En estos últimos años, desde Nómadas hemos tenido la oportunidad de ir conociendo el compromiso y trabajo que realizan legisladoras bolivianas a favor del medio ambiente, particularmente en el ámbito de los bosques, minería y pueblos indígenas.
Hemos sido testigo de sus valiosas labores de fiscalización, propuestas de reforma legislativas, interpelaciones a autoridades del Ejecutivo, llamados a la consciencia social y cambio del modelo extractivista actual, y de contribución a la agenda socio-política de Bolivia. Sin embargo, sentimos que las voces de dichas diputadas y senadoras, ya sean titulares o suplentes, requiere de una llegada mayor porque la problemática ambiental, lejos de detenerse en el país, crece con cada puesta de sol.
En los siguientes meses, les presentaremos de forma regular, entrevistas a legisladoras del país, dando así voz a representantes electas del pueblo boliviano comprometidas con la causa ambiental. Intentaremos de traerles visiones que muestren la diversidad desde diferentes rincones del país: oriente, occidente y valles; ciudades y zonas rurales, donde se enfrentan a las mismas barreras de género en diferentes escenarios de Bolivia.
Lamenta la impunidad en los avasallamientos en el Bajo Paraguá y la falta de acción de las autoridades competentes. Foto: Clovis de la Jaille.
Como nos caracteriza, serán entrevistas que buscan un entendimiento profundo y en las que, como es el trabajo profesional de Nómadas, a la hora de preguntar, cuestionaremos como lo hace el periodismo libre, y como ellas mismas lo hacen a su vez desde sus funciones. Esperamos, así, aportar con un mejor conocimiento de sus perspectivas, los desafíos a los que se enfrentan y las propuestas que tienen para avanzar en la temática socio-ambiental de Bolivia.
En esta primera entrevista, les presentamos a María René Álvarez, diputada nacional de Creemos, que representa a la circunscripción 54 de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz.
– ¿Este 2024, ¿cómo evalúa la problemática ambiental en el país, sobre todo para los bosques y todo lo que vive en ellos?
– Para este año se prevé los mismos problemas que 2023, pues las autoridades del nivel central se han negado a modificar las normativas incendiarias que cada año provocan los incendios y desastres en nuestra Chiquitania y Amazonía. También se ha abierto la posibilidad de producir biodiesel con mayores facilidades para el sector privado; sin embargo, si esto no se planifica con sostenibilidad ambiental estaremos arriesgando nuevamente a nuestros bosques.
– Respecto a la expansión de la deforestación, en zonas de la Chiquitania, como el Bajo Paraguá y las Londras, ¿qué perspectivas ve para revertir esa situación, en particular, dado la ausencia o baja respuesta estatal?
– La respuesta estatal es nula. Recordemos que el presidente Luis Arce, en la Cumbre de la Amazonía en Belém do Pará realizada en agosto, se negó a firmar el compromiso de deforestación cero en la región. Los casos de Bajo Paraguá y Las Londras quedaron en la impunidad. El primero con la negativa del alcalde Ruddy Dorado a cumplir una Acción de Cumplimiento para evitar los avasallamientos en esa área protegida, y el segundo caso lleva un par de años en la impunidad con los cabecillas del secuestro a los periodistas y policías libres y luego realizando amenazas de muerte a la gente, todo ante la mirada cómplice del Comando Departamental de la Policía.
Todo ese panorama se podría revertir con decisiones políticas, con respeto y cumplimiento a la ley y con un nuevo Gobierno que respete los derechos humanos de las comunidades y los derechos ambientales de nuestras áreas protegidas.
– ¿Conocemos su compromiso medioambiental y con las poblaciones de los territorios afectados por extractivismo, ¿cómo usted define su año y cuáles son para este 2024 los mayores retos que tiene desde su rol como diputada?
– Durante 2023 estuvimos a cargo del Comité de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. En ese tiempo pudimos activar varias acciones de fiscalización sobre todo a los ministerios de Medio Ambiente y al de Minería, por las denuncias que recibimos por los proyectos de intervención a nuestros recursos acuíferos o la contaminación de minerales, sobre todo mercurio, que están afectando a los pueblos indígenas. En ese sentido, remitimos las Peticiones de Informe Escrito a las instancias del nivel central, pero las respuestas fueron tardías, como del exministro Santos Cruz, que fue alejado del cargo por comprobada corrupción y dejó seis PIE pendientes de respuesta.
