El fuego no tuvo piedad con la comunidad de Nueva Generación, un poblado en el norte amazónico de Bolivia, en el municipio de Riberalta. A finales de 2024, las llamas pasaron de una casa a otra sin ninguna dificultad y Remy Gómez, arrodillado e impotente, miraba cómo destruían su vivienda de madera y techo de palma. Lo único que pudo hacer en ese momento fue llorar y abrazar a su familia.
Reddy Muzumbita, dirigente de esa misma comunidad, aún no olvida esa tragedia de 2024, ni los incendios anteriores. Llegaron en plena crisis por la sequía, lo que avivó aún más el fuego en todas las comunidades de Riberalta. También recuerda con tristeza los incendios de 2019 y 2020, aunque no los afectaron tanto.
“En esa época podíamos beber agua potable, en muchas comunidades había pesca, no vivíamos de la pesca, pero por lo menos era un alimento para nosotros. Hoy eso es solo recuerdo. La población sufre por eso”, dice Muzumbita.
La furia del fuego del año pasado dejó manchas grises en el tapete verde boscoso de árboles centenarios como el almendro, el caucho, el tajibo y el mapajo o ceiba que cubre buena parte del municipio de Riberalta. Desde entonces, en ese poblado de 28 casas los días ya no empiezan con buen pie. Antes cultivaban sus verduras y frutas.
Ahora no pueden. Sus pozos subterráneos y el arroyo Agua Dulce, que les pasaba al lado, se secaron por los incendios recurrentes de los últimos cinco años. Alcanzaron a sufrir por el veneno que llegaba a su pequeño arroyo producto de la minería ilegal aguas arriba, hoy no tienen ni eso.
“Eso no pasaba antes”, cuenta Gómez. “No sabemos por qué no tenemos agua. Nuestro arroyo se secó, sólo hay piedras y tierra seca. Ahora hay que ver cómo está, queremos ver si puede mejorar”.
Él y su familia se fueron a inicios de este año, cuando el pueblo quedó prácticamente abandonado y ahora han regresado. Ve una comunidad con esperanza y con ganas de salir adelante.
Están a dos horas de camino desde el centro urbano de Riberalta. En esa ciudad que presencia la magnífica unión de los ríos Beni y Madre de Dios, viven 107 mil habitantes. Es una de las más grandes en la Amazonía boliviana.
Con la construcción de una pequeña vía local, pobladores de otras comunidades dieron la última estocada al arroyo Agua Dulce, relata Gutemberg Gómez, docente de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Autónoma del Beni y presidente de la comunidad Nueva Generación.
El profesor recuerda con tristeza que, a finales del año pasado, a pesar de las quemas, los comuneros iban al arroyo para pescar en las pequeñas lagunas que dejaba a su paso. Podían encontrar desde bagres a bucheres si tenían algo de éxito. Ahora, no hay ni pesca ni agua que antes la hacían potable pasándola por filtros.
“El año pasado lo hemos perdido todo”, dijo. “Nuestras casas se quemaron y ahora, paradójicamente, la comunidad se inundó y también perdimos nuestras plantaciones. El agua potable no se conoce ahora, estamos con las norias que ya van a rebalsar. Están las aguas contaminadas porque están cerca de los baños o letrinas”, relata Gómez.
Los Gómez, el dirigente y el poblador, junto con otras 20 familias que han regresado a Nueva Generación luchan por tener agua. Sus días son difíciles. El poco cauce del arroyo quedó desarticulado.
Algo similar pasa en la comunidad 26 de Octubre, también en Riberalta, donde el ciclo hídrico se alteró. Flora Durita, ex dirigente de ese poblado, también lamenta que la crisis del agua esté tan aguda. Recuerda que antes podían abrir los grifos y el líquido salía con normalidad, pero la situación fue empeorando .“En 2021 empezamos a sufrir por la falta de agua, decidimos racionarla y usarla con horarios. Hoy no tenemos ni eso”, dice.
Allí en 26 de Octubre, un solo pozo, inaugurado en 2020, abastecía a 32 familias. Pero se secó.
Ciriaco Rodríguez, alcalde de Riberalta, lamenta que la sequía y los incendios hayan interrumpido los ciclos de agua en varias comunidades de su municipio, en especial en Nueva Generación y 26 de Octubre.
Por eso, desde mediados de 2024, la Alcaldía de Riberalta tuvo que empezar a llevar agua potable en cisternas a varios poblados, sobre todo para las escuelas y postas de salud. “Hay algunas comunidades (de Riberalta) donde hay agua todavía, pero es muy escaso”, dice el alcalde.
