Santa Cruz de la Sierra no solo es la ciudad más grande de Bolivia; sino de mayor crecimiento poblacional – la ciudad donde todos quieren migrar – y que grita con orgullo desarrollo pero que oculta toda su basura bajo una alfombra de arcilla. Sí, Santa Cruz de la Sierra, no procesa, ni separa su basura. Todavía, después de la crisis de su previo relleno sanitario Normandía, Santa Cruz tiene un sistema que muchos tildan de arcaico. Toda, todita, va directo de tu basurero, a un camión que recorre la ciudad hasta el último rincón en el distrito 14, y ahí, en el fin del mundo, cada bolsa se tira a una pirámide de basura que crece cada día y que oculta entre corrupción y mala gestión ambiental: una bomba de tiempo y un posible desastre ambiental.
Con más de 1.6 millones de habitantes, según el Censo de 2024, este intento de metrópolis ha experimentado un crecimiento vertiginoso en las últimas dos décadas. Pero este “auge” trae consigo un problema que amenaza con opacar su progreso: la basura que se esconde de tu vista.
UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO, UN PROBLEMA EN EXPANSIÓN
El ingeniero Oscar Nogales Escalera, experto en ingeniería sanitaria y ambiental – quien formó parte de la auditoria al previo relleno sanitario Normandía y colaboró con su conocimiento en la primera construcción de la celda del actual relleno San Miguel de los Junos, advierte – al ver las imágenes del reportaje – que en el actual manejo se está repitiendo la historia de la crisis ambiental de Normandía, y de seguir así, al llegar al tope de la pirámide – en unos años – y con un poco de lluvia todo el sistema podría colapsar, derramando una avalancha de millones de toneladas de desechos tóxicos a los suelos de la ciudad.
Cada día, Santa Cruz genera aproximadamente 1,826 toneladas de residuos sólidos, lo que equivale a 1.14 kilogramos de basura por persona. Esta cifra no solo supera el promedio mundial de generación de basura, fijado en 0.74 kg per cápita, sino que expone la incapacidad de la ciudad para manejar este flujo masivo de desechos. Apenas el 1% de estos residuos son reciclados, dejando un inmenso desafío ambiental y social.
UN VIAJE POR LOS VERTEDEROS: EL GALLITO, NORMANDÍA Y SAN MIGUEL DE LOS JUNOS
La historia de la basura en Santa Cruz es también la historia de sus vertederos. En los años 80, cuando el crecimiento urbano comenzaba a acelerarse, el Gallito fue el primer botadero oficial, literalmente un espacio donde se tira la basura sin ningún tipo de control, al aire libre, sin compactarse ni ser cubierto. Este sitio improvisado se convirtió rápidamente en un foco de contaminación y malestar social. En los 90, le sucedió el relleno sanitario Normandía, que con sus 53 hectáreas prometía una solución más organizada. Fue ubicado originalmente en una zona alejada, pero con la rápida y desorganizada urbanización y, a pesar de las restricciones de no tener comunidades a menos de 1 kilómetro del vertedero, terminó siendo abrazado esquina a esquina por casas y barrios periféricos. Y con el paso de los años, Normandía terminó convirtiéndose en un espejo de la mala planificación ambiental y social de una ciudad en crecimiento.
Las auditorías ambientales realizadas a Normandía han evidenciado una gestión inadecuada de residuos que ha generado graves impactos ambientales y sociales. Desde la primera auditoría de 1997 por la Contraloría General de la República, se detectaron deficiencias estructurales en el manejo de aguas residuales, lo que representaba un alto riesgo de contaminación para los suelos y las aguas subterráneas. En 2012, una nueva auditoría encargada por la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (EMACRUZ) profundizó en la evaluación de los procesos operativos del vertedero, señalando la necesidad de readecuar la infraestructura para minimizar los efectos contaminantes. Sin embargo, la falta de implementación de medidas correctivas contribuyó a un incremento de los problemas, como la dispersión de lixiviados – un líquido altamente contaminante que sale de la basura no tratada – y gases nocivos, agravando los impactos en el medio ambiente y la salud pública.
