En esta entrevista, Rodrigo Herrera, abogado ambiental, comparte una mirada profunda sobre los desafíos que enfrenta Bolivia en la defensa de sus ecosistemas. Con una notable experiencia en la defensa legal de la biodiversidad y el medio ambiente, Herrera habla sobre su compromiso personal con esta causa, la crisis de confianza en la justicia boliviana y cómo los derechos ambientales están cobrando cada vez más relevancia en el ámbito legal del país.
– Rodrigo, te conocemos por tu extenso trabajo como abogado ambiental. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ti, tu compromiso con esta causa y a qué te dedicas específicamente en tu labor como abogado ambiental?
– Muchas gracias por la oportunidad de compartir el trabajo que realizo. Soy abogado de profesión y, desde el 2008, no he dejado de trabajar en la temática ambiental. Desde muy pequeño, tuve mucho apego y respeto hacia otros seres vivos y al entorno en el que vivo. Recuerdo que, de niño, veía muchos programas sobre los daños que ocasiona el ser humano a su entorno y entendí que debía ser una persona que se dedicara a tratar de ayudar en este proceso de conservar y proteger lo más preciado que existe en el universo, es decir, la vida.
Actualmente, me encuentro realizando diferentes actividades vinculadas con la temática ambiental. Estas actividades se relacionan con la investigación académica sobre el desarrollo del derecho en lo concerniente a la relación del hombre con el medio ambiente. Asimismo, estoy proponiendo proyectos que permitan facilitar el acceso a la justicia ambiental en el país, pero también me encuentro realizando acciones de defensa legal para la protección del medio ambiente, la biodiversidad y los animales ante los diferentes atentados que reciben por parte del ser humano (minería ilegal, tratos crueles, tráfico ilegal de fauna, incendios, etc.).
– En los últimos años, hemos observado un aumento en el número de acciones legales, como acciones populares, que buscan proteger derechos humanos individuales, colectivos e incluso los de ecosistemas, como los ríos. ¿Es realmente así? ¿A qué se debe este fenómeno?
– Evidentemente, durante los últimos 15 años, a nivel internacional, se está utilizando el derecho como uno de los mecanismos para la defensa, protección y conservación del medio ambiente o la madre tierra, como está planteado en nuestro país.
Es muy interesante poder ser parte de esta nueva corriente o especialidad del derecho, que en el país ya está teniendo un importante aporte a la temática. Recordemos que, de 1992 a 2015, el derecho ambiental en Bolivia se limitaba al ámbito administrativo, es decir, simplemente se lo consideraba como los procesos que permiten la obtención de permisos o autorizaciones ambientales. Sin embargo, a la fecha, ya es evidente que el derecho ambiental ha ingresado a otras áreas tan cerradas y tan antiguas como el derecho constitucional o el derecho penal, dándonos importantes antecedentes como la declaración de los ríos como sujetos de derechos o como la posibilidad de ingresar a la cárcel por tener o traficar animales silvestres, o inclusive las restricciones que existen para la ejecución de cualquier tipo de actividad en cuerpos de agua.
Este es un fenómeno bastante previsible en razón a la emergencia climática que estamos atravesando, al intercambio de información entre diferentes culturas que nos están permitiendo modificar los marcos morales que antiguamente pretendían que el ser humano es el ser supremo en este planeta y que puede modificarlo según su conveniencia, y finalmente en razón a que formamos parte de sociedades que responden a estímulos negativos para la modificación de conductas, es decir, que necesitamos medios de coerción contundentes para limitar los actos que realizamos.
– La justicia en Bolivia atraviesa una crisis de confianza por diversas razones. ¿Este problema también afecta el ámbito ambiental? ¿Se están aplicando efectivamente las decisiones favorables a las causas ambientales?
– Este problema está afectando también al ámbito ambiental. Personalmente, me encuentro muy desmotivado y disconforme por la respuesta de la justicia y sus operadores. Debo lamentar que, tanto en la vía administrativa como en la vía jurisdiccional, pasando por instituciones como la Policía Boliviana y otras, evitan el cumplimiento del ordenamiento jurídico ambiental (y lo conocen).
La justicia agroambiental, por ejemplo, durante la pasada y presente gestión, hemos intentado interponer acciones precautorias para proteger a las áreas protegidas municipales en La Paz y otras zonas de conservación. Sin embargo, la jueza agroambiental, sin una debida justificación, ha ido rechazando todas estas acciones; inclusive, esta autoridad habría rechazado acciones de entidades públicas como el SERNAP, lo que es realmente preocupante, puesto que los jueces agroambientales deberían ser los moduladores de las conductas humanas con relación al medio ambiente en el país.
Otro aspecto que me preocupa es el acceso a la información en asuntos ambientales. A pesar de que constitucionalmente todos los bolivianos estamos facultados para pedir esta información, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta en ningún estrato estatal, ni siquiera en la Policía Boliviana a través de la POFOMA, lo que en definitiva es una vulneración a nuestros derechos, que resta nuestras capacidades para tratar de defender el medio ambiente.