Durita dice que a veces ni el camión cisterna con agua potable les llega a 26 de octubre. Los olvidan.
La gran sequía
Bolivia sufrió la peor crisis climática de toda su historia en 2024, cuando los incendios forestales alcanzaron a extenderse por 12,6 millones de hectáreas de vegetación, lo que representa el 11,5% de todo el territorio boliviano. Esta cifra equivale a tres veces la extensión de Suiza. “Bolivia nunca antes sufrió tanto por los incendios, fue un año desastroso para nuestro medio ambiente”, lamentó Gonzalo Colque, economista e investigador de Fundación Tierra.
La mayor parte de esta devastación ambiental se concentró, una vez más, en el departamento de Santa Cruz, pero la región amazónica del Beni también la sufrió, con el agravante que más de la mitad de la superficie afectada no fueron pastizales, sino bosques.
Según el investigador y economista ambiental boliviano Stasiek Czaplicki, los bosques pueden regenerarse tras un incendio, pero ese proceso toma años y sólo es posible si no se repiten las perturbaciones. La afectación de grandes superficies forestales no solo representa una pérdida grave de animales y plantas, sino que también altera el microclima local. Esto ocurre, explica Czaplicki, porque aumenta la temperatura y disminuye la humedad, lo que a su vez favorece nuevas igniciones y dificulta la recuperación del ecosistema.
Bolivia es el segundo país que más bosque primario perdió en el mundo en 2024, según un nuevo estudio del Laboratorio de Análisis y Descubrimiento Global de Tierras (GLAD) de la Universidad de Maryland y la iniciativa Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI). Fueron arrasadas 1,5 millones de hectáreas de monte primario, algo nunca antes visto. Esa extensión equivale a la mitad de Haití. Más de la mitad de esta pérdida se debió a los incendios forestales, a menudo iniciados para limpiar tierras para la producción de soja, la ampliación de terrenos para el ganado y el cultivo de caña de azúcar.
Es el impacto de esta pérdida y sus consecuencias lo que viven los habitantes del municipio amazónico de Riberalta. Allí los científicos contaron cinco incendios diarios durante la época dura de las quemas, que fue entre agosto de 2024 y enero de 2025, y [MR1] [i2] 55 comunidades indígenas y campesinas afectadas por la crisis hídrica causada por las quemas. En esa localidad se declaró una crisis de agua en casi todas sus comunidades. Se prevé que puede en los próximos meses debido a la sequía extrema.
La combinación de sequía e incendios en este lugar resultó trágica para sus habitantes, ya que afectó su ciclo hídrico y su recarga natural. Así lo ha documentado la Revista Nómadas en este reportaje que es fruto de una colaboración entre periodistas y científicos latinoamericanos, impulsada por el Instituto Serrapilheira de Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), para explorar como daños a la biodiversidad de la Amazonía perturban los distintos servicios ambientales que ésta proporciona sus habitantes y al continente.
¿Por qué el agua?
“El ciclo del agua –el proceso mediante el cual el agua se regenera y circula de las nubes a la tierra, los nevados, los ríos, océanos y de regreso a las nubes –consta de varias etapas: evaporación, transpiración, condensación, precipitación y escorrentía superficial. La alteración del ciclo del agua conlleva a la alteración de la vida en la tierra”, explica Mónica Guzmán Rojo, hidrogeóloga boliviana que trabaja en la Universidad Católica Boliviana (UCB).
Pocas imágenes son tan desoladoras como la que queda después de un incendio forestal: el paisaje es un vacío cubierto de cenizas. Este tipo de desastres generan cambios en un ecosistema, algunos abruptos y visibles en la superficie, otros prácticamente imperceptibles, pero que persisten después de apagado el incendio, como lo que les sucede a las aguas subterráneas.
Precisamente porque no se ve, según explica la hidrogeóloga Guzmán Rojo, el ciclo del agua subterránea es muy poco entendido. Lo opuesto sucede con los ríos, donde se puede encontrar las respuestas simplemente observando. Aun así, es importante conocer los procesos que condicionan el ingreso de agua al subsuelo, que es el proceso de recarga natural.
Uno de esas condicionantes, según la experta, son los incendios forestales que afectan el ciclo del agua. ¿Cómo? Por ejemplo, los incendios en Riberalta destruyeron la capa vegetal, lo que aumentó la degradación de suelos y provocó inundaciones y erosión de la tierra. Al no haber capa vegetal, ésta no actúa como filtro y el agua discurrió por las laderas arrastrando material, como cenizas y lodo, producto de las quemas, que acabaron en los ríos amazónicos.