Para 2012, la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (EMACRUZ) enfrentó una crisis significativa en la gestión de residuos sólidos, incluyendo la falta de infraestructura adecuada, descoordinación entre las autoridades municipales y la ciudadanía, y la insuficiente integración de los recicladores informales en el sistema de gestión de residuos. Estos problemas resultaron en la acumulación de basura en las calles y en la disminución de los esfuerzos por separar y reciclar los residuos. El actual gerente de EMACRUZ, Ricardo Oviedo, admitió que para 2012 – fuera de su gestión – se había estancado el tema de tratamiento de residuos sólidos – establecido por la Ley 755 De Gestión Integral De Residuos – por lo cual desde esa fecha hasta hoy toda la basura que sale del domicilio, se transporta y se entierra, sin tratamiento, incumpliendo lo establecido por normativas nacionales.
Los resultados más alarmantes provinieron de la auditoría de 2014 donde se identificó una significativa contaminación ambiental al Área de Influencia Directa (AID) en un radio de entre 1.000 y 1.400 metros alrededor del relleno sanitario, afectando el agua, el suelo y el aire. Se encontraron niveles elevados de amonio, cloruros, coliformes fecales y totales, hierro, manganeso, plomo y sodio en las aguas subterráneas, superando los límites permitidos por la normativa boliviana, además de la emisión de olores y gases como metano, que intensificaron el impacto ambiental. Este informe también resaltó problemas de salud en la población circundante, como enfermedades respiratorias y dérmicas, derivadas del contacto con contaminantes. El estudio, llevado a cabo por la Consultora América Verde (CAVE), determinó que las operaciones violaban varias normativas bolivianas, incluyendo la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, al operar sin una licencia ambiental válida y sin cumplir las disposiciones para la protección y conservación del medio ambiente. También incumplía el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (Decreto Supremo N° 26714), al generar lixiviados con niveles de contaminantes como plomo, manganeso y coliformes fecales que superaban los límites permisibles, y el Reglamento para Actividades con Impacto Ambiental (Decreto Supremo N° 24176), al operar sin un estudio de impacto ambiental adecuado. Además, se infringían normas técnicas bolivianas (NTB) relacionadas con la gestión de residuos sólidos, la calidad del agua para consumo humano y el control de calidad ambiental, al no garantizar una disposición adecuada de los residuos ni evitar la contaminación del suelo, aire y fuentes de agua subterránea.La auditoría final recomendó el cierre del relleno sanitario al confirmar que su ubicación había sido inadecuada para operar debido a su alta vulnerabilidad ambiental. El área presentaba un nivel freático superficial, lo que exponía el agua subterránea a contaminación directa. Además, los suelos, predominantemente arenosos, facilitaban la infiltración de contaminantes. La topografía plana incrementaba la acumulación de agua de lluvia, aumentando la carga hacia las capas subterráneas. Asimismo, existía conexión entre los acuíferos, lo que permitía que la contaminación se propagara hacia niveles más profundos, agravando el impacto ambiental.
Las auditorías ambientales realizadas a Normandía han evidenciado una gestión inadecuada de residuos que ha generado graves impactos ambientales y sociales. Desde la primera auditoría de 1997 por la Contraloría General de la República, se detectaron deficiencias estructurales en el manejo de aguas residuales, lo que representaba un alto riesgo de contaminación para los suelos y las aguas subterráneas.
Para mediados de 2015, la situación se convirtió en un polvorín, los vecinos de Normandía, que llevaban años protestando, cansados del mal olor y la contaminación, decidieron bloquear el acceso al vertedero. Las protestas fueron masivas y, por primera vez, la ciudad fue testigo de cómo la basura no solo era un tema de salud ambiental, sino un conflicto social que afectaba la vida diaria de la ciudadela más poblada de Santa Cruz – el Plan 3 mil – y sus alrededores.
La auditoría final recomendó el cierre del relleno sanitario al confirmar que su ubicación había sido inadecuada para operar debido a su alta vulnerabilidad ambiental.
