa Ambiental sigue vigente. No obstante, persiste la incertidumbre sobre la validez de cada una de las disposiciones contenidas en el reglamento aprobado. Algunas de ellas, como las que establecen lineamientos para el repoblamiento de fauna y flora, no parecen estar afectadas por la sentencia del Tribunal. Sin embargo, hasta el momento, no se conocen avances concretos en su implementación.
La voz en el Valle de Tucabaca
Eder Santibañez, afirma que, “como Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, hoy decidimos dar este paso porque no podemos quedarnos en silencio frente a tanta contradicción institucional. Existe una Pausa Ambiental vigente, establecida por el Decreto Supremo 5225 y reforzada por determinaciones del Tribunal Agroambiental, que prohíbe toda quema y chaqueo en el país. A pesar de eso, la ABT ha seguido autorizando quemas y hace apenas unos días emitió una instructiva interna en la que reconoce la prohibición, pero sus técnicos en Roboré declararon públicamente que no intervendrían porque los predios “tenían autorización”. Esa contradicción es inadmisible y evidencia el peso político y económico de la agroindustria, los interculturales y los menonitas en decisiones que están costando bosque, agua, vida y futuro”.
Por eso —enfatiza Eder— hoy hicimos entrega formal de estos documentos, no solo para informar a su oficina regional, sino también como una acción pública de denuncia. Ellos ya deberían tener conocimiento de estas instructivas y actuar con la firmeza que exige la ley: intervenir, fiscalizar y sancionar a quienes siguen quemando el valle.
“La Pausa Ambiental quedó en el papel”
Para Daniela Justiniano, activista ambiental de la organización Alas Chiquitanas, la llamada Pausa Ambiental no ha sido más que un discurso vacío. “Todo suena bonito en papel, pero en la práctica no se cumple nada”, afirma con contundencia.
Daniela recuerda que el Decreto Supremo 5225, establece que debía iniciarse un proceso de restauración en las áreas afectadas por los incendios. Sin embargo, denuncia que hasta la fecha no se ha cumplido ni con el espíritu ni con la letra de la norma: “Se hablaba de reforestar con plantines, pero ¿cuántos? ¿10.000, 15.000? Eso apenas alcanza para unas pocas hectáreas, cuando se quemaron más de un millón en una área protegida nacional”.
Critica duramente el “show mediático” que, según ella, ha montado la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), institución que “ni siquiera tiene tuición” sobre áreas protegidas y, sin embargo, aparece como protagonista en operativos de reforestación simbólica. “Todo queda en declaraciones, en promesas, pero a la hora de asumir responsabilidades, las instituciones se lanzan la pelota”, añade.
La activista también señala que la falta de información clara y el ocultamiento del desastre ambiental han sido sistemáticos, pasando por encima del Acuerdo de Escazú. “No hay un informe público real sobre la afectación. El Gobierno intenta minimizar lo que ha pasado”, sostiene. Y recuerda que incluso organismos internacionales como la Relatoría Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, han dejado constancia de que la pausa ambiental no se ha implementado adecuadamente, y que esto ha generado múltiples vulneraciones, no solo al medio ambiente, sino también a derechos fundamentales como a la salud y el trabajo.
Daniela alerta sobre el avance de la desertificación, la crisis hídrica y el aumento de la temperatura, fenómenos que ya se sienten con fuerza, y que están ligados directamente a la destrucción ambiental. “Se siguen dando permisos para chaqueos, cuando debería haberse suspendido todo con la Pausa Ecológica. Le estamos exprimiendo demasiado a la naturaleza, y los tiempos de regeneración no alcanzan para que estos ecosistemas puedan resistir”, advierte.
La activista no oculta su indignación ante la falta de voluntad política para cambiar el rumbo, ni de las actuales autoridades, ni de candidatos en carrera electoral. “Seguimos con las mismas leyes, no se investiga el origen real de los incendios, no se busca la raíz del problema. Es un círculo vicioso en el que los únicos afectados somos los ciudadanos, nuestros niños, nuestros adultos mayores. Ni siquiera los bomberos voluntarios, que arriesgan su vida en cada incendio, tienen protección o atención médica. Esto debe acabar”.
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