La Sala Plena del Tribunal Agroambiental ha admitido formalmente la denuncia interpuesta por activistas y defensores de la naturaleza contra la empresa PETROBRAS BOLIVIA S.A., acusada de incumplir flagrantemente la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, que protege al jaguar (Panthera onca) y su hábitat. La demanda exige la paralización inmediata de actividades extractivas por parte de Petrobras y el cese de la persecución judicial contra comunarios locales.

Mediante providencia emitida en Sucre el 14 de enero de 2026, la Sala Plena determinó que el memorial de denuncia sea “arrimado al Expediente 6084/2025”, integrándolo a la Acción Ambiental Directa de Medidas Cautelares Preventivas y Reparación Integral por Daño a la Biodiversidad en la Protección del Jaguar.

Los demandantes exponen que la petrolera ha ignorado la “Pausa Ecológica” dictada por el mismo Tribunal, avanzando con el proyecto exploratorio en una zona crítica para la conectividad del felino más grande de América.

EL CONFLICTO

TARIQUÍA Y EL CORREDOR DEL JAGUAR El centro del conflicto es el Proyecto de Perforación Exploratoria Pozo DMO-X3, ubicado en el Bloque San Telmo Norte, dentro de zonas de amortiguación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y superpuesto al Polígono No. 5 de la Unidad de Conservación del Jaguar (UCJ).

Según los antecedentes presentados, Petrobras inició operaciones con resguardo policial en enero de 2026, afectando un corredor biológico transfronterizo vital que conecta poblaciones de jaguares entre Bolivia y Argentina. Estas acciones contravienen directamente el punto 10 de la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, que dispuso la suspensión de actividades extractivas en áreas protegidas con incidencia en corredores biológicos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA AMBIENTAL

La denuncia alerta sobre una grave situación de derechos humanos: Petrobras y YPFB han iniciado procesos penales contra 17 comunarios y defensores de Chiquiacá y Loma Alta, acusándolos de delitos como “asociación delictuosa” por oponerse pacíficamente al proyecto. Los demandantes solicitan que el Tribunal aplique el Acuerdo de Escazú para proteger a estas personas de lo que califican como una estrategia de intimidación para silenciar la disidencia legítima.

EL PETITORIO: ¿QUÉ SE EXIGE AL TRIBUNAL?

En su memorial, los demandantes solicitan con carácter de urgencia al Tribunal Agroambiental las siguientes medidas contundentes:

SUSPENSIÓN INMEDIATA E INDEFINIDA del Proyecto Pozo DMO-X3 en San Telmo Norte, hasta verificar el cumplimiento estricto de la Consulta Previa (CPLI) y una Evaluación de Impacto Ambiental que considere los daños acumulativos al corredor del jaguar.

PROTECCIÓN A DEFENSORES: Declarar formalmente a los 17 criminalizados como “Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales” bajo el Acuerdo de Escazú, ordenando el cese del hostigamiento judicial y la desestimación de los procesos penales en su contra.

SANCIÓN ECONÓMICA: Imponer una multa de 500.000 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda) a Petrobras Bolivia S.A. por ejecutar obras contraviniendo la pausa ecológica, destinando los fondos a la reparación de las víctimas y la restauración ambiental.

REPARACIÓN INTEGRAL: Ordenar la restauración inmediata de las 50 hectáreas de bosque nativo y zonas de agua afectadas por la incursión de la empresa.

INVESTIGACIÓN PENAL: Remitir antecedentes al Ministerio Público para investigar a los representantes de Petrobras por delitos ambientales y persecución infundada.

AUDITORÍA DE LICENCIAS: Revisar y suspender todas las licencias ambientales emitidas posteriormente a la resolución de protección del Jaguar en áreas protegidas.

LLAMADO A LA ACCIÓN URGENTE

La admisión de esta denuncia representa un hito crucial en la justicia ambiental boliviana. La sociedad civil y las organizaciones demandantes exhortan a los Magistrados del Tribunal Agroambiental a pronunciarse de manera oportuna y célere.

La demora en la resolución no solo pone en riesgo irreversible la integridad ecológica de Tariquía y la supervivencia de las poblaciones de Jaguar en el Gran Chaco, sino que mantiene en vilo la libertad y seguridad de 17 ciudadanos cuyo único “delito” ha sido defender el patrimonio natural de todos los bolivianos.

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