Para 2018, los vecinos de las comunidades cercanas al vertedero de Normandía intensificaron sus protestas exigiendo su cierre definitivo, inicialmente programado para el 30 de junio de 2018. Preocupados por los impactos ambientales y de salud derivados de la operación continua del vertedero, los residentes organizaron vigilias y bloqueos en el acceso al sitio, manifestando su rechazo a la ampliación de la licencia ambiental que permitía su funcionamiento por un año más.
EL IMPACTO EN LA GENTE: LAS COMUNIDADES GUARANÍES Y NORMANDÍA
La comunidad guaraní, particularmente en Pueblo Nuevo y Villa Paraíso, ha sido una de las más afectadas por la cercanía al vertedero de Normandía. “Era un olor insoportable que no se podía aguantar, pero que nosotros los vivientes de ahí, digamos, hemos tenido que adaptarnos al olor”— explica Saúl Carayuri Parangaba, un líder comunitario que con mirada triste recuerda que la época dorada de Normandía era la gris de su barrio, donde los niños nacían enfermos, con enfermedades en la piel y han tenido que vivir con los olores por más de 20 años.
Los guaraníes participaron en todas las marchas y bloqueos junto a los vecinos de 16 barrios. “Esta deuda histórica debe ser saldada; queremos justicia social y económica,” afirma Carayuri.
En respuesta a estas movilizaciones – y en contra de las recomendaciones de la auditoría ambiental – la Alcaldía de Santa Cruz entabló negociaciones con los vecinos, logrando un acuerdo que pospuso el cierre del vertedero hasta el 28 de febrero de 2019. Este compromiso incluyó la promesa de trasladar las operaciones a un nuevo relleno sanitario y la implementación de medidas para mitigar los efectos negativos en las comunidades afectadas. Promesas de mitigación que no fueron cumplidas. Dejando en el olvido a los vecinos de Normandía y trasladando la nueva basura recolectada a la última esquina de Santa Cruz de la Sierra, el distrito 14 a 26 kilómetros del centro.
En 2019, la ciudad inauguró el relleno sanitario de San Miguel de los Junos, diseñado para durar 50 años y gestionado con una inversión cercana a los 10 millones de dólares. San Miguel fue vendido como un modelo de modernidad. Sin embargo, problemas como el sobreprecio en la compra de terrenos y la ausencia de una planta de tratamiento de lixiviados han dejado claro que esta solución también está lejos de ser sostenible. Además, su capacidad, prevista para manejar 42.000 toneladas mensuales de residuos sólidos, está siendo cuestionada por la rápida acumulación de desechos.
UN RELLENO SANITARIO CONVERTIDO EN UNA PIRÁMIDE DE BASURA QUE NACIÓ BAJO SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
San Miguel de los Junos, el actual relleno sanitario del municipio de Santa Cruz, ubicado al Sureste a 26 kilómetros del centro en el Distrito 14, comenzó con grandes promesas: modernidad y sostenibilidad. Pero desde sus inicios, el proyecto estuvo envuelto en escándalos de corrupción. De acuerdo con denuncias del entonces concejal y ahora alcalde Jhonny Fernández, la adquisición de los terrenos en 2018 estuvo marcada por un sobreprecio significativo: terrenos cuyo valor real eran de 2 dólares por metro cuadrado fueron adquiridos a 5 dólares.
Los guaraníes participaron en todas las marchas y bloqueos junto a los vecinos de 16 barrios. “Esta deuda histórica debe ser saldada; queremos justicia social y económica,” afirma Carayuri.
Un informe de la Contraloría General del Estado reveló que el precio catastral de los terrenos adquiridos para el vertedero municipal era de Bs 261 mil bolivianos (aproximadamente 37 mil dólares); sin embargo, el municipio pagó $10 millones de dólares, evidenciando un sobreprecio de aproximadamente $8 millones de dólares. El escándalo alcanzó a varios funcionarios municipales, incluyendo a Sandra Velarde, exsecretaria de Finanzas, y Ruvi Suárez, exdirectora de Planificación Integral, quienes fueron imputadas por delitos como contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
San Miguel fue vendido como un modelo de modernidad. Sin embargo, problemas como el sobreprecio en la compra de terrenos y la ausencia de una planta de tratamiento de lixiviados han dejado claro que esta solución también está lejos de ser sostenible.