En el municipio de Riberalta, los bosques alimentaban a sus aguas subterráneas, facilitando su recarga después de las lluvias. Es precisamente este último mecanismo el que lleva el agua a los acuíferos.
“La recarga no es otra cosa que el saldo o remanente que nos queda después de que los otros tres procesos hayan consumido el agua de lluvia en nuestras hectáreas de bosques”, dice Guzmán Rojo. Un incendio, añade, afecta la recarga de agua subterránea cuando el fuego afecta a los procesos de evaporación, transpiración y escurrimiento.
Guzmán Rojo también explica que las recargas naturales de agua son producto de los procesos de lluvia y que los incendios hacen variar el ciclo de lluvias, cambian los suelos, modifican los procesos de filtración y cambia la transpiración. “Tenemos un efecto mucho más severo del que se esperaría solamente de las lluvias. Tenemos que ponerle mucha atención al agua subterránea, que, aunque no la vemos con el tiempo será cada vez menos”, dice.
Mientras que Gutemberg Gómez afirma que los incendios también afectan la calidad del agua. Él dice que cuando se producen las quemas, las cenizas y los contaminantes asociados, incluidos metales pesados como el mercurio y el plomo, se depositan en arroyos, lagos y embalses de agua. Igualmente, las precipitaciones posteriores arrastran esas partículas a los cursos de agua.
“Se convierte en un riesgo para la salud humana y animal, y altera los ecosistemas acuáticos”, destaca Gómez, quien advierte que esto ocurre tanto durante la quema activa como en los meses y años posteriores.
Incendios y políticas públicas
Si bien los incendios se pueden considerar un desastre natural, las decisiones de los humanos -o la falta de ellas- inciden en su ocurrencia. Vincent Vos, biólogo nacido en Países Bajos, investigador y miembro del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma del Beni, considera que la pérdida de bosques y los incendios en Bolivia se deben a la modificación del Plan de Uso del Suelo (PLUS) que realiza cada departamento.
En su opinión, el nuevo PLUS del Beni, aprobado en 2019, se hizo excluyendo a la población indígena. Además, la modificación del Decreto Supremo 26075 permitió la expansión agrícola y ganadera, lo que ocasionó la pérdida de bosques en gran magnitud e incidió en la frecuencia de los incendios forestales. “Hay una relación muy clara. Habilitar 10 millones de hectáreas a la agricultura, eran las palabras de los promotores del PLUS, pero la habilitación siempre es a través del fuego. Se prende fuego al bosque, primero le meten maquinaria, lo tumbas, al final lo quemas para empezar a plantar”, detalla Vos.
El biólogo dice que, entre otras consecuencias del desastre que ocasionaron los incendios, está la disminución de variedades de mariposas y orquídeas.
“El PLUS debería ser oficialmente una herramienta de planificación para optimizar el uso de suelos que son agrícolas, pero garantizando el cuidado de los suelos con vocación forestal. Pero con este PLUS se permite cambiar el modelo de desarrollo y la vocación productiva del Beni. Solo se ve un interés de un grupo de empresarios para modificar la matriz productiva”, cuestiona Vos.
Esas quemas en Bolivia van en ascenso cada año, según datos levantados por Iago Simões y Maria Luiza Busato, que forman parte del programa de formación en ecología cuantitativa del Instituto Serrapilheira. El equipo de científicos comprobó que los incendios afectaron las fuentes de agua en muchas zonas de la Amazonía boliviana, incluida Riberalta.
Los científicos del Instituto Serrapilheira detallan que la curva de ascenso en los incendios creció en los últimos cinco años, llegando a su tope la pasada gestión, cuando se devastaron 12,6 millones de hectáreas. Ese trágico crecimiento también afectó a los cursos de agua, según explican Simões y Busato.
El director de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Juan Carlos Alarcón, explicó que, con el peligroso ciclo, causado por los incendios y la deforestación: no solo se agrava la escasez del agua, sino que también aumentan las temperaturas de calor extremas. “Los incendios forestales aumentan el riesgo de las sequías y estas son un factor determinante para los focos de calor”, explicó el ingeniero ambiental.
Escasa respuesta estatal
Desde julio del año pasado, el municipio Riberalta se declaró en emergencia y luego en situación de desastre. Pese a estas medidas y las disposiciones establecidas por la Ley 602 de Gestión de Riesgos, la ayuda por parte del Gobierno central y departamental no llegó de manera efectiva, según declaraciones del senador Fernando Vaca.