Enviamos notas a instancias internacionales para alertar las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas y gracias a aquello hubo el pronunciamiento del relator Especial de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, sobre la actividad aurífera en comunidades indígenas. También hicimos las intervenciones en la reserva natural del Choré y una inspección al Centro Metalúrgico del Mutún, para verificar sus políticas ambientales.
El mayor reto para este año es que todas esas acciones tengan continuidad y que en esta gestión se logre la respuesta oportuna y eficaz de las autoridades del nivel central, y para ello se requiere que el Órgano Legislativo reasuma su rol como ente fiscalizador y deje de ser un apéndice del Ejecutivo.
Las autoridades del nivel central se han negado a modificar las normativas incendiarias que cada año provocan los incendios y desastres en nuestra Chiquitania y Amazonía
– Según datos de la Autoridad de Bosques y Tierra, por un lado desde el 2019 hasta la fecha, entre 35% y 45% de los incendios forestales ocurrieron en predios empresariales o privados medianos y por otro lado entre 19% a 27% en predios comunitarios o territorios indígenas originarios campesinos que incluyen a los interculturales, campesinos y pueblos indígenas, en su perspectiva, sin demonizar al empresariado, ¿qué responsabilidades tiene que asumir el sector empresarial y los otros actores que tienen que ver con los desmontes?
– El oriente tiene una vocación agraria y para el desarrollo de esa actividad a gran escala se debe trabajar en la tierra. Sin embargo, lo que falta es una planificación con una visión de desarrollo sostenible y protección al medio ambiente. Pero hay que aclarar que la problemática no parte del empresariado sino de las políticas del nivel central que desde 2006 viene trabajando en la “redistribución de las tierras”, con todos los beneficios para los denominados grupos interculturales que llegan a tomar las tierras, conforman sindicatos para tener aval del INRA y luego de obtener la titularidad propietaria, venden o arriendan, o sea comercializan, esas tierras a grupos privados nacionales y extranjeros.
Cuando existen desmontes en predios privados, debe haber también el compromiso de recuperar estas áreas con políticas de forestación que implican poca inversión, pero sí mucho tiempo. Esa fórmula es la que deben asumir los empresarios para lograr proteger al medio ambiente a la par de salvaguardar sus propiedades privadas.
– La expansión de colonias menonitas en Bolivia, que conlleva mucha deforestación, está tomando proporciones preocupantes. ¿Se debería revisar las diferentes políticas que favorecen a las condiciones para su expansión en el país, como, por ejemplo, el Decreto Supremo 4192 de 1955 que les otorga exenciones en el área educativa?
– Las colonias extranjeras en Santa Cruz han contribuido al desarrollo del departamento y a consolidar el modelo económico cruceño. Pasó con las colonias japonesas, luego brasileñas y ahora menonitas. Sin embargo, la permisividad desde el nivel central ha generado consecuencias ambientales que antes no eran tomadas en cuenta. La deforestación y los incendios de tierras provocó la pérdida de 900.000 hectáreas de tierra entre 2001 y 2021. En 2010 se tenía la presencia mayoritaria de brasileños con más del 40% de tenencia de tierras para la producción de soya. En tanto, el reciente estudio de Conservación Amazónica concluye que en los últimos cinco años son los menonitas los responsables de la pérdida de cobertura boscosa en 210.980 hectáreas para esa actividad.
Por todo este panorama, ahora hemos presentado una Petición de Informe Escrito (PIE), al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), para esclarecer la situación jurídica de las colonias menonitas en el país, porque conocemos que su expansión, apoyada por capitales privados e inmobiliarias, apunta a migrar a Surinam, donde se está garantizando 300 mil hectáreas de tierra para 50 familias menonitas, sin conocer las consecuencias ambientales para las tierras y las comunidades que dejan estas personas a su paso.
Álvarez critica la falta de compromiso en la clase política boliviana para abrogar leyes que promueven los desmontes y los incendios forestales. Foto: Clovis de la Jaille.
– Para hacer avanzar la agenda socioambiental en el país, el respaldo sostenido de la opinión pública es muy importante, ¿qué podemos realizar para que la población y en particular, la juventud, esté más comprometida con esta causa?