A pesar de estas irregularidades, el relleno inició operaciones sin una planta de tratamiento de lixiviados, ni de ningún tipo de división de residuos sólidos y con una infraestructura que ya muestra signos de insuficiencia. La ciudad y su basura no solo enfrenta un desafío de infraestructura, sino que sus problemas son mucho más complejos y multidimensionales.
EL DESAFÍO AMBIENTAL Y EL RIESGO REPETIR LA HISTORIA DE NORMANDÍA
El manejo de los residuos sólidos es el legado maldito que dejamos al planeta. En los vertederos, donde la putrefacción de la basura da paso a la creación del lixiviado – un líquido oscuro y venenoso – la tierra y el agua susurran un lamento de contaminación. Este fluido, cargado de metales pesados y sustancias tóxicas, si no es manejado adecuadamente se filtra lentamente en los acuíferos, contaminando las venas del suelo que dan vida a comunidades humanas y ecosistemas enteros. Imágenes comprueban que hay lixiviado corriendo sin control arriba de la pirámide por la acumulación de basura por días y semanas sin cubrir o tratar. Denuncias del concejal Manuel Saavedra mostraba también como piscinas de lixiviado corrían peligro de desborde por el mal manejo de infraestructura y como solucionaban el tema desviando lixiviado a otros espacios en vez de tratarlo. Otra denuncia del concejal José Alberti comentaba que una de las piscinas efectivamente tenía filtraciones de lixiviado a la tierra – y a los cultivos de los vecinos de la zona – por falta de mantenimiento. Cada gota es un recordatorio silencioso del precio que paga el planeta por nuestro consumo.
A esto se suma el metano, un gas letal que asciende desde los montículos de desechos como un aliento caliente de la descomposición. Veinticinco veces más poderoso que el dióxido de carbono, su presencia no solo calienta el aire, sino que también magnifica el desequilibrio de la naturaleza.
Cada vertedero es una bomba de metano y biogás, que mediante el método de “flareo” utilizan chimeneas que queman el metano generado por la descomposición de residuos. Este gas una vez quemado, se transforma en CO₂ y vapor de agua, reduciendo su impacto ambiental. Además, evita explosiones, minimiza olores y neutraliza compuestos tóxicos como el sulfuro de hidrógeno. Sin embargo, el flareo es una solución transitoria. Con la implementación de plantas de tratamiento adecuadas, el metano podría capturarse y aprovecharse como fuente de energía renovable, convirtiendo lo que hoy es un problema en una oportunidad para generar electricidad y calor de manera sostenible.
EL DESAFÍO SOCIAL DE LOS RECOLECTORES DE BASURA EN SANTA CRUZ: LOS CIRUJANOS INVISIBLES DE LOS DESECHOS
Desde el amanecer hasta la noche cerrada, los recolectores de basura trabajan incansablemente en turnos que parecen no acabar. Día tras día, su labor es tan esencial como invisible, limpiando la ciudad en un esfuerzo continuo a merced del horario asignado. Algunos recorren las calles cuando la ciudad apenas despierta; otros, cuando la oscuridad ya gobierna. Entre desechos y cansancio, recogen no solo bolsas de todo nuestro desperdicio, sino también el peso de una sociedad que apenas nota su existencia.
