Hoy, 31 de julio, se conmemora el Día Internacional del Guardaparque. Sin embargo, en Bolivia no hay motivo alguno para la celebración. Lo que existe es un estado de alerta ambiental que el poder político insiste en ignorar con una frialdad insostenible. En este que debería ser un día especial, la mesa del presidente de Bolivia Rodrigo Paz tiene una carta acumulando polvo: la nota CITE: ABO CRRP N° 014/26, remitida por la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC). No es la primera; en noviembre del año pasado enviaron un clamor idéntico. Ocho meses de silencio absoluto separan a una carta de la otra.
Mientras el despacho presidencial no les responde, los bosques están siendo amenazados por los incendios forestales y otros crímenes ambientales. Las cifras presentadas por el presidente de ABOLAC, Marcos Uzquiano, golpean a cualquier sociedad preocupada.
“El 60% de los guardaparques del país sostiene el patrimonio natural de Bolivia bajo la figura miserable de contratos eventuales, percibiendo salarios que apenas rozan el mínimo y con meses de retraso”, ha revelado Marcos Uzquiano en una entrevista con Revista Nómadas.
Resulta desgarrador e inaceptable constatar que el 60% de los 300 guardaparques que custodian nuestras 23 áreas protegidas nacionales trabaja bajo el yugo de la eventualidad. Hombres y mujeres con 20 o 30 años de servicio abnegado viven —según la denuncia de Uzquiano— sin estabilidad laboral, sin seguro de vida y con seguros de salud que son una burla indigna. Casos como el de la guardaparque de la Estación Biológica del Beni, cuyo brazo quedó visiblemente torcido y deformado tras una cirugía mal practicada en un centro local por la falta de recursos y un seguro digno, reflejan la desprotección a la que están sometidos.
Hoy, Bolivia se encuentra en el umbral de una nueva temporada crítica de incendios forestales, agravada por la inminencia de fenómenos climáticos extremos como El Niño. Las mafias de la minería ilegal, los avasalladores de tierras, los deforestadores ilegales, los taladores furtivos y los traficantes de fauna operan con armamento de guerra y logística avanzada. Frente a ellos, el Estado envía a sus guardaparques a pie, sin equipamiento de protección adecuado, sin comunicaciones satelitales y sin el respaldo de la Policía Boliviana ni de las Fuerzas Armadas.
El pliego de emergencia de ABOLAC que el Gobierno ignora:
- Institucionalización inmediata: Creación de ítems TGN para la estabilidad del 60% de personal eventual (cumplimiento de la R.M. 217).
- Nivelación salarial urgente: Remuneraciones dignas ajustadas al costo de vida y fin a los retrasos de pago.
- Seguridad social integral: Seguro de vida obligatorio y seguro de salud especializado para zonas de alto riesgo.
- Respaldo estatal efectivo: Presencia policial/militar ante el crimen organizado y la minería ilegal en parques nacionales.
Exigir condiciones laborales dignas para los agentes de conservación no es un reclamo sectorial ni una petición gremial caprichosa; es una medida de salvataje nacional. Proteger las áreas protegidas es resguardar las fuentes de agua, la estabilidad climática, el suelo fértil y el futuro económico de Bolivia.
El presidente Rodrigo Paz prometió enfáticamente en campaña erradicar la traba burocrática y desmontar ese «Estado tranca» que asfixia a la ciudadanía y posterga las soluciones urgentes. Sin embargo, someter a los defensores de los bosques a una peregrinación para conseguir una respuesta positiva para que los reciba en su despacho, es la expresión más rancia de esa misma burocracia paralizante. El primer mandatario tiene la obligación moral y política de recibirlos sin más rodeos ni filtros administrativos; atender a quienes arriesgan la vida en la primera línea de protección ambiental no requiere de dilaciones ni tecnicismos, sino de la voluntad política que prometió aplicar desde el primer día.
Desde Revista Nómadas le decimos al presidente Rodrigo Paz: ignorar la audiencia solicitada por ABOLAC para este 31 de julio no es solo un desplante a un grupo de trabajadores sacrificados; es una condena implícita a nuestros ecosistemas. El Ejecutivo debe recibir a los guardaparques, atender su pliego y dotarlos de los instrumentos legales, financieros y operativos para defender la casa común. Si la respuesta vuelve a ser el silencio, cada árbol quemado y cada pérdida en los ecosistemas de Bolivia en esta temporada llevarán la firma por omisión del propio Estado.
***