– Son varios años que se maneja una nueva agenda mundial para generar conciencia en la población. Hoy, muchos jóvenes están encerrados en sus propios mundos de tecnología y redes sociales, y no conocen nuestra amplia diversidad natural. Existe conciencia ambiental, pero todavía se debe trabajar en la experiencia vivencial de conocer nuestros bosques, ríos, nuestra fauna y flora, porque muchos de estos jóvenes tendrán que asumir responsabilidades mañana y solo con la experiencia vivida tendrán conocimiento de la realidad de nuestras áreas y recursos naturales.
– Los avasallamientos en el Bajo Paraguá han sido otro de los territorios en los que usted ha concentrado sus esfuerzos, ¿qué está pasando realmente en esa área protegida?
– Los avasallamientos en nuestro Bajo Paraguá llevan varios años en impunidad, porque ni el INRA ni la ABT han logrado frenar el ingreso de colonizadores a esta área protegida de nuestra Chiquitania. Pese a la Acción de Cumplimiento que logramos por parte de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, para evitar más asentamientos en la zona, el alcalde Ruddy Dorado, quien por Ley Municipal es el llamado a hacer los controles en el Bajo Paraguá, no ha tomado ninguna acción y con ello está incurriendo en más figuras penales. Estos asentamientos afectan directamente a las comunidades indígenas de Florida, Porvenir, Piso Firme y Picaflor, que nos pidieron tomar acciones y con quienes en 2023 conformamos un comité interinstitucional de defensa.
Hoy, el problema lejos de solucionarse, tiende a agravarse porque desde el Comité Cívico Provincial y las propias comunidades indígenas se denunció y comprobó que se está trasladando a gente para hacerse censar en el lugar, este 23 de marzo, y con ello lograr algún tipo de derecho dentro del Bajo Paraguá. Los indígenas destruyeron 20 viviendas de ladrillo y calamina que ya habían sido construidas en plena selva. No vamos a permitir este nuevo avasallamiento frontal.
– Creemos, es muchas veces, asociada a los intereses de ciertos sectores económicos del oriente que promueven la expansión agropecuaria y, con ella, la deforestación, sin embargo, usted, como diputada de dicho partido, se destaca por su compromiso y acciones concretas para frenar la deforestación. En qué medida se puede equilibrar la balanza de poderes para que, entre todos los partidos, ¿tomen acciones concretas para revisar las leyes y políticas públicas que promueven la deforestación?
-No tengo comentario sobre lo primero, pues se debería consultar con los aludidos. Toda la clase política debería asumir un compromiso por nuestros recursos naturales, pero vemos que priman no solo los intereses económicos sino también los políticos. Por ejemplo, cuando planteamos la abrogación de las leyes ecocidas e incendiarias, como la Ley 741, no logramos el apoyo de las bancadas de oficialismo y oposición, que solo realizaban discursos románticos en el hemiciclo por las quemas e incendios forestales en nuestra Chiquitania, La Paz y Cochabamba, pero a tiempo de tomar acciones concretas no levantaban el brazo. Eso demuestra que la clase política todavía está alejada de la conciencia y compromiso ambiental en Bolivia.
Lo que falta es una planificación con una visión de desarrollo sostenible y protección al medio ambiente
– Hay análisis que consideran que la FES es uno de los argumentos para la deforestación en Bolivia, que es una norma obsoleta y que se debería eliminarla porque no contempla la importancia del bosque para servicios ambientales y conservación de especies. Al mismo tiempo, pese que su verificación ha sido suspendida entre 2015 y 2020, y no ha retomado de forma efectiva desde entonces, es un argumento usado para justificar la deforestación. ¿Qué opina sobre este tema?
– La ampliación de la frontera agrícola con esta excusa de la FES ha perjudicado a las comunidades. Fue una medida política planteada en su momento para atacar al agro y condicionarles la tenencia de tierras con amenazas de reversiones. Esa es una medida política y es evidente que desde su suspensión y en especial entre 2021 y 2022 se batieron las cifras de deforestación en Bolivia con más de 270.000 hectáreas perdidas. Si a esto sumamos los más de 3 millones de hectáreas perdidas por los incendios forestales de 2023, el panorama no es alentador. Tiene que haber otra normativa que no condicione la tenencia o producción de la tierra a criterios políticos sino a necesidades ambientales.
Evidenció los avasallamientos en el Bajo Paraguá. Foto: Juan Carlos Rivarola.
