Ha muerto, por impacto de bala, un joven de 20 años en uno de los tantos asaltos violentos a propiedades del Estado, comunitarias indígenas o privadas, que han normalizado como práctica individuos de cuello blanco y/o de ojotas que se caracterizan por la violación a las normas vigentes y al Estado de Derecho y que, gradualmente han convertido el territorio indígena Gwarayu en un campo de batalla de traficantes de poderes de todo tipo y alcance económico.
Lamentablemente, y en muchos casos, avalados por algunos diputados, ministros, viceministros, asambleístas y senadores, ni qué decir de ex funcionarios del INRA que tenían sus gestoras privadas en esa institución y que hoy pagan y cobran deudas asociados con dirigentes.
Es notoria la ausencia y el silencio del viceministro de Tierras y el vacío de poder generado por esta red de tráfico de tierras.
Los asaltos violentos y armados de esta semana nuevamente vuelven la mirada de los bolivianos al tema agrario.
La muerte de un joven boliviano es una herida que nos sangra a todos y es un hecho que provoca indignación y tristeza.
En todo caso, debiera haberse iniciado una investigación a fondo y dar con el culpable, antes de caer en especulaciones y hacer bandera de lucha con su muerte. Seamos respetuosos de su memoria, al menos.
Aquí se trata de un grupo ya identificado, acostumbrado a no esperar a los procedimientos legales de dotación de tierras.
Indignación, porque cualquier ciudadano medianamente informado conoce que, en los asaltos y tomas de tierras, particularmente en Guarayos, se usa todo tipo de justificación. Ahora se amparan en su mejor derecho porque se trata de un área que gestiona una extranjera, pero también han asaltado con violencia las de empresarios honestos, porque se trata de la derecha o de “gente con influencia”, o de amigos de alguna autoridad, o comunidades, porque consideran que los indígenas tienen mucha tierra “ociosa”, o del Estado porque Estado son ellos, etcétera. Es decir, para cada asalto ilegal cualquier justificación sirve, en este caso es contra extranjeros y a favor de ellos mismos, no del Estado.
Si no encuentran fácilmente un motivo de extorsión y amedrentamiento, investigan o usan a sus testaferros con poder y cargos para inventarlo, eso lo sabemos todos quienes hemos investigado sus procedimientos.
En suma: Aquí el tema no es la tierra de una colombiana ni la de DIRCABI, son todas las tierras de todos los bolivianos, las que les gusten y decidan estos grupos dirigidos desde Santa Cruz, San Julián y Cuatro Cañadas, sean éstas tierras propiedades legales ya sometidas a “recortes” que también los mismos avasallan o sean territorios indígenas o del Estado boliviano. Esto tiene que quedar claramente establecido porque estamos frente a una escalada de violación violenta de los derechos propietarios LEGALES, ya no sólo se trata de propiedades con ilegalidad en el trámite o cuestionadas por exceder superficies legales, también hoy asaltan pequeñas y medianas propiedades legalmente establecidas.
Tristeza, porque un joven boliviano ha sido “ofrendado” según las palabras de los avasalladores y cuya vida debió ser resguardada y protegida junto a la de mujeres y niños que ahora usan como escudo y bandera mientras ellos, después de los casos Las Londras y Santa María, tras los cuales resultaron procesados, mueven todo tras bambalinas, sembrando zozobra, luto y violencia a su paso.
Si no encuentran fácilmente un motivo de extorsión y amedrentamiento, investigan o usan a sus testaferros con poder y cargos para inventarlo.
Iba a empezar esta nota haciendo un análisis de las irregularidades en el caso Ostreicher-colombiana-ex concesión forestal, caso que investigamos y publicamos en su momento con toda la información técnica y de campo disponible. Pero darle este enfoque, que obviamente es importante para entender la cadena de ilegalidad y las redes de protección que actuaron en el conflicto actual, prestarse al discurso falso de una supuesta reivindicación contra ilegales y narcos y no es así. Aquí se trata de otro avasallamiento violento a tierras del Estado. Aquí se trata de un grupo ya identificado, acostumbrado a no esperar a los procedimientos legales de dotación y de forzar a que se los defina con exclusividad de derechos sobre las tierras privadas y fiscales en Guarayos.
Este grupo que ha asaltado tierras del Estado es el mismo que exigía la renuncia del actual director del INRA, no bien fue posesionado el pasado año y que estaba apoyado por un ministro que fue encontrado recibiendo 30 mil dólares, producto de la extorsión a propietarios de otra propiedad privada y, como éste, tantos otros casos que finalmente han ocasionado gravísimos daños y perjuicios ambientales, económicos, institucionales y sociales.
La prudencia mal entendida, la cobardía, la complicidad, el miedo y el cálculo político, exigen silencio y lamentablemente muchas autoridades obligadas a pronunciarse sobre este hecho, han decidido callar y otorgar. “Siembra vientos y cosecharás tempestades”.
¿Qué hacer?
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