“Este trabajo es bien sufrido,” confiesa Cielo Ramírez, quien ha dedicado más de 15 años a esta labor. “Alzamos bolsas pesadas, lidiamos con olores insoportables y muchas veces enfrentamos humillaciones en las calles.” Sus manos, curtidas por el trabajo, son testigos de una lucha diaria por sobrevivir en condiciones que desafían la dignidad humana. Como verdaderos cirujanos, diseccionan cada bolsa de basura con navajas rudimentarias, operando con rapidez y precisión para extraer los artículos reciclables que les sirvan para ganar algo en el día. Una práctica que realizan en equipo, arriba su camión asignado antes que su ruta termine y lleguen a tirarlo todo en el relleno sanitario. Aunque reciclar no es parte de su trabajo durante el proceso de recolección, lo hacen en un esfuerzo por aprovechar lo que otros desechan. Cada bolsa representa un riesgo para su salud: pueden encontrar desde vidrios rotos y materiales peligrosos hasta gusanos, animales muertos o incluso fetos. “A veces encontramos dinero y hasta dólares, si tenemos suerte,” comenta uno de los trabajadores, revelando el contraste brutal entre el horror y las pequeñas esperanzas que los impulsan a seguir. Para soportar las largas jornadas y el esfuerzo físico, muchos y muchas mastican coca, una costumbre que alivia el hambre y la fatiga mientras recorren la ciudad para limpiar nuestros desechos.
Sin embargo, el flareo es una solución transitoria. Con la implementación de plantas de tratamiento adecuadas, el metano podría capturarse y aprovecharse como fuente de energía renovable, convirtiendo lo que hoy es un problema en una oportunidad para generar electricidad y calor de manera sostenible.
En los últimos meses, la paciencia de este ejército invisible de más de 400 personas se ha agotado. Los bloqueos al ingreso del vertedero se han convertido en la única herramienta para exigir lo que debería ser un derecho básico: el pago de salarios. “No nos vamos a mover de aquí hasta que nos paguen,” claman los recolectores bajo el sol ardiente de un bloqueo el 14 de diciembre, y expresaron su frustración con el alcalde: “Que se pongan en nuestros zapatos. Nosotros necesitamos todo: comida, trabajo, ingresos. Él no necesita nada porque tiene toda la plata del Estado. Si le falta un peso, agarra su auto, va al cajero y saca dólares, así de fácil. Y nosotros, ¿qué? ¿Dónde comemos, dónde ganamos? Mientras él tiene todo, nosotros vivimos al día”. Para los trabajadores, no es el primer ni el ultimo bloqueo del año, comentan que con la empresa actual – Piraí – se han acostumbrado a exigir mensualmente lo que les corresponde.
Para diciembre de 2024, la alcaldía le debía a las microempresas que contratan a más de 280 trabajadores un total de 3 millones de bolivianos, un monto que debía pagar el sueldo de 3 meses y aguinaldo. La alcaldía le prometió 2 sueldos para que vuelvan al trabajo, volvieron, pero una semana después y una promesa incumplida los forzó a realizar otro paro.
Para sumar a la crisis de basura, el concejal municipal, José Alberti, criticó duramente a EMACRUZ, calificándola como “totalmente parasitaria y deficitaria”, y señalando que no cumple su único rol de fiscalizar el manejo de la basura en Santa Cruz. Alberti denunció que los recursos recaudados a través de las facturas de luz, destinados al aseo urbano, están siendo desviados para cubrir sueldos y otras obligaciones burocráticas ajenas al servicio de recolección. Actualmente, el costo mensual de la recolección y disposición de basura asciende a 30 millones de bolivianos, mientras que la recaudación vía la factura de electricidad solo cubre el 45% de este monto. Este déficit, que en 2024 superó los 270 millones de bolivianos, pone en evidencia la necesidad de una reingeniería financiera en el sistema de gestión de residuos.
En los últimos meses, la paciencia de este ejército invisible de más de 400 personas se ha agotado. Los bloqueos al ingreso del vertedero se han convertido en la única herramienta para exigir lo que debería ser un derecho básico: el pago de salarios
El vocero municipal, Bernardo Montenegro, reconoció que se tiene planillas pendientes con las operadoras de recojo de basura y cada una es de un promedio de Bs 30 millones de bolivianos; sin embargo, no precisó cuántos meses se debe.
“La ciudad está llena de basura y los trabajadores del aseo protestan porque no reciben sus sueldos”, enfatizó Alberti, destacando el daño financiero y social que esta problemática representa para Santa Cruz. Y es que ellos no están obligados a recoger la basura ajena gratis. Por eso, durante los bloqueos, las calles se convierten en un retrato incómodo: montones de desechos que rebosan de los contenedores, olores nauseabundos que invaden mercados y barrios, y el susurro de una crisis ambiental que amenaza con desbordarse. La basura, que suele ser invisible para los ojos de la ciudad, se convierte en un recordatorio del costo de ignorar a quienes sostienen el sistema de limpieza.