“Fueron días desesperantes”, recuerda Vaca, que es representante de Beni y es parte de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). Al igual que muchos habitantes de la región, clamó por una coordinación urgente y efectiva entre las autoridades nacionales y locales para enfrentar las emergencias.
Si bien las sequías se han vuelto recurrentes desde 2019, tanto ese año como el 2024 estuvieron marcados por la presencia del fenómeno climático de El Niño, que suele manifestarse de forma cíclica cada dos a siete años y tiende a intensificar en Bolivia. En el caso de la Amazonía boliviana, este fenómeno provocó sequías alargadas e incendios que causaron estrés hídrico para la vegetación, los animales y la población.
Pero hubo una diferencia clave: en 2019, el fenómeno de El Niño se manifestó entre febrero y diciembre, mientras que esta vez comenzó mucho más temprano -en mayo de 2023- y se extendió con efectos intermitentes a lo largo de todo el 2024, hasta bien entrado septiembre. Esto influyó en un mayor número de incendios, ya que las sequías fueron más extensas en varias regiones de Bolivia.
Como en otras ocasiones, las autoridades no tomaron las precauciones necesarias por la falta de planes y estrategias de riesgo, a pesar de que este tipo de fenómenos climáticos suelen ser pronosticados con al menos dos o tres meses de antelación. En 2024, según reportes del Viceministerio de Defensa Civil, cerca de 92.721 familias fueron afectadas por los incendios y 47 municipios del país se declararon en desastre por sequía o incendios.
Casi medio centenar de gobiernos locales en Bolivia reconocieron no contar con los recursos ni el personal adecuado para enfrentar estas emergencias. El Viceministerio de Defensa Civil logró atender solo a 7.419 de esas familias afectadas por incendios – es decir, apenas al 8% del total. El presupuesto total destinado a ayuda humanitaria fue de 5.577.526 bolivianos (801.368 dólares), lo que equivale a poco más de 750 bolivianos (107 dólares) por familia asistida.
En cuanto a las sanciones, el informe de rendición de cuentas de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) presentado a inicios de 2025 revela que, durante todo el 2024, se iniciaron apenas 452 procesos administrativos sancionatorios por quema ilegal. De ellos, solo 28 radican en el departamento de Beni y solo 325 llegaron a una resolución.
La resiliencia
Ante la falta de atención a las víctimas de los desastres y la poca efectividad de las autoridades e instituciones para evitarlas y sancionar a los responsables, ¿qué se puede hacer para frenar los incendios en Bolivia?
En un artículo publicado a inicios de este año en la revista Science, un grupo de investigadores bolivianos e internacionales ha formulado recomendaciones concretas: derogar las normativas que fomentan la expansión agropecuaria; fortalecer los recursos, capacidades y niveles de cumplimiento de la ABT y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap); incrementar el apoyo a la gestión sostenible de los bosques; dotar de recursos y formación tanto a actores públicos como ciudadanos para mejorar el manejo del fuego y prevenir futuros incendios.
Pedro Chávez, que es funcionario de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Riberalta, explica que intentarán recuperar el bosque “para que el agua que cayó en esta temporada de lluvia se infiltre, se acumule en las capas subterráneas”. Explica que, si no hay acumulación de aguas, faltará el agua a las comunidades que hoy sufren la escasez.
Chávez explicó que la crisis hídrica en Nueva Generación y 26 de Octubre no solo es por la sequía, sino también por los incendios que provocaron deforestación, lo que ahora ocasiona que al llover ya no haya filtraciones de agua y solo se puedan ver inundaciones.
Jorge Chamaro, líder indígena pacahuara, no ve acciones gubernamentales ni políticas a favor del bosque amazónico. Según él, la expansión agrícola y ganadera sólo ha favorecido a los empresarios, no a los pueblos indígenas que, a pesar de la situación, son resilientes y no “bajan los brazos”. Reddy Muzumbita también destaca esa resiliencia de las comunidades.
El desánimo no es una respuesta -afirma- sino un llamado a la acción. “Aún entre cenizas, los lugareños se levantaron”, dice Muzumbita, quien recuerda que el fuego acabó con sus casas y su forma de vida, pero ante esa adversidad pudieron salir adelante. Así están en Nueva Generación y 26 de Octubre, levantándose entre cenizas y con el sueño de volver a tener agua.
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