Finalmente, los jueces y otros operadores de justicia, como los fiscales, no están entendiendo la magnitud de la problemática ambiental. No están entendiendo que sus decisiones pueden hacer la diferencia para que seres vivos puedan permanecer en este planeta, para que la salud de los ciudadanos no esté comprometida por los atentados que realizan determinadas actividades “productivas” o destructivas, como yo las llamo.
– Cuéntanos sobre los dos casos legales ambientales más recientes y destacados a tu criterio. ¿Cómo nos ayudan a entender lo que se puede lograr a través de la justicia en Bolivia?
– Uno de los casos más destacables actualmente es la acción popular interpuesta por el Defensor del Pueblo contra más de 20 instituciones públicas relacionadas con la proliferación de los incendios.
Hace aproximadamente tres días se resolvió esta acción popular, y las autoridades judiciales han reconocido que el desempeño del Estado, representado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Salud, la ABT, los gobiernos municipales y las gobernaciones, no ha sido suficiente para evitar esta hecatombe ambiental. Los resultados de su gestión no son los adecuados y están permitiendo la magnificación de los incendios, y consiguientemente están vulnerando los derechos de las bolivianas y los bolivianos.
Por primera vez se está reconociendo que el Estado no está actuando bien y que esta inacción está poniendo en riesgo los derechos ambientales de la población, y por tanto, se determinaron acciones más concretas para el Estado. Esta determinación permitirá que, como ciudadanos, podamos acudir a otras instancias jurisdiccionales a fin de lograr que los funcionarios públicos cumplan adecuadamente con sus funciones para asegurar los derechos ambientales.
Por otro lado, actualmente se está sustanciando en el departamento de Santa Cruz una demanda de responsabilidad ambiental que fue interpuesta por la TCO TURUBÓ ESTE en contra de una estancia ganadera que durante varias gestiones les ha privado del acceso al agua por la construcción de infraestructuras de represamiento del río San Lorenzo. Esta acción es interesante, puesto que por primera vez en nuestro país se está pidiendo el resarcimiento de 16.000.000 de bolivianos por los daños ambientales ocasionados por este actor agropecuario. Este antecedente permitiría que otros actores sociales y ciudadanos puedan acudir a la vía agroambiental para recibir indemnizaciones por la ejecución de actividades, obras o proyectos que hayan dañado alguno de los factores ambientales relacionados con estos grupos o comunidades.
– Dado que la justicia boliviana tiende a ser más “tolerante” con los sectores más poderosos, ya sea económica o políticamente, ¿cómo se puede evitar que se convierta en una herramienta punitiva contra los menos poderosos?
– Considero muy importante que se pueda hacer entender a la población que exigir ante la justicia el respeto a las normas ambientales, aunque esto suponga la sanción de ciertas personas, es lo más justo y correcto. Consiguientemente, empoderar a las comunidades indígenas respecto a las opciones de defensa legal que las amparan es imperante. Acudir a las instancias pertinentes para lograr justicia ambiental se tiene que convertir en una tradición.
– Rodrigo, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas y rurales al intentar acceder a la justicia ambiental en Bolivia?
– Me parece que las comunidades indígenas no cuentan con la asesoría jurídica que les permita no solamente el inicio de las acciones de defensa legal, sino también el seguimiento de las mismas. Y esta es una falencia que sucede en el caso de la ciudadanía en general. La justicia ambiental no implica únicamente la interposición de denuncias o demandas, sino más bien el seguimiento de las mismas para que se cumplan los procedimientos y las previsiones legales correspondientes, a fin de obtener resultados que en el ámbito de la conservación y protección ambiental sean los más convenientes para el bien común.
– ¿Crees que es posible avanzar hacia un modelo en el que los derechos de la naturaleza sean reconocidos de manera más integral en el sistema judicial boliviano? ¿Qué cambios serían necesarios para lograrlo?
No simplemente lo creo, estoy convencido de que estamos en ese proceso. La forma de solucionar los problemas ambientales en el estrato legal ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Lastimosamente, estos procesos son generacionales, así que toca ser pacientes para que podamos contar con funcionarios públicos y autoridades que hayan sido educados y formados con la información necesaria, que les permita adquirir conciencia sobre la importancia de esta temática. Por el momento, es necesario que sigamos generando estas prácticas, esta tradición en los estratos judiciales y estatales, a fin de que las nuevas generaciones puedan contar con mayor base para enfrentar los problemas ambientales que van a tener.
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PERFIL
Rodrigo Herrera es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, especializado en Gestión Ambiental y Administración de Proyectos Basados en la Ética con la Ecología, cuenta con más de 15 años de experiencia en la defensa legal de la biodiversidad y el medio ambiente y es Fundador de la Asociación Lex et Natura y de la Asociación Civil – Legal “Justicia Ambiental”.
Lideró el equipo que obtuvo las primeras sentencias en la región por la comisión de hechos relacionados con el tráfico ilegal de fauna silvestre y; es promotor de la reforma jurídica nacional e internacional, para la instauración de los Derechos de los Animales No Humanos y la actualización del Sistema Punitivo boliviano para la defensa de los Animales No Humanos y el medio ambiente.