“Una vez nos depositen a nosotros el sueldo, nosotros vamos a salir como todos los días a dejarla limpia la ciudad. Pero de aquí, por favor, que nos disculpen a nosotros” explican los trabajadores en pleno bloqueo. La precariedad laboral no es el único desafío. En fechas festivas, cuando la ciudad celebra y los desechos aumentan en un 30%, la carga sobre los recolectores se intensifica. Según datos de EMACRUZ, la basura puede superar las 2100 toneladas al día. Sin embargo, los recogedores no pueden darse el lujo de parar de trabajar. Pero entre la miseria y el olvido, se la buscan. Mientras esperan su sueldo con meses de retraso: reciclan. Reciclan aluminio, reciclan plástico, reciclan botellas, todo lo que pueda tener un valor para venderlo a la industria de reciclaje y pagarse su comida del día. “La basura es un tesoro,” aseguran, reconociendo que lo que para muchos es desperdicio, para ellos puede ser sustento. Con apoyo institucional, el reciclaje informal de los recogedores de basura podría convertirse en una herramienta para crear sueldos más dignos, reducir la pobreza y transformar la gestión de residuos en un modelo sostenible.
EL DESAFÍO ECONÓMICO: CONVERTIR LA BASURA EN DINERO
En un intento por enfrentar la creciente crisis de la basura en Santa Cruz, EMACRUZ y la administración municipal han anunciado planes ambiciosos para industrializar el manejo de residuos, incluyendo la construcción de una planta de tratamiento de última generación. Este proyecto no solo busca transformar los desechos en materiales reciclables, sino también aprovechar el metano y otros biogases generados en los rellenos sanitarios para producir energía limpia a través de biodigestores. Según las autoridades, la iniciativa tendrá la capacidad de procesar 1.200 toneladas de residuos al día, lo que equivale a aproximadamente medio millón toneladas al año.
Esta planta industrializadora permitirá reducir en un 32% la cantidad de residuos que actualmente se entierran en el relleno sanitario, además de recuperar más de 45.000 toneladas anuales de materiales reciclables, fortaleciendo así la cadena de reciclaje en el municipio, generando empleos verdes y promoviendo una economía circular.
Para sumar a la crisis de basura, el concejal municipal, José Alberti, criticó duramente a EMACRUZ, calificándola como “totalmente parasitaria y deficitaria”, y señalando que no cumple su único rol de fiscalizar el manejo de la basura en Santa Cruz
Sin embargo, los retos para materializar este proyecto son enormes. La licitación de la planta es de 52 millones de dólares, pero la inestabilidad económica del país, la crisis de los dólares —que genera incertidumbre en posibles inversionistas que quieran operar la planta—, los conflictos administrativos dentro de EMACRUZ y los impactos en los trabajadores actuales del sistema de recolección son obstáculos que amenazan el avance de la planta. Además, problemas históricos como la mala asignación de recursos y la limitada infraestructura para clasificar y recolectar residuos agravan la situación. A esto se suma la necesidad de cambiar profundamente la cultura de gestión de residuos, con un compromiso financiero sólido, la participación ciudadana en el reciclaje y una coordinación eficiente entre los actores involucrados. Pese a las dificultades, el éxito del plan podría marcar un antes y un después en la sostenibilidad de Santa Cruz, al convertir la basura en una oportunidad para generar energía y proteger el medio ambiente.
“La basura no se esconde; se transforma” podría ser el lema de una ciudad que está desesperada por ser metrópolis. Sin embargo, mientras los rellenos sanitarios sigan siendo cúpulas de desechos mal manejados, el sueño de una Santa Cruz limpia y saludable seguirá siendo eso: un sueño.
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“Este reportaje se elaboró en el marco del Fondo concursable de apoyo a la investigación periodística, organizado por la Fundación para el Periodismo (FPP) ‘Spotlight XXI’”.