– ¿Cuáles son las iniciativas legislativas que ha impulsado o apoyado en favor del medio ambiente que más se enorgullece por su impacto y cuales pese a no haber logrado aun su adopción siente que son las que les parece más urgente?
– Nuestra labor legislativa consiste en legislar y fiscalizar, y dentro de la defensa del medio ambiente en 2022 logramos un hito al lograr una demanda cautelar ambiental a favor del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías para la paralización de actividades mineras dentro de esa área protegida, porque se revocó la licencia medioambiental a una empresa minera que pretendía explotar minerales de manera irregular en la zona, afectando y contaminando a todo un ecosistema natural. También presentamos, como iniciativa legislativa, proyectos de ley para incrementar las penas contra los avasalladores.
En 2023 interpusimos una Acción de Cumplimiento para proteger el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, cuya tutela nos fue concedida por la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, para ordenar al alcalde del municipio de San Ignacio de Velasco a tomar todas las acciones positivas y medidas para evitar mayores avasallamientos y desmontes en la zona.
De igual forma, logramos una Acción Popular por la defensa de los acuíferos de la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó, para exigir que se transparenten los informes y documentación ante esta amenaza a nuestros reservorios de agua, por el proyecto carretero La Guardia – Tres Cruces – Buena Vista.
El reciente estudio de Conservación Amazónica concluye que en los últimos cinco años son los menonitas los responsables de la pérdida de cobertura boscosa en 210.980 hectáreas
– Sabemos que la lucha por el medio ambiente puede generar tensiones, críticas e incluso enemigos ¿Cómo ha impactado su compromiso con la defensa del medio ambiente en su vida privada y política?
– Esta labor tiene grandes satisfacciones, al saber que se está trabajando por la población, pero también debemos soportar las arremetidas del poder y sus aliados, sobre todo cuando fiscalizamos a los avasalladores y narcotraficantes.
Fuimos amenazados y atacados cuando realizamos una inspección para verificar los avasallamientos en Bajo Paraguá. Luego denunciamos la existencia de pistas clandestinas en el Parque Noel Kempff que benefician al narcotráfico, pero en vez de que las autoridades tomen acciones, el propio Gobierno nos amedrentó pese a tener fuero parlamentario. También recibimos amenazas desde la ABT por la fiscalización a la ex concesión forestal Romanos en San Rafael. Finalmente, el seguimiento y los ataques desde el poder llegaron a mi familia y a mi oficina. Todo esto fue expuesto mediante cartas ante el propio presidente del Estado, pero nunca recibimos respuesta.
– ¿En qué medida sus convicciones ambientales han influido en las decisiones que toma en su vida diaria, y qué es lo que motiva a nivel personal a seguir adelante con su compromiso con el medio ambiente?
– Esta experiencia nos genera mayor conciencia por nuestro entorno, por esta única casa que tenemos para vivir que es el planeta Tierra, pero sobre todo en la Chiquitania y Amazonia que es una región tan biodiversa, con recursos naturales abundantes. Sabemos que enfrentamos a mafias organizadas que trafican con tierras, que dañan los bosques, que internan sustancias, pero hemos recibido un mandato a cumplir y por ello vamos a continuar en el camino correcto. Nosotros debemos dar el ejemplo para pensar en un mejor país, con respeto a los derechos ambientales y el cuidado de nuestros recursos naturales y áreas protegidas.
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PERFIL
Acude a los escenarios de los ataques a la naturaleza
María René Álvarez Camacho, abogada de profesión y actual Diputada Uninominal por la Circunscripción 54 del Departamento de Santa Cruz, es una destacada figura política boliviana que ha dedicado su carrera a la defensa de los bosques, tierras y áreas protegidas de la Chiquitania.
Nacida el 15 de abril de 1988, María René es reconocida por su compromiso con la lucha contra los avasallamientos de tierras, así como por su incansable trabajo en favor del bienestar común y el desarrollo sostenible de Bolivia.
Uno de los logros más destacados de María René Álvarez fue la presentación de una Demanda Cautelar Ambiental que logró la paralización de actividades mineras dentro de el Área Natural y de Manejo Integral de San Matías, un hito en la historia del país. Además, su labor ha sido reconocida internacionalmente, siendo galardonada con el ‘Premio Internacional Mujer Política 2022’ como Mejor Congresista por el Observatorio Mundial de Mujeres Políticas (OMMP).
